Xiomara Castro, presidenta de Fedecámaras

“Desde una oficina no se puede controlar la economía” Fedecámaras solicitó la anulación de la Ley de Precios Justos y consideró que la Sundde será un “elefante blanco imposible de controlar”. Flavia Camejo Fotos/Jocelyn Sierraalta Xiomara Castro, quien funge como presidenta de Fedecámaras Falcón, comentó que una vez sostenida la reunión nacional de Fedecámaras donde participaron todas las regionales suscritas a la central y los sectores que hacen vida económica en el país: comercios, seguros, turismo, telecomunicaciones, inmobiliarios, construcción e industrias; se llegó a la decisión unánime de impugnar la Ley Orgánica de Precios Justos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En esta reunión, según explicó Castro, se llevó a cabo un taller para analizar de forma exhaustiva cada una de las regulaciones y que, una vez realizadas las conclusiones y participaciones de cada una de las seccionales regionales, les convidó a presentar la anulación de la ley. “Actualmente existen abogados de muchas partes del país que se han unido para apoyar la acción e introducirla al TSJ”. La Ley Orgánica de Precios Justos, que se hizo oficial el 23 de enero de 2014 con la publicación en la Gaceta N° 40.340, establece una ganancia máxima de 30% para cada actor de la cadena de comercialización. Sobre las razones que argumentan la solicitud antes el TJS, destaca que los reglamentos, “lejos de contribuir a mejorar la economía de nuestro país, va a agravar la situación económica que vivimos” puesto que “no incentiva la producción, restringe la oferta y aleja las inversiones”, refirió Castro. En el caso del motor comercial de Falcón, que es la Zona Libre, además de todo el sector privado regional, Xiomara Castro aseguró que “las grandes empresas se van a ir achicando e inclusive se podría acabar la empresa privada en su totalidad”, esto a causa, según refiere, de la implementación de las normativas sostenidas en la referida ley. Asimismo, comentó la preocupación por algunos reglamentos dentro de carta legal. Caso tal es el artículo 7 que reza “Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública interés social, todos los vienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios”. “Nos llamó poderosamente la atención porque dice que toda empresa es de utilidad pública; eso les permite confiscar, expropiar, ocupar temporalmente la empresas e incluso incautar bienes; eso va en contra de la constitución”, dijo.

Creación del Sundde La Ley establece la creación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socieoeconómicos (Sundde) que tendrá dentro de sus atribuciones la rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudios, análisis, control y regulación de costos y determinación de márgenes de ganancias y será quien suministre la solvencia de precios justos para poder acceder a las divisas. “La Sundde se convertirá en un elefante blanco imposible de controlar (…) Desde una oficina no es posible controlar toda la estructura de costo de toda la cadena productiva del país”, dijo Castro. El organismo también fijará los precios máximos de la cadena de producción o importación, distribución y consumo, de acuerdo a su importancia económica y su carácter estratégico, en beneficio de la población. “Fedecámaras pone en duda que el Ejecutivo Nacional esté en la capacidad de examinar las estructuras de costos de todos los sectores económicos del país, es una tarea prácticamente imposible”, concluyó la presidenta de la seccional Falcón. Diálogo y estar “a derecho” La presidenta de Fedecámaras sostuvo la invitación al empresariado nacional y especialmente a los que hacen vida económica en Falcón a estar “a derecho”, para evitar que sean penalizados. “Como empresario uno tiene que aceptar y cumplirla porque somos los primeros a los cuales van a sancionar”, alertó. “La Fedecámaras del 2002 no es la misma de hoy”, por tanto invitó al gobierno a establecer el diálogo y modificar los reglamentos que beneficien a la economía venezolana ya que, según argumenta, “no pueden sentarse sólo la parte política a decidir la economía de un país, se necesita la parte privada y obrera”. Aseguró que el llamado es al civismo en paz, “nada de huelgas ni paros” para conseguir el diálogo y llegar a acuerdos. Fedecámaras sostiene que “existen probabilidades” que se acepte la demanda de nulidad puesto que, según recordó la empresaria, cuando Consecomercio solicitó la anulación de la Ley de Precios Justos anterior, el TSJ la admitió. “Al admitirarla existe la probabilidad de que al menos la lean y si la lean, la examinan y pudieran si no modificarla”, agregó. La autoridad de la federación en Falcón adelantó que el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, estará el 20 de febrero en Punto Fijo para sostener reuniones con el sector turístico de la entidad, de cara a la realización de la Asamblea Nacional y el 70 aniversario de la federación, que se realizará en territorio falconiano para mediados de junio. Asimismo Castro informó que actualmente se dio apertura a la página web de la federación para promulgar la ley y, además, para servir de portal de ingreso a aquellas personas naturales que deseen adherirse a la solicitud de nulidad de esta carta legal en materia económica.

LEYENDA: FOTO1: PREOCUPACIÓN: Fedecámaras alerta que los reglamentos establecidos en la Ley Orgánica de Precios Justos “atentan contra la propiedad privada”, lo que conlleva al quiebre o “achicamiento” de las empresas. FOTO2: XIOMARA CASTRO: Sobre la creación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socieoeconómicos, la presidenta de Fedecámaras Falcón alertó que “desde una oficina no se puede controlar la economía del país”.