Los delitos por corrupción no deben prescribir

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| Domingo 20 De octubre De 2013

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870 Número 1, Año 1 “la nacion será una tribuna de doctrina” Director: Bartolomé Mitre

Los delitos por corrupción no deben prescribir Es necesario garantizar que no habrán de quedar impunes las aberraciones cometidas por los funcionarios que utilizan al Estado en su propio beneficio

S

egún el diccionario de la Real Academia Española, “leso o lesa” son adjetivos que significan que algo ha sido agraviado, lastimado, ofendido. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que por el grado y alcance de esa ofensa, de ese agravio o de esa herida no prescriben, es decir, pueden ser juzgados independientemente del tiempo que haya transcurrido desde el momento en que el delito se cometió. Se trata de actos inhumanos, atroces, que han sido perpetrados por los Estados o por particulares amparados y tolerados por aquéllos. Para el resto de los delitos, nuestro Código Penal establece distintos momentos para que opere la prescripción: a los 15 años, cuando la pena fuere la de reclusión o prisión perpetua; después de transcurrido el máximo de duración del castigo señalado para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de 12 años y bajar de dos años. Así, la prescripción de la acción penal importa la extinción del castigo y la puesta de límites a la pretensión punitiva de los Estados, ya sea por el tiempo transcurrido, porque no ha habido juicio o porque no se ha ejecutado una condena. Sin embargo, esa necesidad de poner fin a una persecución se ha ido modificando con el tiempo, especialmente cuando la prescripción resulta peligrosa para el orden social o puede llevar a la impunidad de quienes cometieron crímenes aberrantes como el terrorismo de Estado. Desde hace ya tiempo en nuestro país se alzan voces para que no prescriban los delitos de corrupción. Pero han sido casi siempre reclamos aislados, que no han conseguido modificar la ley. Por cierto que, en la Argentina, la corrupción no es un fenómeno reciente. Desde 1890 a la fecha, han sido numerosas las denuncias por ese delito en el país, pero no nos equivocamos si decimos que ese fenómeno ha ido in crescendo desde la década del 90. Los casos de la mafia del oro, del contrabando de armas a Croacia y a Ecuador, de la denominada “aduana paralela”, el expediente IBM-Banco Nación, la causa Ciccone, las sospechas por lavado de dinero, las presuntas coimas por la sanción de la reforma laboral y los múltiples trámites judiciales en los que se investiga el presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios son algunos de los ejemplos más contundentes de que algo hay que hacer para que esos delitos sean finalmente juzgados y condenados. Por enriquecimiento ilícito, a fines de 2012 había 35 causas abiertas en las que están sospechados funcionarios y ex funcionarios del actual gobierno. La condena a Felisa Miceli, ministra de Economía durante el gobierno de Néstor Kirchner, y las causas seguidas a María Julia Alsogaray, secretaria de Recursos Naturales durante la presidencia de Carlos Menem, o el pronunciamiento judicial contra este último en la causa por contrabando de armas son excepciones. Pero ha habido otros hechos que han dejado huellas profundas en una sociedad como la nuestra que, afortunadamente, ya no acepta como un dato inevitable de la historia esos actos de corrupción por parte del Estado. Las 194 muertes del boliche Cromagnon, en diciembre de 2004; las 51 vidas que se perdieron en el terrible choque de trenes en Once, en febrero del año pasado, y las más de 60 personas fallecidas como consecuencia de las inundaciones de principios del corriente año dejaron al desnudo cuánto daño puede infundir en la sociedad la corrupción por parte de los malos manejos del Estado. Y no hay que buscar una tragedia como las mencionadas para dar muestra de los terribles efectos que producen los brutales zarpazos de la corrupción. También dan cuenta de ello las enormes poblaciones que no tienen acceso ni a vivien-

