Política
Página 6/LA NACION
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Miércoles 23 de mayo de 2007
Presuntas coimas: tras el despido del titular del Enargas y del gerente de Nación Fideicomisos
De Vido perdió otro hombre por Skanska Renunció el subsecretario de Obras Públicas a raíz de las sospechas sobre el pago de sobornos en un acueducto en La Pampa Por Mariana Verón
Kirchner limitó por decreto el manejo de los fondos públicos
De la Redacción de LA NACION Las famosas cintas grabadas por la empresa Skanska se cobraron ayer una nueva baja en el gobierno nacional, más específicamente en el ámbito del ministro de Planificación, Julio De Vido. El subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Raúl Rodríguez, renunció a su cargo tras conocerse las grabaciones de ejecutivos de la firma sueca en las que habían confesado el pago de coimas en una obra en La Pampa, aunque su nombre no aparece mencionado allí. Rodríguez es así el tercer funcionario que se va como consecuencia del escándalo. El presidente Kirchner echó el miércoles pasado al presidente del Ente Nacional Regular del Gas (Enargas), Fulvio Madaro, y al titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. La noticia de la dimisión de Rodríguez sorprendió al Gobierno. La vinculación del segundo hombre que maneja la obra pública en el país con los supuestos sobornos surgió a raíz de la grabación de 84 minutos que descubrió el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart. En esa cinta, escondida en una computadora de la empresa sueca, uno de los ex gerentes de Skanska, Javier Azcárate, le confesó al auditor Claudio Corizzo que un “secretario de obras” de La Pampa estaba involucrado en las coimas pagadas para la construcción del acueducto del río Colorado. Rodríguez no estaba ni siquiera mencionado en los dictámenes acusatorios del fiscal federal Carlos Stornelli, que interviene en la investigación judicial por los presuntos sobornos. “Motiva esta decisión la aparición de mi nombre en artículos periodísticos relacionados con la construcción del acueducto del río Colorado en la provincia de La Pampa, obra que fue ejecutada entre 2001 y 2006 y sobre la cual tuve responsabilidad como secretario de Obras Públicas de la provincia hasta el 10 de diciembre de 2003”, sostuvo Rodríguez en el texto de su renuncia, al que accedió LA NACION, que presentó personalmente ante el secretario de Obras Públicas, José López. La salida de Rodríguez significa otro revés para De Vido, de quien depende directamente la obra pública. Anteayer, Kirchner decidió intervenir el Enargas y ubicar a Juan Carlos Pezoa, un funcionario cercano al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en el organismo. Ambos ministros mantienen diferencias históricas. Rodríguez es hombre del ex gobernador pampeano Rubén Marín que recién se sumó al gobierno nacional en 2004 por intermediación de De Vido. En el cuarto y último párrafo de su renuncia le agradece al ministro de Planificación haber confiado en él para ocupar el cargo en la subsecretaría. “No quiero que ninguna situación ajena afecte al gobierno nacional, y por otro lado quiero estar exclusivamente en el tema del acueducto a disposición de quien sea, con una gran y absoluta tranquilidad”, dijo Rodríguez en declaraciones a Radio Noticias, de La Pampa. De todas maneras, defendió su desempeño como funcionario durante el gobierno de Marín.
“Ni cajas ni valijas” “Jamás hemos recibido cajas, valijas o lo que fuera”, aclaró, a pesar de asumir su responsabilidad en la construcción del acueducto. “No creo ser el único secretario de Obras Públicas que hubo en la provincia, pero si nos ubicamos en determinado período, sí. No quiero sacarme el lazo del cuello, he leído las transcripciones, y el hilo de la conversación es un poco particular. Esto debe analizarlo la Justicia, pero hay una serie de cosas que me resultan inverosímiles”, opinó. Rodríguez admitió, además, que la realización del acueducto fue “un tema polémico”, pero se defendió: “Acá es uno el que tiene que salir a demostrar que las cosas se hicieron bien. Sé que mi decisión de renunciar llevará a que alguno piense otra cosa, pero estoy muy tranquilo”. En el texto de su renuncia, Rodríguez amplía que se ve en “la obligación ética” de dimitir “a fin de liberar al señor secretario [José López] de cualquier situación que estos artículos periodísticos pudieran ocasionarle”. En un tramo del polémico diálogo que grabó Skanska, Azcárate explicó en detalle que se pedían facturas truchas “a un secretario de Obras Públicas” para presuntamente pagar los sobornos en La Pampa. Según el relato del ex gerente, el funcionario decía: “Bueno, yo te voy a mandar a uno de éstos que maneja cuatro empresas, dos empresas, no sé, y le pagás a él”. En el caso de La Pampa, de acuerdo con las grabaciones difundidas, el dinero se trasladaba en “una valija” y los fondos eran reunidos presuntamente por Techint, la empresa que tenía adjudicada, junto a Skanska, la construcción del acueducto en 2001. Mientras tanto, en el Enargas, el órgano intervenido anteayer por Kirchner, cayeron otros dos funcionarios. El interventor, Juan Carlos Pezoa, confirmó a LA NACION que Carlos Alberto Abalo, un economista que ocupaba la vocalía segunda, y Ricardo Velasco, ex asesor del Banco Nación y marido de la ministra de Economía, Felisa Miceli, cesaron desde ayer en sus funciones en el directorio del organismo.
