OPINION

Sábado 21 de abril de 2012

A

PARA LA NACION

los defensores del pueblo no nos gusta que nos digan ombudsman. Esa institución es originaria de una Europa monárquica que la creó para ser oidora de las quejas de sus súbditos o intercesora ante el poder y así limitar sus abusos o arbitrariedades. Los defensores del pueblo también escuchamos los reclamos ciudadanos, pero no contra ninguna nobleza, sino contra las deficiencias o ineficiencias de las instituciones que este mismo pueblo ha creado a través de sus representantes a lo largo de su historia, o reaccionamos ante incumplimientos de funcionarios de la democracia. Nuestra brújula –única y compartida– es la de los derechos humanos, con su amplio abanico de principios, normativa, doctrina, jurisprudencia y los valores fundamentales de la vida y dignidad que son fundantes y sustento de todos los demás derechos que integran su plexo vigente para esta sociedad y en este tiempo. Ser defensor del pueblo en nuestro continente es no olvidar que ingresamos en el mundo occidental primero colonizados a sangre y fuego por unos y luego económicamente por otros, que hemos sido asolados por dictaduras locales con apoyo exógeno, extorsionados por endeudamientos agobiantes y eternamente manipulados culturalmente. Por eso nuestra misión es ser también defensores de la democracia costosamente alcanzada y de su gobernabilidad, del perfeccionamiento de las instituciones, de la participación ciudadana, de la equidad y del diálogo permanente entre las diversidades. Al mismo tiempo, rige para nosotros una opción preferencial: por los más vulnerables, no porque tengan siempre razón, sino porque la vulnerabilidad requiere ser compensada y ésa es también función estatal. Desde esa mirada nuestros antecesores no son los ombudsman europeos (respetables por cierto en sus lugares), sino quienes asumieron hace 500 años la defensa de los pueblos originarios víctimas de la matanza y la explotación colonial. Los dominicos como fray Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria, o los misioneros jesuitas, serían –en el lenguaje de hoy– los primeros defensores de derechos humanos en estas latitudes. Mientras los teólogos oficiales discutían si los indios tenían alma o no, ellos morigeraron cuanto pudieron las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos. A partir de entonces y hasta la fecha, cientos de defensores de derechos humanos existieron en nuestra historia bicentenaria. Hoy los defensores del pueblo tenemos como misión defender y proteger sus derechos, promover y proteger los valores y principios que nutren las convenciones que nuestro país ha convalidado y aportar positivamente a las instituciones de la democracia. Como organismos de control, hacemos control de vigencia de derechos. Y como casi nunca –en ningún lugar del mundo– tal vigencia es plena y total, ese control nos hace fatalmente críticos, puesto que trabajamos sobre las patologías del sistema, sobre lo que no funciona o lo que se incumple, advirtiendo sobre los daños por reparar o los riesgos por prevenir, diagnosticando situaciones y recomendando medidas. Ni oficialistas ni opositoras, las defensorías del pueblo han sido paridas por la democracia y están para cuidarla, mejorarla y defenderla desde adentro del sistema estatal. Cuando no hubo democracia, la defensa de los intereses populares y nacionales recorrió otros caminos, esa memoria nos acompaña y nos compromete con las generaciones futuras. © LA NACION La autora, especialista en derechos humanos, es defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires

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LA VIOLENCIA CRECIENTE DEL DELITO COMUN

Proteger los derechos del pueblo ALICIA PIERINI

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Delincuentes de gatillo fácil PABLO SIRVEN LA NACION