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da ni a salud por el desvío permanente de fondos y de la asignación arbitraria y tendenciosa de planes sociales; los inmuebles y transportes, que como en el caso de los aviones sanitarios, se ponen al servicio de los funcionarios en lugar de asistir a los pobladores, y la ostentación de muchos empleados del Estado que no pueden o no quieren justificar la procedencia de su abrupta riqueza. En el último año, por acotar la búsqueda al período más reciente, se han presentado unos pocos proyectos de ley para declarar la imprescriptibilidad de los actos de corrupción estatales. Uno de ellos corresponde al diputado Fernando Solanas (Proyecto Sur-Capital). Otro, a Víctor Hugo Maldonado (UCR-Chaco). Mientras el del actual candidato a senador por UNEN propone declarar imprescriptibles los delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, encubrimiento y lavado de activos cuando hubieren sido cometidos en el ejercicio de la función pública, el del legislador radical también extiende esa condición al tráfico de influencias y a la malversación de caudales públicos. Ambos diputados, a cuyos proyectos acompañan una decena de legisladores de la oposición, coinciden en que se trata de delitos de carácter gravoso que no pueden ser amparados por un beneficio prescriptivo y que hace falta renovar los mecanismos institucionales y contar con los procedimientos jurídicos adecuados ante este tipo de situaciones nocivas para la vida democrática. También presentaron iniciativas en ese sentido los diputados Ramón Puerta (Frente PeronistaMisiones), Gerardo Milman (GEN-Buenos Aires), Alberto Asseff (Compromiso Federal-Buenos Aires) y Laura Alonso (Pro-Capital). Además, hace pocos días y con el lema “Nunca más a la corrupción”, los principales referentes del socialismo, el radicalismo, el GEN y Libres del Sur anunciaron que presentarán iniciativas parlamentarias para crear una comisión bicameral que investigue actos de corrupción en el Estado. Nuestro país, como ya hemos dicho desde estas columnas, ha ido degradando de manera exponencial su calidad institucional. Desde el actual Gobierno, incluso, se ha batallado –hasta ahora sin mayor éxito– para imponer una absurda reforma judicial cuya finalidad más elocuente es, precisamente, garantizar la impunidad de quienes ostentan el poder. Otro tanto ha ocurrido con el proyecto de reforma de los códigos civil y comercial, al que el Gobierno modificó en varios aspectos en busca también de quitar responsabilidad al Estado respecto del efecto de sus actos, desnaturalizando así la iniciativa original de un grupo de expertos. Del mismo modo, se ha bastardeado a organismos de contralor como la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación, y presionado y apartado de sus cargos descarada e injustificadamente a jueces que tramitan causas en las que se investigan a funcionarios. Debemos tomar conciencia de la decadencia en la que estamos inmersos. Valga como dato de referencia el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, en el que este año la Argentina figuró como el sexto país más corrupto de América latina, detrás de Venezuela, Paraguay, Guyana, Ecuador y Bolivia. “La corrupción es la hierba mala de nuestros tiempos, infecta a la política, la economía, la sociedad”, ha dicho recientemente el papa Francisco, que tanto la denunciaba desde los púlpitos de nuestro país cuando su voz era la de un Jorge Bergoglio denostado por funcionarios incómodos de escuchar la verdad. Imponer por ley la imprescriptibilidad del delito de corrupción sería dar un enorme paso. Implicaría, en definitiva, tener el coraje de llevar a la práctica tanta declamación cerrando de una vez por todas las puertas a la impunidad.

El Mercosur ha tenido armonías y también irregularidades que tiñen su proceso de dos décadas y permiten cuestionar la utilidad que presta a sus miembros. Entre las ilusiones que el Mercosur alentó desde su fundación, ha figurado el intercambio turístico en sus múltiples terrenos, desde el teatro o el cine hasta la música académica, la popular, la danza o las artes visuales. Desde hace largo tiempo se perciben las carencias de ese intercambio, que es imperdonablemente escaso en los mejores niveles de la actividad escénica, sinfónica o coreográfica. En estos días, se ha divulgado la noticia de que en la Argentina ha comenzado a cobrarse a los artis-

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tas uruguayos que actúan en Buenos Aires una visa de trabajo de cien dólares por cabeza, tributo que estaba vigente y que ahora se aplica en un caso de curiosa discriminación. La aparición de esa visa artística que recae solamente sobre los uruguayos (salteando, en cambio, a los brasileños) permite discrepar con la actitud muy amistosa de algunos dirigentes uruguayos hacia ese país, mientras lleva a pensar si semejante medida no debería ser copiada para actuar con la reciprocidad que los vecinos se merecen. En todo caso, el sueño de una fecunda integración artística y un provechoso intercambio cultural parece lamentablemente estropeado.

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Carta de la semana

Sin rencor Con respecto a la actitud de Juan Cabandié y como familiar de desaparecidos (mis dos hermanas menores mellizas, Cecilia María y Adriana María Carranza, hecho ocurrido en Córdoba en mayo de 1976), me adhiero en un todo a lo expresado en la carta divulgada por Facebook por Matías Reggiardo Tolosa, nieto recuperado. Si la angustia, el dolor inmenso, impotente, el dolor que “duele” todavía por no haber tenido el alivio de llorar ante una tumba, no nos hace más fuertes, más considerados, más humanos, de nada han servido tantas muertes y tanto dolor y estamos traicionando a nuestros seres queridos. Si aceptamos que alguien,

