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EM, julio-agosto de 2013

Francisco Fonseca - Director de la Comisión Europea en España

“La exigencia de estabilidad de las finanzas públicas no la dicta Bruselas, sino la realidad”

A. Vila / EM

-La Comisión Europea realizó una serie de recomendaciones a algunos países para que reduzcan el déficit público. En el caso concreto de España, se instaba a regular el factor de sostenibilidad este año y a aumentar la edad de jubilación. En el primer punto ya trabaja e l G o b i e r n o , p e ro p o r ahora se descarta una jubilación más allá de los 67 años. ¿La nueva reforma de las pensiones será entonces insuficiente a ojos de Europa? Mantener un sistema de pensiones público, con un nivel de gasto sostenible, que el Estado pueda asumir a largo plazo, es el objetivo que persigue la Comisión. Es un reto para todos los países de la Unión Europea. Y la viabilidad a largo plazo de un sistema de pensiones público sólo se puede conseguir con solucio-

nes de largo plazo. Estamos ante un hecho demográfico inalterable. La población europea, y en especial la española, envejece. Por suerte vivimos más años, y eso implica que se altera el equilibrio entre población ocupada y los jubilados. Una consecuencia lógica es que se tenga que trabajar más años. O eso, o hace falta mucha más gente trabajando. Pero aunque reduzcamos el paro, el equilibrio entre jubilados y activos se está alterando de forma inexorable, por factores demográficos. Es cierto que el problema se agrava en España por la situación económica y el creciente desequilibrio entre población activa y el número de gente jubilada. Hay 3,3 millones de cotizantes menos desde 2007 y 700.000 pensionistas más... España ha hecho una reforma ya muy ambiciosa en el 2011, como otros países europeos antes y como otros,

por ejemplo Francia, que están empezando a hacerlo ahora. Me parece, en todo caso, muy pertinente que se busque el consenso máximo para hacer esta reforma. Pero, sobre todo, se tiene que conseguir el resultado final, que es mantener un sistema de pensiones públicas viable a largo plazo. -El Plan Nacional de Reformas 2013, que el Gobierno envió a Bruselas, incluye importantes recortes relacionados con el Estado de Bienestar, como dependencia y sistema sanitario. ¿La necesidad de reducir el déficit pondría en peligro las políticas sociales? La Comisión Europea es consciente de los tremendos esfuerzos que hace el pueblo español en estos momentos. Pero la exigencia de estabilidad de las finanzas públicas no la dicta Bruselas, sino la realidad. ¿Está en el interés de las generaciones futuras

seguir acumulando más deuda? Con el estallido de la burbuja se han esfumado una parte significativa de las recetas fiscales. Mientras no vuelva a crecer la economía, hay que adaptar nuestro nivel de gasto a esta nueva realidad, aunque haya que hacerlo de manera que no afecte al crecimiento económico. Por eso, España ha obtenido un plazo suplementario de dos años para adecuar su nivel de gasto. España ha hecho ya grandes esfuerzos en este sentido, pero si nos centramos sólo en recortar los gastos, no volveremos a crecer. La Comisión Europea, desde el inicio de la crisis, ha dicho que la única manera de recuperar la senda del crecimiento es con reformas en la economía. Por ejemplo, haciendo que las empresas puedan invertir más fácilmente, que tengan menos dificultades a la hora de vender sus productos, y así puedan crear

empleo. Si volvemos a crecer, llegarán más recetas fiscales, y podremos dedicar una parte de este dinero al gasto social, y otra a la inversión. Éste tiene que ser nuestro objetivo: volver a crecer económicamente. Tampoco se tiene que recortar de cualquier manera. A la hora de equilibrar las finanzas públicas, se tienen que respetar las partidas de gasto que ayudan a crecer, como la inversión en investigación, en educación y en servicios de empleo, siempre buscando que sea un gasto eficaz. El gasto social también puede ser una inversión rentable. La Garantía Juvenil (que todos los jóvenes reciban una formación o un trabajo- aunque sean prácticasa los cuatro meses de quedarse en el paro) que acaba de adoptar la UE es un ejemplo de inversión social rentable. Tiene un coste elevado, pero es mejor invertir en formación que pagar ayudas

