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POLITICA

I

Domingo 11 de enero de 2009

ESTAFA AL ESTADO Y INVESTIGACION JUDICIAL

Y PELEA GREMIAL

Descubren un millonario pago irregular de Economía

Moyano levantó el bloqueo a una planta

Acusan por la maniobra a un grupo de funcionarios del ministerio PAZ RODRIGUEZ NIELL LA NACION El Ministerio de Economía fue el escenario de un nuevo caso Greco: un grupo de funcionarios autorizó el pago en efectivo de casi 54 millones de pesos por una supuesta deuda de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS) que tenía más de 20 años y que la Justicia no había reconocido. Esta presunta estafa, concretada hace poco más de un año, es investigada en un sumario interno del Ministerio de Economía y fue el objeto de una denuncia que acaba de presentar en los tribunales el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido. Quedó radicada en el juzgado federal de María Servini de Cubría. Garrido sostuvo que funcionarios públicos y terceros “pergeñaron una maniobra para realizar una disposición patrimonial absolutamente perjudicial para el Estado”. Pero fue aún más lejos: dijo que siguió la ruta del dinero y que fue depositado en distintas cuentas, en operaciones que sólo podrían comprenderse como una maniobra de “lavado de dinero”. Dos de los principales acusados de haber autorizado el pago son Osvaldo Siseles, ex subsecretario legal del Ministerio de Economía nombrado por Roberto Lavagna, y la ex directora de Asuntos Jurídicos de esa cartera Yolanda Eggink, hoy en el Ministerio de Planificación. Ellos son, además, dos de los cuatro procesados en el caso Greco, donde se los acusa de aprobar una indebida indemnización de más de 600 millones de pesos a un grupo empresario expropiado durante la dictadura. Otro sospechoso es el ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial Cayetano Intelisano, un funcionario de carrera que sigue en el Ministerio de Economía. Fuentes de esa cartera informaron a LA NACION QUE están tramitando el sumario y que nadie será desplazado hasta que no se determinen las responsabilidades. En el caso Greco el pago no se efectivizó. En este nuevo caso, en cambio, el pago sí se concretó.

Las claves La deuda: se originó en contratos celebrados entre 1977 y 1982 por la entonces estatal Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Un fallo de la justicia inglesa condenaba a la Argentina a pagar más de 2 millones de dólares, pero la justicia argentina desconoció la validez de esa sentencia. La negociación: los interesados en cobrar reclamaron sólo 11 millones de pesos, pero hicieron un reclamo administrativo ante las autoridades del Ministerio de Economía. El expediente fue objetado hasta que terminó en el Instituto Nacional de Reaseguros, que autorizó el cobro. Acusados: dos imputados están procesados por el intento de pago de una suma de 600 millones de pesos en forma indebida al ex grupo Greco. Hay un tercer sospechoso funcionario de carrera del Ministerio de Economía. En octubre de 2007 Interlisano aprobó el desembolso de los $53.963.112, más de lo reclamado, según Garrido. Por eso, el fiscal advirtió que era probable que tan “ostensible violación de los deberes” de funcionarios hubiera tenido como contraprestación “alguna comisión, soborno o retorno”.

De vieja data La cuestionada deuda era por contratos que la CNAS habría celebrado entre 1977 y 1982 con reaseguradoras extranjeras. La FIA advirtió que hasta el momento nadie demostró siquiera que hubieran existido esos contratos. Según la denuncia, no se presentaron copias de los documentos y, por ende, no se sabe a qué se obligó la CNAS; no hay datos sobre montos y no se sabe si quienes reclaman están legitimados para hacerlo, ni si las deudas son exigibles o si prescribieron. Antes de cobrar, representantes de las reaseguradoras habían entablado un proceso judicial. Presentaron

