POLITICA

Domingo 19 de agosto de 2012

PRESUNTO FRAUDE s EL CASO QUE LE COSTO EL CARGO AL INTENDENTE ALTIERI

Crece el escándalo por las viviendas en Pinamar Dos funcionarios nacionales, beneficiados con las polémicas obras PABLO MOROSI CORRESPONSAL EN LA PLATA LA PLATA.– El polémico plan de viviendas sociales otorgadas hace una década a familiares y allegados al destituido intendente de Pinamar, Blas Altieri, tiene como beneficiarios a dos funcionarios del gobierno nacional. Se trata del titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Anses local, Leandro Reveron, y del director de Instrumentos Impositivos, Financieros y Fiscales de la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Jorge Alejandro Ricaldoni. El controvertido complejo de Pinamar fue concebido a mediados de 2000 y ubicado en pleno centro de la ciudad balnearia –Palometa y Valle Fértil– a través de un convenio entre el organismo bonaerense y la hoy desaparecida Fundación Eco-Pinar. Originalmente se planeó erigir 150 unidades familiares, pero finalmente sólo se construyeron 25, en el marco del decreto 3201/70, que regula la regula la adjudicación de las viviendas sociales. La normativa plantea que el adjudicatario y su “círculo familiar” no deben tener posibilidad de acceso a un inmueble. Además, los adjudicatarios, que comenzaron a ocupar las casas en 2003, firmaron un contrato en el que consta expresamente la intervención y el financiamiento del Instituto de la Vivienda bonaerense (IVBA). Al punto que el depósito de las cuotas mensuales y consecutivas debió hacerse directamente a nombre de la dependencia oficial. Después de una serie de censos realizados el año pasado, el IVBA detectó irregularidades en el cumplimiento de los requisitos para la adjudicación como “falta de ocupación real y efectiva”, “existencia de bienes en cabeza de los beneficiarios” y “falsedad en las declaraciones juradas”, según consta en la resolución N° 1099 del organismo, que en marzo pasado ordenó “desadjudicar” a 22 de los 25 beneficiarios del complejo de viviendas.

Imputaciones La denuncia por el complejo de viviendas sociales fue una de las imputaciones clave en el proceso de destitución de Altieri, cuyas hijas, María Constanza y Elena María, figuran entre los beneficiarios, al igual que los hijos del secretario de Servicios Urbanos de la comuna, Juan Alberto Morales. Altieri defendió a sus hijas al sostener que no tenían otra forma de acceder a una vivienda y

ARCHIVO

El complejo de viviendas sociales en el que se detectaron anomalías

JORGE RICALDONI

FUNCIONARIO DE AGRICULTURA

no vive en forma permanente en Pinamar y que es socio gerente de una empresa de alquiler de equipos de filmación con sede en La Plata. Cuando las casas fueron otorgadas el joven tenía 19 años y acababa de egresar del secundario en el colegio San Luis, un establecimiento privados tradicional de La Plata. El servicio telefónico del inmueble figura a nombre de la esposa del funcionario nacional, Diana Graciela Lebed, que se desempeña en una defensoría oficial de la justicia platense y es hermana de Haroldo Lebed, secretario de Coordinación de Políticas Institucionales del Ministerio de Agricultura.

“Iniciativa privada” LEANDRO REVERON

FUNCIONARIO DE LA ANSES

denunció que hay un “transfondo político” para perjudicarlo. Las hijas de Altieri son, además, socias fundadoras junto con su padre de las empresas Pinar del Mar SRL y Los Cucos SA, según lo publicado en el Boletín Oficial. Reveron vive junto a su esposa, la ya citada Elena María Altieri, en la casa N° 4 del complejo construido con fondos públicos para personas sin posibilidades de acceder a un inmueble. La vivienda está a nombre de la mujer. El funcionario no respondió las llamadas de LA NACION. Anoche trascendió que el titular de la Anses, Diego Bossio, evaluaba la separación de Reveron de su cargo. El caso de Ricaldoni es diferente: la casa N° 23 le fue asignada a su hijo, Federico Ricaldoni, de 31 años, que

Ricaldoni, que además de funcionario es abogado, guionista cinematográfico, empresario y, según los registros de la AFIP, productor agropecuario con campo en Carlos Casares, afirmó que nunca supieron que se trataba de viviendas sociales. “Para nosotros siempre fue una iniciativa privada avalada por el gobierno provincial, que nos dio la oportunidad de ayudar a mi hijo”, indicó. No obstante, ante la consulta de LA NACION, terminó por reconocer el usufructo familiar de la vivienda, su intervención en reuniones de copropietarios y hasta reveló que en varias oportunidades fue a reclamar al IVBA. Además, aseguró: “Nunca me gustó la operatoria que rodeó al proyecto porque tenía el tufillo del menemato”. Ricaldoni confirmó que defenderá los “derechos adquiridos” por su familia. “O tendrán que devolverme el dinero que puse”, advirtió.

