SEGURIDAD | 23

| Martes 16 de octubre de 2012

SEGURIDAD Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez | www.lanacion.com/seguridad

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La Policía Federal devolvió 1500 chalecos antibalas

riesgosos. El tercer peritaje arrojó los peores

resultados sobre el potencial trauma balístico Hugo Alconada Mon LA NACiON

La Asociación Civil Padres del Dolor reclama justicia para sus familiares víctimas del delito

Foto: irma montiel

En Córdoba, los delincuentes roban para comprar droga narcotráfico. Ésa es la motivación de ocho de cada diez acusados por asaltos,

según datos oficiales de la justicia cordobesa; los dealers “reducen” los botines Gustavo Carabajal ENViADO ESPECiAL

CÓRDOBA.– En esta ciudad de 1.300.000 habitantes, los delincuentes roban para poder drogarse. Así lo demuestran las estadísticas oficiales elaboradas por la justicia local, que indican que ocho de cada diez acusados por robos actuaron con el objetivo primario de comprar algún estupefaciente. Esta revelación refleja cómo se vive en una parte de esta ciudad en la que existen barrios, como el Maldonado, en los que funcionan veinte puestos de venta de droga en cuatro manzanas, donde más de la mitad de los 85 homicidios que hubo en lo que va del año en la provincia ocurrieron por ajustes de cuentas entre bandas y donde la policía “ayuda” a los narcos a eliminar la competencia. “La mayoría de los delitos están vinculados con la droga y esto convirtió a los narcotraficantes en los mayores reducidores de objetos robados. Lo que ocurre es que los asaltantes cometen los robos para poder seguir drogándose. Después de cometer un delito llevan el botín a un narco o al dueño del puesto de venta de droga para que se lo cambie por cocaína. Así, todos los objetos robados van a parar al mercado negro”, explicó Sebastián García Díaz, ex secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba. Si bien al recorrer la ciudad se advierte una importante presencia

policial, con controles en los puentes que cruzan el río Suquía –lo que causó una baja en la cifra de robos en la zona céntrica–, la situación cambia en la periferia. Los vecinos de los barrios Maldonado, Müller, Colonia Lola, Renacimiento, Altamira y Bajada San José solicitaron al gobernador, José Manuel de la Sota, que instalara cámaras de seguridad para que queden en evidencia los dueños de los autos que van a comprar droga en los cientos de puestos de venta que existen en la zona. “Me he cansado de denunciar las casas donde venden drogas. Trabajan con total impunidad. Esa impunidad se advierte el día de las elecciones, cuando se ve a los dueños de esas casas como fiscales de mesa”, expresó un integrante de una ONG que trabaja para sacar a los chicos de la adicción a las drogas en las adyacencias del cementerio San Vicente, que solicitó mantener su identidad en reserva por temor a eventuales represalias. Tanto este dirigente social como el legislador provincial Aurelio García Elorrio interpretan que los narcotraficantes se aprovecharon de la falta de trabajo en los barrios aledaños de la ciudad y coparon la zona periférica. “Mucha gente de los barrios Marqués de Sobremonte, Villa Cornú, Colonia Lola, Mariano Fragueiro, Villa Páez y Yapeyú, por citar sólo algunos, ha encontrado en la venta de droga una salida laboral. Algunos lo hicieron desde su casa y