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OS insultos destemplados, la mirada relampagueante, los empujones y las amenazas no son nada al lado del culatazo en la sien, que no llega a derribarla, pero que le parte en dos la ceja y le hace brotar un chorro de sangre incontenible. El simulacro de fusilamiento puede trocar inesperadamente en fusilamiento verdadero. El caño frío de la pistola pasa de la sien a la cara y de ahí, ya raspando, a jugar dentro de la boca de la atribulada víctima. Busca quebrarla, borrarle el último vestigio de resistencia. Debe entregarse a la voluntad suprema de su repentino amo, el Sr. Terror, que le ha arrancado su libertad y le impone un atroz cautiverio. Si sale con vida, el trauma la acompañará hasta el fin de sus días. Pero también puede ser que su captor decida acribillarla hasta borrarle sus últimos signos vitales. Por escenas como las que se acaban de describir, el gobierno de Raúl Alfonsín juzgó a las juntas de comandantes y a oficiales superiores y, desde 2003 hasta hoy, el kirchnerismo redobló sus esfuerzos para que quienes ocasionaron ese tipo de aberraciones paguen con la cárcel sus crímenes, agravados aún más por haberlos perpetrado en nombre del Estado. Vuelva ahora el lector a releer los primeros párrafos de esta nota, pero imaginando una escenografía distinta, ya no la de un campo de concentración en tiempos de la dictadura, donde un uniformado ensoberbecido por la violencia se aprovecha de su víctima. Visualice, en cambio, una casa del conurbano o un departamento de un barrio porteño. Imagine que en vez de una detenida-desaparecida se trata de un ama de casa sorprendida en la calle, obligada, a punta de pistola, a facilitarle el ingreso en su hogar a uno o varios facinerosos. En efecto, en los últimos años el modus operandi de la delincuencia común para obtener sus botines derrapa cada vez más al despliegue apocalíptico de la represión: operativos comando, uso de armamento de grueso calibre, modales de bestia, secuestros extorsivos, toma de rehenes, uso del terror como práctica habitual, ejecuciones sumarias, depravación sexual y sadismo hasta el grado de la amputación de dedos y puntazos, estrangulamientos o tiros de gracia. Si son ancianos o miembros de alguna colectividad, serán, tal vez, aún más violentados de palabra o de hecho. La aparición reciente de sicarios, con sus ajustes de cuentas, agrega otra cruel modalidad al mapa de violencia descripto. El ladrón de otras épocas, asesino por excepción, ha desaparecido o perdió sus códigos porque la vida vale cada vez menos (y las penas con que se los castiga, también). Hoy hasta en el más simple ratero puede esconderse un monstruo enajenado por el paco, la desesperanza y la ausencia de un discurso social, lo que termina normalizando este tipo de situación. Tiene mucha razón la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, cuando al referirse a la no menos terrorífica trata de personas, afirma que “los prostíbulos son pequeñas dictaduras feroces donde se somete y esclaviza”. Menos mal que ese tipo de delitos ha quedado fuera de la asombrosa tara emocional, psicológica e ideológica que el gobierno nacional y quienes más se identifican con él tienen hacia la delincuencia común, ante la cual suelen mostrarse inermes y bloqueados. Es tan tabú el tema que hasta prefieren identificarlo como una bandera opositora o una mera inquietud reaccionaria de la derecha, como si el delincuente común, transfigurado en chacal, fuese a dispensar de golpear a un anciano, violar a una mujer o matar al que sea si proclaman a tiempo su progresismo. Llama la atención que habiendo adoptado la delincuencia común exactamente los mismos procedimientos salvajes de la represión para sus rapiñas no provoquen mayor masa crítica en las discusiones públicas del oficialismo, al menos para mantener el tema presente en algunos de sus múltiples discursos, “conferencias de prensa” (con y sin preguntas) y la muy vista tanda de Fútbol para Todos. Entiéndase bien: no se trata de producir

mensajes estigmatizantes, por lo demás tan injustos, de la pobreza, y ni siquiera de cacería y persecución de los que ya han procedido de manera brutal, sino, al menos, de asumir el tratamiento de este delicado asunto en las escuelas, en la agenda de los comunicadores afines al Gobierno y en la clase política; falta concientizar de manera docente para que la sociedad, antes que el robo en sí mismo, repela como inaceptable este tipo de salvajismos. Mirar para otro lado no sólo es interpretado por quienes cometen este tipo de atropellos como una señal de permisividad social que invita a la impunidad, sino que ni siquiera alcanza para ocultar un proble-

El ladrón de otras épocas, asesino por excepción, ha desaparecido o perdido sus códigos, porque la vida cada vez vale menos ma que, en el mejor de los casos, nos vive rozando todo el tiempo. ¿Quién no tiene al menos un conocido o un familiar que no haya sufrido en carne propia alguno de estos traumáticos atropellos? La filósofa Diana Cohen Agrest, madre de Ezequiel, que hace nueve meses perdió la vida por un celular y unos pocos pesos (y cuyo asesino acaba de ser condenado a cadena perpetua), recordaba hace unos días en esta misma página que “desde 2000 hasta hoy la violencia salvaje de la delincuencia se cobró la vida de 32.000 personas en la Argentina”, una cifra superior a los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar que estiman los organismos de derechos humanos. Los secuestros de los grupos de tareas, antes de 1983, no sólo buscaban escarmentar puntualmente a sus indefensas víctimas, sino también sembrar el terror entre sus allegados y que el “boca en boca” espar-

