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INFORMACION GENERAL

I

Domingo 22 de agosto de 2010

INSEGURIDAD s EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RODOLFO LOHRMAN Tiene 45 años. Esta prófugo por el secuestro del joven estudiante correntino Cristian Shaerer, ocurrido en 2003. Ofrecen $ 370.000 de recompensa.

LUIS PONCE Tiene 56 años. Era comisario de la policía bonaerense. Está prófugo por el asesinato del albañil Andrés Núñez, en 1990, y ofrecen una recompensa de hasta $ 50.000.

CARLOS MAGGIO El prófugo tiene 72 años. Es buscado por los delitos de violación y abuso sexual, hechos ocurridos en la ciudad de Mar del Plata.

DANIEL HIDALGO

FRANCISCO BALBUENA MACHUCA

Era lugarteniente de la peligrosa superbanda de Luis Valor, alias “el Gordo”. Gozaba de arresto domiciliario y salidas laborales, cuando se escapó en junio pasado.

Estaba preso, acusado de tentativa de homicidio criminis causae. El 16 de marzo pasado, cuando gozaba de arresto domiciliario, burló a su custodia y huyó.

NORMA RAMIREZ SOLOAGA Fue condenada a 20 años y 6 meses de prisión. El 22 de junio de 2009 salió del penal de Olmos con permiso para estudiar en la universidad, pero nunca volvió.

Hay 290 prófugos por delitos graves Más de la mitad están acusados de homicidio; entre ellos, hay 25 policías a los que sus propios pares nunca pudieron hallar PABLO MOROSI

Debatirá el Senado declarar al país en emergencia

CORRESPONSAL EN LA LA PLATA LA PLATA.– La policía bonaerense busca a 290 prófugos de la Justicia, más de la mitad cometió homicidios y el resto, otros delitos graves, como secuestros, abusos sexuales o violentos asaltos en banda, de los cuales 25 son uniformados que terminaron siendo exonerados. Se trata de un núcleo duro de delincuentes que ha logrado sortear el cerco policial, incluso durante muchos años, hasta dos décadas. La nómina de todos los prófugos peligrosos está publicada en la página web del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial (www. mjys.gba.gov.ar). En la lista figuran casos como el de Rodolfo José Lohrman, alias “el Ruso”, involucrado en varios secuestros extorsivos registrados en el conurbano y condenado por el rapto y desaparición de Cristian Schaerer, en septiembre de 2003, en Corrientes; Horacio Balenciaga, acusado de haber asesinado en Villa Gesell a Ricardo Reglero, en diciembre de 2000, o Daniel Follanier, culpado de matar en agosto de 2007 a Jorge Luis Rossi, en Almirante Brown. Otro de los fugados es Daniel Hidalgo, apodado “Pelado”, un miembro de la superbanda de Valor que gozaba de arresto domiciliario y salidas laborales y que estaba siendo monitoreado con una tobillera electrónica por una condena por robo a mano armada. Desapareció en mayo de 2008. Según se explicó en aquel momento, el procesado sólo usaba la pulsera en su casa y no en el trabajo. Hidalgo tenía ese beneficio extraordinario pese a contar con una condena a 18 años de prisión que le impuso en 1999 la Cámara de San Martín por el crimen del sargento Claudio Calabrese durante el asalto a un camión blindado en la localidad bonaerense de La Reja, ocurrido en 1994. Por ese hecho, recuperó la libertad en mayo de 2005. Entre los policías exonerados que se esfumaron sin dejar rastro están el comisario Luis Raúl Ponce y el inspector Pablo Martín Gerez, dos de los 15 uniformados procesados por torturar, asesinar y ocultar el cuerpo del albañil Andrés Núñez, en 1990, en esta ciudad (ver aparte). Por todos ellos la provincia ofrece jugosas recompensas y despliega acciones de inteligencia que, hasta el momento, no dieron resultados. Los nombres publicados en la Web representan apenas una mínima porción de los buscados, pero sí a quienes cometieron hechos graves. El subsecretario de Investigación y Política Criminal del Ministerio de Seguridad provincial, César Albarracín, explicó a LA NACION. “Si bien recibimos diariamente cientos de pedidos de captura, muchos de ellos pierden vigencia a las pocas horas, ya sea porque el sujeto se presenta espontáneamente o porque la Justicia pierde interés en su persecución”. Entre 2005 y 2009, las

