POLÍTICA | 9

| Viernes 22 de agosto de 2014

la situación Económica | tensión cambiaria

El Gobierno niega más devaluaciones, pero hasta el dólar oficial bate récords El viceministro de Economía. Álvarez Agis, dijo que no habrá ajustes del tipo de cambio como el de enero pasado, pero el BCRA dejó subir 11 centavos el billete en 2 días; el paralelo se pagó hasta $ 14 Javier Blanco LA nACIOn

Los precios del dólar marcaron ayer nuevos récords en la plaza local, tanto en el segmento legal como en el ilegal, al cabo de una jornada en la que el Gobierno descartó toda posibilidad de volver a devaluar abruptamente el peso, como sucedió en enero. “Siempre que el tipo de cambio aumenta bruscamente, Argentina enfrenta situaciones de tensión. Quieren volver a esquemas de principios de los ‘80 de devaluación–inflación–nueva devaluación, pero este gobierno no lo va a aplicar”, dijo el viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, en un raid radiofónico matinal con el que buscó desalentar esas expectativas. Sin embargo, con las horas quedaría en claro que sus definiciones fueron, para ahorristas e inversores, un mal presagio: el valor del dólar físico

en operaciones de calle llegó a dispararse hasta un nuevo máximo de $ 14 y el Banco Central (BCRA) convalidó la tercera mayor devaluación del peso en lo que va del año –sólo inferior a aquellas de enero–: permitió un avance de casi 8 centavos en el dólar mayorista, que saltó $ 8,3230 a 8,3950 haciendo que la devaluación oficial en el mes se triplique (era del 0,75% y llegó al 2,24%) en apenas dos días, justo cuando más se teme un déjà-vu. “El mercado oficial arrancó más remolón que de costumbre. Se esperaba una señal del BCRA, pero faltó a la cita”, bromeó un operador en alusión al tiempo transcurrido hasta que la entidad interviniera, como es usual. “Sólo cuando la devaluación llegó al 1% en el día, vendió 10 millones de dólares de las reservas para indicar que no toleraría una baja mayor”, precisó luego. Esa intervención, las ventas de dólar-ahorro (US$ 9,1 millones en el día/

US$ 210 millones en el mes –récord–), y los pagos por energía estuvieron detrás de la caída en US$ 89 millones que, al final del día, mostraron las reservas, quietas en US$ 28.850 millones desde el nuevo default. Un fantasma remanido El temor a las derivaciones del aislamiento financiero en el que quedó el país tras el default, y la posibilidad de que la ley de pago local de la deuda lo prolongue, regeneraron el miedo a un salto devaluatorio, en momentos en que el “premio” por mantenerse en pesos se ha esfumado tras la baja en las tasas de interés de referencia impulsada por el BCRA en un intento por reanimar la economía. Incluso ayer ese miedo se exportó a Uruguay, que sufrió una baja de 0,5% en su moneda. El dólar allí marcó un récord de $ 24 uruguayos (máximo desde 2009) mientras cos-

taba 16,90 comprarlo con pesos argentinos. Esa expectativa está detrás de la reticencia a liquidar que mostraron ayer los exportadores: vendieron apenas US$ 105 millones, la menor cifra desde el 5 de febrero, es decir, cuando seguían los cimbronazos por la devaluación de enero. Previendo esta reacción, Alvarez Agis fue enfático en desechar una nueva corrección. “El tipo de cambio tiene que ser lo suficientemente competitivo para beneficiar a las economías regionales, pero no tan alto como para afectar las importaciones”, dijo el funcionario más cercano al ministro Kicillof. Pero sus dichos recrearon fantasmas del pasado reciente. “En mayo de 2013, y con el dólar en $ 5,25, fue la propia Cristina Kirchner la que dijo que los que quisieran ganar plata a costa de una devaluación tenían que esperar a otro gobierno ... Ocho meses después,

devaluó”, recordó ayer un operador para explicar el impacto que los dichos de Álvarez Agis tuvieron. Las implicancias del fallido operativo para irradiar calma se observan al reparar que el salto del paralelo no se dio para mantener distancia con los tipos de cambio que surgen de los negocios en Bolsa (ayer subieron menos), sino que estuvo vinculada con el despegue del dólar oficial. Las lecturas que se hacen de la última jugada del Gobierno coinciden en señalar el riesgo de una mayor presión cambiaria. “Argentina continuará aislada del mercado global cuando los dólares le son un bien escaso”, dice la consultora Delphos Investment. “Es de esperar un debilitamiento del peso en los mercados oficiales y no oficiales, que profundizaría la recesión en curso”, advierte David Rees, analista de emergentes de Capital Economics.ß