EL USO DE LOS FONDOS PUBLICOS EN TUCUMAN

Negocios para todos en la remodelación de un ex hotel El gobierno de Alperovich lleva gastados más de $ 3 millones en la obra JOSE IGNACIO SBROCCO PARA LA NACION SAN MIGUEL DE TUCUMAN.– El ex director de Arquitectura y Urbanismo (DAU) de esta provincia Miguel Brito recurrió a un curioso mecanismo para dejar en condiciones el ex hotel Corona, una propiedad ubicada frente a la plaza Independencia, a pocos pasos de la Casa de Gobierno. El edificio estaba semiabandonado desde los años 90, pendiente de que se resuelva judicialmente la titularidad de la propiedad, que pertenecía a la familia Mejail. Brito convocó a 28 cotejos de precios para finalizar los trabajos en ese predio. Con sólo consignar que una obra es prioritaria o urgente, la DAU podía contratar obras por hasta 150.000 pesos sin necesidad de llamar a una licitación pública. Alcanzaba el cotejo de precios, en los que participaban entre tres y cinco empresas. El organismo lleva gastados $ 3.266.250,74 en esa propiedad. Lo curioso es que varias empresas ganaron varios cotejos de precios dentro de esa misma obra. La empresa Vitriu hizo cinco obras allí, por un monto superior a los $ 530.000, según se desprende de la denuncia penal realizada por los legisladores radicales Silvia Elías de Pérez y Ariel García en contra de Brito, por supuesto fraude a la administración pública. “Si la hubiese hecho por contrato, la obra habría costado más de $ 6 millones. Le ahorré dinero al Estado al comprar los materiales piso por

FERNANDO FONT

El ex hotel Corona piso”, dijo ayer Brito a LA NACION. La DAU realizó la remodelación del ex hotel Corona con sus propios empleados. Es decir, sólo compró los materiales. “Todo lo que se hizo en la DAU fue aprobado por el Tribunal de Cuentas. Tenemos controles antes, durante y cuando se termina la obra”, se justificó Brito.

Las contrataciones La empresa JAM también vendió materiales en cinco oportunidades a la DAU, que sumaron $ 411.000 para esa obra. En cambio, BJ Ramos Sabate vendió por $ 736.000. La empresa Drober Aráoz, de un

sobrino político de Brito, se quedó con un cotejo de precios y cobró, así, $ 149.000. “La empresa Drober Aráoz participó de muchos cotejos de precios. En algunos ganó y en otros no. Nosotros elegimos al que nos da el mejor precio”, se defendió el ahora ex funcionario. Brito debió renunciar a su cargo luego de que el Tribunal de Cuentas de la provincia frenara unas compras de luminarias para remodelar la Casa de Gobierno. El organismo de control detectó que la DAU iba a pagar montos entre un 42 y un 128% más caros por los mismos artefactos lumínicos. Tras el escándalo que generaron en la provincia las contrataciones de la DAU, Brito señaló que Roberto Bianchi, subdirector del organismo, había sido el encargado de contratar los artefactos para iluminar la Casa de Gobierno. “Esperaba un gesto de grandeza de su parte en reconocer que se había encargado de esa obra, pero no lo hizo”, se lamentó el ex colaborador del gobernador. Dentro de las empresas que hicieron obras para la DAU, hay una que pertenece a dos personas muy ligadas al gobernador José Alperovich. Luxury BH SA pertenece a Rubén Rojkés y a José Mario Laks. Rojkés es cuñado y socio del gobernador en dos empresas, mientras que Laks es síndico de una de las empresas del primer mandatario. Por realizar el cordón cuneta de tres cuadras, la firma Luxury BH percibió $ 148.000.

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