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POLITICA

I

Martes 23 de agosto de 2011

EL USO DE FONDOS PUBLICOSs CONTRATACION DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

El Gobierno realizó una polémica compra Adquirió equipamiento para la Policía Federal por US$ 42 millones sin licitación; la intención era mejorar la seguridad en la ciudad HERNAN CAPPIELLO LA NACION La compra de 200 “patrulleros inteligentes” para la Policía Federal y la provisión, instalación y mantenimiento de 1200 cámaras de video para monitorear desde un centro de comando computarizado la ciudad de Buenos Aires, que realizó la Casa Rosada y que costó 42 millones de dólares, fue realizada sin licitación pública y al apuro de las elecciones, con la intención de dar un golpe de efecto sobre la ciudadanía. Además, los costos de algunos de los elementos difieren de los precios que se obtienen en el mercado por aparatos que brindan similares prestaciones. Así se desprende de los documentos de la contratación a los que accedió LA NACION. El plan supondrá una superposición con las 1164 cámaras que ya opera el gobierno porteño e implica duplicar redes de telecomunicación. La Nación y la ciudad no coordinaron la puesta en marcha del programa que se desplegará en las calles porteñas (ver aparte). Las negociaciones comenzaron cuando el gobierno le requirió a Israel que le indicara qué empresas de ese país podrían proveer el sistema que quería instalar en la vía pública. Los israelíes invitaron a tres compañías: Israel Aeroespace Industries, Mer Systems y Ness A. T. Ltd. En abril, funcionarios de la Casa Rosada tuvieron reuniones con las empresas en las que les expresaron “la urgente necesidad del ministerio de tener el proyecto en funcionamiento a corto plazo”, según fuentes que participaron de las conversaciones. El lunes 2 de mayo, Israel Aeroespace Industries y Mer Systems presentaron sus propuestas. Ness A. T. Ltd. lo hizo el jueves 5 de mayo. Triunfó Mer Systems, porque la propuesta de Israel Aeroespace incluía sólo el equipamiento de los patrulleros y no redes de telecomunicaciones. Además estimaba entregar todo en cuatro meses y no había presentado oferta económica. Las propuestas de Mer y de Ness siguieron en carrera. Esta última es la que implementó el 911 en Nueva York, pero sus costos fueron superiores a los de su competidora. En el Ministerio de Seguridad optaron por Mer Systems, no sólo por sus precios, sino porque ya había instalado centros de monitoreo para los Juegos Olímpicos de Atenas, la ciudad de Río de Janeiro y Jerusalén. Además, tienen oficinas en Buenos Aires. El proyecto argentino es el más grande de los que realizó. En junio, el Ministerio de Se-

PLAN “CIUDAD SEGURA” COSTO TOTAL US$ 41.950.075

PLAZOS Primera etapa: 75 días Segunda etapa 120 días

Tecnología de punta Tiene tres cámaras externas con una cobertura de 360° para captar imágenes.

El gobierno nacional contrató, sin licitación, la provisión, instalación y mantenimiento de un sistema de seguridad que consiste en 200 patrulleros inteligentes y 1200 cámaras fijas y móviles. PROVEEDOR El contrato se firmó el 16 de junio, debería estar todo entregado para las elecciones de octubre.

Modelo

Las cámaras

Corsa classic

la seguridad de las Olimpiadas de Atenas, de la ciudad de Río de Janeiro y de Jerusalén.

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EMPRESAS ISRAELIES

Mer Systems: una empresa israelí que ya realizó

INVITADAS A OFERTAR Israel Aeroespace Industries Mer Systems Ness A.T. Ltd.

DOMO

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Macri no fue consultado por los planes de la Nación Ausencia de una labor unificada contra el delito PABLO TOMINO LA NACION

COMO OPERAN PERAN 1

Registro tro de patentes La cámara mara tipo domo con giro anente fotografía las patentes permanente hículos hasta una distancia de de vehículos 100 metros.

2 Almacenamiento de datos La información captada por la cámara es almacenada por un dispositivo dentro del patrullero y se coteja con la del banco de datos de vehículos que poseen pedido de secuestro.

3 Centro de operaciones de la policía El software del patrullero está conectado con la central, donde se controla mediante un sistema de monitoreo toda la información que envían Ha sta 100 los patrulleros.

Están equipados con una consola que les permiten acceder a bases de datos de personas, vehículos robados y reincidencia criminal, y compartir entre ellos mensajes y videos.

