Política

Página 6/LA NACION

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Jueves 19 de julio de 2007

Presunto contrabando: otra decisión judicial que golpea al Gobierno

Armas: imputan a la ministra Garré Continuación de la Pág. 1, Col. 4

Material Bélico (cuyas identidades aún se deben verificar). Además, según las fuentes consultadas, Tiscornia presentó una denuncia en el fuero federal por un probable fraude en perjuicio de la administración pública. “Todos los indicios emergentes de la marcha de la presente investigación remiten a un claro caso de probable subfacturación, sin que a esta altura pueda descartarse que el avance de estas averiguaciones permita ilustrar acerca del despliegue de una maniobra elusiva del control aduanero, pero referida a una hipótesis de contrabando agravado por tratarse de material bélico”, sostuvo Tiscornia en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION. Tiscornia, según fuentes judiciales, no puso fecha para indagar a la ministra Garré y a las demás personas imputadas, pero en los últimos párrafos de su dictamen sostuvo: “Se invitará a los nombrados para que propongan defensor y si no lo hicieren, hasta tanto se les pudiera recibir, eventualmente, declaración indagatoria, se les designará defensor oficial”. El caso por el presunto contrabando de material bélico llegó al despacho de Tiscornia y de la fiscal Carolina Robiglio luego de que la Aduana frenó un embarque de 6739 kilos de partes y accesorios de fusiles FAL que iban a ser exportados por la DGFM a la empresa JLD Enterprises INC, radicada en Connecticut, Estados Unidos, a un precio de 2664,45 dólares. Según el dictamen de Tiscornia, “la autorización final para el último embarque [frenado por la Aduana] la otorgó el Ministerio de Defensa por resolución N° 1334 con fecha 4 de diciembre de 2006”. Como informó LA NACION el 29 de mayo pasado, la Aduana decidió frenar el embarque antes de que saliera el barco hacia los Estados Unidos porque le había llamado la atención el precio que iba a recibir la DGFM por la exportación de las partes y accesorios de los fusiles. Según lo que había declarado la DGFM, iban a ser exportados 5247 cuerpos cerrojos (los especialistas los definen como el alma del fusil), pero cuando se realizó la inspección en el contenedor se comprobó que faltaban 321 unidades. La Aduana, según fuentes de la causa, también descubrió que entre los cuerpos cerrojo existían 46 unidades cuya numeración no figuraba en la lista autorizada para la exportación. “Había tres pares de números mellizos, 11 unidades con la numeración limada y cuatro unidades con la identificación ilegible”, escribió en su dictamen el juez Tiscornia. El embarque frenado por la Aduana formaba parte de una operación comercial por un monto total de 330.000 dólares, consistente en la venta de partes nuevas, usadas y semielaboradas de fusiles automáticos livianos (FAL) y fusiles automáticos pesados (FAP) a JLD Enterprises INC. En 2005, vía aérea, la DGFM realizó cuatro exportaciones de material bélico que tenían como destino esa empresa, propiedad del argentino José Luis Díaz. La mercadería salió desde el aeropuerto de Ezeiza y debía

Venta sospechosa La investigación comenzó el 17 de febrero cuando la Aduana frenó un embarque de 6739 kg de material bélico, que iban a venderse a US$ 2600

El material secuestrado

500

Características del fusil

4987 Cuerpos de cerrojos Fabricaciones militares declaró que se exportaban 5247, pero sólo se encontraron 4987, de los cuales se hallaron 11 con numeración limada, y 46 cuya numeración no se encontraría autorizada

US$ 40 c/u El juez de la causa

Longitud: 1.016mm Calibre 762

Tipo de disparo: semiautomático y automático

Cronología de los envíos Nueva York

Desde hace cinco años Fabricaciones Militares ha enviado material bélico a EE.UU. El supuesto destino era la fábrica JLD / PTR, en Connecticut, propiedad de un argentino (foto)

La ruta de los cargamentos

Buenos Aires

2002

2003

2004

2005

2

5

2

4

envíos

envíos

envíos

envíos

Salieron desde el aeropuerto de Ezeiza hacia la ciudad de Nueva York

Fuente: AFIP - Aduana

LA NACION

aterrizar en la ciudad de Nueva York. “Otra arista que abastece el objetivo estado de sospecha es el probable despliegue de una simulación delictiva que detrás de la máscara del denominado material de desguace, eventualmente, escondiese un cargamento de partes de armas que luego podrían ser sometidas a una transformación en fusiles terminados y listos para ser disparados, o, eventualmente, para ser colocados en algún país distinto del formalmente declarado”, afirmó Tiscornia en su resolución.

