POLITICA

Domingo 8 de noviembre de 2009

I

LA LUCHA CONTRA LA POBREZA s EL PROGRAMA SOCIAL QUE DESATO UNA OFENSIVA PIQUETERA

El plan de cooperativas, un botín millonario para los intendentes Pueden manejar fondos sin control y eligen a los beneficiarios con absoluta discreción JUAN PABLO MORALES LA NACION Un intendente del sur del conurbano calculaba encerrado en su despacho cuánto dinero iba a administrar con el plan de cooperativas. Salvo los salarios, sabía que el resto pasará por sus manos: anotó un adelanto de 25.000 pesos en “herramientas” y un promedio de 250.000 pesos anuales en “materiales”. Lo multiplicó por las 30 cooperativas de su distrito. El resultado: 8.250.000 pesos en efectivo. “Y sólo para empezar”, insistía, como si conociera el secreto del poder: “Porque no hay cupos. ¿Te imaginás toda esa plata en manos piqueteras?”. La inocultable disputa entre intendentes y organizaciones sociales por el masivo plan oficial de cooperativas provocó un efecto no deseado para el Gobierno: dejó al descubierto la pesada maquinaria de recursos y poder que empezó a rodar en la región política más influyente de la Argentina. Un sistema millonario, dominado casi sin controles por los jefes territoriales, que vigilan con ojo férreo el armado de los listados y que, en más de un caso, los usan para engrosar su tropa política. Un botín que los piqueteros, tanto oficialistas como opositores, pretenden arrebatarles, como se vio la última semana: entrar en el plan fue el argumento de los grupos que bloquearon 32 horas la 9 de Julio. La pelea vale dinero e influencia. La etapa preliminar del Plan Argentina Trabaja incluye 25.000 puestos, 1000 por cada distrito del conurbano. En total, son más de $ 400 millones anuales en salarios, depositados en cuentas individuales en el Banco Nación. Pero el secreto de la administración está en otro lado: los municipios recibirán dinero en efectivo para materiales y para herramientas. Un promedio de $ 275.000 por cooperativa. En total, más de 200 millones. Y es sólo el piso: la Presidenta anunció que tiene 1500 millones para repartir. El nuevo plan es una copia maximizada de algo que ya existía: el Programa de Inclusión Social, que formaba cooperativas de hasta 16 personas. La nueva versión las cuadriplica. El objetivo era que se dedicaran a pequeñas obras: construir veredas, reparar viviendas, pintar refugios. En el Ministerio de Desarrollo Social aclaran que ellos siempre eligen a los beneficiarios. Pero la mayoría no lo sabe y suele señalar a la tropa de los intendentes como los encargados de elegirlos. Lo comprobó LA NACION en una recorrida al azar en el distrito más grande del país, La Matanza. Decenas de cooperativistas dieron respuestas idénticas para explicar cómo habían conseguido sus lugares: “Por un referente político”. Algunos detallaban que colocaban hasta cinco por grupo. Otros contaban que también coordinaban viajes a actos políticos, con la misma naturalidad con la que agradecían “la oportunidad de tener un salario digno”.

Financiamiento adicional No hubo que buscar mucho para encontrarlos. En La Matanza, hay cooperativistas que en lugar de hacer obras limpian plazas, cuidan edificios públicos o controlan el tránsito. Todos se sumarán al nuevo programa. Acosados por el déficit, los intendentes hallaron un sistema ideal para financiar empleados con fondos del Gobierno. Cada beneficiario cobra $ 1385 (son monotributistas sociales). Cada cooperativa tiene cuatro capataces y un promotor, que gana algo más: $ 2385. En teoría, son supervisores. A veces actúan como punteros. José C. Paz es un caso. Una histórica beneficiaria, que construyó el barrio Saavedra Lamas, espera un lugar en el nuevo plan. “Eso sí, los referentes piden 400 pesos del sueldo”, se quejó en una charla reservada con LA NACION. Durante los cuatro años que fue ayudante de albañil, entre 2005 y 2008, estaba obligada a hacer pegatinas en nombre del intendente, Mario Ishii. Sus jefes de entonces ahora lideran la ampliación del programa. Los piqueteros opositores usan esos ejemplos para criticar el sistema. Denuncian que hay “usos clientelares para fortalecer aparatos”. Pero eso es en público: cuando van a negociar, piden lugares para ellos. Y cooperativas propias. Varios líderes oficialistas ya lograron ese objetivo. En estricta reserva, Luis D’Elía negoció 2500 puestos. Emilio Pérsico eligió otra vía: coló militantes como coordinadores. A los intendentes les molesta que les diputen el territorio. Cuatro de ellos admitieron ante LA NACION que revisaron listados para evitar filtraciones piqueteras. Por eso comenzó la pelea. Los piqueteros opositores se unirán y bloquearán la Capital, mientras el Gobierno promete crear “mesas de gestión” en los barrios, para que todos allí se sienten a negociar. Una idea que a los barones los exaspera: temen que la protesta se mude a la puerta de sus despachos.

