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POLÍTICA

| Sábado 10 de mayo de 2014

Imputan a Schiavi por no controlar el pago de subsidios a los colectivos

transporte. La Justicia también investiga a Sícaro, ex titular de la CNRT, y a 22 empresas de ómnibus; entre ellas se encuentran el Grupo Plaza, de la familia Cirigliano, y DOTA, de línea 60

Hernán Cappiello LA nACiOn

Juan Pablo Schiavi se alejó de la Secretaría de Transporte con la tragedia de Once hace dos años, pero los efectos de su gestión aún lo acompañan: al juicio que se le sigue por el accidente ferroviario ahora se le sumó una nueva imputación en otra investigación por el pago de subsidios a empresas de colectivos sin los controles adecuados entre 2010 y 2011. El fiscal federal Ramiro González impulsó ayer la causa contra el ex funcionario, contra el ex interventor en la Comisión nacional de Regulación del Transporte Eduardo Sícaro –también juzgado en la causa Once– y contra 22 empresarios del transporte automotor. Entre ellos se encuentra la empresa Plaza, cuyo dueño es Mario Cirigliano, juzgado junto a su hermano Claudio por el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012, y también la firma DOTA, que maneja la línea 60. La denuncia sobre el pago sin control de los subsidios fue realizada por el abogado Ricardo Monner Sans tras un trabajo de la Auditoría General de la nación (AGn), que determinó que en el 82% de los casos los colectivos de jurisdicción nacional recorrían menos kilómetros que los declarados y recibían combustible subsidiado por el total. También determinó que en el 47 por ciento de los casos los colectivos de jurisdicción municipal y provincial recibían el subsidio por mas viajes de los realizados. Además, el estudio determinó que mientras en el ejercicio 2003 los subsidios ascendieron a 341 millones, en 2012 llegaron a $ 15.975, es decir, aumentaron 4575 por ciento. El informe de auditoría transformado en causa penal quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La AGn recordó que los subsidios a los colectivos son de dos tipos: los

Schiavi sumó un nuevo frente judicial provenientes del impuesto al gasoil y aportes del Tesoro, y los que surgen del subsidio al gasoil provisto a precio diferencial. El fiscal González destacó que la AGn detectó que no se desarrollaron herramientas de control de los subsidios ni se usaron las existentes. “no hay un procedimiento de rendición de cuentas de los subsidios”, dijo el fiscal, glosando el informe de auditoría. Afirmó también

r. pristupluk / archivo

que no se implementó un sistema de seguimiento para controlar los kilómetros efectivamente recorridos por los colectivos. También dijo que en diciembre de 2010 se pagaron subsidios sin controlar el cronograma de instalación de las tarjetas SUBE, que era un requisito, y que al que no haber un plan de autoría se debilita el control. Señaló que no se puso en marcha un procedimiento de selec-

ción de empresas a auditar y en el manual de control no se especifican los procedimientos que deben seguir las auditorías. También destacaron la AGn y la fiscalía que, en lo que hace al precio del gasoil diferenciado, no hay manera de saber si una línea circuló menos de lo informado y aún así percibió el mismo monto de combustible a menor precio. Remarcaron además que hubo insuficiencia en las auditorías realizadas, porque la mitad de los cupos de gasoil asignados no fueron alcanzados por ellas, y su volumen no guarda relación con la cantidad de beneficiarios, pues más de la mitad de las empresas que mayor cantidad de combustible recibieron no fueron auditadas. También se detectaron debilidades en las sanciones, que no se cumplen, y en la profusión de normas vigentes, algunas de ellas confusas que dificultan su comprensión. Con estos antecedentes, el fiscal pidió al juez que le solicite a la Secretaría de Transporte un organigrama de las áreas que intervinieron en el control de subsidios, para determinar cuáles son las empresas que cobraron por viajes no realizados. Pidió además que la CnRT informe si detectó irregularidades y si lo denunció. Entre los casos que citan los auditores para ilustrar la falta de control está la empresa Almirante Brown, que percibió el subsidio de gasoil a precio diferencial durante cuatro años –desde 2007 hasta 2011– sin haber presentado las correspondientes declaraciones juradas; y la empresa de Transporte interprovincial Rosarina (Tirsa), que percibió el subsidio de gasoil a precio diferencial durante 19 meses sin prestar servicios. También la línea 60, que en agosto de 2011 se incrementó el subsidio al gasoil sin que la CnRT realizara la auditoría a fin de validar los kilómetros declarados por la empresa.ß

Sobreseyeron a un ex funcionario kirchnerista agricultura. La medida, a favor del ex secretario Miguel Campos, fue apelada por el fiscal Paz Rodríguez Niell LA nACiOn