Distintos signos de nerviosismo Precios y montos que reflejan la presión cambiaria

$ 13,95

Cierre del blue Llegó a venderse hasta $ 14 y aceleró la suba tras saberse del despegue del dólar oficial

$ 8,3950

Dólar oficial mayorista Saltó 7,2 centavos en el día y acumula 11 en dos jornadas. La devaluación oficial del peso llega a 2,24% en el mes, la mayor desde enero

US$ 210

Millones Es el monto de las ventas de dólar-ahorro por bancos y agencias en lo que va de agosto. Es la mayor cifra para un mes desde la reapertura parcial del cepo cambiario, hace 7 meses

Horizonte con más litigios y una venganza de la economía real el eScenario Fernando Laborda LA nACIOn

Viene de tapa

El juez Thomas Griesa y la presidenta Cristina Kirchner

Economía afirma que el pago local evitará nuevos juicios contra el país Temen que, sin esta opción, los bonistas reestructurados demanden al Gobierno Martín Kanenguiser LA nACIOn

El equipo económico asegura que, si no avanza con la ley de pago local de la deuda, los bonistas reestructurados comenzarán a demandar a la Argentina a partir del pago previsto para fin del mes próximo. Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron a la nacion que el Gobierno tomó la decisión de impulsar en este momento el cambio de domicilio de pago porque de lo contrario podía enfrentar problemas legales. “En el vencimiento de julio, hubo tolerancia ante el bloqueo de los fondos en el Bank of new York, pero esa actitud no se iba a repetir en el pago de septiembre”, indicó la fuente. El razonamiento oficial es que los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 fueron comprensivos solamente una vez. Por lo tanto, se considera que el ofrecimiento de hacer un cambio de domicilio de pago es el mal menor, aunque no exista certeza sobre el nivel de aceptación que pueda haber. Sin embargo, tal como expresó el ministro Axel Kicillof anteayer, hay diálogo con los inversores y en la cartera económica afirman que varios bonistas pidieron esta alternativa de cobrar en Buenos Aires ante la complejidad del proceso judicial en Estados Unidos. La otra intención del proyecto es cambiar el eje de la discusión para atender las necesidades de los bonistas reestructurados en lugar de seguir focalizados en los fondos

buitre, pese a que la continuidad del proceso judicial en nueva York va en contra de este deseo (ver página 8). Un incentivo que ofrecerán para que haya una concurrencia mayor es que los bonistas extranjeros –que deberán tener una cuenta abierta en el país para cobrar– podrán girar sus dólares al exterior en 24 horas. Con este mecanismo, aseguran, no habrá riesgo de embargo porque el dinero ya será de los particulares. Tras reconocer que el cambio de legislación propuesto genera un riesgo reputacional que los bonistas quieren evitar, aclararon que posiblemente algunos fondos que acepten se desprendan de los bonos en el mercado secundario. De acuerdo con la visión oficial, la ley pone ante una difícil decisión a varios fondos de inversión: ¿esperarán para cobrar en nueva York, pese a todos los problemas generados a partir de la sentencia del pari passu, u optarán por cobrar ya, aunque sea en Buenos Aires? Al respecto, creen que será difícil para los ejecutivos de estos fondos explicar a sus clientes por qué no cobrar ahora, cuando el país está ofreciendo pagar. De todos modos, con cautela, no quieren arriesgar un umbral posible de aceptación. “nadie sabe cómo va a terminar”, confesó la fuente oficial. En el sector privado, las opiniones están divididas: hay fondos institucionales que no pueden cambiar el lugar de pago por estatuto; en cambio, algunos fondos de cobertura posiblemente se sumarán. Un ejecutivo de Wall Street pidió que el Gobierno abra un canal de diálogo directo para que los inversores se sumen. En tanto, un economista que mantiene importantes contactos con el exterior anticipó que el nivel de aceptación será bajo y generará