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LA NACION

guridad, a cargo de Nilda Garré, suscribió un contrato con Mer Systems para proveer los patrulleros, las cámaras, instalar el centro de control, montar una red de fibra óptica en la ciudad y, además, una red de banda ancha de largo alcance. Todo esto para transmitir online las imágenes captadas por los patrulleros. Desde los móviles se pueden escanear las patentes de los autos y compararlas con bases de datos de vehículos robados. Además de la compra de los elementos, se contrató su mantenimiento. La compra se realizó mediante un convenio específico firmado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa de Israel para la provisión, la instalación y el mantenimiento del sistema conocido en ese acuerdo como Safe City

o Ciudad Segura, la marca con la que la empresa Mer Systems vende el combo tecnológico. El acuerdo estableció que Mer Systems iba a ser el proveedor, y el contrato firmado fue por 41.950.075 dólares, de acuerdo con los documentos en poder de LA NACION. Los pagos se realizarían a través del Banco de Nueva York. LA NACION intentó conocer las razones de por qué se eligió esta forma de contratación, pero los voceros de Garré no respondieron las consultas efectuadas por teléfono, mail y por SMS.

Modalidad Expertos de las ONG dedicadas a las compras públicas transparentes y fiscales dedicados a la investigación de casos de corrupción explicaron

a LA NACION que no es ilegal esta manera de contratación, aunque destacaron que lo habitual es llamar a una licitación internacional para obtener un mejor precio. Otros expertos en seguridad dijeron que la compra puede pecar de “apresurada” porque no se evaluó complementar lo nuevo, con lo que la Policía Federal tiene en funcionamiento. Tampoco se evaluó cómo coordinarlo con las cámaras que sirven al gobierno porteño. El contrato fue firmado en Israel el 16 de junio por Gustavo Sibilia, a cargo del la secretaría de Planificación del ministerio, en representación de Garre, el mismo que intercambió mails con Ron Noyman, ejecutivo de Mer, durante las negociaciones. La propuesta comercial de Mer Systems, luego ampliada a pedido

del Gobierno, señala: “El mensaje a transmitir, desde un principio, para influenciar en la percepción del cambio [es] que permitirá asegurar la tranquilidad y la paz de la población de la ciudad de Buenos Aires”. Promete Mer en su propuesta de venta: “Obtener un fuerte impacto sobre eventos políticos (elecciones) [los paréntesis son del texto original], cumbres internacionales, eventos deportivos, importantes fiestas religiosas” y “ayudar en la definición de objetivos y parámetros a influenciar en la mejora de la percepción pública”. Otra ventaja eran los plazos de entrega: 75 días para los patrulleros y cámaras y 120 para la instalación completa de las redes. La idea era tener todo el equipo funcionando antes de las elecciones de octubre.

Llamativa diferencia en la lista de precios Algunos elementos presupuestados para la Policía difieren del valor que ofrece el mercado Los precios de los equipos contratados por el Gobierno llaman la atención si se los coteja con otros existentes en el mercado y con compras anteriores realizadas por otras fuerzas de seguridad. Por ejemplo, se compraron 200 patrulleros inteligentes equipados con cámaras y un servidor de video para transmitir las imágenes online desde el vehículo: se pagaron 18.300 dólares por cada uno. El sistema videgateway tiene un costo unitario en Israel de 1600 dólares. El sistema de reconocimiento por cámaras de chapas patentes, comprado para 200 vehículos, tiene un costo unitario presupuestado de 28.400 dólares. En los Estados Unidos, en 2009, se cotizaba unos 20.000 dólares por lo mismo. Desde el Ministerio de Seguridad que conduce Nilda Garré, se presupuestó una radio Motorola para los patrulleros en 4545 dólares, cuando en el mercado el mismo modelo cotiza en 3500 dólares. Sólo la instalación de una red de fibra óptica en la ciudad se presupuestó en 2,5 millones de dólares y una red de banda ancha de largo alcance, 5,5 millones de dólares. En algunos casos, implicaría duplicar lo ya existente, pues el gobierno porteño ya instaló una red de fibra óptica en la ciudad y una de Wi-Fi de largo alcance. Ademas se compró un sistema de posicionamiento satelital, que se presupuestó a razón de 1000 dólares por vehículo, cuando un dispositivo similar tiene un bajísimo costo, hasta tal punto que las aseguradoras lo instalan gratis en los autos de sus clientes. El cerebro del equipamiento que compró el gobierno nacional es un Centro de Comando y Control que se instalará en el Departamento Central de la Policía Federal Argentina, a través del cual se monitorearán las

