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POLITICA

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A DOS AÑOS DEL CASO DE LA VALIJA s NOTA I DE II

Lunes 3 de agosto de 2009

POR UN EDITORIAL SOBRE LA CAUSA AMIA

La SIDE presentó dos querellas contra LA NACION JOAQUIN MORALES SOLA LA NACION

Victoria Bereziuk y Daniel Uzcátegui en el restaurante Rosa Negra

Maryory Gutiérrez, de Pdvsa, y Wilfredo Avila Driet, otro pasajero

Las extrañas llamadas que hubo antes de que Antonini huyera Tras el decomiso, fue buscado por Aníbal Fernández, la Cancillería y la embajada venezolana HUGO ALCONADA MON LA NACION Aquella noche fue movida. El “caso de la valija” o, más simple, “el maletinazo” despuntaba sus primeras horas y los gobiernos de la Argentina y de Venezuela entraron en alerta total mientras rastreaban al empresario Guido Alejandro Antonini Wilson, que no aparecía por ningún lado. Todos lo buscaron, incluido el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, hoy jefe de Gabinete; también, la Cancillería argentina y la embajada venezolana. Dos años después de aquella madrugada frenética, LA NACION accedió a la lista de esos llamados telefónicos que recibió el servicio de guardia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Fue la madrugada del martes 7 de agosto de 2007. Es decir, horas después de que se filtrara en la prensa el decomiso de 790.550 dólares en un vuelo chárter con funcionarios argentinos y venezolanos que había ocurrido tres días antes en el mismo aeroparque Jorge Newbery. La lista figura en el reporte interno que la PSA entregó a su interventor, Marcelo Saín, para detallar la labor de su personal. Desde la agente que detectó la valija, María de Luján Telpuk, hasta sus superiores, y desde la madrugada del sábado en que ocurrió el decomiso hasta la del martes, cuando Antonini se marchó a Uruguay. Apenas doce horas antes de fugarse de la Argentina, Antonini había asistido a un acto en la Casa Rosada, según testificó la secretaria de Uberti, Victoria Bereziuk, y confirmaron a LA NACION el propio Antonini y otro pasajero de aquel vuelo, Daniel Uzcátegui, hijo de Diego, el gerente general de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

Festejo en San Isidro Tras el acto, el grupo marchó a celebrar al restaurante Rosa Negra, frente al Hipódromo de San Isidro. Fueron Antonini, Bereziuk, Diego y Daniel Uzcátegui, otro pasajero más de aquel vuelo, Wilfredo Avila Driet, y la gerente de Asuntos Internacionales de Pdvsa, Maryory

Gutiérrez, mano derecha de Diego en la petrolera. Allí celebraron que “el problema” parecía quedar atrás. Brindaron hasta que la cuenta trepó a los 1770 pesos, que pagó Antonini con su tarjeta de crédito American Express. “Me recostaron los venezolanos”, dijo el empresario a LA NACION en su única entrevista con un medio gráfico del continente. Aun así, se sacaron varias fotos como un grupo unido, tranquilo y feliz. De Rosa Negra marcharon al Gran Bar Danzón, donde recibieron la llamada fatídica. Les informaron que el decomiso se había filtrado en la prensa y Antonini se enfureció. Se marchó al hotel Sofitel, apagó su celular, reservó un billete de avión, se duchó y pagó su habitación sin que nadie se percatara. El empresario venezolano no era el único ansioso. Más aún cuando comenzó a resultar inhallable para los funcionarios argentinos y venezolanos, que temieron lo que estaba por

ocurrir. Por eso, el teléfono 4514-1541 del servicio de guardia de la PSA en el Aeroparque registró varios llamados peculiares preguntando “si se [encontraba] detenido un ciudadano venezolano en esa Unidad Operacional”, según reconstruyó LA NACION. El primer llamado ocurrió a las 2,25. Llamó un “oficial inspector César del Departamento Central de la PFA”, es decir, de la Policía Federal.

