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POLÍTICA

| Viernes 14 de febrero de 2014

Suris dijo que emitió facturas truchas para empresas vinculadas al Gobierno negocios y poder. El amigo del valijero Leonardo Fariña admitió ante la Justicia en Bahía Blanca que

utilizó sociedades fantasma para evadir los impuestos de empresas en Santa Cruz y en Buenos Aires

Hugo Alconada Mon LA NACION

Procesado ya como supuesto jefe de una banda narco, Juan Ignacio Suris admitió ante la Justicia su responsabilidad en otro delito: contó que emitió facturas truchas por millones de pesos, que beneficiaron a empresas de la provincia de Santa Cruz, algunas de ellas relacionadas con el gobierno nacional. El amigo del “valijero” Leonardo Fariña afirmó, sin embargo, que no le consta haber operado con firmas del empresario Lázaro Báez, como investigó un equipo de sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). “Que yo sepa, no”, dijo, aunque de inmediato relativizó su negativa: “No sé cuáles son las empresas de Lázaro Báez”. Suris también buscó mejorar su suerte procesal al desvincular a su padre, a su contador y a otros colaboradores de la operatoria con las facturas truchas. De ese modo, pretendió evitar que se lo acuse de liderar una asociación ilícita, con una pena prevista mucho más alta. Durante más de dos horas, Suris detalló además que vendió cientos de facturas apócrifas a las empresas Ingeniería Reyes, Fabián Karas, Expocar SA, Autocar SA y Málaga Construcciones, firma que efectuó obras públicas en Bahía Blanca, entre ellas, la edificación de viviendas del Plan Federal, en la órbita del Ministerio de Planificación, que encabeza Julio De Vido. Al ampliar anteayer su declaración indagatoria, Suris también relató que a esas empresas se sumaron otras de la Patagonia. “Existen movimientos de sobrefacturación, como algunas empresas del Sur relacionadas con el Gobierno, [y] con municipios de esa zona”, declaró, según consta en la copia de su declaración indagatoria que obtuvo el diario La Nueva Provincia. “En la zona de Santa Cruz, con empresas –abundó–, algunas de las cuales están relacionadas con el gobierno nacional y provincial.”

Según reveló la nacion a mediados de enero pasado, la AFIP había impulsado una investigación sobre Suris por la emisión de facturas truchas que habrían terminado en unas 200 empresas. Entre otras, las controladas por Báez y Cristóbal López. Esa pesquisa comenzó en junio de 2011, pero sufrió un parate cuando el titular del organismo tributario, Ricardo Echegaray, cerró la delegación de la AFIP en Bahía Blanca y desplazó a los jefes del equipo de investigadores. Esa movida llegó después de que los sabuesos detectaron que las facturas truchas de Suris podían llegar hasta el grupo Báez. En ese caso, sería a través de una empresa constructora como intermediaria, Iberoamericana de Servicios, de Caleta Olivia. Pero, consultado por la nacion, Báez negó a través de un vocero conocer a Suris o a ese potencial enlace. En el holding de López, en tanto, la receptora de las facturas apócrifas fue Álcalis de la Patagonia, que regularizó su situación, al menos con respecto al pago del IVA, por $ 2 millones. “Como proveedor de las usinas de Álcalis, nos enchufaron facturas truchas. Pero en cuanto se detectó, se decidió el pago inmediato”, indicó entonces un vocero de López que consultó la nacion. Ante el juez federal de Bahía Blanca, Santiago Martínez, Suris optó por asumir toda la culpa. Dijo que la facturación apócrifa se emitió “100 por ciento bajo [su] responsabilidad”, y dijo que su padre, Eduardo Suris, y otros acusados eran sólo sus empleados. “Les pagaba una remuneración por el trabajo que me hacían”, argumentó. El fiscal general federal en esa ciudad, Alejandro Cantaro, confirmó a la nacion que Suris admitió su rol protagónico en el circuito de las facturas truchas y que buscó exonerar a quienes lo rodeaban, como su contador. “Dijo que él se dedicaba a todo. Él conformaba y manejaba las sociedades y tomaba todas las decisiones”, detalló Cantaro.

