Política

Página 18/LA NACION

Tras una larga parálisis

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Por Nik

Don José

Intentan resolver el caos de la causa Skanska Oyarbide volverá a interrogar a los acusados; más citaciones El juez federal Norberto Oyarbide dio ayer otro paso para solucionar el desorden en que se encuentra la causa sobre el pago de sobornos de la empresa Skanska, un expediente abierto hace un año y tres meses que pasó por otros dos jueces, sin avances significativos. Tras indicar que debían describirse mejor los hechos en investigación y especificarse más las imputaciones, el magistrado dispuso volver a interrogar como acusados a dos ex funcionarios kirchneristas, a 11 ex directivos de la constructora sueca y a otros 23 acusados que ya habían sido indagados por los anteriores jueces de la investigación. Citó, además, a otros 13 sospechosos, que, se cree, intervinieron en las operaciones irregulares. Se trata de personas vinculadas a las 23 compañías que aportaron las facturas falsas que usó Skanska para justificar la salida de dinero destinado al pago de coimas. Las indagatorias, 49 en total, comenzarán el 20 del mes actual, con la citación de Javier Azcárate, un ex gerente de Skanska que en una conversación grabada en secreto reconoció la existencia de los sobornos. Fulvio Madaro, ex presidente del Enargas (el organismo que debía controlar las obras), deberá ir a tribunales el 4 del mes próximo. Néstor Ulloa, ex gerente general de Nación Fideicomisos (encargado

ARCHIVO

La sede porteña de Skanska

del financiamiento), está citado para el día siguiente. Ulloa está procesado en una causa paralela sobre evasión impositiva que investiga el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart. Ese magistrado fue el que descubrió las irregularidades en las obras para la ampliación de los gasoductos del Norte y del Sur. En 2006, obtuvo una auditoría inter-

na de Skanska en la que se admite la existencia de coimas. Tanto Ulloa como Madaro fueron indagados el año pasado por las coimas, cuando la causa estaba a cargo de Guillermo Montenegro, que dejó su juzgado para asumir como ministro de Justicia y Seguridad de Mauricio Macri. Casi al mismo tiempo, Carlos Stornelli abandonó su fiscalía para sumarse al gobierno de Daniel Scioli. Los secretarios que llevaban la causa en el juzgado y en la fiscalía siguieron a sus jefes. La causa quedó paralizada. En septiembre, se hizo cargo del juzgado Sergio Torres, que terminó de tomar las indagatorias que había dispuesto Montenegro. Pero en marzo, antes de resolver la situación de los entonces más de 30 imputados, finalizó la suplencia. La Cámara Federal designó a Oyarbide. La de ayer es la segunda medida importante que dicta ese juez desde que se hizo cargo de la investigación. La semana pasada había convocado a expertos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Policía Federal para la elaboración de un peritaje apuntado a determinar si habían existido sobreprecios. La resolución de Oyarbide incluye una crítica a cómo se había investigado el caso hasta el momento, dado que señala que los hechos deben ser descriptos con mayor “rigor”, “claridad” y “precisión”.

Sábado 10 de mayo de 2008

Derechos humanos

Críticas al arresto de un ministro del Proceso Hubo quejas de dos grupos de abogados

Proyecto de la Coalición Cívica

Proponen controlar el patrimonio de los jefes sindicales La idea es muy resistida en los gremios Por Luis Laugé De la Redacción de LA NACION Los diputados de la Coalición Cívica presentarán el jueves un proyecto de ley para obligar a los integrantes de las conducciones sindicales electas a que presenten una declaración jurada “que permita evidenciar claramente y en forma detallada su evolución patrimonial” durante el lapso de mandato, según conoció LA NACION del texto en cuestión. La medida busca que los sindicalistas den a conocer la declaración jurada “dentro de los 30 días de asumido el mandato, una vez al año y dentro de los 30 días de cesar en sus funciones”, destaca la iniciativa. A las 16 del jueves, en el Instituto Hanna Arendt, de Rivadavia al 1400, los diputados que responden a Elisa Carrió darán a conocer el proyecto. Ellos son Patricia Bullrich, Adrián Pérez, Fernanda Reyes, Fernanda Gil Lozano, Juan Carlos Morán y Elisa Carca, entre otros. Cuando fue ministra de Trabajo de la Alianza, Bullrich creó la Oficina de Transparencia Sindical y empezó a exigir por resolución ministerial estos requisitos, hasta que, con su renuncia, el 20 de noviembre de 2001, la medida fue derogada. “Todos aquellos responsables de administrar fondos de los trabajadores tienen que explicar el destino de los mismos. Los sindicatos no son entidades privadas sino sin fines de lucro”, fundamentó Bullrich a LA NACION, aunque aclaró respecto de otras iniciativas futuras de transparencia sindical que “la Coalición Cívica tiene en estudio pedir que los representantes paritarios del empresariado presenten su declaración jurada”. También explicó que se piensan presentar en un tiempo prudencial proyectos de libertad sindical como la “libre agrupación de trabajado-

res” para formar organizaciones que terminen con el “actual unicato” y “la eliminación de la personería gremial”, que “le da la representatividad de los trabajadores a un solo sindicato por actividad”.