NILDA GARRE MINISTRA DE SEGURIDAD

cámaras y domos instalados en 200 patrulleros tecnológicos y las 1200 cámaras de vigilancia que se agregan a las existentes en la ciudad de Buenos Aires. Además, el complejo integra el monitoreo de centros de transporte y estaciones de trenes y ómnibus, la modernización del 911 y la incorporación de cuatro unidades satelitales móviles. El Centro de Comando y Control recibe información en tiempo real de las cámaras móviles de alta definición, con giro de 360 grados, colocadas en los 200 patrulleros. También recibe imágenes de las cámaras móviles y fijas de reconocimiento automático de patentes instaladas en estos patrulleros y en los domos apostados en los accesos a la ciudad. Además se prevé agregar 1200 cámaras de alta definición distribuidas en toda la ciudad. El Centro de Comando y Control puede manejar de forma remota estas cámaras; detectar automáticamente vehículos con pedido de secuestro; indicar el mejor recorrido y los protocolos de intervención adecuados; obtener en tiempo real las imágenes y datos capturados por las cámaras y computadoras de los patrulleros, y supervisar y coordinar en tiempo real a patrulleros y agentes. Asimismo, se pueden reenviar imágenes a los patrulleros asignados a una misión, quienes así pueden ver la situación antes de llegar al lugar de los sucesos.

Inspirada en modelos que desarrollan grandes ciudades como Londres y Madrid, Buenos Aires tiene su sistema de seguridad con poco más de 1000 videocámaras distribuidas en parques, plazas y edificios públicos. Sin embargo, este plan porteño contra el delito responde a un solitario lineamiento de las autoridades de la ciudad, ya que no se ejecuta en conjunto con sus pares de la Nación. El distanciamiento entre el gobierno nacional y el porteño, ratificado, por ejemplo, con el plan unilateral de la ministra Nilda Garré de enviar, en julio pasado, a 2500 prefectos y gendarmes a custodiar la zona sur de la ciudad, se proyecta también en los altos mandos de dos fuerzas con jurisdicción porteña: la Policía Federal, que responde a la Casa Rosada, y la Metropolitana, que depende de Mauricio Macri. Y promete replicarse, además, en este proyecto oficial de la Nación de sumar tecnología en la Capital (ver aparte), vacía de una planificación coordinada con sus pares locales. El gobierno porteño ya instaló 1164 cámaras en la Capital, de las cuales poco más de 1000 están en funcionamiento y son vistas desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), en Barracas. La mayor cantidad de estas cámaras están colocadas en las comunas donde hay presencia permanente de la Policía Metropolitana, como la N° 4 (La Boca, Barracas, Parque de los Patricios y Pompeya), la N° 12 (Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Coghlan y Saavedra) y la N° 15 (Agronomía, Villa Ortúzar, Parque Chas, La Paternal, Chacarita y Villa Crespo). El sistema de cámaras que hoy tiene la ciudad está tercerizado, por lo cual desembolsa unos 2,5 millones de pesos mensuales por el alquiler del servicio. Este contrato implica que las cámaras están en comodato, e incluye la provisión de equipos, la instalación, el tendido de fibra óptica, el mantenimiento y el camión de exteriores. En el CMU, los operadores de los dos centros de monitoreo observan 500 cámaras cada uno, donde se graban las imágenes y se conservan durante 60 días. En la práctica funciona así: si un operador que observa el monitor detecta un movimiento extraño o sospechoso, avisa al oficial de la Policía Metropolitana que supervisa el funcionamiento de ambos centros. Cuando se produce una alerta, el agente se comunica con el Centro Unico de Comando y Control, ubicado en Chacarita, donde la Policía Metropolitana, Defensa Civil y el SAME pueden responder a los accidentes, contravenciones o delitos registrados por los operadores. Allí tienen la capacidad de tomar control de la cámara y enviarles la imagen a los patrulleros que estén cerca del hecho. El plan de vigilancia del gobierno porteño contempla la instalación de 2000 cámaras en total para fin de año, y prevé la inauguración de más centros de monitoreo. Según aseguraron las autoridades locales, el consumo de drogas es la situación más detectada hoy por las cámaras en la ciudad, seguido por los arrebatos y los asaltos. Además, actualmente se está desarrollando un programa que permitirá, entre otras cosas, advertir, de manera automática, si un auto va en contramano; si alguien deja una bolsa y se va, o también reconocer el rostro de las personas con el acceso prohibido a las canchas de fútbol.

Sin línea directa Sin dudas, el proyecto de la Casa Rosada de instalar más cámaras de en la Capital es mirado de reojo por la mesa chica del macrismo. “Con nosotros no habló nadie. Respecto a los temas de seguridad, hacen lo que quieren. Nunca nos consultan”, confió a LA NACION un alto funcionario porteño. En distintas líneas, funcionarios de Macri ratificaron que, en materia de seguridad, la coordinación entre la Nación y la ciudad es inexistente. El superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, Eduardo Martino, dijo a LA NACION que sería importante y “clave” trabajar en conjunto entre ambos gobiernos para instalar las cámaras de seguridad. “Sería muy valioso, ya que es importante que no se ubiquen cámaras en lugares que ya están cubiertos”, dijo Martínez.