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POLÍTICA

| Martes 18 de Marzo de 2014

La publicidad oficial privilegió otra vez a medios oficialistas repArto. Los diez grupos más favorecidos se llevaron casi la mitad

de lo distribuido; se duplicaron los fondos para Cristóbal López

Viene de tapa

Por lejos, el grupo Garfunkel-Szpolski fue el que más dinero recibió del Estado: totalizó $ 144.953.341 a través de ocho empresas (Balkbrug, Soluciones Logísticas, Comunidad Virtual, Desup, Periomundo, Manucorp, Milke y Infofin). El mexicano González recibió $ 89,1 millones en ambos períodos por Telearte, RQP y IMC Radios; Telefé, $ 66,5 millones; Manzano-Vila sumó $ 62,2 millones también a través de varias empresas (América TV, Supercanal, Red Celeste y Blanca, Cable Televisora Color, Editorial Diario La Capital, Uno Medios, Seller y Rosario Difusión); Página 12, $ 46,3 millones; Vignatti, $ 28 millones; Fascetto, $ 28,1 millones; Cristóbal López, $ 25,2 millones (a través de Tepeliu, IGD, Votionis, DHCom, Radio Productora 2000 e Imagen Radial); Tinelli (Pro IDS e Ideas Sports) $ 17,1 millones, y los hermanos Olmos del grupo Crónica (Alta Densidad y BAE Negocios), $ 15 millones. En el mismo período, SA La Nación recibió $ 2 millones, y el grupo Clarín $ 2,3 millones. A partir del primer semestre de 2013 el Gobierno parece haber empezado a cumplir con la sentencia judicial (ratificada por la Corte Suprema) que lo obliga a pautar en los medios de la Editorial Perfil, que recibió $ 1,7 millones en ese período, quince veces más que los $ 117.000 del semestre anterior. Los medios que Cristóbal López le compró a Daniel Hadad duplicaron su facturación por avisos oficiales en el segundo semestre, que comenzó pocas semanas después de anunciada la transacción por ambas partes. En tanto, irrumpe fuertemente Tinelli gracias a lo facturado por sus empresas Pro IDS (que conserva en sociedad con Pro Entertainment) e Ideas Sports (que en el período informado perteneció al animador de televisión y ahora tendría como socio a López). Estas empresas comenzaron a recibir pauta oficial en el segundo semestre de 2010 ($ 670.340) en montos que crecieron progresivamente a buen ritmo hasta los $ 9,4 millones consignados

Participaciones sociales 4318 8888

AGRADECIMIENTOS

MATILDE MASCARENHAS. Sus hermanas Nora, María Rosa y Patricia agradecen profudamente a quienes las acompañaron con su cariño y oraciones MISAS

JUAN CRUZ BETNAZA. - Al cumplirse cinco años de su fallecimiento, su familia invita a la misa que se celebrará en su memoria mañana, a las 20, en la Capilla de Pastoral Universitaria, Riobamba 1227 RECORDATORIOS

ELISA ROZAS de HUGUET. El tiempo pasa, pero siempre estás presente. A dos años de tu partida tu esposo Carlos, tu hija Mónica, tu yerno y tus nietos invitan a la misa que se celebrará hoy, 19.30 hs., en la Inmaculada Concepción de Belgrano El Rotary Club de Buenos Aires se reunirá el miércoles 19 de marzo, a las 12.45, en el Plaza Hotel. Presidirá la reunión el Sr. Emilio R. Dumais. En la oportunidad disertará el Dr. Manuel Varela sobre “La policía del mundo: con su sistema bancario, no con su poder militar. EUA ha logrado aplicar sus leyes a ciudadanos extranjeros” Publique aquí todos los días de 9 a 20. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito

Los más beneficiados Los tres grupos que más pauta oficial recibieron

GarfunkelSzpolSki

$ 144,9

millones, Tiempo Argentino, CN23 y Radio América, entre los medios insignia

remiGio González

$ 89,1

millones Dueño mexicano de Canal 9, FM Aspen y varias señales de TV digital

telefé

$ 66,5

millones Red de nueve canales de TV abierta en todo el país, propiedad de Telefónica de España

para el primer semestre de 2013. En cambio, en el mismo período desaparecieron de la distribución las firmas WSM y Rock Argentina, empresas controladas por José María Núñez Carmona y Juan Carlos López, amigos y socios del vicepresidente Amado Boudou que en 2011 y 2012 recibieron un total de $7,4 millones. Al filo del top ten, con entre 13 y 10 millones de pesos cada uno, quedaron Telecentro-Pierri, el grupo Moneta (que en los últimos meses se desprendió de varias emisoras para saldar deudas), Reale Dalla Torre y Asoc. (una consultora que afirma en su página web trabajar para varios casinos, empresas y gobiernos), el grupo marplatense Aldrey Iglesias, la editorial Televisa-Atlántida y el grupo

Televida-Alonso, de Mendoza. Poco después, aparecen las empresas del ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa, que suma $ 7,2 millones a través de Sky Productions, Cielo, Editorial Comentarios, El Periódico y Estación del Carmen. Entre otros, siguen, Pintabaires, la firma de los hijos del legislador kirchnerista Dante Gullo ($ 5,9 millones); los medios del sindicato de encargados de edificios que encabeza el dirigente kirchnerista Víctor Santa María ($ 5,7 millones), y Radio del Plata, de los dueños de Electroingeniería, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra ($ 5,8 millones). En la cincuentena de los más beneficiados (sobre un total de más de 700 receptores de pauta oficial) aparecen dos periodistas: Mauro Viale (por medio de dos empresas, Viale Medios y Alibi Argentina Producciones), con $ 3,1 millones, y Roberto Navarro (a título individual), con $ 2,8 millones. Por medio de la web de la Jefatura de Gabinete de Ministros (www.jgm. gob.ar) el gobierno nacional viene entregando esta información con sugestiva demora, en el poco flexible formato PDF (en tablas que ocupan casi 60 páginas), con errores de tipeo y sin identificar los medios en los que los avisos finalmente se publican sino sólo informando el nombre o la razón social del emisor de la factura. En esta oportunidad, la demora podría haberse debido al enorme salto dado por los principales grupos beneficiados con estos fondos entre el primer semestre de 2012 respecto del semestre anterior. En el caso de Telefé, el salto fue de 135%; grupo Ámbito Financiero, 50%; Canal 9, 47%, y Cristóbal López, 45%. La información sobre la distribución de la pauta oficial viene siendo reclamada por organizaciones civiles y medios a través de pedidos de acceso a la información. Entre otros, Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la nacion vienen utilizando reiteradamente ese procedimiento administrativo (previsto en el decreto 1172 de 2003 del entonces presidente Néstor Kirchner), sin demasiado éxito. ß

El Gobierno defendió a Zannini y marcó distancia de Oyarbide AllAnAmiento. Parrilli y Capitanich le dieron

su apoyo y exigieron explicaciones al juez

El Gobierno ensayó ayer una primera defensa en torno al secretario legal y técnico, Carlos Zannini, uno de los hombres más influyentes y cercanos a la presidenta Cristina Kirchner, quien resultó salpicado por el juez federal Norberto Oyarbide cuando éste admitió que frenó un allanamiento a una financiera por un pedido emanado desde esa secretaría. “Ratifico absoluta y totalmente mi confianza con respecto al secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el subsecretario Carlos Liuzzi. No tengo dudas de que son hombres probos, honestos y eficientes en el trabajo que desempeñan”, enfatizó el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. El funcionario apuntó contra los medios críticos del Gobierno. “Ahora lo que tenemos es una versión armada o pergeñada por algunos medios de comunicación que siempre hacen puestas en escena de la realidad, como es el diario Clarín y la nacion, de ser opositores obsecuentes del Gobierno”, despotricó. El escándalo se desató la semana pasada, cuando se supo que el juez Oyarbide recibió una llamada de Liuzzi, subsecretario del área Legal y Técnica y funcionario de extrema confianza de Zannini, para que detuviera un allanamiento que un grupo de policías federales realizaba en la financiera Propyme. El hecho ocurrió el 19 de diciembre pasado. Desesperado, el dueño de la financiera Propyme, Guillermo Greppi, recurrió a Liuzzi, con quien mantiene una muy buena relación para que el allanamiento se suspendiera. Adujo que los policías le exigían una coima, supuestamente en nombre del juez, para detener el procedimiento. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, prefirió, en cambio, relativizar todo el episodio.