Presidente multado A raíz de los últimos sucesos de dominio público recordé una ejemplar anécdota leída hace muchos años en la revista Todo es Historia, que fue creada y dirigida por Félix Luna. El doctor Marcelo Torcuato de Alvear, en esos momentos presidente de la Nación, era muy entusiasta del automovilismo. Habiendo recibido un vehículo de su preferencia, salió a probar las cualidades mecánicas del automóvil. Enfiló hacia la avenida Costanera y comenzó a acelerar, circunstancia en que fue detenido por un agente de tránsito, quien comenzó a labrar el acta por exceso de velocidad. Cuando le pidió su registro de conductor, constató de quién se trataba y pasado el momento de estupor, lo miró y siguió escribiendo bajo la mirada respetuosa del automovilista. El agente labró el acta de infracción que ya había iniciado. Días después, el agente fue citado y se presentó en la Casa de Gobierno, donde el Presidente lo hizo pasar a su despacho y lo saludó con un “buen día, mi cabo”. El policía le aclaró: “Soy agente”, y Alvear sentenció: “Desde hoy usted es «mi cabo», pues recién he firmado el decreto en el que recomiendo su ascenso. Usted cumplió con su deber”. Son gestos de los que está llena nuestra historia, y que eran vividos con la naturalidad propia de un país donde la educación era valorada y la Constitución, respetada. Dr. Bernardo Ficher

DNI 4.473.233

Ya elegí Qué distinto es el Juan Cabandié de los spots publicitarios al de los videos subidos a las redes sociales esta última semana. Qué diferente es el Juan Cabandié que promete trabajo, pero pide un “correctivo” para una inspectora municipal que cumple con su labor. El que pide elegir el respeto, pero maltrata a efectivos en la vía pública. El que busca igualar las posibilidades, pero abusa de su poder para salirse con la suya. El que demanda elegir a los que más necesitan, pero no tiene en cuenta a trabajadores que acatan la ley. El que manifiesta que la Patria es el otro, pero eligió actuar impunemente. Juan Cabandié, yo te iba a votar. Pero en la vida hay que elegir, y hoy elijo no elegirte.

con autoridad, en nombre de los desaparecidos se crea con derechos de humillar, amenazar, privar del noble derecho de trabajar y cumplir con responsabilidad ese trabajo, creo que todo ha sido en vano. Nosotros, los familiares de desaparecidos, tenemos más obligación que nadie de colocar, desde nuestro lugar, por humilde que sea, nuestro granito de arena para el progreso de paz de nuestra Patria. Recordemos sin rencor, trabajemos por un futuro mejor.

Olga Carranza

DNI 3.553.543

bien, violar una ley es delito. ¿Tan difícil es entenderlo?

Marcelo A. Cancelliere [email protected]

Consecuencia Según muchas encuestas, parecería ser que la inseguridad es una prioridad, más allá de la corrupción. Pero deberíamos considerar la posibilidad de que lo primero puede ser una consecuencia de lo segundo. Según este razonamiento, un gobierno corrupto no puede brindar seguridad, porque vive en parte del producto del delito, y combatir la inseguridad cercenaría una fuente de ingresos. En tal caso, deberíamos votar a gobiernos que sean ante todo honestos, y la seguridad será una consecuencia natural. Pretender no ocuparse de la corrupción y combatir la inseguridad podría ser un contrasentido. Ernesto Lacalle

DNI 13.433.451

Servicio penitenciario El artículo que trata sobre el penoso estado de las instalaciones de la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona en el Palacio de Justicia, me ha hecho reflexionar, una vez más, sobre la manera en que este gobierno –y no únicamente este gobierno– puede administrar de manera sensata los fondos públicos. ¿Cómo puede ser que se destinen cifras siderales para programas como, por ejemplo, Fútbol para Todos, mientras que el citado artículo desnuda las inhumanas condiciones en las que deben subsistir los reclusos? Comulgo con la idea de que un criminal debe cumplir con una condena, pero si nos ponemos a analizar el actual sistema penitenciario, nos daremos cuenta de que, a la larga, no contribuye con solución alguna. No podemos pretender que un recluso se “readapte” y “reinserte” a la sociedad si se encuentra confinado en un lugar ni siquiera

En la Red Drogas y viajes estudiantiles Facebook

Paz González-Cutre

DNI 35.367.157

apto para animales. Pensemos en los reclusos, en su futuro, en sus familias y en el tipo de sociedad que queremos. Los derechos humanos deben ser para todos. Luis Andrés Abbiati [email protected]