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral cerró una causa que investigaba a Miguel Campos, el primer secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del kirchnerismo, que estaba acusado de no haberle otorgado a un frigorífico la cuota Hilton que le correspondía. Ayer, el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, apeló esta decisión. La consideró “prematura” y pidió nuevas medidas de prueba. La causa, abierta cuando Campos era todavía secretario, ya cumplió ocho años y medio. Campos fue el primer funcionario kirchnerista procesado. Hace ocho años, Canicoba lo consideró responsable de irregularidades en el reparto de la cuota (un cupo de carnes de alta calidad que se exporta a Europa) en una causa más grande que la que acaba de cerrar, donde se acusó a Campos de haberle otorgado parte de la cuota a frigoríficos

que no cumplían los requisitos para recibirla. La Cámara Federal revocó el procesamiento; Canicoba volvió a procesar a Campos, y otra vez la Cámara lo desprocesó. Ahora se lo investigaba por el caso puntual de una empresa, el frigorífico Sadowa, que denunció que Campos había incumplido una disposición judicial que lo obligaba a otorgarle a este frigorífico 450 toneladas de cuota. Sadowa había obtenido una orden que, según los denunciantes, les garantizaba este cupo anual a partir de 1997 y que –sostienen ellos– Campos incumplió en el período 2003/2004, con el argumento de que estaba agotada la resolución judicial. El primer fiscal del caso, Miguel Osorio, sostuvo que no había delito y pidió desestimar la denuncia. Por conexidad, el caso pasó al juzgado de Canicoba Corral, porque él tenía la otra causa vinculada a la cuota Hilton. El 30 de abril pasado, el juez compartió el criterio de Osorio. “La conducta delictiva que pretende

achacarse a los imputados no se corrobora con las probanzas reunidas”, sostuvo el juez, que afirmó que Campos no desobedeció a la Justicia. Junto con él estaban denunciados el ex subsecretario de Política Agropecuaria Claudio Sabsay y el ex titular de la Oncca Marcelo Rossi. Ayer, Marijuan apeló la decisión de Canicoba. Según el fiscal, “el incumplimiento denunciado resulta manifiesto” porque la medida cautelar en favor de Sadowa estaba “en plena vigencia” cuando Campos repartió la cuota. De acuerdo con lo que explica Marijuan, el Estado había obtenido el levantamiento de esa medida, pero la nueva decisión no estaba firme y, por ende, Campos seguía obligado a darle las 450 toneladas a Sadowa. “Yo fui el único” la nacion se comunicó ayer con Campos, que se quejó de que todavía siguieran abiertas causas en su contra y defendió su gestión. “Las dos salas de la Cámara, primero una

y después la otra, me desprocesaron. Yo fui el único que distribuí la cuota en tiempo y forma, de manera transparente, junto con la Oncca de entonces”. “Lamentablemente –afirmó– nunca antes ni después se procesó a nadie por la cuota Hilton, que no se cumple. Esto perjudica al país y a los frigoríficos que están en crisis, con las consecuentes pérdidas de puestos de trabajo.” Hace seis años que la Argentina no llega a cumplir la cuota Hilton, que establece un cupo de 30.000 toneladas de cortes de alto valor que se venden a la Unión Europea. Estimaciones privadas advierten que es probable que este año tampoco se cumpla debido a las trabas a la exportación y a las demoras en la asignación de los cupos. En lo que respecta a la causa contra Campos, como el fiscal apeló la decisión de Canicoba, el caso pasará a la Cámara Federal, que será quien resuelva si confirma o revoca el sobreseimiento.ß

Caso Blaquier: confirman a un experto extranjero Fallo. La Cámara nacional de Casación Penal confirmó que un prestigioso ex juez sudafricano que integró la Corte Constitucional de nelson Mandela, Richard Goldstone, podrá actuar como amigo del tribunal en la causa en la que está enjuiciado Carlos Blaquier. Blaquier está siendo enjuiciado por haber prestado, supuestamente, varias camionetas del ingenio Ledesma a fuerzas de seguridad que secuestraron a trabajadores durante la dictadura militar, en julio de 1976. Blaquier y Alberto Lemos –ex administrador de Ledesma– fueron procesados por el juez federal Fernando Poviña y la Cámara Federal confirmó la decisión. Pero había un dato cuestionable: Pablo Pelazzo había sido designado por el Gobierno para impulsar el caso como fiscal ad hoc, aun cuando un año antes de ese nombramiento había actuado como abogado querellante, en nombre de las víctimas.

La Cámara Federal de Córdoba declaró inválida la designación de Pelazzo en el caso Blaquier, pero mantuvo la validez de lo actuado. Según el empresario y su letrado, el ex camarista Jorge Valerga Aráoz, la nulidad del nombramiento de Pelazzo también debería provocar la nulidad de la acusación contra Blaquier. Ése es el tema que, ahora, deberá resolver Casación. Hace un mes, Goldstone, que también fue fiscal en el Tribunal Penal internacional de la OnU para la ex Yugoslavia y Ruanda, se presentó como amigo del tribunal y entregó su informe favorable a Blaquier. Pero el fiscal de Casación Javier de Luca, que integra la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, pidió que Goldstone sea excluido del caso. Ayer, sin embargo, la Sala iV de Casación decidió admitir al experto porque, su participación, “favorece la democratización de la justicia”.ß