POLITICA

Viernes 21 de mayo de 2010

LA CAMPAÑA ELECTORAL KIRCHNERISTA

I

9

ESCUCHAS ILEGALES s ESTRATEGIA DEL JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO

Investigan a 25 empresas que aportaron fondos Son del área de la salud; la Justicia levantó el secreto bancario para saber si eran solventes HERNAN CAPPIELLO LA NACION La justicia federal levantó el secreto bancario sobre las cuentas de 25 empresas relacionadas con la salud, que aportaron dinero a la campaña electoral 2007 del Frente para la Victoria, para investigar sus cheques y saber si eran solventes como para donar el dinero que declararon haber aportado. La medida fue tomada por el juez Ariel Lijo que investiga cinco expedientes relacionados con el origen de los fondos con los que se pagó parte de la campaña presidencial de Cristina Kirchner. El fiscal Luis Comparatore pidió que se investigara si alguno de estos aportantes fueron beneficiados con contratos del Estado o si con los fondos que recibieron las obras sociales del Estado por el pago de costosos remedios y tratamientos, se adquirieron productos a estos laboratorios que figuran como aportantes. Es decir, si estas empresas tuvieron prebendas. Las empresas sobre las que se levantó el secreto bancario son Medifer, Diaxon, Droguería Urbana, Iter Medicina, Farmaline, Fideisalud, Droguería Unifarma, Bio Sidus, Bristol Park, Rophe, Solpa, Global Pharmacy Service, Implantes, All Medicine, Graudi, Multipharma, Núcleo Farma, Sidus, Swiss Medical, San Timoteo, Galeno Argentina, Droguería del Plata, Sanfor Salud, Audifarm y Medicus. En esta lista aparecen algunas empresas que ya están mencionadas en la causa de la mafia de los medicamentos. Por ejemplo: Droguería Urbana, proveedora del gremio de camioneros, de Hugo Moyano; Farmaline, Unifarma (mencionada en la causa del triple crimen de General Rodríguez), Global Pharmacy, que era la auditoría de Gabriel Brito, aportante electoral que desconoce su aporte,

y Multipharma, de Carlos Torres, otro aportante de más de 300.000 pesos que dice que no puso plata; El juzgado le pidió al Banco Central las planillas con sus movimientos bancarios entre el 1°de enero de 2007 y el 1° de enero de 2009, todos los cheques librados y, fundamentalmente, los beneficiarios y los que lo endosaron para seguir la cadena de las manos por las que pasaron. El juez Lijo también le pidió a la AFIP información sobre la liquidez de esas empresas, para saber si tenían suficiente dinero en su giro diario, como darse el lujo de donar dinero a la actividad política.

Pedido a la UIF Quien debe aportar también información sobre estas empresas (y para ello sus funcionarios fueron relevados del secreto) es la Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga el lavado de dinero. Pero probar este delito implicaría determinar que el dinero aportado provino de un ilícito o establecer que los documentos que constan en la rendición de gastos son comprobantes apócrifos y que el dinero provenía de otro lado. Una vez agotadas estas medidas de pruebas, se analizará la situación de cada empresa para determinar si incurrieron o no en infracciones tributarias o en algún delito económico y, paralelamente, se indagará sobre los recaudadores de la campaña electoral del kirchnerismo en 2007: el ex superintendente de Salud Héctor Capaciolli, el ex legislador porteño Sebastián Gramajo y Hernán Diez, en la Lotería Nacional, dijeron fuentes judiciales. En el juzgado de Lijo se acumularon las denuncias sobre aportes de campaña, incluidas las de ARI, las querellas cruzadas de Brito y Gramajo por extorsión, luego de una decisión de la Cámara Federal.

DYN

Mauricio Macri sostuvo ayer que la investigación “está sesgada”

Macri recusó al juez Oyarbide y apeló su procesamiento Argumentó que el magistrado había recibido presiones para perjudicarlo en la causa Mauricio Macri apeló ayer el procesamiento que le dictó el juez federal Norberto Oyarbide en la investigación por las escuchas telefónicas ilegales que sufrió su cuñado Néstor Leonardo y el familiar de una de las víctimas de la AMIA Sergio Burstein. Y, además, contraatacó: recusó expresamente al magistrado para que se aparte de la causa en su contra Para apartar al juez se basó en las afirmaciones del ex senador Héctor Maya, quien repitió públicamente que Oyarbide le había confiado tiempo atrás que estaba presionado para involucrar a Macri en la causa. Se descuenta que el miércoles, cuando Oyarbide regrese de una licencia por el fin de semana largo, rechazará la recusación y el asunto será resuelto por la Cámara Federal porteña. En su defensa, Macri también hizo duras declaraciones públicas contra el ex presidente Néstor Kirchner, que desataron un conflicto con la Casa Rosada (ver página 14). Al mismo tiempo, Macri presentó su apelación, que deberán resolver los

mismos camaristas: Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. En ese escrito, el jefe de gobierno porteño afirmó que la investigación está “sesgada y direccionada” en su contra y plagada de “argumentos inverosímiles”. Tildó de irregular la pesquisa y atacó por falta de lógica el pronunciamiento del juez Oyarbide, El fallo “es todo un ejercicio de retórica sin sustento en la realidad”, sostuvieron Santiago Feder y Ricardo Rosental, los abogados de Macri. Plantearon que “el procesamiento no es reflejo de lo que surge de las cons-

tancias del expediente”, sino que “se han valorado sólo aquellos indicios que a criterio del juez son indicativos de la supuesta participación de nuestro asistido en una asociación ilícita y en dos de las intervenciones telefónicas únicamente”. “Pero se hizo caso omiso a las pruebas que demuestran que las escuchas habrían sido realizadas por otras personas y en beneficio de otros interesados, como también a los datos que indican que la asociación ilícita habría sido integrada por otros participantes con exclusividad”, dijeron.

Sabbatella denuncia operaciones de Pro “Mauricio Macri va a intentar evitar que se lo investigue a través de maniobras en la Justicia y operaciones de prensa”, denunció ayer el diputado de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella, durante un desayuno con los legisladores Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova. “Es necesario que la sociedad conozca cuál es la responsabilidad del jefe de gobierno en las escuchas ilegales y en la designación de sus colaboradores”, opinó el dirigente, y coincidió con los diputados porteños en “ayudar a la investigación y aportar todos los elementos de prueba que demuestran que Macri sabía que tenía a su cargo a espías que realizaban tareas de espionaje”.

Afirmaron que “existen datos objetivos y concretos que indican que las escuchas y la asociación ilícita se remontan al pasado y se vinculan con personas” ajenas a Macri, además de formar parte de una “actividad privada del señor [Ciro] James a espaldas de los funcionarios del gobierno de la ciudad y en beneficio de agencias de seguridad privadas o quizás de intereses más altos aún no descifrados”. Pero “el juez no quiso profundizar la investigación en esa dirección, sino que acotó la pesquisa al período 2007-2009”, con Macri ya como jefe de gobierno. “¿Acaso el juez no evaluó la cándida contradicción que implicaría, siguiendo la hipótesis trazada en su procesamiento, tener contratado, en blanco y en el seno de un ministerio, a un supuesto espía para que actuara en favor de designios o finalidades personales? Esta nueva e infundada conjetura, tal como sostener que la contratación de James brindaría cobertura a sus escuchas ilegales, carece de asidero.”