“Hay que verificar si realmente ocurrió”, indicó Capitanich, y sostuvo que “operaciones existen todo el tiempo y todos los días”. El funcionario recordó que será el Consejo de la Magistratura el que revisará el caso de la actuación del juez Oyarbide, proceso que comenzará pasado mañana. “Ahí se van a dilucidar las características del caso”, se limitó a decir Capitanich. La discusión se dará en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, la cual es dominada por el kirchnerismo con cinco miembros contra cuatro no kirchneristas. En ese ámbito se dirimirá si el juez Oyarbide incurrió o no en mal desempeño en sus funciones por haber suspendido el allanamiento tras una llamada oficial. Críticas opositoras Desde el arco opositor, en tanto, el vicepresidente del bloque de diputados radicales, José Cano, pidió que se profundice la investigación “del vínculo entre Guillermo Greppi y el secretario legal y técnico de la Presidencia”, ya que sospecha que “el propio funcionario habría realizado las gestiones para que el juez Norberto Oyarbide frene el allanamiento en la financiera de propiedad del empresario”. Cano, junto al diputado Manuel Garrido y el jefe de la bancada, Mario Negri, elevó en la última semana un pedido de juicio político contra Oyarbide. Además, promovió una denuncia penal contra el juez y contra Liuzzi. Por su parte, la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) acusó a la Presidenta de “proteger” al juez Oyarbide. “Cuando Oyarbide empezó a darles impunidad por el enriquecimiento ilícito, obvio, lo protegió, tanto como su marido –dijo–. En el kirchnerismo lloran en público y roban en privado.”ß

Un fiscal pidió investigar el patrimonio de Massa

enriquecimiento. A partir de una nota periodística exigió

datos de cuentas, tarjetas y propiedades del diputado del FR

Hernán Cappiello LA NACION

La justicia federal abrió una causa para investigar el patrimonio del diputado nacional por el Frente Renovador Sergio Massa, luego de una publicación de la revista Veintitrés, ligada al Gobierno. El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó ayer la investigación en un escrito que presentó ante el juez federal Ariel Lijo, luego de la denuncia de la abogada Carolina Gómez, que adjuntó una nota de la publicación del grupo SzpolskiGarfunkel. El fiscal indicó que formuló el requerimiento de instrucción en cumplimiento de lo que manda la Constitución, al indicarle que “debe proveer la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”. Aclaró que su requerimiento tiene el objetivo de “iniciar la investigación tendiente a colectar los elementos de prueba que permitan alcanzar un real conocimiento en torno al hecho” y si esté reúne los requisitos para ser “penalmente relevante”. Como el delito de enriquecimiento ilícito que se investiga requiere que se haya verificado “un aumento patrimonial apreciable” y que el investigado no pueda justificarlo es que el fiscal pidió que se realice una batería de medidas de prueba. Son medidas básicas contempladas en el protocolo de la procuración para investigar estos casos. Por eso le sugirió al juez Lijo que pida informes detallados de todos los cargos públicos que ocupó Massa; que pida a la Oficina Anticorrupción sus declaraciones juradas de bienes, que exija informes a los registros de la propiedad inmueble, automotor y de barcos y aviones para determinar si Massa tiene alguno de estos bienes a su nombre. También el fiscal sugirió al juez que pida a través del Banco Central información a la red bancaria sobre cuentas y operaciones a nombre de Sergio Massa o su esposa, Malena Galmarini, de sociedades cuyo apoderado o firmante sea alguno de ellos. También