Sin prohibición En su escrito, Tiscornia prohibió a todos los imputados, excepto a la ministra Garré, la salida del país: “Este tribunal –sostuvo– estima que no corresponderá hacer extensiva la prohibición de salida del país ya decretada respecto de los imputados Bellesi, Huergo y Andolfi, toda vez que el solo ejercicio de ese alto rango ministerial aleja toda posibilidad presente de eventual sustracción por parte de la nombrada [por Garré] a la jurisdicción que le es propia a este juzgado”. La operación entre la DGFM (que desde el año pasado está en la órbita del Ministerio de Planificación) y JLD Enterprises fue aprobada por la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y de Material Bélico, un ente tripartido integrado por los ministerios de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores. “Ese mismo estado de sospecha coloca a este tribunal en el deber impostergable de orientar las averiguaciones en pos de determinar si se trató de una operación aislada o si, por el contrario, se trató de una compleja operación de contrabando que podría venirse gestando desde hace ya varios años”, argumento el juez.

Una empresa lo denunció ante el Consejo busca ocupar un lugar vacante en un tribunal oral del mismo fuero. Durante los años 90, el juez logró sobreponerse a las acusaciones que le hizo el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, por su actuación en la causa de la aduana paralela. Estuvo suspendido durante algunos meses por decisión del Senado, pero ni en la Cámara alta ni en el Consejo de la Magistratura se juntaron los votos necesarios para echarlo. Su nombre se había hecho conocido por haber investigado a ricos y famosos: instruyó una causa contra Mauricio Macri por el presunto contrabando de autopartes y contra la animadora Susana Giménez por posible evasión impositiva en concursos telefónicos de televisión.

Por Hugo Alconada Mon Corresponsal en EE.UU.

Guillermo Tiscornia: es el juez a cargo de la investigación. Tiene una denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura por un supuesto pedido de coima.

Un juez controvertido Guillermo Tiscornia, el juez en lo penal económico que investiga a la ministra Nilda Garré por un caso de tráfico de armas a Estados Unidos, atraviesa una situación delicada en el Consejo de la Magistratura. Está acusado de un pedido de coimas a la firma Codere, que maneja los bingos y tragamonedas bonaerenses, a cambio de favorecerla en un expediente por presunto contrabando. Según denunciaron los directivos de la empresa, el que reclamó los sobornos fue Agustín Tiscornia, padre del magistrado. Ese expediente es el único que hay abierto en contra del juez, que supo sortear varios embates en su contra y mantenerse al frente del Juzgado en lo Penal Económico N° 7. Hoy, Tiscornia

Cañones de fusiles Se habrían vendido en forma irregular. Cada unidad se habría declarado a un precio de US$ 7,98 c/u, pero en EE.UU. se habrían declarado a:

Una fábrica pequeña con lobbistas poderosos

MIGUEL ACEVEDO RIU

Nilda Garré, ayer, durante el acto por el aniversario del atentado contra la AMIA

En Defensa prometen que colaborarán con la investigación La notificación llegó anoche al despacho de la funcionaria Al confirmar que la ministra de Defensa, Nilda Garré, recibió el escrito judicial en el que se la imputa en una causa de contrabando de armas, fuentes de esa cartera indicaron anoche a LA NACION que le habían elevado en los últimos meses una gran cantidad de información al juez a cargo del expediente, Guillermo Tiscornia. “La ministra Garré va a proceder a Derecho. Desde el Ministerio de Defensa siempre hubo colaboración con el juzgado”, explicaron fuentes del ministerio. Según el juez Tiscornia, “la autorización final para el último embarque [frenado por la Aduana y que dio origen a la investigación judicial] la otorgó el Ministerio de Defensa por resolución N° 1334 con fecha 4 de diciembre de 2006”. El día en que LA NACION hizo pública la existencia de una causa judicial en la que se investigaba un presunto contrabando de armas, el Ministerio de Defensa informó que ya había dado señales de la alerta por la operación comercial entre la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM)

y la empresa radicada en los Estados Unidos JLD Enterprises INC. “Se pidieron entonces aclaraciones a la DGFM porque se detectaron diferencias en las cantidades de productos de los rubros cuerpo de cerrojo y zuncho de toma de gases que surgían entre el anexo de certificado internacional de importación N° 05-06623 otorgado por el gobierno de los Estados Unidos y la solicitud de exportación de materiales”, había informado en aquel momento una fuente del Ministerio de Defensa.