mayores problemas porque habrá “nuevos holdouts” entre los inversores que quieran seguir cobrando en nueva York. “Deberían haber pensado una estrategia más inteligente, que incluyera otras jurisdicciones de pago, dándole al bonista la posibilidad de elegir, pero es poco factible que los bonistas extranjeros se quieran someter a la justicia argentina”, indicó el analista en forma anónima. Dólares, en duda En cuanto al efecto sobre la macroeconomía del proyecto de “pago de la deuda soberana” –que para la mayoría de los analistas será negativo–, en Economía creen que no cambiará demasiado el pobre panorama de financiamiento externo previsto para este año. La gran apuesta oficial es a los fondos prometidos por China para obra pública, aunque el giro de estos fondos también está bajo revisión luego del reciente default. Como cualquier otro país, China también quiere asegurarse el cobro de sus préstamos. Es posible, en cambio, que caiga el financiamiento para el sector privado, admitió la fuente, aunque tampoco había mucha expectativa de ingreso rápido de dólares, pese al esfuerzo que se colocó para cerrar el acuerdo con el Club de París, con el Ciadi y con Repsol, entre otras cuestiones. En cuanto a las restricciones para que YPF pueda seguir consiguiendo dólares en el exterior, en Economía juran que la petrolera obtuvo previamente al default más fondos de los que esperaba, por lo que no debería desesperarse. En todo caso, creen que hay espacio para fondearse en el sistema financiero local, aunque seguramente será a una tasa bastante mayor que la lograda puertas afuera del país.ß

Buscan remover la cláusula RUFO ^b^b^ Un grupo de bonistas reestructurados de la deuda argentina está trabajando para remover la cláusula RUFO, que impide que el emisor (el país) ofrezca mejores términos a los acreedores que no participaron en sus canjes de deuda, uno de los obstáculos para que la Argentina llegue a un acuerdo con fondos que la demandaron. Christopher Clark, socio del bufete Latham & Watkins, que asesora a bonistas con más de 5200 millones de euros en deuda argentina, dijo a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, que están trabajando en una solicitud de consentimiento por la cláusula. “Estamos avanzando y trabajando con Deutsche Bank para progresar lo más rápido que sea posible en la solicitud”, dijo Clark a IFR. Fuentes del sistema financiero confirmaron a la nacion que se está trabajando en este sentido, aunque aclaró que aún no se alcanzó la masa crítica de inversores para poder lograrlo. La RUFO vence a fines de año, por lo que desde enero el Gobierno podría negociar en condiciones más cómodas con los holdouts, aunque el discurso oficial indica que se les ofrecería lo mismo que a quienes ingresaron en los canjes, algo que ya rechazaron.

Aunque no exenta de dudas, la oposición se distanció del sendero trazado por Cristina Kirchner anteanoche, cuando ésta impulsó una ley para cambiar el lugar de pago a los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera y reabrir el canje para los holdouts, incluidos aquellos beneficiados por la sentencia de la justicia estadounidense. A la rotunda negativa de Mauricio Macri a aprobar esa iniciativa se sumó el titular de la UCR, Ernesto Sanz, quien consideró que se trata de “una ley innecesaria, que trae más incertidumbre” y contribuirá a “empeorar la mala situación económica que la impericia del Gobierno ha provocado”. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, destacó que el Gobierno “ha planteado un camino”, pero lo juzgó “equivocado y peligroso”. Pero lo cierto es que, si es convertida en ley por el Congreso –hoy por hoy, la alternativa más probable, en virtud del número de legisladores del oficialismo–, la iniciativa de la Casa Rosada podría abrir una nueva etapa de litigios judiciales. Esta posibilidad va más allá de las nada sorprendentes críticas que ayer formuló al proyecto kirchnerista el juez neoyorquino Thomas Griesa. El magistrado norteamericano postergó para “más adelante” un pronunciamiento acerca de si la Argentina debería ser declarada en desacato. Pero esta calificación podría producirse tan pronto como quede sancionada la ley con la cual el kirchnerismo busca evitar los efectos de la sentencia favorable a los llamados fondos buitre. A menos, claro está, que Griesa todavía confíe en que el gobierno argentino esté dispuesto a retomar las negociaciones en las próximas semanas. Algo que parece harto improbable.