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sociales sin dar una perspectiva de incorporación al mercado laboral. El paquete de inversión social presentado por la Comisión en enero demuestra, con cifras y casos reales, que algunos países europeos, gastando menos por habitante, son más eficaces la hora de reducir la pobreza y dar empleo a la sociedad. Por eso digo que España tiene margen para gastar mejor e invertir de manera más eficaz en el capital social, por ejemplo creando un nuevo sistema de FP “dual”, como en Alemania (los chicos que cursan un FP pasan la mitad del tiempo en la empresa). O mejorando la eficacia de los sistemas de colocación, haciendo que sea más fácil enterarse de las ofertas de trabajo en otras comunidades. -Aunque el Ejecutivo lo niega, es un argumento recurrente entre la opinión pública que el Gobierno actúa al dictado de Bruselas, el BCE y el FMI. ¿Qué valoración hace usted de esta afirmación? No puedo estar de acuerdo. No es que el Ejecutivo lo niegue, es que no corresponde a la realidad. La zona euro es como un edificio en copropiedad, lo que hace un vecino en su vivienda afecta a la vivienda de otro. Las decisiones las tenemos que tomar juntos porque, si no, nos acaba perjudicando a todos Por tanto, cuando el Gobierno actúa, lo hace de acuerdo con el resto de los gobiernos de la Unión y de la zona euro. Se trata de una soberanía compartida, en el ejercicio de la cual tenemos que aceptar algunas de las exigencias de los otros, aunque no todas. Y ellos tienen que entender las nuestras, cuando son válidas. Los gobiernos tienen que hacer ejercicio de responsabilidad. No pueden tomar decisiones en contra del interés de sus socios porque, al final, va en su propio interés. -En junio se celebraron marchas ciudadanas en 80 ciudades europeas -muchas españolas- para protestar contra las políticas de austeridad impuestas por la troika, y en algunos países como Italia o Gran Bretaña los movimientos a favor de abandonar la UE empiezan a ganar apoyo social. ¿Le preocupa que se extienda entre la ciudadanía este clima de rechazo hacia la UE y, en particular, hacia la Comisión? La UE ha conseguido en los últimos cuatro años dar pasos que eran inimaginables hace poco. Como, por ejemplo, crear un mecanismo de estabilidad dotado de medio billón de euros para poder rescatar a países que se quedan sin liquidez. También estamos a

punto de crear una Unión Bancaria Europea, con un solo sistema bancario que eliminará las debilidades de los sistemas nacionales actuales. Sin embargo, es verdad que la confianza en las instituciones está cayendo dramáticamente y muchos se quieren aprovechar de esto para hacernos entrar en debates estériles. Hay mucho falso profeta, y nos preocupa especialmente el auge de los populismos que ofrecen espejismos en busca de algún votante. Observamos, s o b re t o d o , u n a pérdida de confianza en los políticos: son ellos, y no solamente a nivel de la Unión, los que deben dar respuestas concretas a los ciudadanos. Dicho esto, hay que poner esto en perspectiva: los sondeos del Eurobarómetro indican que los ciudadanos siguen confiando más en la Unión Europea que en sus instituciones nacionales. O que sólo un 30% piensan que estaríamos mejor fuera de la UE. Los españoles siguen viendo la Unión Europea como el actor más eficaz, por delante de los gobiernos nacionales, para resolver los efectos de la crisis. -En este contexto, ¿el hecho de que en 2013 se celebre el Año Europeo de la Ciudadanía es una oportunidad para reforzar los valores de la pertenencia a la UE? Europa no es sólo el mercado único, la crisis o el euro. Está compuesta de ciudadanos, y tenemos que resolver sus problemas. Por ejemplo, el derecho a la movilidad en Europa es una de las señas de identidad de la UE, pero los ciudadanos siguen encontrando enormes trabas al ejercer este derecho. Por eso, aprovechando el Año Europeo, hemos presentado un conjunto de medidas destinadas a incentivar el salto de un país a otro. Eso reforzará los valores de la Unión Europea. También se trata de luchar contra el desempleo. Aparte de las respuestas económicas que estamos aportando, tenemos que hacer cosas concretas de inmediato, para mejorar la vida de los ciudadanos. Las once medidas que proponemos para facilitar la búsqueda de un empleo en el extranjero o facilitar la movilidad en Europa buscan eso. Lo paradójico