otros están en el delivery. También hubo casos de vecinos que les alquilaron sus viviendas a los narcos para guardar droga a cambio de 500 pesos por semana”, explicó García Elorrio, que hace cinco años había denunciado el avance del narcotráfico sobre varios barrios de la ciudad. Según el legislador, en los últimos meses el gobierno encabezado por De la Sota destinó más recursos a la Dirección Antidrogas de la policía provincial y comenzaron a efectuarse controles en las rutas. “La siguiente etapa es frenar la demanda de droga en los barrios”, explicó a la nacion. Homicidios Mientras se intensifican los problemas generados por la droga, también se repiten los casos de uniformados involucrados en delitos. Hay policías investigados por el homicidio de un joven de 23 años asesinado al quedar en medio del fuego cruzado de dos bandas rivales que se disputaban el territorio para vender droga en la cancha de bochas situada en Mackay y Gordon, del barrio Mariano Fragueiro. En la investigación se determinó que el joven no tenía nada que ver con las bandas que se enfrentaban y que la policía ayudó a uno de los grupos a liberar la zona y concretar el ataque. La falta de respuestas de la policía se dio también en el homicidio de Nilda Díaz, de 74 años, que murió del susto cuando fue víctima de

Denunció, y debió mudarse Una mujer fue hostigada por quienes acusó después de dar testimonio CÓRDOBA (De un enviado especial).– “Hace más de cuatro años ayudé a una mujer a la que le estaban robando y golpeando en la puerta de mi casa. Vi las armas de los agresores y cómo le gatillaban y los balazos no salieron. Había muchos vecinos en la calle, pero nadie ayudó. La mujer hizo la denuncia por el robo y me citaron como testigo. identifiqué a los asaltantes porque los conocía. Vivían a pocos metros de mi casa. En ese momento comenzó mi calvario.” Desde entonces, Mónica Torres hizo 20 denuncias contra los narcos que viven a pocas cuadras de su casa, pero ninguno de esos vendedores de droga a los que acusó y que participaron del asalto contra la mujer estuvo preso. Durante los últimos cuatro años, los delincuentes a los que denunció la amenazaron, agredieron a sus hijos, intentaron entrar en su

casa y balearon su vivienda. Debido a las constantes agresiones, y para proteger a su familia, Mónica Torres decidió mudarse del barrio Yapeyú. Para eso tuvo que poner en venta su casa a un precio mucho menor que el valor de mercado y empeñarse en pagar un préstamo durante los próximos veinte años. “Ganaron ellos”, afirmó Mónica, resignada y entre lágrimas. El estado provincial no la ayudó a buscar una casa ni impulsó la acción penal contra los narcotraficantes denunciados, que hoy siguen vendiendo droga en el barrio. “Luego de que uno de los delincuentes que había denunciado me agredió, me pusieron custodia. Esto fue hace poco más de un año. En ese momento me pusieron vigilancia policial. El agresor estuvo apenas dos días preso. Cuando salió, pasó frente a mi casa y me dijo que iba a matar a toda mi familia. Nadie hizo nada. Es obvio que acá necesitan que me maten para que la Justicia haga algo”, expresó Mónica. “Si tuviera que volver a ayudar a esa mujer que era golpeada por los

delincuentes, lo volvería hacer. Pero no volvería a presentarme como testigo. La Justicia se burló de mí y de mi familia”, concluyó la mujer amenazada por los narcos. Otra frustración por la falta de respuestas del Estado la padece la familia de Facundo Alegre, de 19 años, que salió de su casa a mediados de febrero último para ir a un recital de un grupo de cuarteto y, desde entonces, no volvió a ser visto con vida. Viviana, su madre, acusó a la policía por la desaparición. “La policía fue responsable de que Facundo no apareciera, por acción u omisión. La policía nunca lo buscó. Siempre se lo llevaban detenido porque no les gustaba su aspecto”, denunció Viviana. Testigos vieron por última vez a Facundo en una parada de colectivos cercana a una comisaría. “Creo que la policía se lo llevó como otras tantas veces, se les pasó la mano con la tortura y lo mataron”, concluyó la madre de Facundo. A pesar de la grave acusación de la mujer, la Justicia no imputó a ningún policía.ß

