POLITICA
Martes 16 de diciembre de 2008
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MEDIDAS ANTICRISIS Y POLEMICA INICIATIVA OFICIAL
Dura crítica del GAFI por el blanqueo El organismo internacional envió una carta al Gobierno; dice que el proyecto de ley entraña “riesgos potenciales”; pidió cambios ADRIAN VENTURA LA NACION El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional encargado de velar por la lucha contra las operaciones de lavado en todo el mundo, emitió una dura carta al Gobierno en la que pidió explicaciones sobre el proyecto oficial de ley de blanqueo de capitales y sugirió que se le introdujeran correcciones a la idea. Esta iniciativa fue aprobada la semana pasada con una controvertida mayoría en la Cámara de Diputados, y el Senado prevé aprobar esta semana. Lo hará junto con un amplio paquete de medidas anticrisis que incluye una nueva moratoria impositiva. En la iniciativa que impulsa la Casa Rosada, se abren las puertas a un aparentemente ilimitado blanqueo de capitales: el artículo 32, inciso c, dice que no se preguntará por el origen de los fondos repatriados. El GAFI, organismo intergubernamental con sede en París, del que forman parte la Argentina y otros 33 países, hizo saber su preocupación: por medio de una nota que su presidente, el brasileño Antonio Gustavo Rodrigues, envió al ministro de Economía, Carlos Fernández, expresa “los potenciales riesgos que involucra” la iniciativa oficial. Fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron que la nota fue remitida a instancias de dos funcionarios del grupo de trabajo de revisión de países del GAFI, uno americano y otro español. En la cartera afirman que “el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, está consensuando una respuesta”. Hace dos semanas, el embajador de los Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, también llamó la atención sobre el proyecto. La carta enviada por el GAFI el 8 de diciembre último dice: “Es comprensible que su gobierno tome medidas para respaldar su economía, especialmente en este período de crisis financiera. Sin embargo, dado el riesgo potencial involucrado, sería problemático si el proyecto de ley no incluyera alguna previsión para verificar el origen del dinero u otros bienes que sean introducidos en el sistema finaciero”. El GAFI fue creado en 1989 para perseguir el lavado de dinero y, desde 2001, reforzó la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Desde entonces, dictó 49 reglas de control financiero, cuya implementación examinan los propios países mediante procesos de evaluaciones recíprocas. En varias oportunidades, nuestro país estuvo a punto de ingresar en la lista negra de naciones que no combaten el lavado de activos. Por su parte, el titular del GAFI, Rodrigues, tiene una extensa experiencia en lucha contra el lavado de activos. Con anterioridad a su designación en el GAFI – asumió el cargo en representación de Brasil–, Rodrigues se había desempeñado en 2004 como secretario del Ministerio de Finanzas de su país y, a partir de 2006, como presidente del Gafisud, rama regional del organismo. También fue funcionario del Banco Mundial.
Un proyecto peligroso El 3 de diciembre último, LA NACION, presenció la reunión del Gafisud. Alejandro Strega, representante argentino ante el organismo internacional, estaba presente. Allí no se debatió el proyecto de ley oficial, pero algunos
Hay muchas denuncias, pero ninguna condena
Las investigaciones de lavado en la Argentina
ANTONIO RODRIGUES
CARLOS FERNANDEZ
EARL WAYNE
MIGUEL PICHETTO
PRESIDENTE DEL GAFI
MINISTRO DE ECONOMIA
EMBAJADOR DE EE.UU.
JEFE DE BLOQUE DEL PJ
El titular del GAFI, Antonio Rodrigues, envió una carta en la que expresa “los potenciales riesgos que involucra” el proyecto de blanqueo.
El Ministerio de Economía recibió la carta del GAFI y ayer dijo que “se está consensuando una respuesta” desde el Gobierno.
El embajador de Estados Unidos en la Argentina había llamado la atención hace dos semanas sobre los riesgos del proyecto de ley.
El jefe de los senadores del PJ dijo que esta semana la Cámara alta avanzará en la sanción del proyecto de ley de blanqueo.
Claves El proyecto de ley. El gobierno promueve una amplia moratoria impositiva e invita a repatriar capitales con una promesa: no se investigará el origen de los fondos. El Congreso. La iniciativa fue aprobada la semana última en Diputados con el voto del PJ y de algunos aliados por 128 sufragios, uno menos que la mayoría absoluta. El PJ apurará esta semana la sanción en el Senado. Preocupación. El primero en advertir los riesgos fue el embajador de EE.UU., Earl Anthony Wayne; ahora, el GAFI envió una carta al Gobierno. de los expertos internacionales asistentes confesaron a LA NACION su “inquietud” y “preocupación”. Al día siguiente, paradójicamente, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, asumió como presidente del Gafisud. Pero, claramente, la preocupación en el GAFI se mantuvo firme. Ahora, el proyecto aparece como un nuevo escollo para que la Argentina obtenga una adecuada certificación, cuando el 23 de febrero próximo comience en París la reunión plenaria del cuerpo. Hasta ayer, pocos miembros del Gobierno conocían la existencia de la carta enviada por Rodrigues. Pero, sin duda, Carlos Fernández se sorprendió cuando la recibió por la sugerencia que
hizo un pícaro funcionario argentino. Es que no es Economía el ministerio más adecuado para responder. La carta lleva el membrete del GAFI y recuerda que “durante el encuentro ministerial del 12 de abril de 2008, que tuvo lugar en Washington, los ministros del FATF confirmaron” su voluntad en continuar la lucha contra el lavado. “Llama la atención del GAFI que la Argentina estudie actualmente una ley que aparenta favorecer la introducción de dinero y otros bienes financieros en la economía”, expresa. La nota, a la vez que manifiesta el riesgo de que esa norma no establezca ninguna previsión para determinar el origen del dinero, pide que “para evitar cualquier malentendido sobre el alcance de dicho proyecto”, Economía le “envíe información más precisa sobre sus normas y una clarificación sobre la medida en que podría afectar la aplicación de las reglas del GAFI”. La nota, en rigor, es una advertencia respecto del proceso evaluatorio que se avecina en breve. Consultado sobre la carta, el especialista Francisco D’Albora, advirtió que el proyecto podrá tener “gravísimas consecuencias para el país”. Por su parte, Félix Marteau, ex representante argentino ante el GAFI, explicó: “En la última evaluación, el GAFI, más allá de preguntarles cuestiones formales, preguntó a las autoridades argentinas de dónde vienen los fondos. Y explicaron que, en primer lugar, provienen de la evasión fiscal; luego, de la corrupción y, en cuarto lugar, del contrabando”.
