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POLÍTICA

| Domingo 19 De octubre De 2014

POLÍtica

Edición de hoy a cargo de Jorge Liotti www.lanacion.com/politica | @politica_LN | Facebook.com/lanacion [email protected]

Los personajes clave de la otra operatoria

LeonarDo Fariña SUpUeSTo vaLIjero de Báez

FeDerico eLaSkar ex dUeño de SGI

Saltaron a la luz pública con la investigación de SGI

denunció que Lázaro Báez lo había obligado a vender la financiera, pero después se desdijo. no apeló su procesamiento y está cerca del juicio oral por lavado de dinero

Investigado por lavado de dinero, Fariña está preso por la supuesta evasión tributaria de más de $ 28 millones en impuestos entre los años 2010 y 2011

DanieL Pérez GaDín conTador de Lázaro Báez

el contador de Báez fue quien se hizo cargo del manejo de la financiera SGI. es investigado por lavado de dinero y evasión en la argentina y Uruguay

POLÍtica y negOciOs | maniobras de un empresario kirchnerista

Lázaro Báez operó con millonarias facturas falsas para evadir impuestos Actuó a través de una red integrada por tres empresas de Bahía Blanca, que beneficiaron a Austral Construcciones; la documentación emitida exhibe numerosas irregularidades; la AFIP debió relevar a toda su filial local cuando surgió el caso Viene de tapa

El segundo pelotón de facturas truchas corresponde a una empresa real, pero que facturó servicios jamás prestados o que infló sus verdaderas prestaciones. Se trata de la Constructora Patagónica Argentina SA, de la familia Ferreyra. Sólo durante 2009, esa empresa constructora le facturó $ 13 millones a Austral Construcciones, según consta en el libro IVA Compras de la firma de Báez, cuya copia obtuvo la nacion y cuya autenticidad confirmó el propio Báez en diciembre pasado cuando este diario reveló la compra de más de 1100 habitaciones por mes, durante años, en los hoteles de la presidenta Cristina Kirchner por ocho de sus empresas. Admiten irregularidades Consultado por la nacion, uno de los dueños de la Constructora Patagónica, Antonio Ferreyra, primero negó todo problema fiscal. Luego, ante las repreguntas específicas corrigió sus dichos y admitió problemas tributarios, aunque responsabilizó al Grupo Penta, de los Ficcadenti. “Empezamos a ver irregularida-

des y les bloqueamos los pagos hasta aclarar la situación”, dijo Ferreyra. También defendió su facturación a Austral. “Báez nos tiene demorados pagos, pero no por problemas con nuestras facturas.” Sin embargo, según reconstruyó la nacion, Constructora Patagónica afrontó una investigación de la AFIP, tanto por las facturas que recibió como por las que libró, mientras que se acogió a un plan de 120 cuotas para regularizar las facturas emitidas. A estos grupos de empresas de los Ferreyra y los Ficcadenti –la nacion también procuró consultarlos, pero no respondieron las llamadas–, se sumó un tercer emisor, Iberoamericana de Servicios SA, de la familia Pedraza, originaria de Bahía Blanca, aunque luego se trasladaron a Santa Cruz. La trama de Iberoamericana incluye también a un conocido personaje local, Juan Ignacio Suris, quien emitió facturas truchas para esa empresa y desde enero pasado se encuentra detenido por narcotráfico, mientras que también afronta acusaciones por presunta evasión y lavado. Días atrás, la Cámara Federal de

Bahía Blanca confirmó su procesamiento como jefe de una supuesta asociación ilícita fiscal, por la que debería pagar $ 15 millones en concepto de responsabilidad civil. Para la AFIP, que destacó su rol de querellante en esa investigación penal, sólo su grupo habría evadido $ 40 millones, con facturas que repartió entre “al menos 190 [empresas] usuarias”. Entre esas empresas figura el Grupo Penta, de la familia Ficcadenti. Esa firma comparte un eslabón clave con las de Suris: el asesoramiento contable de un puñado de profesionales que se encargó de defender a Suris ante la AFIP y de afinar los números de Penta para un polémico plan de pagos. La regularización tributaria del Grupo Penta tiene múltiples zonas grises. Entre otras, la que surge de los cheques que recibió de Austral Construcciones y cambió en Crediba, una conocida financiera local. lanacion obtuvo copias de más de una docena de esos cheques, todos fechados el 23 de marzo de 2011. Todos tienen varios rasgos en común. Son correlativos –del 11466620 en adelante–, se emitieron desde una