respuestA

El defensor de Boudou acusó a los Ciccone Diego Pirota, abogado de Amado Boudou, consideró que la familia Ciccone acusó al vicepresidente de haberla forzado a vender su imprenta en una solicitada publicada ayer, para generar “ruido mediático” ante las “malas noticias que recibieron en el expediente judicial”. La familia había dicho que Boudou había tenido un trato “bestial” hacia el fundador de la compañía, Héctor Ciccone.ß

lAnzAmiento

Polémica por xenofobia en un portal de Pro El portal de los senadores de Pro Gabriela Michetti y Diego Santilli para que la gente aporte propuestas legislativas (www.legislemos.org) debutó con el pie izquierdo, al permitir que un particular planteara la posibilidad de “expulsar del país a los extranjeros que residan en forma ilegal, irregular o no puedan justificar sus medios de subsistencia”. La idea es inconstitucional, algo que los moderadores del sitio pasaron por alto.ß

lA cámporA

Piden más protagonismo de Máximo Kirchner El titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, calificó ayer a Máximo Kirchner como un “gran cuadro político” y advirtió que desearía que el hijo de la Presidenta tuviera “un mayor protagonismo”. “Por supuesto que nos gustaría a todos [que tuviera mayor protagonismo]. Cada vez que habla genera una conmoción enorme”, dijo, y agregó: “No puedo decir cómo será porque eso lo decide él”.ß

Un dirigente bajo la lupa pidieron informes sobre el patrimonio del diputado

Sergio maSSa diputado frente renovador

Denuncia Es de la abogada Carolina Gómez por una nota de la revista Veintitrés, del grupo Szpolski y Garfunkel Bienes Cuestiona que el nivel de gastos de Massa, según su declaración jurada, no se condice con sus ingresos declarados Medidas La fiscalía pidió al juez datos bancarios, de registros públicos y de Migraciones

pidió que el country Isla del Sol, donde vive Massa, les informe si el ex intendente de Tigre es propietario de terrenos o casas, y en caso afirmativo que indique cuándo compró, cuánto paga de expensas y los antecedentes sobre obras o mejoras en el lugar. También el fiscal pidió informes sobre las tarjetas de crédito de Massa o su esposa y los ante-

cedentes de la empresa Multiconsul SRL y toda sociedad que se encuentre integrada por Massa o su mujer. Lo mismo les pidió a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que le digan si existen reportes de operaciones sospechosas sobre el diputado que le ganó al kirchnerismo en las legislativas de 2013. El fiscal también pidió los datos de la seguridad social de Massa y su mujer, y a Migraciones, que le informe el registro de entradas y salidas del país de la pareja. Nadie ignora en tribunales el alto voltaje político de la investigación ni que llevará tiempo recoger las respuestas de todas estas averiguaciones para determinar si hay méritos para imputarle a Massa algún delito. Nadie pasa por alto tampoco las consecuencias políticas cualquiera sea el resultado de esta investigación: un sobreseimiento dejaría investigado y sin mácula el pasado económico de Massa y un avance judicial incomodaría su ascenso en el firmamento político. La denuncia La denuncia de Gómez, que acompañó declaraciones juradas de Massa, señala que su patrimonio ascendería a $ 1.542.039, por contar con propiedades en Isla del Sol, una Volkswagen Tiguan y más de $ 500.000 de ahorro en efectivo. La denunciante señaló a los efectos declarativos la propiedad es de $ 600.000, pero la denuncia señala que en el mercado inmobiliario cotiza en unos US$ 800.000. Y que la camioneta 2010 declarada en $ 155.000 estaría en $ 50.000 por debajo del valor. Pero el principal cuestionamiento de esa denuncia es que Massa declara gastar unos 15.000 pesos mensuales, con los cuales, según la abogada Gómez, “no podría haber afrontado la escolaridad de sus hijos, los gastos de sus propiedades, la cobertura médica, los gastos de seguro, patente y combustible, sumado al costo de la vida diaria de la familia”. Además, señaló que goza de un ingreso mensual de $ 41.000 y declara haber concluido 2012 con $ 400.000 más que al inicio del año.ß