ciera el terror en el resto de la sociedad. La delincuencia común funciona con el mismo código: quien intente resistir un asalto, tiene altísimas probabilidades de ser asesinado. La “ley marcial” es pues aplicada a rajatabla y sin contemplaciones para escarmiento del que se rebela, pero también para que se sepa y predisponga a la más absoluta docilidad al próximo; otra vez el terror, esparcido socialmente. Y todos callados aceptando, con sorprendente mansedumbre, esa “pena de muerte”, impuesta por el hampa. Según Diana Cohen Agrest, “estudios estadísticos mostraron que cada muerte afecta la vida de otras 128 personas. Y que cuanto más joven es quien falleció, más personas se enlutan con la pérdida”. Gente que queda temerosa, desconfiada, replegada socialmente, cuando no resentida. ¿Cuál es el impacto que esto (exacerbado, ciertamente, por el repetido machaque amarillista y acrítico de algunos medios) provoca sobre el tejido social? Mientras el Estado se tomó casi treinta años en digerir la tragedia de los 70 y en escarmentar, como corresponde, definitivamente a quienes causaron la peor parte de ese mal, los delitos comunes comprobados no son tratados con la misma mano severa y, por eso, el escenario de un nuevo drama nacional, esta vez en cuotas y asordinado, ha comenzado a levantarse de nuevo de manera implacable y creciente. No hay más que repasar los casos más resonantes de los últimos años para comprobar que la mayoría de ellos fueron perpetrados por reincidentes. Tragedias que se podrían haber evitado si las penas originales se hubiesen respetado. “La tendencia a la interpretación de las leyes penales de una manera cada vez más favorable al imputado, conocida como «garantismo» –apunta el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Ricardo Sáenz–, acentúa las in-

terpretaciones a favor de la libertad de los imputados durante el proceso, o de calificaciones legales de los hechos menos gravosas, fundadas en una teoría que tiende, prácticamente, al abolicionismo del derecho penal.” Agrega Sáenz que en los últimos veinte años “el llamado dos por uno, libertades vigiladas, anticipadas, domiciliarias, morigeradas, liberados con pulseritas y un largo etcétera llevan a que las penas no se cumplan como son dictadas, a que la prisión perpetua sea un eufemismo y a que los delincuentes sepan que si cometen un delito, primero deben ser descubiertos y, si lo son, tienen altas probabilidades de no ir a prisión o ir por poco tiempo”. El “garantismo” justifica su blanda mirada sobre el delincuente común al culpar a las sociedades de fomentar iniquidades que se expresan después en este tipo de mortífera marginalidad. Aunque ese razonamiento fuese completamente cierto y no, como lo es, bastante discriminador hacia quienes por más pobres que sean nunca se les ocurriría levantar la mano contra sus prójimos, eso sería como justificar la acción de los represores por la formación autoritaria que recibieron en los colegios militares y las propias injusticias que habrán soportado en nombre del “derecho de piso” por parte de sus superiores cuando eran cadetes y cuyo resultado pudo haber derivado en la conformación de personalidades mesiánicas y pervertidas. Así como los planes de estudios de la carrera castrense se han modificado al limar sus aspectos autoritarios y al poner el énfasis en el respeto a los derechos humanos, es necesario un esfuerzo público similar para poner al descubierto y condenar socialmente la génesis de la lacra que violenta y martiriza a nuestra sociedad. No hacerlo es marchar a la deriva, en tanto que el tema se invisibiliza en su prevención y sólo se manifiesta fugazmente cuando una nueva vida es tronchada (momento en que se alimentan inconducentes e inconsistentes sentimientos de venganza que quedan flotando, enrareciendo el clima social). Los accidentes viales vienen disminuyendo no por casualidad: desde hace años, son cada vez más intensas las campañas de concientización en medios de comunicación masivos, además de la acción persistente de organizaciones no gubernamentales y los crecientes controles callejeros policiales para que se reduzca la velocidad y nadie maneje alcoholizado. En el informe anual 2011 del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires se alerta sobre los casos de “gatillo fácil” de la policía, que, por supuesto, deben ser severamente castigados, pero nada se dice de las víctimas de una delincuencia, cuya ferocidad va in crescendo. El filósofo Paul Ricoeur, también citado por Diana Cohen Agrest en estas páginas, apunta que el castigo es la intersección “que ensambla la fractura entre el mal cometido y el mal sufrido”. Que el Código Penal funcione, y bien, cuando se encuentre al culpable de cada crimen. Y que la pena se cumpla sin contemplaciones en tanto se destruyen –de verdad– los nidos de estrecha connivencia entre hampa, pobreza, policía, política y tribunales. Pero hay mucho más por hacer para evitar que se cometan los delitos. Si los políticos, los maestros, los publicitarios, los periodistas y todos nos mostrásemos más inquietos y enfáticos en trasladar el discurso de los derechos humanos a este ámbito, la consigna reiterada primero desalentaría a los grupos de riesgo (a los que habría que fortalecer más social y educativamente para alejarlos definitivamente de ese abismo, con más políticas inclusivas) y después terminaría llegando hasta los más temibles tugurios y aguantaderos de delincuentes, a los que, tal vez, les daríamos de esta manera la oportunidad de reflexionar sobre si, aun para robar, es imprescindible mutar a ser abominable. Nada de esto será posible si la política de seguridad del Gobierno persiste en su actual paradoja: Estado ausente. © LA NACION