cuenta de Austral Construcciones en la sucursal de Río Gallegos del Banco Nación, son por $ 100.000 cada uno y aparecen firmados por Bustos y “Emilio C. Martin” como sus apoderados. Con ésos y otros cheques, Austral Construcciones canceló servicios nunca prestados o con sobrecostos millonarios. Por ejemplo, el que el Grupo Penta declaró en su factura 001-00000429, por el movimiento de “terraplén Ruta N° 39”, con “compactación especial” por poco más de $ 1,4 millones. la nacion consultó a los voceros de Báez sobre toda la operatoria, pero declinaron hacer comentarios hasta ver publicada la investigación. Llegar a diciembre A la luz de los antecedentes, sin embargo, Bahía Blanca no aparece como una ciudad escogida al azar por Báez. La primera gran investigación tributaria en su contra, también se inició en esta ciudad, también por facturas truchas, para otra de sus empresas: Gotti Hermanos SA. Aquella pesquisa comenzó cuando los sabuesos locales de la AFIP detectaron inconsistencias en la fac-

turación de El Corralón, una firma de Tres Arroyos dedicada al comercio de materiales de la construcción, bajo la jurisdicción bahiense. Pero a medida que comenzó a crecer, con más empresas involucradas y más facturas truchas, hasta rondar los $ 400 millones, la investigación se remitió a Comodoro Rivadavia, con jurisdicción sobre Gotti Hermanos por su domicilio fiscal. Hasta que en 2008 provocó la caída del jefe local, Norman Williams, y de su superior, Jaime Mecicovsky, y la renuncia del entonces director de la DGI, Horacio Castagnola. Esta vez, la pesquisa quedó en Bahía Blanca, pasó por Mar del Plata, y volvió herida de muerte a Bahía Blanca, donde de inmediato Bustos y los expertos contables buscaron ordenar todos los papeles. Para eso, buscaron regularizar el cuadro fiscal del Grupo Penta, que informó que había “extraviado” toda su información contable. Ante ese cuadro, la AFIP avanzó con un plan de pagos por un monto parcial y sin cumplir con todos los requisitos. Primero, se intentó con un plan de 120 cuotas fijas de $ 129.000 cada una. Pero se cayó por falta de pagos.

No pagaron ni la segunda cuota. Y entonces volvieron a la carga con otro plan, de 24 cuotas. Esa última oportunidad para el Grupo Penta de ingresar a un plan de la AFIP venció el 26 del mes pasado. Sus contadores lo registraron con el número tentativo H198496, según surge del formulario de inscripción que obtuvo la nacion. Pero para que esa oportunidad se concretara se requirió que alguien transportara más de medio millón en efectivo hasta esta ciudad. Bustos, uno de los Ficcadenti y dos profesionales se encargaron de los detalles. Mientras cerraban esos detalles, Bustos repitió un críptico latiguillo que jamás explicó. Insistió una y otra vez: “Hay que llegar a diciembre”.ß

del editor: por qué es importante. Esta maniobra demuestra la amplitud de los nexos de Lázaro Báez para tratar de evadir impuestos, el origen de otros posibles ilícitos

DE BAHÍA BLANCA AL SOCIO DE LA PRESIDENTA, SIN ESCALAS Tres grupos de empresas locales emitieron facturas apócrifas por decenas de millones de pesos para beneficiar a Lázaro Báez

Lázaro Báez, el amigo de la familia presidencial Austral Construcciones, la nave insignia de Lázaro Báez, pagó millones de pesos menos a la AFIP al inflar sus gastos con esas facturas truchas; pero la AFIP optó por no avanzar sobre Austral Construcciones.

Un salvataje especial Bajo la coordinación de Bustos, la firma Grupo Penta buscó regularizar su situación mediante un plan de pagos de la AFIP; el objetivo fue evitar que Austral quedara contra las cuerdas tributarias.

Facturas y relaciones Los tres grupos de empresas pertenecen a familias de Bahía Blanca –Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza– que emitieron facturas a cambio de cheques firmados, en ciertos casos, por el apoderado de Austral, Claudio Bustos.