“España tiene margen para gastar mejor e invertir de manera más eficaz en el capital social” “La confianza en las instituciones cae dramáticamente y muchos se quieren aprovechar de esto para hacernos entrar en debates estériles”

es que muchas medidas ya existen sobre papel, pero muchos estados se resisten a aplicarlas. Como asegurar, por ejemplo, que una persona que busca un empleo en el extranjero pueda cobrar el paro durante seis meses. Arreglar la economía es fundamental pero para recuperar el apego de los ciudadanos por Europa también es n e c e s a r i o re s o l v e r e s t a s cuestiones. -¿Qué acciones está desarrollando la Representación Española de la Comisión Europea en el marco de esta conmemoración? Nuestro papel es facilitar el diálogo entre los ciudadanos y los políticos sobre Europa. Nuestro objetivo fundamental, a corto plazo, es explicar a los ciudadanos españoles la importancia de las próximas elecciones del Parlamento Europeo en mayo de 2014. Queremos que entiendan la importancia de este voto, pero también que entiendan que yendo a votar pueden cambiar el rumbo de la política europea. El Parla-

mento Europeo nunca ha tenido tanto poder, y además ahora el candidato del grupo político más votado (hay varios grupos que abarcan todo el espectro político) será nombrado presidente de la Comisión. Cada voto contará para fijar el rumbo de la Unión. En estas tareas contamos con la ayuda de todo tipo de asociaciones y administraciones, en particular los 49 centros Europe Direct que ofrecen información a nivel local. Con ellos organizamos debates con políticos locales y europeos, por ejemplo diputados del Parlamento Europeo, o comisarios europeos. -El año pasado se celebró el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. ¿Qué balance realiza de la celebración? ¿Ha servido para poner en las agendas políticas la urgencia de adoptar medidas que favorezcan la inclusión de las personas mayores como agentes activos en la sociedad?

Por supuesto, no podemos seguir desaprovechando el potencial que representan las personas mayores. Hoy en día ponemos mucho énfasis en los jóvenes y en el paro juvenil, pero también nos tenemos que preocupar de las p e r s o n a s m a y o re s d e 5 0 años con menor acceso al mercado del trabajo... Pongo otro ejemplo: la reforma del sistema de pensiones en Alemania, que acabó fijando la edad de jubilación a los 67 años, incluyó una negociación con los sindicatos sobre las condiciones laborales de las personas mayores. Es verdad que vivimos más años, pero un obrero de 60 no puede hacer las mismas cosas que un chico de 25, aunque eso no quiere decir que sea menos productivo. Por tanto, tenemos que replantearnos el modelo productivo. También tenemos que aprovechar la fuente de talento y experiencia que representa la gente mayor. Hace meses se aprobó una reforma de la formación profesional para introducir la formación profesional “dual”. Los jóvenes se formarán en la empresa pero necesitarán tutores, trabajadores experimentados que les formen. Hay que plantearse el papel de los trabajadores “senior” y de los mayores en la sociedad. La formación permanente y las actividades de ocio “inteligentes” son fuentes de salud, y eso traerá beneficios para todos. -¿Los países miembro de la Unión deberían seguir profundizando en esto? Estoy satisfecho de que se haya puesto este tema en el debate público, pero creo que los efectos sólo se verán a largo plazo. Desde luego es un tema que ha servido para que la misma Comisión se replantee muchas de sus políticas, en materia de empleo, de sanidad o de educación. Espero que todos los estados hagan lo mismo.