Suris, durante una de sus recientes comparecencias ante la Justicia Según consta en la ampliación de su declaración indagatoria, Suris aclaró también que podría aportar más nombres y detalles a medida que los recuerde. “Servicios que no existen” El amigo de Fariña relató ante la Justicia que sus primeros pasos como empresario los dio junto a su padre, pero que luego se concentró casi por completo en la operatoria de la facturación fantasma. “Constituí sociedades para organizar servicios a diversas empresas de la ciudad y Argentina [...] en su mayoría real, y hay movimientos de sobrefacturación o venta de facturación de servicios que no existen”, confesó. Detenido desde el 13 de enero, cuando la policía lo arrestó en el de-

partamento en la ciudad de Buenos Aires de la vedette Mónica Farro, Suris también aclaró que “todos los movimientos con las empresas citadas [por las receptoras de sus facturas] eran 100 por ciento inexistentes”, y que las maniobras incluían “movimientos de sobrefacturación”. La facturación que emitían las sociedades fantasma que manejaba Suris se suma así a las de otros grandes emisores de facturas truchas, englobados en las causas “Viazzo” y “Di Biase”, que permitieron a cientos de grandes y medianas empresas del país bajar su carga tributaria. También les facilitó obtener dinero en efectivo para pagar sobornos a funcionarios públicos por cientos de millones de pesos. Ahora, el juez Martínez debe

dyn/archivo

evaluar si procesa a Suris por esta operatoria económica ilícita, como ya lo hizo por narcotráfico el 30 de enero, en duros términos. “No cabe ni la más mínima duda de que Juan Ignacio Suris usufructuó una relación de poder desde la cual no sólo adquiría estupefacientes en la ciudad de Buenos Aires, sino, además, definía quién la trasladaba, cómo lo hacía, a quién se la entregaba, con qué periodicidad, a cambio de cuánto dinero; y, una vez en esta ciudad, decidía con quién operar, cuándo distribuir, a qué precio vender, cuánto estirar la mercancía, cómo era la forma de pago y quién se encargaba de recolectar el pago por las ventas ilícitas”, fundamentó el juez, quien también ordenó embargar sus bienes por $ 12 millones.ß

Un próspero empresario sin trabajo conocido Según la Justicia, Suris no tiene una actividad que explique su nivel de vida Nacido en enero de 1977, Juan Ignacio Suris se presentaba a sí mismo como “comerciante” o, más coqueto, como “empresario”. Pero pocos sabían con certeza a qué se dedicaba en Bahía Blanca. Hasta que comenzó a llamar la atención. Casado y establecido en el sur de la provincia de Buenos Aires, Suris dio el primer paso rumbo a Tribunales poco antes de cumplir los 30 años, cuando constituyó su primera sociedad, E & J Argentina SRL. Luego le siguieron Crear Visión SA, CVP Industria SA, M-Magna SA, Scarsur Bahía SA y Brocker Group SA. Esas empresas quedaron bajo la lupa de los sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que detectaron inconsistencias cada vez más groseras a medida que Suris mejoraba su posición económica y comenzaba a florearse con sus contactos. Algo que repitió al declarar, ya en condición de detenido y acusado de narcotraficante, ante el juez federal Santiago Martínez. “Suris ha reconocido conexiones policiales y gubernamentales [de alta fuente]”, remarcó el magistrado, al disponer su procesamiento, el 30 de enero. Su salto a la fama pública había ocurrido dos meses antes, cuando la policía detuvo al supuesto valijero Leonardo Fariña por manejar una camioneta BMW X6 con papeles adulterados y pedido de secuestro, que pertenecía a Suris. Pocos días después, Suris se presentó ante la Justicia como dueño de esa camioneta para confirmar que se la había prestado a Fariña, que lo definió como su mejor amigo. Por entonces, Suris ya había dejado atrás su matrimonio y se presentaba como pareja de la vedette Mónica Farro. Por entonces, también, ya se lo investigaba por narcotráfico, por la emisión de facturas truchas por millones de pesos y por lavado de activos, Y no le había encontrado, recordó el juez, “una industria legal, un oficio, una profesión o una actividad” para justificar su “pasar económico más que holgado”.ß