La libertad de expresión de los gobernantes ALEJANDRO CARRIO

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UANDO el presidente de la Nación, el vice, o algún ministro del Poder Ejecutivo utilizan expresiones descalificadoras respecto de un periodista al que nombran en forma explícita (ejemplos recientes a la vista), ¿constituye esa conducta un ejercicio de su libertad de expresión? La pregunta no es menor, pues si el proceder del gobernante es de aquellos que la Constitución garantiza y protege, el periodista de turno podrá, por caso, ser tildado de tener una ideología identificable con el nazismo, y será su obligación tolerar esa expresión, como forma de hacer realidad el libre juego democrático. Para un liberal en serio, que ve con recelo cualquier intento de que los individuos vean coartadas sus posibilidades de expresarse libremente sobre cuestiones de interés público, el dilema que plantea el interrogante de más arriba puede llevarlo a concluir que estamos ante un simple ejercicio legítimo de una libertad protegida constitucionalmente.

PARA LA NACION

Y en todo caso, el periodista atacado podrá a su vez recurrir al único remedio que los liberales (en serio) aceptan, y que es su derecho de responder públicamente, como forma de que todos puedan beneficiarse con el intercambio de ideas y opiniones, en un mercado libre de interferencias. En este esquema aparentemente simple, ¿hay algo que nos haga pensar que el funcionario que ataca a un periodista tiene en verdad un estatus distinto, y que las reglas del sistema republicano determinan que aquella óptica igualitaria pueda encerrar gérmenes nocivos para su propia subsistencia? Tal vez algunos principios básicos relativos a la libertad de expresión que la Carta Magna consagra puedan sernos de utilidad. Para empezar, debe tenerse presente que la prohibición de interferir con la libertad de expresión es una que obliga esencialmente al Estado, pues así está concebido todo nuestro esquema de derechos, declaraciones y garantías. Es

el Congreso Federal el que, por mandato superior, tiene vedado restringir la libertad de imprenta, y si los legisladores gozan de una prerrogativa de no ser molestados por sus opiniones, es porque hay una norma específica de la Constitución que les atribuye ese privilegio, y no por derivación de otro principio que en verdad los tiene como sujetos obligados a garantizarle a los ciudadanos su propia libertad. Es también por eso que el Estado hace bien en no perseguir penalmente a los que expresan sus opiniones en temas de interés público, y la derogación del delito de desacato, o la modificación de las figuras penales de calumnias e injurias, volviéndolas inaplicables en esos supuestos, son iniciativas por las que el Gobierno merece crédito. Pero además de eso, otro principio sano es el que señala que el libre intercambio de ideas requiere de la neutralidad estatal para volverlo realmente efectivo. Y es también por eso que debe verse con mucha preocu-

pación la ilegítima costumbre de nuestros gobernantes de utilizar la pauta publicitaria oficial para premiar a los medios que comulgan con sus ideas y para castigar a los que no. Es también por estas razones que en épocas eleccionarias todos los partidos, incluso el gobernante, deben recibir el mismo espacio publicitario en los medios de prensa, y es también esa la razón por la cual el Gobierno hace realmente mal en multar consultoras que ofrecen índices de inflación que difieren de los oficiales, y que ha llevado a que sean algunos legisladores, justamente por el privilegio constitucional de que gozan, los vehículos utilizados para darlos a conocer. En un país con marcado exceso de presidencialismo y concentración de autoridad en pocas manos, los ataques a los periodistas no afines al pensamiento oficial pasan a constituir un factor adicional de preocupación. El Gobierno tiene a su alcance mecanismos variados para hacer sentir su poder.

La AFIP, la Secretaría de Comercio e incluso la Secretaría de Inteligencia son instituciones que el Gobierno controla y que pueden percibir las señales que el Poder Ejecutivo envía respecto de algunos periodistas elevados a la categoría de “especiales”, por el sólo hecho de haber sido nombrados en algún mensaje presidencial. A los periodistas buenos, y también a los malos, se les debe garantizar un marco de especial libertad para el ejercicio de su misión como contralor de los actos de gobierno, sin temor alguno de represalias oficiales. El Estado, y el Gobierno que en cada ocasión lo representa, es un jugador demasiado importante para que sus intervenciones no provoquen un especial recelo. Eso, en todo caso, se encuentra en la esencia misma de nuestra Constitución. © LA NACION El autor es abogado, especialista en derecho constitucional