Impuso más controles a De Vido y López Por Mariano Obarrio De la Redacción de LA NACION
LUIZ PAZ
De Vido y Fernández, ayer, al anunciar la decisión de retirarle la concesión de los trenes a Metropolitano
El ideólogo de un polémico acueducto de La Pampa Rodríguez suscribió el contrato millonario con Skanska Por Sergio Romano Para LA NACION SANTA ROSA, La Pampa.– Raúl Rodríguez fue, durante los años 90, uno de los más férreos defensores dentro del gobierno provincial de la construcción del Acueducto del Río Colorado, una obra que estaba prevista que costara 138 millones de pesos, pero costó 500 millones y sólo se construyó la mitad. Rodríguez, que llamaba al acueducto “la obra del siglo”, era el secretario de Obras Públicas provincial cuando Skanska y Techint fueron contratadas por el entonces gobernador justicialista Rubén Marín para construir el acueducto. El funcionario pampeano quedó en el centro del escándalo hace una semana, cuando se dio a conocer la grabación de una conversación entre dos ejecutivos de Skanska que declaraban haber entregado “una valijita” para la adjudicación de esta obra. “Yo no estoy sospechado”, dijo Rodríguez hace unos días. Pero no bien se enteró del contenido de ese audio llamó inmediatamente a Marín –que hoy es senador nacional y busca regresar a la gobernación por quinta vez– para pedirle un consejo. Marín, de 73 años, ve en Rodríguez a un posible sucesor. Su consejo fue terminante: le dijo que renunciara. Ayer dejó el cargo ante el ministro de Planificación Julio De Vido. “Presenté la renuncia para dedicarme de lleno a responder a todos los posibles cuestionamientos a la obra del acueducto”, dijo en declaraciones a varias radios pampeanas. Pero deslizó que los supuestos sobornos se podrían haber pagado entre 2004 y 2006. Es decir, cuando ya estaba en el gobierno Car-
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Raúl Rodríguez
los Verna (PJ). “Tuti” Rodríguez –así se lo conoce en La Pampa– tiene una larga trayectoria en el Estado: en los últimos quince años fue funcionario municipal, provincial y nacional. Estudió Ingeniería en La Plata y estuvo siempre ligado a la obra pública. Entre 1992 y 1995 fue director de Obras en la Municipalidad de Santa Rosa y, en 1996, llegó al gobierno provincial como secretario del área. El 6 de diciembre de 2003, el presidente Néstor Kirchner visitó La Pampa junto con De Vido. Ese día, Rodríguez llevó al ministro a visitar las obras del acueducto que estaban construyendo Techint y Skanska. Arriba del helicóptero, según se difundió en Casa de Gobierno, el ministro lo invitó a sumarse al gobierno nacional. Primero estuvo en el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Ambiental, luego fue secretario de Obras en la intervención de Santiago
del Estero y, desde 2004, ocupó el cargo de subsecretario de Obras de la administración kirchnerista. El Acueducto del Río Colorado se construyó para solucionar la falta de agua de calidad en buena parte de la provincia. Fue licitado en 138 millones de pesos y adjudicado en 1998 a la empresa Victorio Américo Gualtieri. En 2000, por graves incumplimientos, la provincia rescindió el contrato con Gualtieri y, en vez de llamar a una nueva licitación, la adjudicó en un rápido concurso de precios entre otras tres empresas que habían perdido en la primera licitación. En 2001, la UTE Techint-Skanska se hizo cargo de los trabajos de la primera etapa por 74 millones de pesos-dólares. La obra tiene un conducto de 1,20 metros de diámetro y alimenta una red de conductos que abastece de agua potable a 150.000 habitantes. La primera etapa llega hasta Santa Rosa y abastece a 16 localidades. La segunda, hasta General Pico, aún no fue licitada e incluirá a otras 39 poblaciones. Una vez completado, el acueducto tendrá 1000 kilómetros. Desde sus inicios, la obra estuvo sospechada. Hubo innumerables denuncias –públicas y judiciales–, que nunca prosperaron. Este año, el vernismo quiso reflotar las sospechas y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. “Es una cuestión técnica. No hubo sobreprecios”, respondió ayer Rodríguez, que siempre se las ingenió para esquivar las acusaciones. Pero ahora parece estar más complicado. Según las grabaciones del caso Skanska, se le entregó una “valijita” al gobierno provincial que él integraba. “Yo no sé de qué valijita hablan. A mí también me queda la duda”, dijo Rodríguez.
