Política

Miércoles 6 de febrero de 2008

LA NACION/Página 5

Importación sospechosa: decisión de Taiana tras una investigación de LA NACION

Autos: desplazaron a otro funcionario Continuación de la Pág. 1, Col. 4

desplazado. En la reunión con LA NACION, Mitchel explicó que si bien la Cancillería había denunciado y seguía investigando por qué se había otorgado esa nacionalización “por cortesía”, cuando solicitó al Registro Automotor dar “pronto despacho” al reclamo del diplomático ecuatoriano, el plazo de nueve meses ya estaba cumplido. “Ya no podíamos detener el trámite”, enfatizó. Al terminar la entrevista, elevó un descargo a Taiana, a quien le explicó que había detectado “un error”, consistente en que se había solicitado al Registro Automotor el “pronto despacho” para el otorgamiento de la cédula verde de un vehículo observado en el informe de auditoría. La explicación no conformó al canciller, que decidió el cese en sus funciones como interventor del área de franquicias. El diálogo de LA NACION con Mitchel fue gestionado por el área de prensa de la Cancillería, cuando el diario pidió una explicación oficial sobre la operación detectada. Durante la reunión, de una media hora, el funcionario no admitió ningún “error” y no comentó que fuera a presentarle un descargo a Taiana. Ese dato y la resolución sobre el desplazamiento de Mitchel la comunicó el ministerio ante la inminente publicación de la noticia. El Hummer H3 de Salazar Castro ingresó en el país el 16 de noviembre de 2006 y se nacionalizó el 5 de junio de 2007, dos meses antes de que se cumpliera el plazo mínimo de nueve meses estipulado en el decreto 25/70.

“Cortesía” En la auditoría de la Cancillería figura como uno de los casos en los que “no se cumplió con los plazos establecidos en la legislación vigente” y en que el beneficio impositivo se brindó “por cortesía”. Se destaca que no se contaban con “acuerdos específicos para otorgar mayores beneficios que los previstos en la norma general” y que no se había dejado constancia de ello en los certificados de nacionalización. El Registro Automotor tenía frenados varios trámites porque algunos de los autos importados por el régimen de franquicias no contaban con la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), un permiso de circulación que otorga la Secretaría de Industria a los modelos que no se venden en el país. Ninguno de los Hummer cuenta con esa licencia. Sin la cédula ver-

La Cancillería apuró el trámite de nacionalización de un Hummer después de haber concluido la auditoría en la que identificaba a ese vehículo como importado de manera irregular.

LA AUDITORIA

CARTA INTERNA

Son dos BMW de la embajada rusa

Canciller Taiana

24/10/2007: el Hummer H-3 comprado por el agregado militar de Ecuador Gustavo Salazar Castro figura entre los que se nacionalizaron sin cumplir con la normativa vigente.

Hummer H-3

19/12/2007: la Cancillería pidió al Registro Automotor que se diera “pronto despacho” al pedido de nacionalización del vehículo del funcionario ecuatoriano, pese a que ya se había descubierto que estaba en falta. LA NACION

de, los coches no podían circular ni ser vendidos. La nota de la Dirección de Ceremonial a la que accedió LA NACION figura en la causa judicial que instruye el juez en lo penal económico Jorge Brugo. La envió Mitchel a partir de un escrito previo, del 2 de agosto de 2007, en el que la Dirección Nacional de Industria –dependiente de la Subsecretaría de Industria– dictaminó que los autos importados por medio del sistema de franquicias diplomáticas estaban “exceptuados” de la exigibilidad de la LCM. Tras informar esta situación y mencionar el caso de Salazar Castro, la Dirección de Ceremonial “solicita que se dé pronto despacho a las solicitudes diplomáticas en trámite”. El 15 de enero, el trámite se destrabó y el diplomático ecuatoriano logró obtener su certificado de importación y su cédula verde. El Hummer H3 ya estaba vendido. La agilización del trámite estaba impulsada también por Alberto Gozzi, el abogado de Salazar Castro, que en diciembre había presentado una acción de amparo ante la Corte Suprema para destrabar la entrega de la cédula verde. Ese expediente se volvió abstracto y se cerrará en los próximos días.

Una explicación que al final le costó el cargo Eduardo Mitchel, el segundo funcionario del Gobierno que perdió su puesto por el escándalo de los autos importados con franquicias diplomáticas, había sido el encargado de explicar a LA NACION, minutos antes de su remoción, el pedido de la Cancillería para que se agilizara el trámite de un auto denunciado previamente como irregular. Encaró la entrevista provisto de documentos que probaban que el requisito que trababa la entrega de la cédula verde al Hummer H3 del diplomático ecuatoriano no era exigible a los autos ingresados en el país por medio del régimen de franquicias. Y sostuvo que en la nota que se pidió “pron-

Descubren ventas con facturas mellizas

Trámite urgente

to despacho” al registro automotor se limitó a transcribir un dictamen de la Secretaría de Industria que decía eso mismo. “La nacionalización se había otorgado en junio. Cuando nosotros pedimos el pronto despacho para que se entregara la cédula verde, el auto ya llevaba 13 meses en el país”, explicó, en tono didáctico y amable. “Aunque en la auditoría se objetó que se hubiera dado la nacionalización ‘por cortesía’, en diciembre no teníamos razones para detener el trámite”, agregó. El funcionario explicó, además, que la nacionalización no podía volverse atrás si no había una decisión judicial sobre el tema.