Detectan pagos de Sueños Compartidos Capitanich descalificó los informes de la AGN a funcionarios que autorizaban obras auditoría. Según el informe de la AGN, cobraron cheques del programa de viviendas sociales

de las Madres de Plaza de Mayo y Schoklender, pese a que tenían que controlar las tareas Laura Serra LA NACION

La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que al menos dos funcionarios públicos, Claudio Freidin –ex presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad y actual asesor del subsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala–, y Daniel Nasif –presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero– cobraron cheques por 225.000 pesos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sospechada de desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. Ambos funcionarios eran los encargados de controlar y autorizar las obras. Esta información surge del documento anexo del informe que la AGN dio a conocer anteayer, en el que se detallan serias irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte de la fundación que preside Hebe de Bonafini y su entonces mano derecha, Sergio Schoklender, ejecutor del programa de viviendas sociales Sueños Compartidos. Fuentes legislativas confirmaron a la nacion la existencia de esos cheques, lo cual fue ratificado por Leandro Despouy, jefe de la AGN. “Tenemos cheques emitidos por la Fundación a funcionarios que estaban vinculados. Hay cheques por 225 mil pesos. El Congreso tiene esta información y va a tener que pronunciarse al respecto”, sostuvo. Según pudo saber la nación de fuentes legislativas, el arquitecto Freidin cobró por lo menos 180.000 pesos de la fundación que preside Bonafini, que le emitió cinco cheques, dos del Banco Provincia de Buenos Aires (por 88.200 y 61.800 pesos, respectivamente, en marzo de 2011) y tres del banco Credicoop por 10.000 pesos cada uno en julio, agosto y noviembre de 2009. Por su parte, el contador Daniel Alfredo Nasif, funcionario del ex gobernador y actual senador kirchnerista Gerardo Zamora, cobró un cheque del banco Credicoop por 15.000 pesos en noviembre de

Hebe y Fatala, salpicado por el escándalo

télam

Morales impugnará a Sbattella ^b^b^ El senador radical Gerardo Morales anticipó ayer a la nacion que hoy presentará una impugnación a la continuidad de José Sbattella al frente de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por no haber investigado en tiempo y forma las sospechas de lavado de dinero que sobrevolaban la Fundación Madres de Plaza de Mayo antes de que estallara el escándalo por el manejo de fondos públicos, en mayo de 2011. ^b^b^ “El informe de la AGN demuestra la omisión de Sbattella y su responsabilidad por no haber investigado y denunciado por lavado

de dinero a las empresas Antártica Argentina y Meldorek de Sergio Schoklender”, advirtió Morales, quien hoy planteará los fundamentos de su impugnación en el Ministerio de Justicia, donde se celebrará a primera hora una audiencia pública para decidir la continuidad o no de Sbattella en la UIF. ^b^b^ Su continuidad ya fue impugnada por la UCR y el GEN en sendas presentaciones ante el Ministerio de Justicia, en línea con las efectuadas por la diputada de UNEN Elisa Carrió y los legisladores massistas Adrián Pérez y Alberto Assef, entre otros.

2009. Estos cheques abonan las sospechas sobre presuntos cobros irregulares por parte de funcionarios públicos para facilitar la autorización de las obras de la Fundación. Freidin fue presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) durante la gestión de Jorge Telerman, mentor del desembarco en la ciudad del emprendimiento constructor de las Madres. La Corporación Sur, el IVC, la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el Ministerio de Planificación Federal firmaron un convenio (número 46) que le otorgó a la Fundación la tarea de construir 480 viviendas en Los Piletones, en el sur porteño. La obra se financiaría con recursos del Plan Federal por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal. La supervisión técnica del proyecto y la adjudicación de las unidades estaría a cargo del IVC, a cargo de Freidin. Este arquitecto es ahora mano derecha de Fatala en la Subsecretaría de Obras Públicas. Es un hombre clave, ya que fue el nexo entre el gobierno nacional y la fundación después de que ésta se incorporara al mundo de las viviendas sociales. El informe de la AGN reveló, además, que hubo un presunto desvío de fondos por 42 millones de pesos provenientes del Ministerio de Planificación y que no fueron registrados en las cuentas bancarias de la Fundación. Asimismo, advirtió que hubo personas jurídicas que recibieron pagos de la Fundación pese a que no tuvieron ninguna relación con las obras ejecutadas y que Sergio Schoklender y su hermano Pablo firmaron cheques a su favor y a favor de sus empresas Antartica y Meldorek por más de 43 millones de pesos. Entre otras operaciones que despertaron sospechas de lavado en la AGN, se pudo detectar que una sola persona cobró 4 millones de pesos mediante 85 cheques y que se efectuaron pagos a personas físicas que cobraron cheques por sumas inferiores a 50.000 pesos por ventanilla bancaria, por un monto total de 30.000.000 de pesos.ß

