POLITICA

Viernes 19 de diciembre de 2008

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DERECHOS HUMANOS Y POLEMICO FALLO DE LA CAMARA DE CASACION

Ordenan liberar a represores de la ESMA Continuación de la Pág. 1; Col. 5 la libertad; ni siquiera si el fallo de la Casación queda firme, debido a que están detenidos en causas a las que no alcanza la resolución conocida ayer. Eso mismo deberán analizar los jueces de los tribunales inferiores en el resto de los casos, para verificar si corresponde dictar las liberaciones dispuestas por Casación. Entre los represores acusados están los marinos Raúl Scheller, Jorge Radice, Manuel García Tallada, Víctor Pardo, Antonio Pernías, Néstor Sabio, Eduardo González y Juan Carlos Rolón. Fuentes de la Procuración General de la Nación anticiparon ayer que el fiscal ante la Casación Raúl Pleé apelaría la resolución en los próximos días. Hasta que se resuelva ese recurso, la medida quedará en suspenso. El fallo contó con el voto de mayoría de Guillermo Yacobucci y Luis García, dos jueces que actúan en el tribunal como subrogantes desde abril de este año. Gustavo Mitchell, un representante de la vieja guardia de la Casación, votó en contra de las liberaciones. La resolución –en realidad, son varios fallos similares– afecta a cinco causas por crímenes de lesa humanidad cometidos por represores de la ESMA, como los expedientes por el secuestro de Rodolfo Walsh y por el secuestro de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. La mayoría de esas causas esperan el inicio del juicio en el Tribunal Oral Federal N° 5. Otras siguen en etapa de instrucción, en el juzgado federal de Sergio Torres. En sus votos, Yacobucci y García explicaron que en algunos casos las prisiones preventivas se habían extendido durante más de siete años y se habían prorrogado en seis oportunidades, lo que superaba claramente la noción de plazo “razonable”, contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos y en diversos antecedentes de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La prolongación de la prisión preventiva tiene límites temporales que deben ser atendidos para impedir que se constituya en una pena anticipada”, sostuvo Yacobucci. Los jueces coincidieron en que más allá de la complejidad de las investigaciones y de las diversidad de las imputaciones, las prisiones preventivas no podían ser extendidas más allá del plazo que establece la ley. El fallo motivó un duro comunicado de organismos de defensa de los derechos humanos. “La liberación de los acusados es posible porque las distintas instancias de la Justicia han demorado en forma injustificada los procesos, dilatando la posibilidad de alcanzar la instancia de los juicios orales y públicos”, dice el texto, firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudio

EL ANALISIS

Prontuario

Fruto de una perezosa lentitud ALFREDO ASTIZ EX MARINO

ADRIAN VENTURA

Entre otros crímenes, está acusado de la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Francia pide su extradición.

JORGE ACOSTA (“TIGRE”) EX JEFE DE LA ESMA

Según los sobrevivientes, solía jactarse de ser Dios. “Yo decido quién se va al cielo”, decía, en relación con los vuelos de la muerte.

LA NACION

Cristina Kirchner, ayer, en su visita a la ESMA

“Es un día de vergüenza para los argentinos” Duro cuestionamiento de la Presidenta a la decisión judicial

JUAN CARLOS ROLON

EX AGENTE DE INTELIGENCIA NAVAL

Dirigió la dirección de inteligencia de la ESMA. Está acusado de torturar a los detenidos y de participar en gran cantidad de secuestros. Legales y Sociales (CELS), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Hijos y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. “Desde la reapertura de las causas, ni los jueces ni los fiscales, salvando contadas excepciones, han mostrado pericia y agilidad en las investigaciones de los casos, por lo que éstas se han prolongado en forma irrazonable”, agrega. La unidad fiscal especializada en causas de derechos humanos atribuyó las demoras de las causas a varios motivos: jueces que se van y no encuentran reemplazante; investigaciones gigantescas que se acumulan en un mismo tribunal; etapas preparatorias que se prolongan sin razón, y recusaciones y excusaciones que suceden durante meses.

La decisión judicial de liberar a 11 represores de la dictadura acusados de cometer delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, encontró un encendido repudio en el Gobierno. La presidenta Cristina Kirchner dijo que los jueces que resolvieron en el caso “avergüenzan a los argentinos y a la humanidad”, amenazó con la posibilidad de extraditar a Astiz a Francia, donde fue condenado en ausencia, y dejó en claro la voluntad oficial de que los juicios por la represión ilegal se resuelvan en la jurisdicción nacional. “Es un día de vergüenza para los argentinos, para la humanidad y también para nuestro Poder Judicial”, dijo la Presidenta, en un acto por los derechos humanos que encabezó en la sede de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), centro del terror en la última dictadura. “Me daría vergüenza que sea un pedido de extradición el que haga justicia porque los argentinos no pudimos llegar ella luego de 25 años

Y JUICIO EN SANTA CRUZ

Piden cinco años para Varizat MARIELA ARIAS CORRESPONSAL EN SANTA CRUZ RIO GALLEGOS.– El fiscal Ricardo Camutti pidió ayer una pena de cinco años de prisión para el ex funcionario kirchnerista Daniel Varizat, por haberlo encontrado responsable de atropellar y dañar a más de 20 personas con su camioneta durante una manifestación opositora. En el último día del juicio oral en su contra, Varizat dejó una carta en la que pide a los jueces que “no convaliden la violencia y el matonaje” en Santa Cruz. El 29 de diciembre se conocerá la sentencia definitiva. Durante una hora y media, el