Un ministro Pero el plato fuerte llegó cinco minutos después. A las 2.30, alguien se identificó como “el secretario del señor ministro del Interior”, Aníbal Fernández, quien meses después tildaría a Antonini de “mequetrefe de alquiler”. Desde las 3.10, y “en reiteradas oportunidades”, llamó otro oficial principal desde el Departamento Central de la Policía Federal, “informando que con él estaba el

Dudas diplomáticas por el polémico maletero La guardia de prevención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) acumuló llamadas aquella madrugada frenética del martes 7 de agosto. A las 5.05, fue el turno de la “señorita Josefina Bunge, de Cancillería”, una diplomática de carrera asignada a la Dirección General de Consejería Legal, donde continúa en funciones en la actualidad, según constató LA NACION, aunque se encuentra de licencia. A las 5.30, apenas 25 minutos después, llamó “nuevamente la señorita Josefina Bunge, de Cancillería”, según reportó la guardia de la PSA a sus superiores. Esa fue la última llamada, y poco después Alejandro Antonini se embarcó en el vuelo de Aerolíneas Argentinas, como único pasajero de clase ejecutiva. El vocero de la Cancillería, Javier

Porta, confirmó que Bunge efectuó esas llamadas. Pero aclaró que ya fueron informados a la Justicia y que fueron por la consulta al servicio de guardia de “supuestamente un diplomático venezolano que quería saber si un ciudadano de su país había sido detenido en el Aeroparque”. “Más allá del caso puntual de Wilson [por Antonini], esta diplomática de carrera siguió el procedimiento previsto cuando llaman desde una embajada al servicio de guardia de la Cancillería y preguntan por alguno de sus ciudadanos”, explicó Porta. El diplomático venezolano que llamó contaría con el rango de tercer secretario de la embajada. Es decir que podría tratarse de Juan Franco Prat, el mismo que discó el número del servicio de guardia de la PSA entre ambas llamadas de Bunge.

Manejos

En off De qué hablan los políticos cuando nadie los escucha

El poder de criticar y ser oficialismo Una suerte de esquizofrenia colectiva impera entre los peronistas pampeanos. Los cuatro legisladores del PJ, con Carlos Verna a la cabeza, no participarían del armado del peronismo disidente de Felipe Solá a partir de diciembre de este año, tal como habían amenazado poco antes de los comicios. Integrarán, según dicen, el bloque del PJ en el Congreso, pero con una postura “crítica”, aunque juran que no serán kirchneristas. En la campaña, Verna tuvo un duro discurso anti-kirchnerista y dijo que no iría al bloque oficialista. Pero ayer, en un congreso provincial del PJ, se dejó en claro que los legisladores no sacarán los pies del plato. “Apoyaremos al Gobierno, siempre y cuando las leyes no afecten a La Pampa”, dijo el legislador electo Roberto Robledo.

señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela”, Arévalo Méndez Romero. A las 3.30, le tocó el turno a alguien que se identificó como el comisario inspector Alejandro Di Nizo, jefe de Interpol de la Policía Federal, quien no recordó ese llamado ante la consulta de LA NACION. “Puede ser que haya llamado gente mía, quizás alguna autoridad me lo pidió”, dijo, aunque remarcó que siempre actuó por “orden del juzgado” y que fue Interpol el que rastreó y ubicó al empresario en los Estados Unidos. “Todo lo que hicimos en el «caso Antonini» fue impecable”, destacó. A las 5.20, llamó el “señor Juan Franco, secretario consular de la embajada de Venezuela”, es decir, Juan Franco Prat, que venía de coordinar el viaje, dos semanas antes, de una delegación de alumnos de una escuela chaqueña a Venezuela, donde conversaron con el presidente Hugo Chávez. “Aun con su corta edad, mostraron un llamativo interés por conocer el proceso político venezolano”, celebró el diplomático. Prat y Antonini se conocieron tres meses antes, cuando Diego Uzcátegui los presentó en el hotel Sheraton de Buenos Aires. Y volvieron a cruzarse en el restaurante Cabaña Las Lilas, horas antes del acto del lunes en la Casa Rosada, según reconstruyó LA NACION de fuentes venezolanas. Los llamados continuaron, según el reporte de la guardia de la PSA, ya con cierto tono de fastidio y sin saber que lo que ocurría esa madrugada reeditaba lo que había sucedido tres días antes en otras oficinas del mismo Aeroparque, cuando demasiados jefes se interesaron por quien, por lo menos en teoría, no era más que un patán solitario. Ya bordeando las 6 de la mañana, el personal de tierra de Aerolíneas Argentinas comenzó a embarcar a los pasajeros del vuelo AR 1202. Cuarenta minutos después, al fin, Antonini cruzó el último umbral y comenzó a alejarse de Buenos Aires. Sintió que había sorteado el primero de muchos escollos, tras 76 horas de locura.