Falta de documentación En marzo de este año, la cartera castrense reclamó a la DGFM por la falta de la documentación societaria sobre el comprador de las partes de fusiles. Al descubrirse que se trataba de un comprador habitual, la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y de Material Bélico (integrada por los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y Defensa) solicitó conocer cómo estaba compuesta esa empresa. Esa infor-

mación nunca llegó, añadieron las fuentes cercanas a Garré. El 30 de mayo pasado, un día después de participar en un acto por el Día del Ejército, la ministra Garré admitió que “hubo irregularidades” en la operación investigada por el juez Tiscornia y la fiscal Carolina Robiglio. “En mi opinión hay una subfacturación que no es explicable. Pareciera que se tratara de una venta a una empresa, que tiene las iniciales del nombre de una persona y que había recibido ya otras cargas. Lo que habría que ver es si hubo habitualidad en este tipo de maniobras”, había dicho la ministra en una conferencia de prensa ofrecida en Comodoro Rivadavia, Chubut. Garré ese día había agregado: “En mi opinión personal, lo que se investiga es un caso de contrabando. Pero lo tiene que decir la Justicia. Los periodistas quieren definiciones que no podemos dar por respeto a la Justicia que está trabajando”. Ahora, ese delito que la ministra imaginaba es el que Tiscornia le imputa a ella.

FARMINGTON, Connecticut.– No hay carteles publicitarios, ni placas. Nada que informe que allí, en ese galpón de la avenida New Britain, funcione PTR-91, que antes fue JLD Enterprises; la empresa que, según sospecha la Justicia, participó en un contrabando de armas con Fabricaciones Militares. Ya no hay placas ni carteles porque las sacaron en las últimas semanas. Pero la empresa sigue allí, en un galpón de ladrillo y chapas de 200 metros de largo por 80 de ancho, en el que comparte espacios para oficinas y depósitos con otra veintena de pequeñas y medianas firmas de la región. En la oficina –grande como una habitación, sin luz natural–, no está el fundador de la firma, el argentino José Luis Díaz. Trabajan dos personas: una mujer que habla español, pero no es argentina, y un norteamericano rubio y cortés, que sólo aporta una pregunta y una respuesta. –¿De dónde es? Le pido, por favor, que se dirija a nuestro abogado. El responderá a sus preguntas. El abogado de Díaz y de la firma es –o era– Everett Newton, reconocido litigante de Hartford (capital del estado, a 15 kilómetros de la fábrica). “Mi cliente no hizo nada ilegal”, dijo a LA NACION en junio. Dos semanas después, comunicó que un colega, Brady Toensing, daría la cara en el asunto. Toensing, su madre Victoria y Joseph diGenova conducen un estudio jurídico de muy alto perfil que lleva sus apellidos y que se presenta como “experto en abogar en la intersección de la ley, la política y los medios”. Es decir, lobby, “representando clientes ante el Congreso, los departamentos de Justicia, Estado y Tesoro”. Consultado por LA NACION, Toensing dijo que es “el consejero de PTR en relaciones con el gobierno”, y que la firma “actúa en todas las circunstancias en estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones”. Y en el caso de la operación investigada en Buenos Aires, “todos los aspectos de su participación fueron adecuados”, por lo que la firma “espera colaborar en cualquier revisión que se lleve a cabo”.

Alto perfil El currículum de Toensing, subido al website de su firma, ofrece otro atractivo singular para PTR-91/JLD: su experiencia en derecho internacional. “El señor Toensing ha representado clientes en consultas MLAT [Tratados de Asistencia Legal Mutua] y por extradiciones. También manejó casos de Aduanas e Inmigraciones”. Más picante, detalla que en los últimos nueve años representó a un ex presidente del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) “a lo largo de la liquidación y de múltiples demandas, incluyendo alegaciones de lavado de dinero internacional y fraude bancario”. Es hijo de Victoria Toensing, socia del estudio y una de las candidatas que sonó para asumir como secretaria de Justicia de George W. Bush. Los Toensing y diGenova acumulan vínculos con el Partido Republicano. Ella y diGenova trabajaron para la administración Reagan, y ella defendió a la novia del neoconservador Paul Wolfowitz en el escándalo que le costó la presidencia del Banco Mundial. A 500 kilómetros de Washington, en Farmington, en la oficina de PTR-91/ JLD hay plaquetas de la Argentina y Brasil colgadas en una pared, pero nada que pueda provenir de Fabricaciones Militares. Se escucha a los operarios en el depósito, que ensamblan los rifles de precisión que la firma vende en Estados Unidos con partes de Portugal, Alemania y la Argentina.