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Página 20/LA NACION

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Sábado 26 de enero de 2008

Contrataciones irregulares: entregaban menos alimentos de lo pautado y más caros

El gobierno denunció sobreprecios En la compra de comida para centros comunitarios halló valores que superan en 65% a los del mercado; los nuevos convenios Por Laura Rocha

Cómo se disimulaba el recorte de mercadería

De la Redacción de LA NACION El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, denunció el pago de sobreprecios de hasta dos millones de pesos mensuales en la compra de alimentos que la ciudad distribuía en 326 comedores de barrios carenciados, por un programa creado por el destituido jefe de gobierno y actual legislador Aníbal Ibarra. “No nos pone contentos tener que seguir destapando dependencias de la municipalidad en las que había tanta oscuridad y, mucho menos, cuando uno encuentra semejante nivel de corrupción como en este programa de asistencia alimentaria a la gente humilde, que se inició en 2002 durante la gestión de Ibarra”, sostuvo Macri, quien presentará una denuncia penal ante la Justicia. Macri realizó la denuncia durante una conferencia de prensa en el llamado depósito Charlone, donde se acopian los alimentos que luego son trasladados y repartidos en 326 comedores, incluidos en el programa de Apoyo a Grupos Comunitarios que distribuye 35.500 raciones diarias de comida. El ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, detalló que en esa dependencia se encontró “una enorme desorganización y mucha corrupción en las compras”. A modo de ejemplo, aseguró: “En la primera licitación que hemos realizado esta semana logramos reducir los precios en porcentajes que van del 43 al 65 por ciento”, lo que equivale a un ahorro mensual de dos millones de pesos. “Pero no sólo había corrupción en los precios, sino también en las cantidades, porque enviaban a los comedores menos kilos de comida que los que estaban comprometidos en los remitos”, agregó el ministro.

Ahorro “Se logró un ahorro total de más de dos millones de pesos, con relación a las compras mensuales registradas anteriormente, que alcanzaban 5.500.000 pesos”, también destacó Macri. La denuncia del jefe de gobierno apuntó directamente a un proveedor de apellido Luzardi, quien –según se informó– “ganaba sistemáticamente todas las licitaciones”. “Este señor Luzardi debería explicar dónde fueron a parar esos dos millones de pesos mensuales que se pagaron de más y dónde fue esa cantidad de alimentos que no eran entregados”, afirmó Macri, quien exhortó a los responsables de los comedores

Se daban 8 leches en cajas de 12

GENTILEZA GCBA

El ministro de Desarrollo Social, Esteban Bullrich, habla de los sobreprecios durante una visita a un local de acopio de mercadería

Es una tarea que empezamos y que Macri continuará. Que se haya hecho una licitación, con cierta diferencia de precios, es lógico

Este es el estilo Macri: cuando está en situación complicada deriva la discusión. Durante el debate por el ABL despidió a 2300 empleados

Jorge Telerman carenciados a denunciar cualquier tipo de irregularidad. Según pudo saberse dos de las empresas relacionadas con el denunciado son Biocam Catering y Teylem SA. Al cierre de esta edición el empresario no había respondido la requisitoria de LA NACION. Según lo informado por fuentes del gobierno entre los proveedores también figuraban Aruti SRL, Aypas SA, Bosami SA, Grifer SA, Hermar SRL; Industrias Alimenticias Salto, Janz SRL, Lebont SA, Los Frutos SA, Martinico SA, Olazul SA, Refricar SA. También Servicios Germar SRL; Barmag Agropecuaria, Semycer SA, Euqui SA, Dimalia SA, His-

Se cumplieron 11 años del asesinato

pan SA, Codiet SRL y Casa Julia SA. Además, el gobierno porteño inició un sumario administrativo y apartó temporariamente de sus tareas al encargado del depósito Charlone, Francisco Ciorciardi, hasta conocer su responsabilidad en los faltantes registrados en las partidas de alimentos que partían en camionetas hacia los comedores. “Este es el estilo Macri: cuando está ante una situación complicada deriva intencionalmente la discusión hacia otro lado. En medio del debate público por el aumento del ABL, despidió a 2300 empleados e intervino la obra social”, sostuvo Ibarra sin aportar datos sobre su presunta responsabilidad

Aníbal Ibarra en las irregularidades denunciadas. El ex jefe de gobierno porteño Jorge Telerman, sucesor del destituido Ibarra, dijo: “Esta es una tarea que nosotros empezamos y afortunadamente Macri continuará en su gobierno. Telerman, que también fue responsable del área de Desarrollo Social durante el gobierno de Ibarra agregó: “Creamos el programa Ciudadanía Porteña, la transferencia directa de recursos a los sectores más necesitados sin necesidad de intermediarios. Que en esta nueva etapa se haya hecho una licitación, con cierta diferencia de precios es lógico. Y celebro que se continúe con mi política”.

