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SEGURIDAD

| Sábado 20 de Septiembre de 2014

SEGURIDAD Edición de hoy a cargo de Luis Moreiro | www.lanacion.com/seguridad

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Liberaron a uno de los detenidos por la desaparición de Melina

Un festejo de cumpleaños del que no volvió

falta de pruebas. Es el joven que en la filmación de una cámara de seguridad aparece besando a la

adolescente; “Yo actué con la verdad”, dijo después; separaron a un fiscal por “errores procesales”

El joven de 18 años que aparece en un video besándose en la puerta de un boliche con Melina Romero, desaparecida desde el 24 de agosto en la localidad bonaerense de San Martín, fue liberado ayer por “falta de mérito”, mientras que el cuerpo de la chica comenzó a ser buscado en un nuevo sector sobre la base de datos de un testigo, informaron fuentes judiciales. A su vez, el fiscal Fabián Hualde, del Fuero Penal Juvenil de San Martín, quien intervenía en la causa por los menores de edad detenidos, fue separado de la investigación por “errores procesales”. La decisión de liberar al joven que aparece en el video y que ayer cumplió 18 años, fue adoptada por la jueza de Garantías del Joven, María Eugenia Arbeleche, al entender que “no hay pruebas suficientes para relacionarlo con el crimen y no fue reconocido en la rueda de presos”,

según consignó un vocero judicial citado por la agencia Télam. Ayer, al salir de los tribunales de San Martín el joven identificado sólo como Fernando, dijo: “Yo solamente actué con la verdad, como me enseñó mi mamá”. Reconoció que es quien aparece en la puerta del boliche Chankanab besando a Melina la última noche que se la vio con vida, pero explicó que “fue un beso por el día del cumpleaños (de ella) y nada más” porque ella era su “mejor amiga”. “Me enteré del crimen, el viernes 12 de septiembre. Mi mejor amigo, Alejandro Carballo, me dijo: «Te acordás de Melina?, falleció». Y yo me puse mal al toque”, relató junto a su madre. Dijo que fue involucrado en el caso por otro de los detenidos, Joel “Chavito” Fernández, de 20 años. “El Chavito sube por las escaleras y me apunta a mí y ahí, automáticamente,

la jueza me tuvo que agarrar”, sostuvo el joven, quien aseguró que cuando Melina desapareció estaba en su casa usando la computadora, junto a casi toda su familia. Además de Fernández, también están detenidos en la causa un adolescente de 16 años y dos mayores: Elías “Narigón” Fernández, de 18, y Javier “Pelado” Rodríguez, de 44 años. Nuevos rastrillajes Fernández pidió ampliar su declaración indagatoria. Según su abogado, Fernández conocía a Melina y hasta estuvo en su casa del Barrio Jardín, en la localidad bonaerense de El Palomar, pero dijo que es ajeno a su supuesto abuso y homicidio. El cuerpo de Melina, en tanto, comenzó a ser buscado ayer en un tramo del arroyo Morón situado entre los barrios El Libertador y Lanzone, de la localidad de Loma Hermosa, en

el partido de San Martín. Marcelo Biondi, abogado de la familia de Melina, le dijo a Télam que un testigo se acercó a su estudio y aseguró que el domingo 24 de agosto, cuando desapareció la joven, vio que “tres personas arrojaban un envoltorio negro, grande, al arroyo desde un puente”. Otra novedad que se produjo en el caso es que el fiscal Hualde fue apartado de la investigación por el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, quien dispuso “la apertura de un sumario administrativo” para establecer la conducta del funcionario durante el cuestionado reconocimiento de un imputado y designó como reemplazante al fiscal Mateo Guidoni. El jueves los dos adolescentes que estaban detenidos por la desaparición de Melina fueron sometidos a una rueda de reconocimiento de la cual participó otra joven considera-

da como “testigo clave”, pero el abogado de uno de ellos, Jorge Novarese, pidió que se declare nula. Es que, según fuentes de la investigación, la testigo fue ingresada a la fiscalía por una puerta justo en el momento en el que un patrullero ingresaba a los detenidos y en ese momento los vio –lo que por razones procesales no debería haber ocurrido– e incluso señaló a uno de ellos como autor del crimen. La diligencia igual se realizó y la testigo reconoció a uno de los dos sospechosos que continúa detenido. Melina fue vista con vida por última vez el 24 de agosto, cuando se retiró junto a tres o cuatro jóvenes del boliche Chankanab y nunca regresó a su casa. Sobre la base de lo declarado por la testigo clave, los investigadores sospechan que la adolescente fue llevada a una casa de Pablo Podestá, donde se realizó una fiesta de sexo, drogas y alcohol.ß

Robo de película. Se llevaron del Banco Nación US$ 1.500.000 y no irían a prisión