La poderosa Secretaría de Inteligencia (SI, antes conocida como SIDE) no está conforme con la masiva intervención de teléfonos y de direcciones de e-mail. Las principales víctimas de esas acciones ilegales de los espías oficiales son los periodistas, además de una inmensa lista de políticos, empresarios y sindicalistas. Ahora, la SI va por más: quiere la cárcel para dos directivos de un diario por el inexistente delito de opinión. Se trata de Bartolomé Mitre y de Julio Saguier, director y presidente del directorio de S.A. LA NACION, respectivamente. Dos querellas por calumnias e injurias fueron presentadas contra Mitre y Saguier por Antonio Stiuso, director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia y hombre fuerte del espionaje oficial. Stiuso es, en rigor, el funcionario clave de la SI desde hace varios años y durante varios gobiernos, un hombre de “la casa”, como los espías llaman a esa secretaría. Los titulares del organismo de inteligeencia son, por lo general, funcionarios políticos que caen en manos de Stiuso y de sus hombres, porque estos hacen valer sus supuestos conocimientos sobre las cosas secretas de la política y de la vida privada de las personas públicas. Stiuso es conocido, en la jerga interna del espionaje, con el seudónimo de “Jaime”. Stiuso se consideró agraviado porque un editorial de este diario opinó que la causa judicial del cruel atentado contra la sede la AMIA está contaminada por operaciones de inteligencia, que buscaron siempre desviar la atención de la investigación correcta. ¿Una novedad? No, sin duda. Se acaban de cumplir quince años de aquella tragedia sin que haya un solo preso por la muerte injusta de 85 argentinos. Hubo también cientos de heridos y mutilados en el ingrato invierno de 1994. La impunidad de ese enorme crimen sólo se puede explicar por la presunta complicidad, la evidente inoperancia y la eventual corrupción de todos los servicios y las fuerzas de un Estado ausente. Debe subrayarse, a todo esto, que el propio Estado argentino reconoció su responsabilidad en el encubrimiento y mal desempeño durante la investigación del atentado. Las constancias de esas incapacidades pueden encontrarse fácilmente, por lo demás, en el propio expediente de la causa.

Táctica judicial La táctica judicial utilizada por Stiuso consistió en presentar dos querellas separadas, pero por la misma causa, contra Mitre y Saguier. Es la mejor prueba de que existe una operación de persecución contra los directivos de S.A. LA NACION. La primera condena por calumnias e injurias, cuando existe, es de prisión en suspenso; es decir, no se cumple efectivamente. Pero la segunda es de cumplimiento obligatorio y, además, la primera condena sirve como precedente durante diez años. En síntesis, los directivos del diario enfrentarían penas de prisión efectiva si fueran condenados en las dos causas. Las dos querellas fueron asignadas por “sorteo” (método por el que se asignan las causas a los respectivos juzgados) al juez Claudio Bonadío. Una extraña “ca-

Por NIK

sualidad” hizo que las dos causas terminaran en el mismo juzgado. Bonadío es uno de los jueces más cuestionados del fuero penal federal (tiene, de hecho, varios pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura) y muchas veces se lo vinculó al poder que está, sea éste cual fuere. LA NACION también se hizo eco de los cuestionamientos al juez Bonadío, precisamente en sus columnas editoriales, porque sencillamente consideró que su desempeño como magistrado es muy malo. Los querellados, Mitre y Saguier, advirtieron una clara animosidad cuando esas causas por calumnias e injurias fueron llevadas a un juzgado al que consideran hostil. En ese contexto, solicitaron la recusación de Bonadío por el temor fundado a su falta de imparcialidad. El juez no tuvo el decoro de excusarse y hasta cuestionó la recusación de los querellados. La primera pregunta que corresponde hacer es si Stiuso está actuando solo. En sus presentaciones judiciales, Stiuso señaló que actuaba “a título personal”, pero en los escritos de ambas querellas asumió una defensa corporativa del espionaje oficial. El superior inmediato de Stiuso es el secretario de la SIDE, Héctor Icazuriaga, un hombre que milita en la hiperdis-