“Son absolutamente inconsistentes”, dijo tras conocerse la auditoría del plan Sueños Compartidos

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, fue el encargado de responder al lapidario informe de la Auditoría General de la Nación sobre manejos irregulares de millonarios fondos destinados al programa de viviendas sociales Sueños Compartidos. En su habitual conferencia de prensa matinal, el funcionario arremetió ayer contra la AGN, a la que señaló como una “herramienta de oposición política [para] atacar al Gobierno” y calificó sus informes de “absolutamente inconsistentes, carentes de lógica, sentido y rigurosidad”. El trabajo presentado un día antes por la AGN detalla en más de 200 páginas las irregularidades del plan oficial y destaca, entre otros hallazgos, un faltante contable de 42 millones de pesos en el marco del programa de construcción de viviendas que manejaba la Fundación Madres de Plaza de Mayo y su ex administrador Sergio Schoklender. El informe, que fue aprobado por unanimidad por auditores oficialistas y opositores, denuncia además las responsabilidades que tuvieron los funcionarios del Ministerio de Planificación, así como las que les corresponden a las autoridades de las provincias beneficiadas con las obras, entre ellos Chaco, gobernada entonces por Capitanich. “Con respecto a Chaco, puedo asegurar que se han hecho todas las auditorías correspondientes, las viviendas se han construido y los recursos han sido eficazmente empleados”, se defendió ayer el jefe de Gabinete. Entre las irregularidades descubiertas figura que se prometió construir 4800 viviendas, pero sólo se hicieron 822. Además, la Fundación desembolsó 156 millones de pesos en pagos a personas jurídicas cuya actividad no tiene relación con la construcción de viviendas, como empresas agropecuarias, bursátiles, cooperativas y mutuales, y existe una deuda pendiente de más de 145 millones de pesos con quienes sí trabajaron en el programa. “La AGN en manos de la oposición

es una herramienta de oposición política con el sentido de atacar al Gobierno”, dijo Capitanich en referencia al titular del organismo, el radical Leandro Despouy, quien se manifestó “sorprendido” por el “insólito ataque”, y advirtió que, con sus palabras, el jefe de Gabinete “intenta denigrar” a la AGN. En declaraciones radiales y por medio de su cuenta en Twitter, Despouy dijo que el informe está “redactado por especialistas” y aseguró que el resultado es un “trabajo científico y profesional”. El titular de la AGN dijo que el estudio contiene “información validada por la Justicia” y por los propios miembros “oficialistas” del organismo, por lo que destacó “contradicciones gubernamentales”, al señalar que el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, “recomienda tomar en cuenta los informes de la AGN”, pese a que el jefe de Gabinete “los denigra”. Respuesta opositora Como respuesta a las acusaciones de Capitanich, líderes de la oposición reaccionaron en defensa del titular de la AGN, de la investidura del organismo y de la relevancia de sus informes. En un comunicado titulado “Defender lo indefendible”, el comité nacional de la UCR, encabezado por Ernesto Sanz, señaló que “con sus dichos, Capitanich avaló el desfalco llevado adelante por Sergio y Pablo Schoklender”. “Para apañar el desvío millonario de fondos públicos, el jefe de Gabinete buscó desprestigiar al único órgano de control que investiga con seriedad e independencia los actos de gobierno”, indica el texto, en referencia al artículo 85 de la Constitución Nacional, que adjudica a la AGN “el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública” y la intervención necesaria “en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos”. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, calificó a Sueños Compartidos como “algo bochornoso que algún día se tenía que clarificar” y como “una de las grandes estafas de la historia argentina”.ß