Comenzó el jury al juez Hooft por su rol durante la dictadura

tribunAl. Declararon los primeros testigos; la

defensa señala que existe una “persecución”

Sebastián Lalaurette CORRESPONSALíA LA PLATA

LA PLATA.– A ocho años de la denuncia original, comenzó ayer en esta ciudad, con la declaración de tres testigos, el polémico jury que podría derivar en la destitución del juez marplatense Pedro Hooft, cuestionado por su actuación en varias causas de lesa humanidad durante la última dictadura. Según las acusaciones sostenidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y varias organizaciones dedicadas a esa temática, Hooft habría “cajoneado” recursos presentados por familiares de detenidos en los años 70. Sin embargo, la defensa del magistrado, que está suspendido desde hace un año, rechaza estas acusaciones y sostiene que existe una “persecución” en su contra. Sostiene, en cambio, que Hooft, a lo largo de su extensa trayectoria, defendió en todo momento los derechos humanos y las garantías constitucionales. Tras una serie de recursos presentados por sus defensores, entre quienes se encuentra su hijo Federico, Hooft debió comparecer finalmente ante el jurado de enjuiciamiento, presidido por Juan Carlos Hitters, ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, cinco conjueces y otros tantos legisladores provinciales. En la jornada inicial del proceso declararon como testigos el juez Mario Alberto Portela, titular de un juzgado oral en Mar del Plata; Carlos Aurelio Bozzi, un abogado secuestrado en julio de 1977, durante lo que se conoció como la “Noche de las Corbatas”, y María Eva Centeno, hija de otro letrado asesinado durante la dictadura. La defensa de Hooft estuvo presidida por el abogado Héctor Granillo Fernández; la acusación, por el subsecretario de Derechos Hu-

manos del gobierno nacional, Luis Alén. Ambos letrados se “cruzaron” en varias ocasiones durante la audiencia de ayer, en la que Bozzi, llamativamente, fue convocado como testigo por ambas partes. En la lista de testigos que debían declarar en la apertura del jury estaba la psicóloga Marta García, esposa del desaparecido Jorge Candeloro, pero no se presentó por haber sido sometida a una operación de cataratas. Alén dijo que la mujer había sido amenazada, pero se informó luego que dará su testimonio el miércoles próximo. La declaración de Portela, que había sido llamado por la parte acusadora, se centró en las reacciones de Hooft ante el Juicio por la Verdad que se celebró en Mar del Plata en 2001. “Apuntó de inmediato a cuestionar la honorabilidad del tribunal”, dijo. También señaló que en 1977 Hooft habría ignorado el pedido de ayuda de Marta García respecto del secuestro de su esposo y del de ella misma. “Esto me sorprendió en ese momento. Después no tanto porque me enteré de que en varias jurisdicciones había actuaciones judiciales en el mismo sentido. Incluso había una disposición de Presidencia de la Corte bonaerense de que no se pidieran informes a las autoridades militares”, abundó. Bozzi, en tanto, habló largamente, a pedido de Alén, de las circunstancias de su arresto y el tiempo que pasó detenido ilegalmente en una base militar marplatense. Sin embargo, sus afirmaciones sobre el objeto concreto del jury no merecieron la misma atención: el hombre dijo que su esposa presentó un hábeas corpus dos días después de su desaparición y que luego la mujer inquirió a Hooft sobre el resultado. Pero el tribunal no le preguntó por el resultado de esas gestiones.ß