Nuevo fallo ■ El Juzgado Nacional del Trabajo Nº 52, a cargo de Ricardo Jorge Tatarsky, hizo lugar a la medida cautelar presentada por delegados de Sutecba, por la que ordena reincorporar a un empleado público e indica que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, incurrirá en la figura de desobediencia judicial si no acata este nuevo fallo. La pena a quien incurra en ese delito estipula entre 15 días y un año de prisión.

Agenda metropolitana

En Palermo

Registro único de infractores

Reclaman que los asesinos de Cabezas vuelvan a la cárcel

Se cruzarán datos del tránsito

Emotivo acto en la cava de Pinamar Por Sebastián Lalaurette Enviado especial PINAMAR.– Un sentimiento de frustración tiñó ayer el recordatorio del brutal crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado exactamente hace 11 años en el cercano partido de General Madariaga, luego de haber trabajado en una fiesta realizada en esta ciudad durante la temporada veraniega. Sus allegados lamentaron que la mayoría de los asesinos del reportero gráfi-

SOLEDAD AZNAREZ / ENVIADA ESPECIAL

El acto de ayer en honor a Cabezas

co estén libres y reclaman a la Justicia que vuelva a encarcelarlos. Cabezas fue ultimado luego de retirarse de la fiesta de cumpleaños del empresario postal Oscar Andreani, que éste había brindado en su casa de Pinamar. Fue secuestrado por una banda de policías y delincuentes comunes que lo balearon en la cabeza, lo introdujeron aún con vida dentro del auto que manejaba e incendiaron el vehículo. Habiendo pasado poco menos de un año de aquel hecho, el empresario Alfredo Yabrán, señalado como el instigador del crimen de Cabezas, se suicidó en su

estancia de Gualeguaychú, Entre Ríos. Los integrantes de la banda fueron condenados a prisión perpetua, pero el Tribunal de Casación bonaerense redujo las condenas de algunos de ellos, lo que derivó en sucesivas liberaciones. Esas decisiones fueron apeladas y la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría revertir esos fallos. “El caso Cabezas debe tener un final”, dijo Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo asesinado, parada junto a una cruz emplazada cerca de la cava donde fue hallado el cadáver del fotógrafo. “La Justicia nos debe justicia”, sostuvo. Gabriel Michi, el redactor que cubría la temporada veraniega con Cabezas para la revista Noticias, reclamó “que los asesinos estén donde tienen que estar, que es tras las rejas”. Por su parte, el abogado de la familia Cabezas, Alejandro Vecchi, dijo sentir “mucha vergüenza” como letrado “por vivir en un país donde no se ha podido encarcelar a personas que se han declarado culpables de un crimen como el de José Luis”. Y reclamó a los jueces de la Corte que dictaran sentencia “lo antes posible” para volver a meter en la cárcel a quienes quedaron libres. La madre del fotógrafo, Norma, no dijo mucho durante el breve acto, pero luego se quejó amargamente ante la prensa porque sus nietos, según dijo, se resisten a asumir la lucha por la memoria de su padre. “Los grandes no quieren saber nada, dicen que el padre los abandonó. Y son chicos grandes, ellos lo vivieron al papá”, dijo. La hija menor de Cabezas, Candela, vive con su madre en España. En el acto estuvieron presentes periodistas y fotógrafos que realizaron el denominado “camarazo” con que cada año recuerdan a su colega muerto. También estaban Emilce Silva, madre del joven Diego Peralta, secuestrado y asesinado en 2002, y familiares de jóvenes fallecidos en el incendio del local porteño República Cromagnon, el 30 de diciembre de 2004.

Durante la conferencia de prensa que brindó el jefe de gobierno, Mauricio Macri, el ministro de Desarrollo Social, Esteban Bullrich, mostró cómo eran adulteradas las partidas de leche, en las que se reducía un 30 por ciento el total de lo que se entregaba, y relató que llegaban tres o cuatro kilos menos de alimentos sólidos a los comedores, según las primeras denuncias que recibió el gobierno por parte de los centros que atienden a población carenciada. Bullrich demostró cómo intencionalmente se ubicaban los packs de leche para entregar 8 productos en cajas de 12. “Estamos cuidando el dinero de los vecinos porque nuestro compromiso es con ellos”, afirmó el funcionario. La denuncia de Macri llegó acompañada de una planilla, que reflejó casos de sobreprecios pagados en el último mes por el gobierno anterior, a cargo de Aníbal Ibarra y concluido por Jorge Telerman, luego de la destitución de aquél. Por ejemplo, el kilo de tomate registraba un pago 65 por ciento más caro: 6,22 pesos que pagaba la gestión anterior contra los $ 2,20 de la actual. La misma diferencia mostraba el costo de la papa, que ascendía a $ 3,42; en la actual licitación se pagó a 1,18 peso. En la grilla aparecía también la diferencia del 43% en la compra de 1 kg de bola de lomo, por el que se pagaba 18,85 pesos, a diferencia de los 10,79 pagados en la primera concesión de la nueva administración. El paquete de fideos tirabuzón se pagó $ 2,54, mientras que en la nueva adjudicación el costo es de 1,20 peso. El precio del pollo bajó 35%. Antes se pagó $ 7,67 por cada kg; ahora, se abonan $ 4,95. Según el detalle, la compra total mensual ascendía a $ 5.500.000, mientras que en la nueva concesión se pagará $ 3.435.845.