un robo en su casa del barrio Crisol Norte. Por este hecho, ocurrido hace una semana, todavía no hay detenidos ni sospechosos. A raíz de la sucesión de homicidios ocurridos en los últimos años en esta ciudad, un grupo de vecinos formó la Asociación Civil Padres del Dolor. Juan Basualdo –presidente de esa ONG– y Rosario son los padres de Enzo, de 16 años, a quien mataron cuando festejaba su cumpleaños en la puerta de su casa, en el barrio Villa Libertador. Gabriela Ludueña sufrió el asesinato de su hermano, Mario, de 26 años. Lo asesinaron para robarle la moto en el barrio Altamira. Hace dos meses fue apresado un sospechoso, que había estado prófugo durante cinco años. La cuñada de Ludueña vive a pocos metros de la casa del imputado y sufrió amenazas de la familia de éste; no puede salir de su casa. Hay más víctimas. Karin Paola González era policía y se desempeñaba en la comisaría de Alta Gracia. La encontraron muerta con un tiro en el cuello. Su madre, Dominga Pérez, acusó al novio de Karin, también policía, pero el fiscal nunca lo citó a indagatoria. A su lado, Graciela Córdoba recordó que en menos de un año fueron asesinados dos de sus hijos: Daniel y Héctor Calderón. A todos los mataron durante robos. Sólo en el último de los homicidios hubo dos sospechosos condenados a 12 y 14 años de prisión. El otro asesinato quedó impune.ß

La Policía Federal devolvió en las últimas horas cerca de 1500 chalecos antibalas que presentaban serias deficiencias de protección y que podían causar serios traumatismos o incluso poner en riesgo la vida de sus agentes, confirmaron fuentes de esa fuerza a la nacion, que en su edición de anteayer había revelado esos problemas. La fuerza adoptó esa decisión tras recibir los resultados del tercer peritaje balístico que el Laboratorio de Armamentos de la Escuela Técnica del Ejército completó, con pésimos resultados, sobre cuatro de esos chalecos, a pesar de los intereses del Ministerio de Seguridad, que conducen Nilda Garré y Sergio Berni. El costo para el Estado por esos 1500 chalecos fallidos asciende al menos a $ 3 millones, tras una operatoria que incluyó la importación del insumo básico para su confección como “material bélico secreto” gracias al aporte del Ministerio de industria, para así reducir los controles aduaneros y evitar impuestos. Ahora, con los chalecos otra vez en poder de la Sastrería Militar, se intentará un nuevo peritaje, el cuarto. Los primeros dos peritajes, en agosto y septiembre, arrojaron traumas balísticos –el impacto del proyectil sobre el chaleco– excesivos. También expusieron problemas en su confección, al incluirse insertos removibles prohibidos por las normas vigentes y telas no cotejadas al ser testeado el prototipo, según informó la nacion en sus últimas dos ediciones. Trauma excesivo El tercer y definitivo peritaje resultó incluso peor que los dos primeros. Arrojó un trauma balístico de 44,4 milímetros, según confirmaron ayer fuentes al tanto de los resultados. Quedó así por encima del límite de 25 mm trazado por las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura) para las compras de chalecos en las últimas dos licitaciones (la 31/06 y 43/08) y del máximo fijado por el Registro Nacional de Armas (Renar), con 44 milímetros. Filmado y con al menos un emisario de la Policía Federal presente durante la tercera prueba, el Laboratorio de Armamentos determinó entonces