Uno de los intermediarios usó coches de embajadas Investigan a Pablo Rodríguez, proveedor de los diplomáticos Uno de los intermediarios a los que apuntan los investigadores del caso de los autos para diplomáticos estaba en la mira de la Justicia varios meses antes de que la Cancillería denunciara las irregularidades en el régimen de importación. Se trata de Pablo Rodolfo Rodríguez, uno de los vendedores que gestionaban la importación de coches de lujo para embajadas. Ahora lo investigan por la sospecha de que circulaba en vehículos con chapa diplomática, sin tener ese estatus que otorga garantías especiales (por ejemplo, los vehículos no pueden ser objeto de requisas ni de ninguna otra medida restrictiva). Además, hay indicios de que tenía una credencial emitida por la Cancillería que lo acreditaba como apoderado de la embajada de Rusia. Según indicaron fuentes judiciales, los datos sobre Pablo Rodríguez y otras dos personas de ese mismo apellido (José Evaristo y Nicolás) aparecen en un dictamen firmado por el fiscal federal Gerardo Pollicita en una de las causas derivadas por escándalo de los autos importados con franquicias diplomáticas. El expediente está en manos del juez Claudio Bonadío. LA NACION había publicado la semana pasada que Rodríguez, de 32 años, figuraba en el Informe de Auditoría 25/07 de la Cancillería, con el que se inició la causa judicial, el lunes 21 de enero. Allí dice que, entre 2006 y 2007, el gestor intervino en siete trámites de nacionalización, en representación de tres embajadas, “dos de Europa oriental y una del Caribe”. Se encargó de gestionar la nacionalización de un BMW 320D, un BMW 325 i, un Infiniti FX 35, un Toyota Yasuki Coatar y un Porsche 911, entre otros. El caso contra los tres Rodríguez se inició por la denuncia de dos particulares. Ellos dijeron que los autos con chapa diplomática “son utilizados todos

ARCHIVO

El juez Bonadío instruye una de las causas sobre los autos diplomáticos

los días por las personas en cuestión”. Y mencionaron tres coches: un BMW 350 D (patente CD 2779), un BMW 330 D (patente PA 6709) y un Peugeot 406 (patente PA 6463). En una de las presentaciones agregadas a la causa surge un dato que podría ligar al intermediario con la embajada de Rusia. Rodríguez fue a retirar un vehículo de la delegación de ese país que había sido secuestrado por orden del juzgado federal de Campana en el contexto de una causa por contrabando. “Para alcanzar su propósito [Rodríguez] exhibió una credencial extendida por el Ministerio de Relaciones Exteriores a nombre de Pablo Rodrí-

guez, que lo acreditaba como chofer y apoderado especial de la embajada de Rusia”, sostiene el dictamen del fiscal Pollicita. Los denunciantes de la supuesta irregularidad pidieron que se investigara el posible expendio irregular de una credencial diplomática a una persona que no cumpliría con los requisitos necesarios. Pollicita remitió un oficio a la Cancillería para que le informe si los vehículos investigados siguen en poder de delegaciones extranjeras y si fueron ingresados en el país mediante el régimen de franquicias diplomáticas.

La Aduana encontró dos facturas mellizas que justificaban la compra de autos de alta gama importados con los beneficios del régimen de franquicias para diplomáticos, según informaron ayer fuentes de ese organismo. El caso despertó la atención de los investigadores a partir de un pedido de información que se hizo a la dirección de aduanas de Uruguay, en el contexto de la revisión de trámites que se inició con una denuncia de la Cancillería. Según se indicó, la Embajada de Rusia en la Argentina había ingresado en el país dos BMW, comprados en la concesionaria Camur SA, agente oficial de la firma alemana en Montevideo. Las sospechas de irregularidades surgieron al descubrirse que las facturas de compra tienen el mismo número: 056372. Uno de los documentos figura a nombre de Andrey Murashkin, que pagó 29.800 dólares por un BMW 330 D. La otra factura fue extendida a Yulia Kuydan. Compró un BMW 320 D, por 23.800 dólares. En principio, el organismo que conduce Ricardo Echegaray pidió información a las autoridades de Uruguay para ver cuál de las dos facturas era la real. La investigación apunta a determinar si, además de ingresar los coches a partir de un régimen especial que presentaba irregularidades, los diplomáticos o sus proveedores podrían haber incurrido en delitos de evasión fiscal. Los autos de Rusia aparecen mencionados en otra causa en la que se investiga a un importador argentino (ver aparte). Cuando estalló el escándalo con la denuncia judicial que salpicó a los funcionarios extranjeros, el embajador de Rusia, Yuri Korchagin, fue el primero en quejarse en público por la difusión de las supuestas maniobras ilícitas. En un comunicado, dijo que percibía “un trasfondo político” en la forma en que se ventiló el caso. Y, si bien se cuidó de aclarar que la Cancillería le había dado explicaciones convincentes, sugirió que otros sectores del Gobierno podrían querer sacar provecho con esta investigación.

Aduana ■ Por decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fueron desplazados ayer dos funcionarios de la Aduana (el director de Investigaciones y el de Gestión de Riesgo). Se incrementó así la tensión entre Abad, jefe de la AFIP, y Ricardo Echegaray, director de la Aduana. No se informó si la medida tenía que ver con el caso de los autos diplomáticos. La semana pasada había sido removida la segunda de Echegaray.