RODRIGO NESPOLO

Ramas cortadas y apiladas, en la esquina de Báez y Arguibel, junto al restaurante Novecento

Sin control, podan árboles para instalar carteles Los vecinos dicen que el gobierno ni la policía toman medidas La zona de Las Cañitas, como otros muchos lugares de Palermo donde la actividad gastronómica e inmobiliaria crece en forma incesante, elegida por porteños y turistas precisamente por sus frondosas arboledas y apacibles calles cortadas, corren riesgo de perder su encanto debido a la poda ilegal para instalar carteles de publicidad de grandes dimensiones y profusa iluminación. En la madrugada de ayer, por ejemplo, se podó sin permiso un árbol situado en la esquina de Báez y Arguibel. Allí funciona el restaurante Novecento, sobre cuya terraza se pretende instalar uno de esas estructuras de publicidad callejera. Este es uno de los tantos casos de podas ilegales que se registraron en los últimos meses en la zona, que ya cuenta con varias de esos enormes carteles lumínicos que, por otra parte, lejos aparecen de querer contribuir con el ahorro de energía que reclama el gobierno nacional.

María Teresa Isasi, coordinadora de Arbolado Urbano de la Ciudad, dijo a LA NACION: “El problema de la poda ilegal es muy frecuente, no sólo en Palermo, sino también en Belgrano”. Daniel Purgat, de 32 años, encargado de Novecento, se defendió: “Nosotros no lo podamos. Cuando abrimos el restaurante, a las 6, las ramas ya estaban apiladas en la vereda. Nosotros le alquilamos la terraza del restaurante a la empresa Sarmiento Publicidad. Quizá lo podaron ellos”. Ayer LA NACION no logró comunicarse con esa firma. Mauricio Berardi, vecino de Las Cañitas, relató: “Hoy a la mañana [por ayer] vi que habían podado el árbol. Llamé al Centro Unico de Denuncias de la Ciudad y ahí me dijeron que no me podían tomar la denuncia, que tenía que llamar a la policía. En la comisaría 31a. me dijeron que llamara a la ciudad... ¿Nadie se hace cargo de la tala ilegal de árboles?”, se preguntó.

Isasi indicó que los vecinos deben hacer la denuncia en la comisaría, para que los uniformados puedan “atrapar a los infractores en acción. La policía tiene la obligación de tomar nota de las denuncias”, insistió Isasi. Sin embargo, LA NACION llamó ayer a esa sede policial donde respondieron que no podían hacerlo, que la poda ilegal debe denunciarse en el gobierno de la ciudad. Luis Ortelli, de 28 años, y Juan Cuello, de 38, se quejaron por la poda ilegal de árboles en el barrio. “Cada vez que se construye un edificio se los arranca de las veredas para construir las cocheras”, dijo Cuello. Finalmente, Isasi aseguró que un inspector de la Dirección General de Espacios Verdes realizó ayer la denuncia en la Comisaría 31a. y que presentó las fotos del árbol podado. Y explicó: “En general, las condenas se reducen a realizar tareas comunitarias”.

Franco Ruiz

La provincia de Buenos Aires y la Capital acordaron ayer unificar el registro de infractores de tránsito. Así lo informaron el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su par de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, quienes acordaron avanzar en problemas metropolitanos tales como los residuos, la salud, el medio ambiente y el transporte. “Tener una base de datos única va a ayudar mucho porque algunos conductores que cometen infracciones en la ciudad se van a la provincia a sacar otro registro”, destacó Rodríguez Larreta. Los dos funcionarios mantuvieron ayer el primer encuentro institucional en representación del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y convinieron seguir discutiendo sobre el destino final de los residuos que, coincidieron, es “un tema prioritario” para ambos distritos. Pérez adelantó que el miércoles próximo habrá una asamblea en la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) en la que se discutirá el modelo del organismo conformado por la ciudad y por la provincia, y las tarifas que se pagan por el destino final de los residuos, entre otras cosas. Rodríguez Larreta destacó que se buscará “una solución estructural” al problema y no tan sólo un arreglo a corto plazo. Sobre la atención de la salud, Pérez precisó que el gobierno bonaerense hará una fuerte inversión en atención primaria para reforzar los 1600 centros de atención que ya tiene y quitar presión al sistema porteño. Ambos funcionarios adelantaron que ya se está conformando una comisión técnica que empezará a trabajar en los próximos días. En cuanto a la agenda de medio ambiente metropolitano sostuvieron que ya existe un diálogo en la autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo.