Política

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Viernes 12 de octubre de 2007

Derechos humanos

La Corte ordenó acelerar una causa por crímenes en la ESMA Continuación de la Pág. 1, Col. 2

■ El Presidente ha acusado a la Casación de demorar los casos de derechos humanos.

LORENZETTI

Magistratura un pedido de juicio político contra tres miembros de la Cámara. Uno de ellos es el juez Alfredo Bisordi, el único que respondió públicamente a Kirchner. Lo acusó de pretender manejar a los jueces por televisión y de querer “la suma del poder público”. Entonces, Bisordi era el presidente del tribunal. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, le contestó: “Doctor, haga un favor a la Patria: váyase”. La Corte siempre intentó mantenerse al margen de esa pelea. En un comunicado redactado con toda cautela pidió “mesura, equilibrio y respeto a la independencia judicial” cuando el enfrentamiento atravesaba su peor momento. Uno de los motivos de los pedidos de juicio político que avanzan contra los camaristas es, justamente, el caso Scheller. Ex oficial de la ESMA, Scheller fue, según la Conadep, uno de los responsables de los crímenes de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. En 2003, presentó un recurso ante la Casación contra la reapertura de la causa ESMA, que quedó radicado en la Sala IV. Desde entonces, su caso estuvo trabado por años sin un tribunal que lo resolviera. Primero, las querellas recusaron a todos los camaristas y se designaron abogados para reemplazarlos. Varios de ellos también fueron cuestionados. Cada uno de estos trámites demoró meses. En 2006, finalmente, la causa volvió a la Sala IV. Entonces, los jueces Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Capolupo fijaron la audiencia final para el 18 de marzo de 2007. Era el paso previo para la sentencia. Pero, una vez más, la causa se quedó sin jueces. La semana previa a la audiencia llegó a la Cámara la noticia de los pedidos de juicio político promovidos por organismos de derechos humanos, que acusaron a los jueces de

KIRCHNER

Página 12/LA NACION

■ Tuvo un enfrentamiento público con el ex presidente de esa cámara Alfredo Bisordi.

entorpecer las investigaciones y beneficiar a los represores. Todo cambió: fueron los defensores de Scheller los que se opusieron a que los jueces acusados resolvieran el caso. Alegaron que los juicios políticos eran “presiones” sobre ellos. Los enredos siguieron. Fuentes judiciales relataron que la causa pasó entonces a la Sala II de la Cámara de Casación, que debía resolver quién sería competente. Pero los jueces de la Sala II se excusaron. En ese punto intervino el Tribunal Oral Federal Número 2.

Conflicto de competencia El fallo que ayer dictó la Corte fue para resolver el conflicto de competencia entre estos dos tribunales. “La Corte tiene la atribución de decidir sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de

■ La Corte ayer ordenó al tribunal acelerar un caso emblemático sobre la dictadura.

justicia”, dijo el máximo tribunal, que rechazó la excusación de los camaristas de Casación Pedro David, Gustavo Mitchell y Juan Fégoli. La Corte no criticó la decisión de los jueces de apartarse, pero dijo que había que priorizar que se resolviera de una vez este caso. “De seguirse con el trámite de las excusaciones y recusaciones se sucederían nuevas dilaciones que atentarían contra las posibilidades de despejar la incertidumbre que plantea el cuestionamiento a un acto judicial dispuesto en el año 2003”, sostuvo. La Corte advirtió que hay varios detenidos que están esperando una respuesta. Scheller, preso desde hace más de cuatro años, es uno de ellos. Sus abogados sostuvieron que se vencieron los plazos de prisión preventiva que autoriza la ley y denunciaron a la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hay 850 casos con unos 300 procesados por tormentos Excusaciones y problemas operativos demoran los procesos Unos 850 procesos por violaciones de los derechos humanos se tramitan en los tribunales del país con unos 300 militares procesados. La magnitud de los juicios, más de dos tercios con detenidos, algunos de ellos con problemas de salud debido a su edad avanzada, provocó la virtual paralización de muchos de los procesos. El presidente Néstor Kirchner intentó sacudir las causas de su letargo y adjudicó las demoras a razones políticas. De hecho, cuatro jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal terminaron denunciados en el Consejo de la Magistratura por esta morosidad. Pero la situación se agravó por problemas operativos de la Justicia para llevar los casos a su fin y por la cantidad de recursos, recusaciones y excusaciones de los magistrados intervinientes, según un informe que elevó a la Corte Suprema de Justicia el 24 de