Esa discusión comienza pasado mañana, junto al control de armas y el cierre de desarmaderos GUSTAVO YBARRA LA NACION

SANTIAGO HAFFORD

Mirna Gómez espera que atrapen a los policías acusados de matar a su pareja, Andrés Núñez, hace 20 años capturas realizadas por la policía crecieron 28 por ciento. Pasaron de 1662 a 2132. Y, en lo que va de 2010, supera la cantidad de todo 2009, con 2164 aprehensiones, según los registros de la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la cartera conducida por Ricardo Casal. Así, los prófugos que figuran en la web ministerial –en la que también se indica el teléfono 0221-4293015 y el correo electrónico profugos@mseg. gba.gov.ar para denuncias– son los “casos consolidados donde la Justicia mantiene interés”, dijo Albarracín. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, se destacaron acciones como el entrecruzamiento de llamadas a través del sistema de análisis VAIC. Se desplegaron para cercar, días atrás, a Miguel Angel Silva, alias “Pimienta”, el marcador del caso de Carolina Piparo, que terminó entregándose a la Justicia. “Es cierto que se entregó, pero lo hizo por la presión del acoso policial”, hizo su propia lectura Albarracín, que también recordó la detención, la semana anterior, de Oscar Pérez Graham, presunto jefe de la banda que en octubre de 2009 mató al joven Santiago Urbani, en Tigre. A su vez se unificaron las tareas de inteligencia y la búsqueda junto con el Servicio Penitenciario Bonaerense para dar con los evadidos de cárceles, que ya suman una decena. Entre ellos está Francisco Balbuena Machuca, detenido en la Unidad Penal N° 23 de Florencio Varela por tentativa de homicidio, que aprovechó para burlar la custodia que lo vigilaba en su casa de Merlo. También escapó de la Unidad N° 8 de Los Hornos, Norma Ramírez Soloaga, encausada por un robo a mano armada y venta de drogas, que, en junio del año pasado, salió con permiso para estudiar en la Universidad de La Plata y nunca regresó.

“Hace 20 años que no pueden encontrarlos” Mirna Gómez descree del Estado hasta que no detengan a los policías que mataron a su pareja LA PLATA.– “Una vez, un juez me dijo que yo podía ir a agarrarlos si sabía dónde estaban”, sostuvo Mirna Gómez, entre el disgusto y la impotencia. Hace 20 años, su pareja, Andrés Núñez, fue secuestrado por agentes de la Brigada de Investigaciones de esta ciudad y, desde entonces, dos hombres permanecen prófugos por el hecho. Los fugitivos son el ex comisario Luis Ponce y el ex inspector Pablo Gerez. Mirna, en tanto, dijo a LA NACION que no puede salir de su asombro e indignación: “Hace 20 años que no pueden encontrarlos”. Aunque el dolor la acompaña continuamente y en varias oportunidades ha sido amenazada, la mujer sigue reclamando. Incluso, acopió información sobre el posible paradero de los prófugos. En 2001 presentó ante la Justicia pruebas que indicaban que Gerez vivía en General Belgrano y que Ponce tenía un desarmadero de autos cerca de La Plata. “Un juez me dijo que yo podía agarrarlos si sabía dónde estaban”, contó, y agregó que esos indicios “nunca fueron tenidos en cuenta”. Lo cierto es que pese a que hay 15 procesados por torturar, asesinar y ocultar el cuerpo de Núñez, sólo dos están detenidos, Víctor Dos Santos y Jorge Alfredo González, según confirmó el abogado de la querella, Eduardo Hortel. Como la causa

podría prescribir, agregó el letrado, fue presentada una solicitud para que se declare el hecho como delito de lesa humanidad. El 28 de septiembre de 1990, cuatro hombres de civil llegaron hasta la casa de Núñez, de 32 años, acusándolo de haber robado una bicicleta. Como no se encontraba, dos de los desconocidos, que se hacían llamar “Laucha” y “Ratón”, se quedaron más de tres horas “revolviendo todo”, y cuando el hombre llegó, se lo llevaron. Esa fue la última vez que la mujer, con quien Núñez tenía una hija de un año y medio, lo vio. “Me dijeron que me quedara con mi nena, que ella me necesitaba”, relató Mirna. Tuvieron que pasar cinco años para que uno de los ex policías acusados de participar en el hecho, Daniel Ramos, confesara dónde estaba oculto el cuerpo. Los restos de Núñez habían sido incinerados y estaban escondidos en el campo de Gerez. “Hasta que los jueces no me muestren lo contrario, no creo que exista la Justicia”, sentenció la viuda. Pasaron 20 años y para ella el tiempo quedó estancado. Desde esa fecha, Mirna desmejoró notablemente. Está más delgada, aparenta ser una mujer con más años de los que tiene. Todavía no puede superar que los restos de Núñez permanezcan en el juzgado dentro de una bolsa de residuos.