El espionaje oficial ya contraviene demasiado los derechos y garantías de muchos argentinos todos los días ciplina del matrimonio Kirchner. Stiuso tiene también trato directo con Néstor Kirchner. Stiuso es, como queda dicho, un hombre del espionaje oficial: ¿los espías actúan a título personal o, como se supone, consultan cada una de sus acciones? Para ser claros: ¿buscaría el cerebro gris de los servicios de inteligencia la prisión de dos directivos de S.A. LA NACION sólo por un arrebato personal? Esa posibilidad es extremadamente difícil, si no imposible. Una orden, un guiño o un silencio debieron interponerse entre la decisión del espía y sus acciones concretas. Hay algo, además, que agrava todo. Los editoriales son, por definición, opiniones. No son notas ni artículos periodísticos que contienen información, expuesta siempre ésta a la probabilidad del error. La Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reivindicado muchas veces el valor de la opinión en la defensa de la libertad de prensa. Han dicho, por ejemplo: “Toda expresión que admita ser clasificada como una opinión por sí sola no da lugar a responsabilidad civil o penal a favor de las personas que ocupan cargos en el Estado”. También destacaron: “No puede haber responsabilidad alguna por la crítica o la disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente”. El delito de opinión, en definitiva, no existe para la ley argentina. ¿O existe ahora, mediante la chicana judicial unida a la persecución política? El espionaje oficial ya contraviene demasiado los derechos y garantías de muchos argentinos, todos los días, como para intentar forzar ahora, también, los límites evidentes de la ley.

Breves DERECHOS HUMANOS

Polémica suspensión de una fiesta en Mendoza

D’Elía criticó a Alfredo “De Chanchelis”

Tiemblan los mendocinos. La decisión del gobernador provincial, el kirchnerista Celso Jaque, de suspender por la gripe A la tradicional procesión del 25 de julio por Santiago Apóstol, patrono de la provincia, puso los pelos de punta de más de un vecino de aquella tierra cuyana. Los memoriosos recuerdan que la última vez que ocurrió algo parecido fue en 1984, y apenas seis minutos después de iniciado el 26 de enero del año siguiente la ciudad sufrió uno de los terremotos más potentes de los que se tenga memoria, superior a los 7 grados en la escala de Mercalli modificada y con epicentro en Godoy Cruz. Por eso, tras la decisión del mandatario, sustentada en motivos de prevención sanitaria, sus comprovincianos esperarán el verano con los dedos cruzados. Esa es la época en la que suelen producirse los temblores. Muchos, con Jaque a la cabeza, ya están rogando que el patrono no se haya enojado por el desplante.

Los piqueteros que participaron del último Cabildo Abierto de Luis D’Elía se encargaron de identificar a los culpables de la crisis que vive el país. La lista tuvo de todo, de Julio Cobos a Hugo Biolcati, pasando por Mirtha Legrand. Pero el “elemento más nocivo”, como dijeron, fue identificado por una matrona que, entre irónica y enojada, denunció: “Primero atacó a nuestra Presidenta y después nos trajo la gripe porcina. No tiene límites ese Alfredo de Chanchelis”.

Tula, invitado de honor en el palco de la Rural Siempre repite que extraña al ex presidente Carlos Menem, pero tocó el bombo para todos los peronistas: de Ruckauf a Duhalde, pasando por varios sindicalistas. Lo que nadie podía descifrar era cómo Carlos Pascual “Tula” –bombista oficial del peronismo– había llegado el sábado al palco oficial de la Sociedad Rural Argentina.

Videla, indagado por la justicia de Chubut El ex presidente de facto, Jorge Rafael Videla, será indagado el mes próximo por una delegación del juzgado federal de Chubut, en dos causas por presuntas torturas y muertes ocurridas durante la última dictadura militar. Los jueces llegarán a Campo de Mayo, guarnición del ejército donde Videla se encuentra detenido, acusado de delitos de lesa humanidad, según confirmó el juez Hugo Sastre. GABINETE BONAERENSE

Asumen dos nuevos ministros de Scioli El designado ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Baldomero Alvarez de Olivera y el también nombrado secretario de Turismo bonaerense, Ignacio Crotto, asumirán hoy sus cargos en el gabinete provincial. El acto será encabezado por el gobernador Daniel Scioli y tendrá lugar a las 12 en el Salón Dorado de la gobernación, en La Plata.