Suris le facturó a una empresa cuestionada En los libros de una de las empresas bajo sospecha, Iberoamericana de Servicios, aparecen facturas de Juan Suris, el amigo de Fariña procesado por la Justicia como jefe de una asociación ilícita fiscal.

La misión de un enviado del empresario en Bahía Blanca Claudio Bustos negoció con la AFIP la regularización fiscal del Grupo Penta; Lázaro Báez llevó la voz cantante desde Buenos Aires Hugo Alconada Mon LA NACION

BAHÍA BLANCA.– El entramado de empresas reales y sociedades fantasma, facturas truchas, cheques correlativos y millones de pesos en danza incluyó el rol clave de un puñado de profesionales contables de esta ciudad. Ellos negociaron la regularización fiscal con un lugarteniente de Lázaro Báez, Claudio Bustos, y con las nuevas autoridades de la Regional de la AFIP en esta ciudad, según reconstruyó la nacion durante los últimos 10 meses, período en el que viajó cuatro veces a Bahía Blanca. Al menos uno de esos encuentros

entre los apoderados del Grupo Penta y de Juan Suris, Bustos y autoridades locales de la AFIP reflejó cuán poderoso es Báez. Ocurrió en el séptimo piso de las oficinas del organismo, sobre la calle San Martín, a metros de la plaza Rivadavia. Allí, el lugarteniente del socio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llevó la voz cantante sobre qué hacer en consulta permanente por teléfono con Buenos Aires. Al respecto, la nacion consultó a la AFIP, que declinó hacer comentarios hasta ver la investigación publicada. En la AFIP también evitaron abordar las posibles figuras penales en danza. Entre otras, la asociación ilí-

cita tipificada en el inciso C del artículo 15 del Régimen Penal Tributario, con hasta diez años de prisión, que la Justicia aplicó a Suris, pero no expandió aún a otras ramificaciones locales. Como apoderado de Austral, Bustos conoce las calles bahienses. El miércoles 23 de julio pasado, por ejemplo, llegó hasta la ciudad en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió a las 7.30 de Buenos Aires. Se quedó unas pocas horas en Bahía Blanca. Las suficientes para imponer que el Grupo Penta se acogiera a un plan de 24 cuotas de regularización fiscal. Y a las 14.30 emprendió su regreso.

Semejante esfuerzo tiene un porqué. Báez necesita que la AFIP categorice al Grupo Penta como una empresa real, no como una mera usina encubierta de facturas truchas, para de ese modo evitar que su propia contabilidad quede bajo la lupa por una presunta evasión tributaria agravada. Pero las órdenes que impartió Bustos provocaron una situación paradójica: la AFIP tomó por válidos los supuestos servicios del Grupo Penta –que no tiene empleados ni vehículos, ni subcontrató personal ni gastó en combustible– para Austral Construcciones, pero no así para Constructora Patagónica, para

la que también emitió facturas. Por ejemplo, por supuestas obras en la ruta 9 entre noviembre de 2009 y diciembre de 2010, por $ 3,1 millones, según reconstruyó la nacion . Penta, ¿fantasma o real? Ante ese cuadro, Báez y Bustos exigieron que se disimulara la situación tributaria del Grupo Penta. Así, mientras que la Regional Bahía Blanca se mantuvo desmantelada, reducida a “agencia” y bajo el control de Mar del Plata –que lidera Sebastián Durruty–, el responsable de una división de Auditoría en esa ciudad, Norberto Filipini, firmó el archivo de las investigaciones sobre las empre-

sas usuarias de las facturas de Suris. Entre ellas, Iberoamericana. Muy distinto fue el camino que la AFIP siguió ante el Grupo Penta. Ya con Bahía Blanca restablecida como regional, se mantuvo a esa empresa como operativa y fuera de la “Base Apoc”, la lista en que la AFIP registra los nombres de todas las usinas de facturas truchas. ¿Por qué ese tratamiento diferente? “Porque el Grupo Penta facturó directamente a Austral, mientras que varias firmas de Suris lo hicieron a través de intermediarias, como Iberoamericana”, explicó un experto contable al tanto de la operatoria.ß