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POLITICA

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Miércoles 27 de abril de 2011

CORRUPCION POLICIAL s LA CAUSA ESTA EN EL JUZGADO DE OYARBIDE

Imputan a Garré por encubrimiento Fue por haber denunciado que hombres de la Policía Federal extorsionaban a delincuentes; luego se desdijo HERNAN CAPPIELLO LA NACION Cuando la ministra de Seguridad, Nilda Garré, afirmó en una reunión de vecinos el 7 de abril último que el principal problema que tenía era la Policía Federal, porque sectores de la fuerza extorsionaban a delincuentes y les cobraban sobornos, se ganó una denuncia penal. Ayer un fiscal federal decidió impulsar la investigación del caso, imputar formalmente a Garré por ese delito, notificarla y sugerir medidas de prueba. La causa, que fue iniciada por la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, quedó radicada en el juzgado de Norberto Oyarbide. Tras la ratificación de la denuncia, el asunto pasó a manos del fiscal Jorge Di Lello, que decidió impulsar la acción. La

conferencia de Garré en la que hizo sus explosivas definiciones se realizó en el Centro Cultural Zaguán Sur, de San Cristóbal, y estuvo acompañada en su exposición por el periodista Horacio Vertbitsky. Por eso una de las primeras medias de prueba que pidió el fiscal federal Di Lello es que se le tome declaración testimonial al periodista y que se obtenga la nota original del diario Página/12, en el que se informó en primer término sobre los comentarios ministeriales. “El problema más serio que tenemos es la Policía Federal. Hay sectores que disputan no sobre cuestiones ideológicas o modelos de acción, sino sobre el predominio en determinadas zonas o determinados negocios”, había dicho Garré, sentada junto a Vertbitsky.

Zaffaroni habló de policías golpistas El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni elogió ayer la decisión del Gobierno de “redefinir” las estructuras de la policía, a la que responsabilizó de “golpes de Estado” en el pasado reciente. ”Hoy los golpes tienden a darlos las policías, tanto en Africa como en América latina. Tenemos nuestra propia experiencia: el último empujón a De la Rúa se lo dio la policía; el empujón a Duhalde se lo dio la policía.” Advirtió, no obstante, que “es una institución absolutamente necesaria”.

Indagan a siete oficiales de la Federal por el caso Ferreyra Los acusan de haber liberado la zona donde murió el militante del PO Siete oficiales de la Policía Federal, entre ellos dos ex altos jefe de la fuerza, fueron citados a prestar declaración indagatoria al ser acusados de haber liberado la zona de Barracas donde se produjo el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. El crimen se produjo luego de que un grupo de trabajadores tercerizados de la línea Roca se enfrentó con una patota de la Unión Ferroviaria. La jueza Wilma López amplió el pedido inicial del fiscal Fernando Fiszer, quien había acusado a cinco efectivos de la Policía Federal. Ahora se agregó al ex Superintendente de Seguridad Metropolitana, comisario mayor Hugo Lompizano, que durante el ataque a Ferreyra estaba a cargo de la División Operaciones de la fuerza, desde donde se monitoreaba con cámaras y se daban las órdenes a los policías que actuaban en Barracas. La jueza también citó a prestar declaración a Alberto Echeverría, segundo de Lompizano, quien fue

echado de la fuerza el 15 de marzo por la ministra Nilda Garré, a pesar de que lo había ascendido poco tiempo antes, a instancias del jefe Enrique Capdevila. Lompizano está también investigado en el expediente por la toma del parque Indoamericano. También serán indagados el comisario Jorge Raúl Ferreyra, ex jefe de la División Roca de la Policía Federal, que estaba en Barracas; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la seccional 30a.; el comisario inspector Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas, y David Villalba, agente de la División Exteriores de Video. Las indagatorias comenzarán hoy, a las 10, en el Palacio de Tribunales con las respuestas de Conti; continuarán el jueves con las de Echeverría y Lompizano, y concluirán la semana que viene con las de Villalba y Garay, el miércoles, y las de Ferreyra y Mansilla, el jueves.