E

La buscan en arroyos Según esa testigo, el cuerpo de Melina habría sido arrojado a un arroyo de la zona, donde se multiplican los rastrillajes, hasta ahora, sin resultado

fallo. Así lo entendió una sala de Casación; hubo discrepancias

Texto Gabriel Di Nicola | Ilustración Sebastián Dufour

La causa fue instruida por el juez federal Ariel Lijo y por el fiscal Germán Pollicita. Además de Sala están acusados Claudio Brindesi, que era gerente de Coviara en el momento de los hechos y uno de los pocos autorizados en acceder a la caja de seguridad, Diego Trimarco y Rubén Pieragostini. “Existen en la causa numerosos elementos objetivos que señalan que Brindesi, desde su cargo destacado de gerente de Administración y Finanzas, tuvo una intervención esencial en la organización y concreción del hecho que se le imputa”, afirmó el fiscal Pollicita en su requerimiento de elevación a juicio, al que la nacion tuvo acceso. Según el dictamen del fiscal, Sala “haciendo uso de los datos proporcionados por Brindesi, fue quien simuló tener la identidad del gerente de Administración y Finanzas de Coviara, ingresó como personal de la empresa donde, mediante el empleo de un duplicado de la llave, sustrajo la totalidad del dinero depositado, para repartirlo luego entre todos los integrantes de la organización”. Para Pollicita, el rol de Trimarco y de Pieragostini fue “contactar a Sala y a Brindesi, y organizar junto a ellos el modo de ejecución de la operación”. Según consta en la causa judicial, el robo fue advertido sólo el 21 de abril de 2003, cuando el vicepresidente, el jefe de finanzas y el tesorero de Coviara fueron al Banco Nación a “incorporar nuevos valores”. Cuando abrieron la caja de seguridad N° 4 y tomaron el cofre, el vicepresidente “notó que el mismo se encontraba bastante liviano con relación al peso habitual, que normalmente tenía que ser operado por dos personas debido a su peso”. Acto seguido, el directivo advirtió que el candado que se le había puesto al cofre estaba violentado y que faltaban tres cajas metálicas propiedad de Coviara con el dinero. También notó la ausencia de otros billetes que habían sido guardados en sobres de papel madera. A fines de septiembre de 2003 fueron detenidos Brindesi y una perso-

Testigo clave Una joven que declaró en la causa dijo que vio cómo la mataron a golpes durante una fiesta de sexo y drogas

Fumar marihuana en la cárcel no es delito

El dinero estaba en una caja de seguridad en la casa matriz de un banco oficial y pertenecía a la empresa del Estado Construcción de Vivienda para la Armada (Coviara); hay cuatro acusados que recibirían una pena de tres años en suspenso

s la historia de un robo millonario, casi perfecto. La investigación tuvo un giro inesperado cuando se presentó un testigo que develó quién era el misterioso hombre de traje oscuro, camisa blanca, cabello engominado y bolso colgado en el hombro que ingresó en la casa matriz del Banco Nación, a pocos metros de la Casa Rosada y, haciéndose pasar por el gerente de Administración y Finanzas de la Construcción de Vivienda para la Armada (Coviara), retiró 1.580.874 dólares que la empresa tenía guardados en una caja de seguridad de la entidad bancaria. El testigo clave aportó, con lujo detalles, no sólo el nombre de la persona que ingresó en el sector de cajas de seguridad del Banco Nación y, con una llave duplicada, retiró el dinero que había en tres cofres. También entregó la identidad de otros dos sospechosos que, para la Justicia, fueron parte del plan criminal. Si bien el millonario robo ocurrió hace casi 11 años y medio, el 27 de marzo de 2003, la causa entró en la etapa del juicio oral y público. En el banquillo de los acusados hay cuatro personas procesadas del delito de peculado (malversación de caudales públicos, ya que Coviara es una sociedad del Estado) y que prevé una pena de prisión o reclusión de entre dos y diez años. El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 4 integrado por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Enrique Pose. El Ministerio Público está representado por el fiscal Horacio Azzolin. El abogado Juan Martín Cerolini, que defiende a Diego Sala, el acusado de haber sido quién ingresó en el Banco Nación y se llevó en un bolso los 1.580.874 dólares de Coviara, presentó un pedido de juicio abreviado. Según pudo saber la nacion de fuentes judiciales, ahora el TOF N° 4 deberá definir si homologa el acuerdo de juicio abreviado al que llegó el fiscal Azzolin, con lo defensa de los cuatro procesados donde los acusados aceptaron su culpabilidad a cambio de una pena de prisión de tres años en suspenso.

