Hidroeléctricas en la Amazonía y dos graves delitos de la Justicia: omisión e indulgencia En el día internacional de los Derechos Humanos exigimos que se haga JUSTICIA YA en los casos de Belo Monte, Teles Pires y Tapajós Publicado el 8 de diciembre de 2013 Omisión: Falta de acción en el cumplimiento del deber Negligencia: Tolerancia con lo que es ilícito o prohibido “Nosotros, indígenas Juruna de la comunidad Paquiçamba, estamos preocupados por la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte, porque quedaremos sin medios de transporte, pues el lugar donde vivimos será perjudicado, porque el agua del río disminuirá, igual que la caza, van a aumentar las plagas de mosquitos con la baja del Río, aumentando la malaria. También la selva va a resentirse mucho con el problema de la sequía y con el cambio del curso de los ríos y arroyos (…)” Fragmento de la carta enviada al MPF, Altamira, 2000 El 15 de mayo de 2001, el Ministerio Público Federal (MPF) de Pará presentó la primera Acción Civil Pública (ACP) contra la represa hidroeléctrica Belo Monte en respuesta a una carta de los indígenas Juruna, en la cual relataban su extrema preocupación por los rumores de que el gobierno federal retomaría el mega proyecto de represamiento del río Xingú en la región de Altamira, Pará. Más de 13 años después, la población del Xingú está experimentando el hecho de cómo sus peores pesadillas se convierten en una realidad. Las sombrías predicciones de la primera ACP del MPF también van concretándose, y hoy ya son 20 las acciones interpuestas por este órgano por las innumerables violaciones de la legislación ambiental y los derechos humanos de pueblos indígenas, ribereños, pescadores, agricultores y habitantes de las ciudades impactadas por la represa, consagrados en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los cuales Brasil es parte. Belo Monte, cuyos sitios de obras siguen expandiéndose en lo que antes era territorio de los pueblos del Xingú, se ha convertido en un símbolo nacional e internacional de una locura pública-privada de desarrollismo que destruyó todo lo que estaba en su camino bajo el supuesto de crecimiento económico. Supuesto, pues el crecimiento de un 4% a 5% del PIB con el cual se alardeaba, y el que orientó el Plan Decenal de Energía en el 2012, en 2013 bajó a 2,5%, y de acuerdo con los pronósticos de agencias especializadas, en 2014 debe ser aún menor. Hoy 10 de diciembre, en el que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, es esencial que la cuenta de los crímenes cometidos por el gobierno federal y sus socios privados en Belo Monte sean presentados de nuevo al país. Especialmente, es esencial que se tenga

claridad de que gran parte de estos han sido documentados, analizados y denunciados ante la justicia, que silenciosa e indulgentemente, ha permitido que sigan en la impunidad, se repitan y profundicen una y otra vez. Si solo tomamos las últimas acciones civiles públicas del MPF iniciadas entre finales del 2012 y la actualidad, se observan absurdas actuaciones por el Consorcio Norte Energia S.A. (NESA, liderado por el Grupo Eletrobrás) como el incumplimiento del 40% de las condiciones del licenciamiento ambiental del proyecto; información falsa del empresario a Ibama; error en la medición de la cota 100, debajo de la cual habrá inundación de área urbana de Altamira, y ausencia de registro de los afectados; violaciones de la licencia ambiental y un nuevo incumplimiento de los condiciones; negativa del empresario de cumplir su obligación de comprar tierras para los pueblos indígenas Juruna de la aldea Buena Vista, con daños graves, desintegración y riesgo para la supervivencia de la comunidad; impactos sobre los indígenas Xikrin habitantes del río Bacajá; irregularidades en las obras de reasentamiento de los habitantes de Altamira que serán afectados por las inundaciones, modificación de los proyectos originales sin consentimiento de los afectados; violación de las construcciones del código de obras de la ciudad, y muchas más. Varias