En un acuerdo de todos los bloques, el Senado decidió fijar para el 29 del mes próximo una sesión destinada a debatir una batería de proyectos con el objetivo de mejorar y dotar a organismos públicos nacionales y a la Justicia de nuevas herramientas para combatir la creciente ola de inseguridad ciudadana. El paquete de iniciativas, que comenzará a tratarse en comisión pasado mañana, contempla cuatro proyectos de ley: una declaración de emergencia nacional por un año en materia de seguridad, la eliminación de los desarmaderos de automóviles y un nuevo marco normativo para el control de armas de fuego. La cuarta iniciativa es la creación de un programa de servicio cívico voluntario que apunta a permitir que quienes interrumpieron su educación puedan completarla, a fomentar las actividades deportivas y recreativas y a promover la inserción laboral para las personas de entre 17 y 26 años. Según lo establecido durante una de las últimas sesiones del Senado, los proyectos serán discutidos en plenario por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico, las que deberán armar un cronograma de audiencias públicas para debatir estas iniciativas, discusión que, como se dijo, tendrá su puntapié inicial este martes. El acuerdo fue alcanzado durante una reunión de Labor Parlamentaria en la que se instaló el tema de la creciente ola de inseguridad ciudadana, en particular el caso de Carolina Piparo y su hoy fallecido hijo, Isidro, víctimas de una salidera bancaria en la provincia de Buenos Aires. Sobre la cuestión de la inseguridad fue precisamente el vicepresidente Julio Cobos quien volvió a cuestionar con dureza al kirchnerismo. Lo hizo anteayer, durante un acto realizado en el conurbano bonaerense. “Se está haciendo poco y nada contra la inseguridad. La sociedad está reclamando a los dirigentes una solución”, dijo, y agregó: “Hay bandas organizadas que utilizan la vulnerabilidad social para el delito y para el consumo de droga”.

Además, Cobos pidió la instrumentación de “un plan integral” y aclaró que los políticos deben “superar las mezquindades” para resolver el problema. “Es una cuestión compleja que nos va a llevar años resolver. La gente quiere una respuesta inmediata de la política, por eso tenemos que ponernos de acuerdo todos para que comience a disminuir el delito cuanto antes”, sostuvo.

La discusión parlamentaria Como siempre que se trata de iniciativas relacionadas con la inseguridad, el debate parlamentario promete ser arduo, aunque, según los proyectos seleccionados, parece haber acuerdo político en evitar el impulso de la denominada “mano dura”, ya que ningún proyecto plantea el agravamiento de penas. El proyecto más complejo es el marco legal para el control de armas, municiones y materiales relacionados, presentado por la peronista disidente Sonia Escudero (Salta). Se trata de un texto de 187 artículos que busca regular todo lo vinculado con las armas de fuego; desde el otorgamiento de licencias para la tenencia hasta las habilitaciones para fabricación y depósito de ese tipo de materiales. Otro proyecto propone la declaración de la emergencia por un año en materia de seguridad ciudadana. Es de la peronista disidente Hilda González de Duhalde (Buenos Aires) y reclama el avance definitivo en la radarización del país, un mayor control del espacio aéreo, y la construcción y mejoras en el equipamiento de establecimientos carcelarios y juzgados criminales y correccionales. Por otra parte, un proyecto del rionegrino Miguel Angel Pichetto (FPV) establece la prohibición de los desarmaderos de autos, con excepción de aquellos establecimientos que se dediquen al desguace para obtener material para la industria metalúrgica. Esta iniciativa también establece la inmediata clausura de todos los establecimientos que se dediquen a la venta de equipos de audio u otros accesorios para automóviles, y reprime con penas de 4 a 12 años de prisión a quienes comercialicen, transporten o almacenen autopartes.