que los chalecos resultaban “no aptos” para su utilización por los agentes, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Seguridad durante los últimos seis meses para colocarlos en la fuerza. Los chalecos retornaron así a las instalaciones de la Sastrería Militar, que los fabricó junto con cooperativas coordinadas desde el Ministerio de Desarrollo Social, que lidera Alicia Kirchner. Ahora deberán evaluar si se consigue de algún modo mejorar sus niveles de protección balística. Con el material de la firma estadounidense Dyneema ya en el país, los ministerios de Desarrollo Social y de Seguridad colaboraron con la Sastrería Militar para la fabricación de los chalecos, que registraron problemas desde sus primeros pasos, como reveló la nacion anteayer. En julio, el secretario de Economía Social, Carlos Cipolla, que depende de Alicia Kirchner, consultó al Renar los pasos a seguir por la adopción de los “insertos removibles” y nuevas telas en los chalecos que fabricaba la Sastrería Militar junto con las cooperativas, según consta en el trámite 007-20120001032-000. Al tanto de los posibles problemas de protección balística, sus impulsores buscaron sortear las mayores exigencias de la norma vigente del Renar desde 2011, conocida como MA.01-A1. Apelaron para eso al prototipo de un chaleco JAF3 aprobado en 2005 según la norma más laxa del Renar de 2001, la MA.01. Sin embargo, los resultados de los primeros dos peritajes balísticos, según tres expertos y un ex alto funcionario del Renar consultados por la nacion, vedaban la distribución de los chalecos entre los policías. Uno de ellos fue aún más contundente: “Es doblemente criminal”. Con esos antecedentes, el tercer peritaje se completó el jueves pasado sobre cuatro chalecos. Los aportó la policía entre los que había recibido de la Sastrería Militar para verificar su calidad. Y los resultados fueron contundentes: “El trauma verificado era superior al permitido”, detalló uno de los informantes. “Por eso –añadió– se los dictaminó «no aptos».” la nacion contactó al Ministerio de Seguridad elviernesy ayer, perosusvoceros no respondieron las llamadas ni los correos electrónicos enviados.ß

enriquecimiento ilícito

El caso contra un ex jefe policial, cerca de prescribir LA PLATA.– El proceso por presunto enriquecimiento contra el ex jefe de la policía bonaerense Alberto Sobrado quedó a un paso de la prescripción. El juicio quedó aplazado hasta diciembre, aunque sin fecha definida, ante nuevos planteos de la defensa, que solicitó incorporar más pruebas y volvió a rechazar la competencia del Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 1 de esta ciudad, según informó ayer a la nacion la fiscal Rosalía Sánchez.

El TOC N° 1 confirmó que el debate oral y público” no tiene nueva fecha de inicio” y reconoció la posibilidad de que la acción penal quede sin efecto, ya que el proceso lleva más de nueve años. La causa contra Sobrado se inició en junio de 2003, cuando la revista Veintitrés reveló que él había hecho una transferencia bancaria no declarada de 333.549,62 dólares hacia un paraíso fiscal en las Bahamas. Entonces, su sueldo era de 4.443,71 pesos.ß Pablo Morosi

Un problema que crece El incremento del delito, ligado a la comercialización

85

b Homicidios en Córdoba Según las estadísticas oficiales, más de la mitad de los asesinatos ocurridos este año fueron ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes

22.000

b Policías El gobierno de Córdoba concretó inversiones para aumentar la cantidad de efectivos, que en 2008 sumaban 12.000; igual, la cifra de delitos no decreció

Foto: Fernando massobrio

ardió una fábrica de juguetes

Dramático incendio en Barracas Un incendio en una distribuidora de juguetes y papelería del barrio porteño de Barracas causó graves daños en el edificio y aterrorizó a los empleados y vecinos de la zona, que vieron cómo las llamas, que alcanzaron hasta seis metros de altura, fueron controladas tras cinco horas de trabajo de los bomberos. El incendio comenzó a las 7.30, en el depósito situado en Chubut 1223. Diego, un empleado del lugar, dijo que el fuego se inició en el primer pi-

so, cuando unos 40 empleados desayunaban en la planta baja, por lo que pudieron ser evacuados sin dificultad. Ocho dotaciones de bomberos de la Policía Federal trabajaron allí durante más de cinco horas para controlar la situación. También acudieron ambulancias del SAME, aunque no hubo heridos. Una densa columna de humo dominó el cielo de la zona, y fábricas adyacentes también debieron ser evacuadas por prevención.ß Marina Herrmann