Traslado de presos Semanas atrás fue cerrado el penal de Campo de Mayo, bajo la presunción de posibles fugas, fugas que nunca ocurrieron, en todo el tiempo que funcionó como tal. Los militares allí detenidos fueron trasladados al penal de Marcos Paz, que, como se sabe, es de máxima seguridad. Por tal motivo, desalojaron un pabellón completo, pabellón que albergaba a no menos de 30 personas. Yo me pregunto: ¿adónde fueron llevados los presos de máxima peligrosidad?; ¿a otros penales?; ¿se sabe que el sistema carcelario, en el país, está colapsado, o les concedieron la gracia del arresto domiciliario?; ¿o están libres para participar de comparsas o actos oficialistas, al mejor estilo de la “era Hortel”? ¿Alguien lo sabe o le preocupa? Sería bueno, también, que la comisión que inspeccionó la cárcel de Ezeiza hiciera lo mismo en los pabellones de Marcos Paz o en el hospital de la misma localidad, donde están alojados los militares. Sin duda, se encontrarían con situaciones similares, en especial, en los dos últimos pabellones, habilitados para ellos, que fueron destruidos por los presos comunes, antes de su traslado. Sería bueno también que el informe se hiciera público, como en el caso anterior. Todos tenemos derecho a saberlo, para eso pagamos nuestros impuestos, y para saber si nos tenemos que armar, como nos aconsejó “el sheriff Granados”. Aída Ferello de Souto

DNI 5.655.650

Metrobus en Cabildo Según la información difundida por distintos medios, el gobierno de la ciudad está proyectando un Metrobus sobre la avenida Cabildo, lo cual me alegra sobremanera, ya que yo la recorro diariamente. Pero creo que el recorrido previsto está equivocado, ya que la mayor necesidad está entre Plaza Italia y Congreso y no entre Congreso y Puente Saavedra, donde el tránsito es totalmente fluido y sin inconvenientes. Espero que las autoridades lo evalúen y tomen la decisión correcta. Miguel Waiman

Aborto

DNI 5.782.247

En el debate televisivo, Daniel Filmus anunció que presentará un proyecto para legalizar lo que denomina eufemísticamente “interrupción voluntaria del embarazo”. En el lenguaje puro y duro de la calle, Filmus es abortista. En el lenguaje de Cabandié, se trata de un correctivo para los bebes por nacer.

Bus turístico

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Detenida en Rusia A propósito de la detención de Camila Speziale en Rusia, de la que tanto se ha hablado y escrito estas últimas semanas, quiero manifestar en primer lugar mi respeto por una persona joven que tiene ideales y está dispuesta a luchar por ellos, aun a costa de su propia integridad. Pero también pienso en lo equívoco del método utilizado. El tomar por asalto una plataforma petrolera en alta mar es una cuestión muy seria y es correcto que los Estados sean muy duros con acciones de ese tipo. ¿Qué es lo que ha llevado a los jóvenes (y a algunos no tan jóvenes) a pensar que está bien manifestar su opinión y protestar, contraviniendo las leyes establecidas que ordenan la sociedad y facilitan la convivencia? Protestar y manifestarse está

“Yo me pregunto qué padre querrá ahora que sus hijos hagan el viaje” Silvia Luján Giménez Añaños

“En todos los niveles sociales se utilizan a los jóvenes para diferentes propósitos, y los papás ni cuenta se dan” Mónica Molina

“Que alguien investigue esto. Nuestros hijos ya tienen contratados los viajes de egresados. ¿Qué tranquilidad podemos tener los padres?” Beatriz Micieli

“¿Recién se dieron cuenta? Esto es tan viejo casi como los viajes de egresados, por eso no me gustan este tipo de viajes. Siempre se dijo, pero nadie hacía nada” Liliana C. Dommel Bobbiesi

El sábado 12 del actual hice el recorrido en el bus turístico. Aboné en el centro de información turística de plaza San Martín, donde me informaron que en el bus me darían un plano del recorrido. Al subir comenzó la decepción, ya que al no poder transitar por las calles establecidas por un corte, el audio no coincidía con lo que se veía, o la explicación se oía cuando ya los lugares los habíamos dejado atrás. Me dirigí a la guía de a bordo primero para pedirle el folleto del circuito no entregado al subir y comentarle la falta de coordinación entre el audio y el trayecto realizado; su respuesta fue que debido al corte no lo podían sincronizar. Pensé: “¡Pobres los turistas que me acompañan! (había de diferentes países)... ¿qué pueden conocer de Buenos Aires si la información está equivocada?”. No sé cómo se deberá solucionar el tema, pero tal vez sería mejor que la guía informara sobre lo que está sucediendo. Fue una experiencia que, pudiendo ser enriquecedora, dejó un saldo lamentable, ya que no se pudo ni afirmar conocimientos ni ampliarlos sobre una ciudad tan bella para conocer. Graciela de Gogeascoechea

DNI 13.108.666