Aceleran el debate del proyecto en el Senado Esta semana tratarán la iniciativa oficial que contempla la repatriación de capitales El Senado definirá hoy la fecha en que discutirá el denominado “megaplán” anticrisis, que contiene el controvertido capítulo que habilita un generoso blanqueo de capitales, que la oposición sostiene que abrirá las puertas al lavado de dinero por el escaso nivel de control de origen de esos fondos que establece el proyecto que ya aprobó la Cámara de Diputados. La definición se conocerá este mediodía en una reunión de labor parlamentaria (presidentes de bloque) en la que se definirá qué temas se incluirán en cada una de las dos sesiones (mañana y pasado mañana, respectivamente) previstas para esta semana. La intención del oficialismo kirchnerista es avanzar en la sanción de la ley esta semana. Lo hace apremiado por el Poder Ejecutivo y por el deseo de evitar tener que sesionar durante las fiestas. Esto a pesar de que la oposición prevé impugnar ante la Justicia la votación del capítulo del blanqueo realizado en Diputados. Según algu-
nos bloques –con el Pro y la Coalición Cívica al frente– para su aprobación hacía falta mayoría absoluta de los miembros de la Cámara baja (129 votos afirmativos), en tanto que la iniciativa fue votada por 128 legisladores. En ese sentido, el diputado Federico Pinedo (Pro) confirmó que las fuerzas de oposición realizarán esta tarde una conferencia de prensa, a las 17, para continuar con su reclamo sobre la irregularidad de la votación en la Cámara baja. Hasta el momento no está decidido si llevarán el tema a la Justicia hoy mismo o si esperarán a lo que se desarrolle previamente en el debate del Senado. “Estamos analizando las opiniones de los constitucionalistas consultados”, explicó Pinedo. Más que en la legalidad de lo actuado por Diputados, al kirchnerismo en el Senado le preocupa tener los números para aprobar el proyecto esta semana. No obstante, hasta ayer en el bloque de senadores oficialistas aseguraban que tendrían asegurado los votos en el recinto.
Dos situaciones paradójicas conviven en la Argentina en lo que refiere a los crímenes financieros. En el país no hay condenas por lavado de dinero, pero, al mismo tiempo, hay un notable incremento de las denuncias de operaciones irregulares desde 2002 hasta estos días. Esta situación anómala es observada con recelo por parte de los organismos internacionales que luchan contra las fuentes ilegales de financiamiento, como es el caso del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El panorama es complejo. En la Argentina viene registrándose desde hace seis años un sistemático aumento de las denuncias sobre posibles actividades de lavado de dinero. Desde su puesta en funciones, en 2002, la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió 4032 reportes de operaciones sospechosas, pero sólo en los primeros nueve meses de este año fueron denunciados 898 casos. Sin embargo, la resolución de esas investigaciones no es tan alta como las denuncias. Hasta septiembre pasado, la UIF completó los informes sobre 293 casos en 2008. En una proporción muy importante de esos expedientes (240) se comprobó alguna anormalidad que determinó la presentación ante el Ministerio Público Fiscal para la apertura de una causa judicial Las denuncias llegan más desde el sector privado que de los organismos públicos de control financiero. La AFIP detectó en los últimos siete años sólo 165 casos, mientras que los demás actores del sistema (de bancos a escribanos) entregaron documentación sobre 3150 operaciones que parecieron alterar anormalmente el patrimonio de los involucrados. Otro dato resulta crucial. Quien tiene a su cargo la titánica tarea de controlar las operaciones financieras sospechosas, la UIF, es un organismo compuesto por 53 personas, con un presupuesto de poco más de 4.000.000 de pesos. Su trabajo no derivó en ninguna condena penal desde su creación. La entidad sin dudas deberá redoblar sus actividades si es que las facilidades que propuso el Gobierno para el blanqueo y la eventual repatriación de capitales avanzan en el Congreso y cumplen con las expectativas oficiales de traer de regreso una parte de los patrimonios depositados sin declarar en el extranjero. La UIF funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, que conduce Aníbal Fernández, y está presidida por Rosa Falduto, luego de que en 2006, a instancias del kirchnerismo, el Congreso reformara la ley que la creó y estableciera un sistema de conducción unipersonal.