Colaboró Mariana Verón

FOTOS DE EMILIANO LASALVIA

Cooperativistas de La Matanza, que trabajan como cuidadores de plazas

Trabajo en blanco, pero con contraprestación política Los que acceden al subsidio cuentan que deben ir a actos partidistas Un delegado municipal se le acercó como un amigo una tarde de marzo: “¿Che, no querés ser inspector de tránsito?” A Juan lo paralizó la emoción. Hacía años que quería dejar de trabajar en negro. El delegado no anduvo con vueltas: “El viernes pasá por Yrigoyen”. Juan no necesitó explicación. Conocía al delegado y a la unidad básica. Ahí solía sumarse a la Juventud Peronista cada vez que había una movilización oficialista. Ese viernes apareció temprano. Otros 25 chicos también esperaban. Los juntaron para detallarles la propuesta: “Van a cobrar 1400 pesos por trabajar en una cooperativa como policías de tránsito”. Juan se sintió agradecido. Hizo los trámites para conseguir la obra social en una oficina improvisada en una discoteca de Isidro Casanova. Aceptó trabajar tres meses de 7 a 11 cobrando la mitad de lo prometido, mientras hacía cursos sobre señales de tránsito. Tampoco chistó cuando su “referente” le comunicó a qué acto tenía que ir la semana siguiente. Su último viaje fue a La Plata, el 17 de octubre. El próximo también será a La Plata, el viernes próximo. Ese día, la cooperativa estará de asueto. Juan cuenta la historia de un tirón, con inocente naturalidad, mientras trabaja en una de las zonas más activas de La Matanza, con una pechera naranja de la Municipalidad. Agradece tener “un trabajo en blanco”. No sabe cómo funciona una cooperativa. Tampoco le importa. Vive la contraprestación política sin temores: no repara en que relatar detalles podría ser un problema. Juan no se llama Juan. El accedió a ser citado con nombre y apellido, pero LA NACION prefirió resguardar su identidad. Su única preocupación ahora es que le llegue la Tarjeta Social. “Me la prometieron”, aclara presuroso. Hasta el mes pasado cobró en un galpón municipal, a las afueras de San Justo. De repente, Juan deja de

Una cooperativista municipal ordena el tránsito en San Justo hablar y toca el pito: un desconocido intentó estacionar en el lugar prohibido.

“No sé de qué hablás” La encargada municipal de las cooperativas de La Matanza es la vicejefa de Gabinete, Verónica Magario. “No tengo idea de lo que estás hablando”, respondió cuando LA NACION le contó el caso de Juan. –¿Es posible que alguien use las cooperativas para fortalecer algún aparato político? –Eso es una locura. La única obligación de los beneficiarios es cumplir con sus tareas–, se enojó. Después dio detalles de las obras de las cooperativas desde 2004, la mayoría dedicadas a cloacas y cañerías. “Es todo transparente. No pueden seguir trabajando si no tienen certificadas las obras”, argumentó. “¿Y en el caso de las cooperativas de servicios?”, preguntó LA NACION. “Esas las certifica el municipio”. A ese grupo pertenecen, por ejemplo, las que limpian plazas. LA NACION recorrió tres el miércoles pasado. Como ocurrió con Juan, una decena

de beneficiarias contaban sus historias sin temores. También dieron sus nombres y apellidos. Tampoco serán citadas. En las plazas la respuesta era similar ante una pregunta común: cómo consiguieron sus lugares. “Por un referente político”, contestó la mayoría. En todos los casos, el “referente” podía colocar hasta cinco personas por cooperativa. Todas trabajan cinco días a la semana, de 7 a 13. Cobran 1200 pesos. “Estamos contentas y agradecidas por estos empleos”, insistieron. Ahora fueron sumadas al nuevo plan de cooperativas. La asociación que integran ya tiene 25 personas. Magario se volvió a enojar cuando LA NACION le preguntó si los dirigentes barriales digitaban el plan: “De ninguna manera. La inscripción se hace en el municipio. Y es abierta”. Pero en las plazas ninguna beneficiaria sabía que había listados abiertos. “A nosotras nos anotó el referente”, decían todas, mientras sacaban yuyos y los cargaban en las carretilla.

Gremios y empresas, en alerta La Uocra y la CAC no recibieron respuestas del Gobierno a sus reclamos MARCELO VENERANDA LA NACION Convidado de piedra ante la puja entre piqueteros e intendentes por el programa de cooperativas lanzado por el Gobierno, el sector formal de la construcción se mantiene en alerta por la caída de la actividad que, sólo en términos de mano de obra empleada, se expresa en 80.000 puestos de trabajo menos desde la crisis de 2008. Con este dato, hace un mes la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) lanzaron una declaración conjunta para expresar su preocupación por la situación del sector y dejaron entrever reparos por el Plan Argentina Trabaja. “No hubo ninguna respuesta oficial”, indicó Carlos Wagner, presidente de la CAC, ante la consulta

de LA NACION. Lo mismo sostuvieron fuentes del sector sindical, que coincidieron con el empresario en destacar la necesidad de priorizar la creación de puestos formales para los trabajadores de la construcción, que “pueden demostrar calificación” para realizar las tareas. El Plan Argentina Trabaja, anunciado en agosto por la Presidenta, propone que las cooperativas, integradas por monotributistas sociales, realicen tareas de construcción en los municipios del conurbano. Además de criticar que el programa no contempla a las pymes del sector, la CAC y la Uocra cuestionan que la iniciativa pueda “implicar la exclusión y afectación directa de los trabajadores formales” de la industria. Las entidades se cuidaron de destacar que toda iniciativa destinada a crear empleo y aumentar la inclusión

social es positiva y será acompañada, pero consideran también que este no es el mejor momento para un plan de estas características. “Entendemos que la única forma de promover la inclusión social es fomentar relaciones laborales que garanticen el pleno goce de derechos, cumplimentando las normativas fiscales, previsionales, de seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo”, dice el comunicado, ratificado ayer tanto por el gremio como por las empresas. “Es vigente y actual”, sintetizó Wagner. La pregunta que subyace a los planteos del sector es más directa: ¿qué intendente contratará a obreros y empresas calificadas cuando, por mucho menos y con fondos del Estado nacional, puede contar con mano de obra barata y “redituable” en términos políticos?

13