La imputación formal es no sólo por el incumplimiento de sus deberes como funcionarios al no intervenir e impedir que se atacara a los ferroviarios y los tercerizados, sino por intentar borrar las evidencias de su inacción. Uno de los uniformados está acusado de no haber grabado el momento en que se enfrentaron los grupos antagónicos y se produjeron los disparos mortales. El fiscal Fiszer había evaluado que los policías, lejos de impedir el choque entre la patota y los tercerizados, se habían corrido para permitir el paso de los atacantes. Además descubrió que durante las comunicaciones radiales que se daban desde la jefatura de policía a los hombres en la calle se le pidió a uno de los jefes que dejara de hablar por la radio policial, donde quedan registradas las llamadas, y que, en cambio, se comunicara por teléfono. El fiscal sospecha que fue para no dejar rastros de lo que le habían ordenado.

Agregó: “Cuando se afirma «esta comisaría recauda bien» quería decir que extorsiona bien a los comerciantes a los que les pide dinero a cambio de protección, a los inmigrantes que no tienen en regla los papeles, a los vendedores ambulantes para no molestarlos y a las cocinas de droga para hacer la vista gorda”. Sin embargo, al notar la repercusión de sus afirmaciones, Garré les bajó el tono. Sostuvo que los casos de corrupción sobre los que había hablado, en realidad, se basaron en comentarios realizados a partir de las denuncias de vecinos, pero que no contaba con detalles suficientes como para iniciar causas en el fuero penal. Incluso afirmó que en caso de tener información adicional haría esas presentaciones en tribunales.

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Además, la ministra de Seguridad destacó: “Hay algunos malos comisarios que son parte del problema de la seguridad, pero la enorme mayoría de los policías realiza su trabajo con esfuerzo, bajas remuneraciones y riesgo”. El bajarles el tono a sus comentarios no impidió que se realizara la denuncia y que el juez Oyarbide citara al denunciante a ratificarla cuatro días después de realizada. Las expresiones de Garré fueron un tiro por elevación que alcanzó al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de quien dependieron las fuerzas de seguridad desde 2004. Sin embargo, en 2009 la Policía Federal pasó a depender de su colega en el Gabinete, el ministro de Justicia, Julio Alak, aunque con el control político de Fernández.

Por NIK

ARCHIVO

Juan Martín Romero Victorica

Investigan al fiscal Romero Victorica El procurador general, Esteban Righi, abrió ayer un expediente para investigar al fiscal de la Cámara de Casación Penal Juan Martín Romero Victorica, acusado de haber ayudado, en violación de la ley, a un acusado de crímenes de la última dictadura. Righi, jefe de los fiscales, pidió que el tribunal oral federal 6 le enviara una copia de la declaración que hizo Victoria Montenegro, hija de desaparecidos, en el juicio que investiga un plan sistemático de robos de bebes. Ella sostuvo que Romero Victorica le filtraba información al coronel Herman Tetzlaff, su apropiador, para favorecerlo en el proceso judicial. También, que le consiguió abogados. En una entrevista con Página 12, afirmó que ella nunca había dicho nada de Romero Victorica porque creía que le debía lealtad por haber ayudado a su papá. “Cuando hace poco me llamaron para declarar en una causa, me di cuenta de que a este señor no le debo nada, que en realidad no ayudó nunca. Que mi papá está desaparecido. Y que él hizo todo lo contrario: ayudó a que yo apareciera más tarde, y ahora tengo a mis abuelos muertos, a mi tía también muerta...”, afirmó. El procurador solicitó además que le informaran si ya existe una causa contra el fiscal y que, después, se le requieran “explicaciones”, tal como dispone el reglamento disciplinario del Ministerio Público. Consultado por LA NACION, Romero Victorica dijo que no conoce al coronel y que no le consiguió abogados. Afirmó que vio a Victoria Montenegro una sola vez, cuando ella fue a su fiscalía para pedirle ayuda e informó que ayer se puso a disposición de la Procuración.