Los nuevos conflictos judiciales podrían sobrevenir por varias razones. Una de ellas sería que algunos fondos de inversión que, por cuestiones estatutarias, no pueden canjear bonos argentinos emitidos bajo ley extranjera que integran sus carteras decidan litigar contra el país ante el cambio de reglas. También podría ocurrir que decidan venderlos y que esos títulos sean adquiridos por fondos buitre con la intención de seguir haciendo lo que mejor saben. La frágil ingeniería que el ministro de Economía, Axel Kicillof, ideó para modificar el lugar de pago de los bonos afectados por la decisión del juez Griesa busca mostrar que la Argentina quiere honrar sus compromisos con quienes entraron en el canje. Pero, al mismo tiempo, revela una nula voluntad para negociar con quienes fueron favorecidos por los tribunales de los Estados Unidos, a los cuales el Estado argentino se sometió voluntariamente. Las esperanzas de quienes apostaban a un default corto han comenzado a derretirse con los inesperados calores de este raro agosto. En todos los sectores, crece la hipótesis de que el problema para buscar un acuerdo con los fondos buitre no residía en las consecuencias de la cláusula RUFO, sino en un gobierno encerrado dentro de su propio relato épico. Y en una Presidenta que, a medida que se acerque el final de su mandato, será cada vez más esclava de sus palabras y más renuente a retomar el diálogo con los acreedores beneficiados por Griesa, al tiempo que buscará dejarle el conflicto de la deuda a quien la suceda en diciembre de 2015. El riesgo para Cristina Kirchner es que esa bomba de tiempo para las arcas estatales le estalle en sus propias manos. Porque nadie puede ignorar que el Gobierno está asistiendo, de la mano de la inflación, la fuga hacia el dólar, las suspensiones y los despidos de personal, a una venganza de la economía real que, lentamente, está haciendo trizas el relato presidencial.ß

Washington ve una señal en la actitud de Griesa Funcionarios del gobierno de Barack Obama siguieron ayer “con atención” la audiencia en la que el juez Thomas Griesa declaró “ilegal” todo intento por cambiar la jurisdicción de los bonos de deuda argentina y reiteraron que “no es ésta una cuestión política”, y que la mejor manera de superar el litigio es un acuerdo entre las partes afectadas, dijeron a la nacion voceros del Departamento de Estado. “Los tribunales de Estados Unidos toman sus decisiones basados en la interpretación de las leyes y de un modo independiente del Poder Ejecutivo”. “Seguimos la cuestión con interés”, añadieron fuentes de la cartera que lidera John Kerry. En igual sentido, reiteraron la posición que esa agencia viene teniendo desde que, por abstención, la Corte Suprema de este país ratificó en su totalidad el fallo adverso al país que produjo Griesa. “El mejor camino para la solución de este problema es un acuerdo de

partes”, dijeron. “Es en el interés de la Argentina que entendemos que debe normalizar su relación con los acreedores”. Más allá de esos comentarios, la nacion recogió ayer una impresión ambivalente en agencias de la administración a la hora de evaluar el impacto de la audiencia de ayer. Una fue la gran dificultad que esa declaración implica para el plan de canje anunciado por la presidenta Cristina Kirchner y la interpretación de que, si al momento de presentarlo ya sonaba difícil, con la declaración de ilegalidad de ayer quedó muy gravemente afectado en sus posibilidades reales. Por el otro, sin embargo, hubo una señal de aliento ante la actitud de Griesa de no declarar al país en desacato “para no entorpecer más las cosas”. El giro alimentó en esas fuentes la impresión de que el juez quiere colaborar en la búsqueda de una solución. Una salida que, sin embargo, se vislumbra lejana. ß Silvia Pisani