Investigarán si hubo vínculos entre los atacantes de Piparo y la policía

Se cometen 3 homicidios cada 24 horas

Afirman que uno de los acusados mató a un agenciero en un robo y ya tiene 24 causas penales

LA PLATA.– Durante el primer semestre de este año, en la provincia de Buenos Aires se cometieron 564 homicidios, es decir, un promedio de 3,1 personas asesinadas por día. A ello se agrega el dato de que 87 crímenes tienen a menores de edad como autores: uno cada 48 horas. Las cifras –que surgen de estadísticas publicadas en las últimas horas por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense– implican, en el contexto de todos los delitos, una disminución del orden del tres por ciento respecto del mismo período de 2009. Entre el 1° de enero y el 30 de junio pasado bajaron entre un dos y un cuatro por ciento los robos con uso de armas (hubo 21,450) y los agravados (4945), los secuestros extorsivos (19) y los delitos contra la integridad sexual (3175). Las estadísticas indican, empero, un incremento 1% de los robos en general, con un registro de 34.532 casos. El departamento judicial más castigado por el delito sigue siendo Lomas de Zamora.

La Justicia investigará si hubo vínculos entre un policía de La Matanza y la banda que atacó a Carolina Piparo. “Si llega a confirmarse que, de los cruces telefónicos, que un policía de La Matanza tenía vínculos con el detenido Carlos Jordan Juárez, se abrirá una causa paralela en ese distrito y podría derivar en el apartamiento del policía”, dijo el fiscal de La Plata, Marcelo Romero, a la agencia Télam. La medida representa uno de los coletazos de la declaración indagatoria de Miguel Angel Silva, alias “Pimienta”, quien ante la Justicia sostuvo que la banda que atacó a Carolina, durante una salidera bancaria, tenía contactos con la policía. A partir de los dichos de Silva, la Subsecretaría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó que abrió un

sumario para investigar si hubo policías involucrados con la banda que mató al bebe de Piparo. “Creo que Silva dijo verdades y mentiras. Siempre en las investigaciones que hacemos, o cuando se nos escapa alguien en un allanamiento, tenemos en la cabeza que pudo haber filtraciones por parte de un oficial o un policía de calle”, agregó Romero. Mientras tanto, fuentes policiales consultadas por LA NACION aseguraron que de la pesquisa no surgió ningún elemento que avalara la hipótesis de que la banda tuvo protección de algún uniformado. “En esta causa se avanzó a fondo. Cayeron todos los miembros de la banda, desde el autor del disparo contra Carolina hasta el conductor de la moto y los que dieron el apoyo logístico, así que no nos temblará el pulso si hubiera que apresar a un policía”, dijo uno de los responsables

de la investigación. Cuando pasaron más de tres semanas del ataque que terminó con la muerte de Isidro, el bebe de Carolina, hay nueve sospechosos detenidos. En tanto que, ayer, los médicos le retiraron el respirador mecánico a la mujer, que sigue internada en un hospital de Gonnet.

Burgos debía estar preso Entre los nueve detenidos que figuran en la causa están los citados Silva y Jordán Juárez y un joven, de 18 años, que vive en La Plata y que habría sido identificado por fuentes judiciales como Carlos Emanuel Burgos. Desde que cumplió 14 años, hasta el ataque contra Carolina, Burgos sumó 24 procesos en su contra. Su padre, Juan Carlos, está preso en Tres Arroyos acusado de integrar una banda dedicada a cometer salideras bancarias. Burgos hijo, quien fue reconoci-

do por un matrimonio que estaba frente a la casa de Carolina, como el sospechoso que forcejeó con la mujer embarazada, cumplió 18 años una semana antes del ataque a la mujer. Esto significa que, por siete días, Burgos podrá ser sometido al proceso penal como mayor. Según fuentes judiciales, si el ataque hubiera ocurrido ocho días antes, por más que Burgos hubiera sido reconocido como el presunto autor del disparo contra Carolina, habría salido en libertad rápidamente. Así ocurrió en agosto de 2007, cuando fue acusado de matar durante un asalto al dueño de una agencia de loterías en La Plata. Luego de estar detenido durante dos semanas, un juez de Menores lo envió con su familia sin tener en cuenta que su padre tenía causas penales por cometer salideras bancarias.

Miguel Silva, alias “Pimienta”