acciones obtuvieron medidas preventivas favorables que fueron posteriormente revocadas sin hacer un análisis de mérito, a través de la aplicación de la Suspensão de Segurança, instrumento creado por la dictadura militar y generosamente aplicado por presidentes del Tribunal Regional Federal de la primera Región (TRF1). La mayoría de las acciones están esperando en los cajones para ser falladas en primera instancia, y otras tantas por el TRF1. Una acción en especial, presentada por el MPF en 2006 y que exige al Estado el respeto de la Constitución en relación con el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en casos de proyectos que impacten sus tierras (audiencias indígenas, artículo 231 de la CF), aún se encuentra pendiente de ser fallada por el Supremo Tribunal Federal. También, en noviembre de 2012, el Movimiento Xingú Vivo y sus aliados solicitaron a la presidencia del STF una audiencia sobre el caso, solicitud reforzada en abril de 2013 por el obispo de la Prelatura del Xingú, Don Erwin Kräutler, y nuevamente presentada ante el Supremo por Xingú Vivo y sus socios el 4 de diciembre del presente año. Decenas de otras acciones de agricultores, pescadores, ribereños y habitantes de Altamira siguen suspendidas en la subsección judicial de la ciudad, mientras se acumulan historias de vida destrozadas, miserias y sufrimientos. Lejos de condolecerse con esta situación, para reprimir las protestas de los afectados y de los operarios de la represa, el gobierno federal envió la Fuerza Nacional de Seguridad a Belo Monte, que actualmente actúa como guardia privada de los empresarios de la hidroeléctrica. Un modus operandi similar ha sido adoptado por los complejos hidroeléctricos de la cuenca del Tapajós, donde se prevé la construcción de tres grandes represas en éste río y sus afluentes, cuatro represas en el río Jamanxim, cinco en Teles Pires, y 17 en Juruena (además de 80 pequeñas centrales hidroeléctricas (PCHs) en colisión directa con tierras indígenas, territorios ribereños y unidades conservación).

La ofensiva del gobierno federal que evidencian los proyectos de la cuenca del Tapajós van en la misma dirección de Belo Monte: decisiones políticas sin consultar a los pueblos indígenas y sin análisis de los impactos acumulativos, violando la legislación brasilera y normas internacionales, incluyendo la Constitución y el Convenio 169 de la OIT; los abusos y presión sobre los órganos de licenciamiento (FUNAI, IBAMA, IPHAN); y la represión e intentos de cooptación de los movimientos de resistencia, especialmente los Munduruku y Kayabi. La hidroeléctrica Teles Pires que se encuentra en construcción en el río del mismo nombre, fue objeto de dos ACP del MPF, alegando graves violaciones a derechos y fallas en el Estudio de Componente Indígena. En septiembre de este año el TRF1 decidió paralizar las obras, sin embargo, una vez más y a pedido de la Abogacía General de la Unión AGU, el presidente del STF aplicó la Suspensão de Segurança, aduciendo “daño grave al orden económico”, y permitiendo retomar las obras en detrimento de los derechos humanos fundamentales. También en el río Teles Pires, el sector eléctrico propuso la construcción de la represa hidroeléctrica São Manoel, que quedaría a pocos metros del límite de la tierra indígena Kayabi. Con la licencia suspendida temporalmente en 2011 tras las protestas de los indígenas Munduruku, Kayabi e Apiaká, el proyecto fue retomado después de fuertes presiones sobre el poder judicial, el Ibama y la Funai por parte de la Empresa de Investigación Energética (EPE). De acuerdo con el Estudio de Componente Indígena (incompleto), los impactos de la represa sobre los pueblos indígenas son tan graves que la vuelven inviable, posición sostenida por la Funai hasta noviembre de este año. Extrañamente, sin resolver los problemas señalados por sus técnicos, el 27 de noviembre la presidencia de ésta entidad cambió de posición a través de un oficio ambiguo dirigido al Ibama. Dos días después, salió la Licencia Previa del proyecto