El caso Skanska tiene derivaciones políticas y administrativas. El presidente Kirchner limitó por decreto el manejo de fondos públicos para el ministro de Planificación, Julio De Vido, y, especialmente, para el secretario de Obras Públicas, José López, cuyo poder era ilimitado para firmar convenios de obras con municipios y provincias. Se crearon así rigurosos controles para licitar, contratar y pagar planes de viviendas, escuelas, cárceles, hospitales y obras hídricas. Y ello retrasa expedientes y transferencias de recursos. El 13 de marzo último, Kirchner firmó el decreto 225/07, que dispone la rendición de cuentas y la verificación del destino, intangibilidad y eficiencia en el uso de los fondos públicos. Y el control específico para ello de la Sindicatura General de la Nacion (Sigen). Desde entonces, todos los trámites, licitación, adjudicación y pagos deben pasar por la Sigen. En los hechos, significa una traba para De Vido y López en el uso de los recursos. LA NACION consultó ayer al Ministerio de Planificación sobre las implicancias del nuevo decreto. Si bien sus voceros se comprometieron a hacer las consultas, no hubo una respuesta oficial. En marzo último, el caso Skanska comenzaba a tomar fuerza en la Justicia y en el Gobierno cundía el nerviosismo. Pero además, el amplio manejo de los fondos públicos para las obras ponía nerviosos a funcionarios del Ministerio de Economía, de Felisa Miceli. El caso Skanska hizo eclosión en los últimos treinta días. De Vido reglamentó, el 11 de mayo último, el decreto 225. Para ello emitió la resolución ministerial 268. El titular de Planificación se asesoró con su esposa, Alessandra Minnicelli, síndica general adjunta de la Sigen, que fue la inspiradora de la nueva reglamentación. La norma se basó en el decreto 892/95, del gobierno de Carlos Menem, ideado por Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, para controlar las transferencias de fondos para el Plan Social. El decreto 225, también firmado por el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, y la ministra de Economía, Felisa Miceli, afecta a todos los organismos del Poder Ejecutivo con manejo de transferencias a gobiernos provinciales y
municipales para obras públicas. Pero la secretaría que encabeza López es el más importante de ellos. Sobre esto hubo discusiones en la Casa Rosada. Hace veinte días el secretario de Hacienda, Carlos Mosse, le expuso a Kirchner que López había firmado más convenios de obras con municipios de los que le permitía financiar el presupuesto actual, dijeron fuentes oficiales. Un ejemplo de Mosse enojó a Kirchner: López elaboró el Plan Federal de Viviendas II que Kirchner anunció el 19 de marzo último, en la Casa Rosada. Se trataba de construir 250.000 viviendas en los próximos tres años. Mosse planteó que era una meta inalcanzable. “Era un anuncio electoral”, dijo una fuente gubernamental. Pero había antecedentes. En 2003 anunciaron la primera parte del Plan Federal de Viviendas: 250.000 unidades de las cuales sólo se terminaron sólo unas 47.000. Y ya pasaron cuatro años.
Efecto político Las sospechas de sobreprecios y de pagos indebidos en el caso Skanska tuvo así efecto político. Se trabaron los trámites, los pagos y se impusieron frenos para permitir el control. José López era hasta entonces un hombre de trato afable y cotidiano con los empresarios de la construcción. Seguía de cerca las obras y liberaba los pagos. Esas reuniones son ahora esporádicas y el trato no es el mismo. Otro perjudicado por el decreto 225 resultó Carlos Santiago Kirchner, primo segundo del Presidente y subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, que también firmaba más convenios con los municipios que los que le permitía el presupuesto, a juicio de Mosse, según trascendió. En su caso, se tratan de subsidios nacionales para construir obras de mejoramiento municipal, como pasos a nivel o mejoramiento de calles. Carlos Santiago Kirchner es un viejo adversario de De Vido en la puja interna kirchnerista. También lo es por carácter transitivo de la esposa de De Vido, que influyó sobre el ministro. “Lali (por Miniceli) se desquitó de López y de Carlos Kirchner por viejas cuitas santacruceñas”, dijo una fuente oficial. Carlos Kirchner opera como un “facilitador” de obras públicas en municipios, financiadas con fondos de la Nación. Ello lo llevó a tratar con muchos intendentes del conurbano.