Rechazo Aunque aclararon que esperan conocer en detalle el proyecto de la Coalición Cívica cuando sea presentado, dirigentes sindicales respondieron a LA NACION. El secretario general del sindicato Capital de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, dijo que los gremialistas no están obligados a presentar declaraciones juradas –es cierto, nada lo establece–, y argumentó para ello: “No somos funcionarios públicos”. El secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Carlos Acuña, dijo que aceptará “todo lo que establezca una ley” pero advirtió: “Debería ser pareja para todos y no convertirse solamente en un hecho mediático para perjudicar la imagen de los sindicalistas”. En tanto, el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, estableció los parámetros de transparencia que predican desde la organización. “Los dirigentes de la CTA vivimos, vestimos y comemos como los trabajadores que cada uno de nosotros representa”, se diferenció en alusión a la CGT. Independientemente del proyecto de la Coalición Cívica, la CTA decidió ayer que se movilizará el viernes próximo hacia el Ministerio de Trabajo para exigir “libertad y democracia sindical”. Los dirigentes darán una conferencia de prensa el lunes, a las 7.15. Ante la posibilidad de que la iniciativa no prospere en la Cámara de Diputados, Bullrich enfatizó: “Se le dará el impulso necesario para mostrarle a la sociedad los reclamos éticos de la Coalición Cívica y que se abra un debate sobre el tema”.

Moyano levanta un bloqueo ■ El sindicato de camioneros dispuso ayer “suspender” hasta el lunes 19 el bloqueo que mantenía en las plantas de distribución de la cementera Loma Negra en reclamo de la regularización de unos 3000 transportistas, según anunció ayer el secretario adjunto del gremio de los camioneros, Pablo Moyano. La tregua se alcanzó durante una reunión que los camioneros y los representantes de la empresa tuvieron anoche en la sede del Ministerio de Trabajo. Loma Negra se comprometió a presentar una propuesta al gremio, ratificaron fuentes de la compañía con sede en Olavarría.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Corporación de Abogados Católicos se pronunciaron en contra de que sean detenidos funcionarios civiles de la dictadura y de que se los acuse de crímenes de lesa humanidad. Fue por un fallo del juez de La Plata que ordenó el arresto domiciliario del ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart, detenido junto con el ex gobernador Ibérico Saint Jean. El Colegio de Abogados sostuvo que “no sólo es un abuso” sino que, además, implica una “persecución política”. “Se está llevando adelante un sistema de represión basado en la venganza y en la inequidad”, advirtió. “Nuevamente se juzga la violencia de la década del setenta dejando de lado la responsabilidad penal de los integrantes de organizaciones terroristas –muchos de ellos actualmente en puestos públicos– que fueron partícipes de actos violentos, también calificables como delitos de lesa humanidad. Instamos a los miembros del Poder Judicial a mantener su independencia frente a presiones de los distintos sectores que protagonizaron los actos de violencia”, sostuvo. Esta declaración fue cuestionada por el senador kirchnerista Marcelo Fuentes en la última reunión del Consejo de la Magistratura. Frente a un comunicado anterior del mismo colegio, también relativo a una causa de derechos humanos, los consejeros habían emitido una declaración para rechazar aquellas manifestaciones. En tanto, la Corporación de Abogados Católicos dio a conocer un comunicado “ante la arbitraria persecución y detención en algunos ex funcionarios y abogados”, en la que exhorta a los jueces a “no privar de su libertad a nadie cuya responsabilidad penal no se encuentre claramente acreditada, y a no ser instrumentos de revanchas ni de represalias políticas”.

Breves EN ZARATE

Puthod se queja por la lentitud de la causa ■ El presidente de la Casa de la Memoria de Zárate y ex detenido ilegal durante la dictadura, José Evaristo Puthod, se quejó ayer porque “no hay novedades” en la causa que investiga el secuestro denunciado por él hace diez días. “Los días pasan y las pistas se pierden”, dijo. Después de una resistencia inicial, Puthod confirmó que ha aceptado una custodia policial “para tranquilidad” de su familia. “No es de la comisaría de Zárate, sino del servicio de traslado de detenidos”, aclaró el activista de los derechos humanos. POLEMICA POR LA SIDE

Confirman un juicio oral contra Beliz ■ La Cámara Federal porteña confirmó la realización del juicio oral y público contra el ex ministro de Justicia Gustavo Beliz por haber revelado públicamente la identidad de un agente de inteligencia. Lo hizo al rechazar un planteo de nulidad que había planteado el ex funcionario de Carlos Menem y de Néstor Kirchner, informaron ayer fuentes judiciales. Beliz está acusado del delito de “violación de secreto”, para el cual se contemplan penas de hasta seis años de prisión. Los hechos investigados ocurrieron en 2005, cuando Beliz denunció en televisión al agente de la SIDE Antonio Stiusso y mostró su foto.