para ser licitada por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) el 13 de diciembre. Ahora en el río Tapajós, el gobierno creó una nueva operación de guerra para viabilizar los estudios de las represas São Luiz do Tapajós y Jatobá. Así, como en Belo Monte, envió a la región su brazo armado, la Fuerza Nacional de Seguridad, con el fin de controlar la resistencia de los Munduruku que no aceptan el proyecto sobre el que nunca fueron consultados y que afecta directamente sus territorios y modos de vida. Paralelamente, el gobierno federal disminuyó inconstitucionalmente, por medio de una Medida Provisional, más de 75 mil hectáreas de cinco Unidades de Conservación para permitir la construcción de las represas de São Luis do Tapajós y Jatobá. La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) de la Procuraduría General de la República relacionada con estos crímenes, permanece sin ser examinada por la justicia ni el STF desde febrero de 2012. Finalmente, cabe resaltar que la construcción de las hidroeléctricas de la Amazonía han sido beneficiarias de generosos financiamientos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y otros bancos públicos, que utilizan el dinero de los contribuyentes brasileños, sin un mínimo de transparencia sobre criterios de análisis de riesgo y de la viabilidad socioambiental y económica y del riesgo de los proyectos, ni mecanismos efectivos para garantizar el respeto de los derechos de las poblaciones afectadas y otras obligaciones socioambientales de los empresarios, teniendo además una baja aplicación de sanciones por el Ibama (autoridad ambiental).

Solicitudes Por todo lo anterior, consideramos una vergüenza y un desafío ante el mundo que estemos siendo obligados a vivir estos ataques a los derechos humanos, la dignidad de la persona humana y las instituciones democráticas, haciéndonos revivir el periodo sombrío de la dictadura militar. Exhortamos al país a unirse para exigir JUSTICIA YA para los afectados de Belo Monte y los proyectos de la cuenca del Tapajós. Exigimos: - Que todas las instancias de la Justicia cumplan su papel y juzguen con celeridad e idoneidad el fondo de todas las acciones relativas a los proyectos hidroeléctricos en la Amazonía, subsanando los incumplimientos de la Constitución, la legislación ambiental y el Convenio 169 de la OIT. - Específicamente en relación con Belo Monte, que el STF juzgue el mérito de la ACP sobre las audiencias indígenas y garantice su derecho constitucional de consulta por parte del Congreso Nacional. - Lo mismo debe aplicarse a los proyectos hidroeléctricos del río Tapajós, Teles Pires y Juruena: que los indígenas sean consultados con poder de veto, sobre la construcción de las hidroeléctricas planeadas. - En relación con la represa São Manoel, que sea retirada de la licitación de energía A-5 de 13/12/2013 y el proceso de licenciamiento sea cancelado hasta la decisión de las acciones del MPF. Y, en especial, que no se lleve a cabo ninguna acción para la implementación de las represas antes de la realización de la consulta a los pueblos Kayabi, Munduruku y Apiaká. - En relación con la represa Teles Pires, que la Suspensão de Segurança del presidente en ejercicio que permitió retomar las obras sea revisada por el Supremo. - Que el STF juzgue la Acción Directa de Inconstitucionalidad 4717 sobre la desafectación ilegal de las Unidades de Conservación de la cuenta del Tapajós. - Que sea erradicada definitivamente del ordenamiento jurídico nacional la legislación sobre Suspensão de Segurança. - Que sea decretada una moratoria al licenciamiento y construcción de represas en la región amazónica, hasta que se lleven a cabo estudios sobre los impactos acumulativos en el nivel de la cuenca hidrográfica, y los procedimientos de consulta y consentimiento libre, previo, e informado conforme a la Constitución brasilera y el Convenio 169 de la OIT.

BELO MONTE, JUSTICIA YA! TELES PIRES, JUSTICIA YA! TAPAJÓS, JUSTICIA YA! Altamira, Alta Floresta e Itaituba, 10 de diciembre de 2013