Melina Romero Fue a festejar su cumpleaños a un boliche de San Martín y no volvió a saberse de ella

Plan para evitar la impunidad ^b^b^ El testigo clave, Alejandro Canale, no sólo aportó los datos de las personas que habrían participado en el millonario robo de la caja de seguridad de la empresa del Estado Construcción de Vivienda (Coviara), también contó detalles de las inversiones que hicieron los acusados poco después del hecho. Según sostuvo Canale y comprobó la División Fraudes Bancarios de la Policía Fdeeral, Diego Sala había alquilado un campo entre Pinamar y Mar de Ajó de cuatro hectáreas donde pretendía instalar un complejo turístico con restaurante y alojamiento. Según se desprende de la causa judicial, en el proyecto Sala habría invertido entre 120.000 y 150.000 dólares.

na identificada por fuentes judiciales como Adolfo Garnería, acusado de ser quién entró en la casa central del Banco Nación. Ambos fueron excarcelados después de estar siete días presos. Con el avance de la investigación y el aporte del testigo clave, Garnería fue sobreseído. El testimonio que orientó a los investigadores fue el de una persona llamada Alejandro Canale, que comenzó su relato al nombrar a Trimarco, que conocía desde 1991. El testigo contó que después de varios años sin verlo, el acusado se acercó a su taller mecánico y le contó que había vendido al exterior los derechos de una película del “Che” Guevara. En junio de 2003 alquilaron juntos un local en San Miguel, donde instalaron una casa de repuestos de vehículos Chevrolet. Días después, según el testimonio de Canale, Trimarco le contó que en realidad el dinero no “provenía de la venta de los derechos de la película”, sino de un negocio que había hecho con Sala, apodado “Fido”.

De a poco, según la declaración testimonial, el acusado le contó todos los detalles del robo millonario a Canale. Hasta le dijo que a Pieragostini le pagaron 400.000 dólares, que Trimarco recibió US$ 50.000 y le quedaron debiendo otros US$ 100.000 y que a la persona encargada de hacer el duplicado de la llave de la caja de seguridad le entregaron US$ 200.000. “Sala se quedó con 450.000 dólares”, sostuvo Canale. La incógnita que siempre quedó entre los investigadores fue el motivo que llevó al testigo clave a contar con lujo de detalles el millonario robo. Una hipótesis es que no quiso estar en nada vinculado con el hecho y temió que lo pudieran acusar de encubrimiento. Otro motivo podría ser la bronca porque tuvo que cerrar el negocio que había abierto en San Miguel porque Trimarco nunca le dio el dinero que le había prometido cuando acordaron asociarse. Lo cierto es que pasaron más de 11 años y el millonario botín nunca apareció.ß

El máximo tribunal penal del país resolvió en las últimas horas que no es delito la tenencia de drogas para consumo personal por parte de un presidiario dentro de una cárcel. La medida fue dispuesta por la Sala II de la Cámara Federal de Casación, que sobreseyó a tres detenidos que fueron sorprendidos con marihuana dentro de un penal, según informaron fuentes judiciales a la agencia de noticias DyN. El fallo equiparó un criterio sustentadoporlaCorteSuprema de Justicia de la Nación y subrayó que aún dentro de una cárcel el consumo personal no es delito si no causa “un daño a bienes o a derechos de terceros”. La resolución, suscripta por los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma con la disidencia de la camarista liliana Catucci, sostiene que “la circunstancia de que la tenencia de drogas para consumo personal esté dirigida a una persona detenida en un establecimiento penitenciario, no implica por sí solo que se haya producido un daño a bienes o derechos de terceros”. La Casación reivindicó un fallo de primera instancia de un tribunal rionegrino que sostuvo que “las personas privadas de la libertad si bien al encontrarse alojadas en una unidad penitenciaria se le restringen determinados derechos, no conlleva la cancelación de todos y cada uno de ellos”. En el caso, los jueces Slokar y Ledesma reafirmaron que “la cantidad de droga que tenía en su poder el imputado y lugar donde la tenía guardada es inequívoco que la sustancia estaba destinada a satisfacer su propio y exclusivo consumo”. “El hecho se haya realizado en el ámbito de una unidad penitenciaria en la que se encuentra detenido no se advierte que sólo por eso se pueda sostener que ha provocado el peligro concreto o el daño a derechos o bienes de terceros que habilitaría eventualmente un reproche penal”, añadieron. La tercera integrante del tribunal, Liliana Catucci, discrepó del fallo y consignó que “la conducta que se investiga ha trascendido el ámbito privado protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional”. En el seno de la Cámara Nacional de Casación, presidida por Gustavo Hornos, también se discrepó del fallo de la Sala II. Explicaron que hay otras sentencias, que no fueron citadas en este fallo, en las cuales la tenencia simple de drogas sigue siendo un delito.ß