una sentencia de un juez inglés que ordenaba el pago de algo más de dos millones de dólares, pero el Estado nacional se opuso y en 2003 un juez argentino “dictó sentencia desconociendo fuerza ejecutoria” de la resolución extranjera. Esa decisión fue confirmada por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. Lo llamativo es que se pagó sin intentar una negociación, denunció la FIA. “Conforme al estado de avance de esta investigación preliminar –afirmó Garrido– corresponde inferir con un grado de sospecha suficiente una connivencia entre funcionarios públicos y terceros destinada a cobrar ilegítimamente una suma de dinero en efectivo para luego desplegar una compleja trama de ‘atomización’ de las sumas”. La denuncia recuerda que, cuando se presentaron a cobrar, los demandantes reclamaron sólo $11 millones, “cifra por demás interesante puesto que partiendo de esta base de cálculo, realizada por el principal interesado, tampoco se llega a la cifra pagada”. En diálogo con LA NACION, Siseles negó cualquier relación con el caso: “Yo siempre dije que no se pagara y durante mi gestión no se pagó ninguno de esos reclamos. Teníamos orden expresa del ministro Roberto Lavagna. Si después se pagó, no lo sé. Yo me fui en junio de 2006”. Después, Siseles fue contratado por el Instituto de la Vivienda de la ciudad, ya durante la gestión de Mauricio Macri. Allí se desempeñó hasta agosto de 2008. Cuando Siseles se fue del ministerio lo reemplazó Alejandra Taddei. Ella dio intervención a técnicos que observaron la suma que se pretendía pagar. Interlisano envió el expediente al Instituto Nacional de Reaseguros (Inder), a su cargo. Según la denuncia, el trámite estuvo parado ahí ocho meses, el tiempo para que la nueva ley de presupuesto incluyera una reforma que iba a permitir que el pago se aprobara directo desde el Inder. El 5 de diciembre 2007, cuando Economía descubrió las irregularidades, hacía ya un mes y diez días que se había ordenado el pago de los casi 54 millones. No pudieron ser recuperados.

El conflicto afectaba planes sociales

ARCHIVO

El fiscal Garrido lleva adelante la investigación

Con reminiscencias del escandaloso caso Greco La nueva estafa descubierta en el Ministerio de Economía remite directamente al caso Greco, una disputa legal que se inició en junio de 1980 y que derivó en escándalo durante la gestión de Néstor Kirchner. Todo comenzó cuando la dictadura secuestró a Héctor Greco, José Greco y Jorge Bassil, y expropió los bienes del grupo económico que conducían. En ese momento era el más poderoso de Mendoza, pero estaba en virtual estado de quiebra. Liberados, ya en democracia, los afectados comenzaron un proceso judicial para obtener una compensación del Estado. En diciembre de 2001, el juez comercial Francisco de Asís Soto falló en favor del grupo Greco. Quedaba por establecer el monto de la indemnización

Finalmente, en agosto de 2005, el juez Soto estableció el monto: $543 millones. Nunca se efectivizó. En diciembre de 2006, cuando estaban a punto de pagarse $ 600 millones, los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales y el entonces senador peronista Jorge Capitanich advirtieron que el pago estaba encubierto bajo el eufemismo “pago a proveedores”, sospecharon irregularidades y todo se frenó. En diciembre pasado, la Cámara Federal procesó a cuatro ex funcionarios del Ministerio de Economía, acusados de haber cometido irregularidades en la aprobación del pago al grupo Greco. Quedaron a un paso del juicio oral. Según los camaristas, hay firmes sospechas de que existió “un acuerdo encubierto” entre los funcionarios y la empresa.

LA PLATA.– El gremio de los camioneros levantó ayer el paro y el bloqueo en la empresa proveedora Alimentar, que desabasteció de leche durante dos días a más de 200.000 familias del conurbano bonaerense favorecidas con el Plan Vida, que otorga el Ministerio de Desarrollo Humano provincial. La medida de fuerza se llevó a cabo para reclamar el pago de sueldos de diciembre y del aguinaldo de 500 trabajadores de las plantas de San Justo y Pilar de esa empresa. El titular de la rama logística del Sindicato de Camioneros, Gustavo Celsa, aseguró a LA NACION que la medida de fuerza se levantó porque durante la última reunión con los responsables de la empresa se prometió al gremio que el martes estará depositado el total de lo adeudado. “Si no cumplen, se retomará la protesta y habrá una movilización a La Plata”, dijo el dirigente del gremio que conduce Pablo Moyano, hijo del secretario general de la CGT. El sindicalista explicó que la crisis empezó el jueves pasado cuando la empresa les dijo que ese día cada trabajador tendría depositado 500 pesos en su cuenta y que el restante 70 por ciento sería abonado el 19 de este mes, porque “el gobierno de la provincia de Buenos Aires no había girado el dinero”. Los empleados no aceptaron esa forma de pago e iniciaron el paro que afectó la distribución diaria de leche y de cereales para más de 200.000 familias en todo el territorio provincial. Una fuente del ministerio, a cargo de Daniel Arroyo, indicó a LA NACION que “la entidad gubernamental ya regularizó el pago de todo lo adeudado”. Hasta ayer, según Celsa, el dinero todavía no está depositado en los cajeros.