agosto último el procurador general de la Nación, Esteban Righi. El diagnóstico señala que de 300 oficiales y civiles procesados –250 detenidos– muchos están procesados en varios expedientes, por hechos distintos. El problema alcanza a todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, donde hay 95 detenidos, y en el Gran Buenos Aires el asunto pasa por la concentración de causas. Aquí se produjo el 40 por ciento de las violaciones de derechos humanos y muchos expedientes están abarrotando los tribunales orales. Ocho de las 11 causas elevadas a juicio se tramitan en este distrito, y otras tres, en La Plata, Mar del Plata y Corrientes. Eso llevó a que el Tribunal Oral Federal N° 5 concentrara la mayoría de ellas. De hecho, este tribunal comenzará el jueves próximo el proceso contra el oficial de la Prefectura Naval Héctor Febres, el primer caso de la megacau-

sa por las violaciones de los derechos humanos en la ESMA que llega a la instancia oral. Le seguirán en los próximos dos años los juicios por la apropiación de una hija de desaparecidos, María Eugenia Sampallo Barragán; el proceso por la “masacre de Fátima”, donde serán juzgados ex oficiales de la Policía Federal, y el caso contra los militares Héctor Gamen, Pedro Durán Sáenz, Hipólito Mariani, César Comes y Alberto Barda. En el interior del país tramitan causas en Tucumán, contra Luciano Benjamín Menéndez; en Rosario, donde está procesado el general Ramón Díaz Bessone; en Santiago del Estero; en Bahía Blanca; en Paso de los Libres, y en Salta. Muchos de estos procesos se vieron frenados por sucesivas excusaciones de los jueces que intervinieron y de los conjueces designados, porque en muchos casos los acusados eran conocidos de los magistrados.

■ También está preocupada por las demoras, pero cree que se deben a falencias operativas.

Bendini respaldó los juicios El jefe del Ejército, general Roberto Bendini, dijo ayer que “solamente” a través de la Justicia “se puede iniciar un camino que lleve a los argentinos algún día a la reconciliación nacional”, en alusión al fallo que condenó al capellán Christian von Wernich a la pena de reclusión perpetua por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. “Cuando me hice cargo del Ejército, dije que si nosotros queríamos pensar en algún momento cerrar lo ocurrido en la década del 70 había que juzgar y condenar a todos los que hayan cometido delitos o violaciones a los derechos humanos o derechos de otro tipo”, precisó Bendini, en declaraciones que formuló a la prensa al encabezar un acto de homenaje a excombatientes de las Malvinas en Córdoba. En tanto, el fiscal general federal ante el Tribunal N ° 1 de La Plata, Carlos Dulau Dumm, que intervino en los juicios a Von Wernich y a Miguel Etchecolatz, pidió ser apartado de próximos juicios a represores. El representante del Ministerio Público elevará su requerimiento al procurador, Esteban Righi, por haber recibido un “maltrato desmedido” del tribunal y organismos de derechos humanos. Dulau Dumm fue el primer fiscal en el país en pedir la anulación de las leyes de punto final. Incluso llegó a ser secuestrado en 2004, tras un juicio a Jorge Berges y Miguel Etchecolatz, por sustitución de identidad. Pese a su extensa trayectoria, Dulau Dumm fue duramente criticado, el lunes último, hacia el final del juicio a Von Wernich, por haber pedido la absolución del cura en uno de los siete homicidios que se le imputaron al ex capellán. El fiscal dijo que la testigo Nora Ungaro dejó dudas sobre la muerte de María del Carmen Morettini, por lo que no podían imputar el homicidio al sacerdote.

Breves DEFENSA

Reunión de ministros de la Argentina y Chile ■ La ministra de Defensa, Nilda Garré, se reunió ayer con su par chileno, José Goñi Carrasco, con quien analizó el trabajo de las tropas americanas en Haití y el desarrollo de la fuerza binacional de paz. Durante el encuentro realizado en Santiago, Chile, el ministro chileno consideró “una contribución histórica” en las relaciones bilaterales a la formación de la fuerza Cruz del Sur, en la cual tropas argentinas y chilenas participarán de manera combinada tanto a nivel de oficiales como de soldados. EN JUJUY

D’Elía sufrió heridas leves en un accidente ■ Luis D’Elía sufrió ayer heridas leves durante un accidente de tránsito, cuando volcó la camioneta en la que viajaba por una ruta de Jujuy. La esposa del ex piquetero, Alicia Sánchez, informó a DyN que el accidente ocurrió sobre la ruta nacional 34, en la localidad de San Pedro de Jujuy. D’Elía regresaba a la Argentina tras participar de los actos conmemorativos por el 40° aniversario de la muerte del guerrillero Ernesto “Che” Guevara en Bolivia.