ROFRIGO NESPOLO

fiscal fundamentó las razones de su pedido. “La acción podría haber causado daños aún mayores, que finalmente no se concretaron. Despierta sorpresa que no haya muerto alguien”, sostuvo Camutti, en un alegato con más contenido técnico que político. Además del fiscal, presentaron sus alegatos los abogados querellantes Andrés Vivanco y Javier Pérez Gallart y el abogado del ex ministro Miguel Arce Aggeo. La audiencia fue seguida por un público compuesto en su mayoría por víctimas del atropello ocurrido el 17 de agosto de 2007. Cada tanto se oían llantos en la sala. Para el fiscal, “no hubo existencia

de ataque físico y no se registró peligro para los ocupantes del vehículo”, y aseguró que en los momentos previos a la marcha del auto “no se observaba en Varizat una actitud de descontrol”. El defensor Arce Aggeo solicitó para Varizat la absolución de culpa y cargo, y fundamentó que el ex delegado de Nestor Kirchner en la provincia actuó en legítima defensa, como resultado del miedo que sintió al verse rodeado por una multitud que le causó pánico. “Había un escrache alrededor de la camioneta que le impedía salir; es clara la existencia de golpes de violencia”, afirmó el abogado.

de lucha por la democracia”, dijo la Presidenta. La miraban desde el estrado su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, y el embajador francés en la Argentina, Frederic Baleine du Laurens. Francia condenó en ausencia a Astiz por el caso del secuestro y de la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. “Confío en que la Justicia argentina coloque a nuestro país en el lugar de donde nunca debería haber salido”, agregó acto seguido, para no dejar margen a dobles interpretaciones respecto de la intención del Gobierno para que sean los tribunales locales los ejecutores de la justicia por los delitos de la dictadura.

Cuestión de género La Presidenta dijo, además, que la decisión judicial tenía una intencionalidad política hacia su gobierno: “Si piensan que pueden amedrentarme porque soy una mujer, que lo olviden: nunca lo van a lograr”. El acto en la ESMA había sido

convocado para distinguir por su trabajo en pos de la defensa de los derechos humanos al historiador Osvaldo Bayer y a Shejene María Laskier de Rus, madre de un desaparecido en la dictadura. Las organizaciones sociales allí convocadas estaban estupefactas con la resolución judicial que alcanzó a Astiz, Acosta y otros 11 represores. Luego del acto, la Presidenta cuestionó a la prensa, y, en particular, a LA NACION. “¿Vos sos de LA NACION, no?”, le preguntó al periodista del diario que le preguntó por sus consideraciones sobre lo resuelto. “Podrían hacerlas ustedes como periodistas, ¿no?”, afirmó. Y agregó: “¿Dejarían en todos los medios hacer las reflexiones que corresponden a la noticia? Ustedes opinan cuando el Poder Ejecutivo toma una decisión y cuando el Poder Legislativo toma una medida... Me gustaría leer sesudos análisis de interpretación con la misma enjundia y espíritu crítico”, completó la Presidenta antes de dar media vuelta y partir con paso raudo.

La excarcelación de una decena de ex militares responde a una culpa compartida: la perezosa lentitud de la Justicia y, fundamentalmente, la improvisación con la que el Poder Ejecutivo y los bloques justicialistas del Congreso encararon la organización de los juicios. En el país se sustancian 800 causas contra cientos de represores o con miles de testigos. Era previsible que algo iba a ocurrir. Para evitar este desenlace, el Congreso debió haber aprobado un conjunto de reglas procesales nuevas, que permitiesen acumular causas, abreviar los plazos, simplificar los recursos y adoptar otras medidas. El proyecto fue diseñado por los ex camaristas federales Ricardo Gil Lavedra y Andrés D’Alessio y fue presentado por la bancada radical en 2006. Pero el bloque justicialista se opuso a tratarlo. La mezquindad política ganó la partida. Ahora, se pretende que Astiz y otros represores no queden libres. Pero un país es un Estado de Derecho cuando tiene reglas que se aplican a todos por igual, buenos o malos, violadores o ladrones. Y esas reglas indican claramente que nadie puede estar detenido siete años sin sentencia, sea que ese nadie se llame Pedro o Astiz. Lo mismo dicen los tratados internacionales. Eso es el Estado de Derecho, que no puede pagarles a los ex represores con la misma vara torcida que ellos usaron para violar los derechos humanos. Una cosa es que, como lo resolvió la Corte, el delito que se les imputa sea imprescriptible, lo que significa que su juzgamiento puede ser perseguido ahora o siempre, y otra muy distinta es que el Estado, antes de llegar a aplicar una condena, someta a los imputados a juicios que se eternizan que sean condenados, todos por igual, a reclusión perpetua, sin distinguir matices de participación. La decisión de Néstor Kirchner de promover la reapertura de los juicios y el fallo de que Corte que lo posibilitó no podían tener efectos mágicos. Era previsible que se necesitaban medidas propias de una gestión de gobierno.