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José López y el presidente Néstor Kirchner
Un informe oficial complica más a Madaro La Sigen denunció al ex jefe del Enargas por supuestos sobreprecios injustificados por US$ 34 millones No sólo sospecha la Justicia. Ahora también desde el propio Gobierno se cree que Fulvio Madaro, el expulsado presidente del Enargas, pudo haber incurrido en irregularidades en el proceso de ampliación de los gasoductos, que quedó bajo sospecha a raíz del caso Skanska. La Sindicatura General de la Nación (Sigen), el órgano de auditoría interna del Poder Ejecutivo, emitió un duro informe sobre el papel en el Enargas en aquella gestión y derivó a la Oficina Anticorrupción una denuncia en la que señala que el ente regulador del gas “presenta debilidades de control interno”, que incumplió protocolos de contratación y, sobre todo, que no puede justificar un importante sobreprecio. El documento de la Sigen es terminante: no sólo denuncia cada una de esas supuestas fallas en los controles del ente regulador, sino que dedica un apartado especial a comentar “un incremento del costo de 34 millones de dólares” en la obra de amplicación del Gasoducto Sur. El contenido del informe marca un cambio drástico en la versión oficial sobre el escándalo: hasta ahora, las
autoridades señalaban que se trató de “corrupción entre privados” y que no existían indicios para inculpar a Madaro, a quien el presidente Néstor Kirchner removió la semana pasada tras conocer que la Justicia lo citaba como acusado. La novedad desbarata incluso la notificación de un decreto oficial, el emitido anteayer para anunciar la intervención del Enargas. Decía aquel texto firmado por el Presidente: “Si bien de los informes de control habituales no surge noticia de la existencia de anomalías de gravedad en el Enargas (…), al aparecer cuestionada su actuación en hechos sobre los que se requiere un preciso esclarecimiento, se hace necesario disponer una intervención transitoria”. Ese párrafo había sido leído anteayer en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que impuso a su segundo, Juan Carlos Pezoa, como interventor en el organismo. Curiosamente, el informe de la Sigen fue girado a la Oficina Anticorrupción, a los dos jueces que investigan la causa Skanska, a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Planificación y al Presidente el viernes pasado, según
fuentes oficiales. La dureza del informe revelado ayer alentó suspicacias relacionadas con la disputa que –según señalan en el oficialismo– existe entre el jefe de Gabinete y el ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien respondía Madaro. El titular de la Sigen, Claudio Moroni, mantiene una estrecha relación con Alberto Fernández desde el tiempo en que eran compañeros en la Facul-
Qué opina la gente ¿Cómo califica la intervención del Enargas? Es sólo un intento de atenuar el impacto del escándalo Es una escena más de la puja por el poder entre De Vido y A. Fernández Es un intento de transparentar el organismo Es una manera de facilitar la investigación del caso Skanska
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tad de Derecho. Moroni, incluso, fue quien en 1995 sucedió al actual jefe de Gabinete en el despacho principal de la Superintendencia de Seguros, lugar que ocupó hasta que Kirchner lo nombró síndico general de la Nación.
Descargo insuficiente El informe incluye un extenso descargo del Enargas, firmado por el propio Madaro. Pese a eso, los auditores acusan: “Con relación (…) al informe circunstanciado del Enargas, no se considera que contenga información valorizada y suficiente. La mención de circunstancias que pueden justificar incrementos no es suficiente, si no va acompañada de una adecuada valoración de sus efecto en el costo”. Más adelante, el documento de la Sigen completa el juicio: “No hay elementos que permitan evaluar la razonabilidad del aumento” en los precios del Gasoducto Sur. En una entrevista con LA NACION hace un mes, Madaro –acompañado por Alberto Fernández– había negado terminantemente que hubieran existido sobreprecios en la ampliación de los gasoductos. La Sigen le envió un largo cuestio-
nario, cuya respuesta, del 9 de este mes, consta en el informe final: “Con relación a la variación específica [entre el presupuesto y el precio final], la misma responde al resultado de un concurso de precios, siendo la mejor alternativa existente para el proyecto. Su resultado responde a una situación de coyuntura del mercado ante una demanda específica”. Según los auditores, esa respuesta no contiene “información valorizada y suficiente”. Y añade: “La mención de circunstancias que pueden justificar incrementos no es suficiente si no va acompañada de una adecuada valoración de sus efectos en el costo”. En otros apartados, acusan a la conducción del Enargas de no tener “evidencias de los controles realizados con relación a la integridad y contenido” de los avances de las obras de los gasoductos. Además, le atribuyen errores administrativos en la selección de las empresas y en las “formalidades exigidas en materia de contratación”. Al ser remitido a la Oficina Anticorrupción, el documento de la Sigen podría convertirse ahora en una denuncia oficial contra los encargados del Enargas.
