Política
Página 6/LA NACION
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Jueves 31 de enero de 2008
Importaciones sospechosas: más revelaciones de la causa
Autos: apuntan a dos intermediarios Son gestores que intervinieron en una veintena de trámites con distintas embajadas que importaron vehículos de lujo Por Lucas Colonna y Gabriel Sued De la Redacción de LA NACION Dos nombres han acaparado la atención de los investigadores en el caso por la importación y venta irregular de vehículos con franquicias diplomáticas: se trata Néstor Rubén González y Pablo Rodolfo Rodríguez, dos intermediarios de las operaciones realizadas entre la Cancillería, las embajadas y los compradores de los autos de lujo. Ambos actuaron, según revelaron a LA NACION fuentes de la investigación, en los trámites de importación, nacionalización y posterior venta de una veintena de coches. Lo hicieron en representación de funcionarios de más de 10 embajadas, entre ellas, las de Paquistán, Bolivia y países africanos. El escándalo se desencadenó la semana pasada, a partir de una denuncia de la Cancillería que alertó sobre irregularidades en los procesos de importación y nacionalización de los
“González ofrecía vehículos a los funcionarios y hacía los trámites en Cancillería, donde tenía ingreso irrestricto”, dijo un ex cónsul boliviano vehículos. La maniobra consistía, se sospecha, en la importación de autos libre de impuestos, su posterior nacionalización y venta en el mercado, antes del plazo legal estipulado, que nunca es menor a nueve meses desde el ingreso del coche en el país. En la Justicia hay dos causas abiertas sobre el tema. Una de ellas involucra a 33 funcionarios extranjeros en actividad, siete de los cuales son embajadores, por lo que el caso se elevó a la Corte Suprema. El nombre de Rodríguez, de 32 años, aparece mencionado en el Informe de Auditoría 25/07 de la Cancillería, con el que se inició la causa judicial, el lunes 21. Allí dice que, entre 2006 y 2007, el gestor intervino en siete trámites de nacionalización, en representación de tres embajadas, “dos de Europa oriental y una del Caribe”. Se encargó de
gestionar la nacionalización de un BMW 320D, un BMW 325 i, un Infiniti FX 35, un Toyota Yasuki Coatar y un Porsche 911, entre otros. El caso de González, titular de la empresa Bayres Trading, forma parte del anexo del informe de auditoría, que también está en poder de la Justicia. Fuentes calificadas dijeron que representaba a por lo menos 10 embajadas y se especializaba en la importación de vehículos Hummer y Porsche. La mayoría de esos trámites tienen observaciones sobre posibles irregularidades, detallaron fuentes del caso. Uno de los diplomáticos bolivianos a los que representó, el ex cónsul de Bolivia en Buenos Aires Alvaro Gonzales Quint, denunció ayer que González y Bayres Trading estuvieron a cargo de todo el procedimiento para el ingreso y reventa de los vehículos. “La misión diplomática de Bolivia gestionaba las liberaciones de vehículos a través de la empresa Bayres Trading, de propiedad del señor Néstor González, quien ofrecía vehículos a los funcionarios y efectuaba los trámites ante las reparticiones de la Cancillería argentina, donde tenía ingreso irrestricto”, dijo el funcionario, en una carta publicada ayer en el diario La Prensa, de Bolivia. El diplomático aseguró allí que los solicitantes “no tenían facultad para indagar sobre las posibles connivencias” entre funcionarios de la Cancillería argentina y estos intermediarios. “Es cierto que esos vehículos, pasado cierto tiempo, podían ser nacionalizados e ingresados en el mercado argentino, pero en todo caso la ley argentina así lo permitía. El funcionario diplomático sólo lo transfería, sin tener responsabilidad sobre el pago de impuestos, obtención de placas o seguros para los compradores”, agregó. De acuerdo con las fuentes, tanto González como Rodríguez tendrían un papel clave, pues ambos podrían haber operado como los nexos entre las representaciones extranjeras, los concesionarios y el departamento de Franquicias del Palacio San Martín en los trámites para el ingreso, la nacionalización y la venta de los autos de lujo, en muchos casos, por fuera de los límites en vigor para este tipo de operaciones. Esa hipótesis es incluso sustentada por los dichos de Gonzales Quint. “Bayres Trading hacía toda la tarea. Todos los funcionarios diplomáticos
En Uruguay denuncian “motivos políticos”
Dos casos investigados BMW 320D
BMW 530D
Diplomático
Diplomático
Kuydan Yulia (agregado de la Embajada de la Federación Rusa)
Raúl Niceto Capriles Jordán (Cónsul de la República de Bolivia en Orán)
Fecha de introducción en país:
Fecha de introducción en país:
12/9/2006 (por el puerto de Buenos Aires)
4/4/2006 (por el puerto de Buenos Aires)
Fecha del cese del funcionario:
Fecha del cese del funcionario:
19/9/2006
31/3/2006
Fecha de nacionalización:
Fecha de nacionalización:
14/8/2007
9/5/2007
Dura reacción de un ex embajador
LA NACION
efectuaron el mismo procedimiento, idéntico en la forma y la relación con el intermediario”, aseguró el ex cónsul en la carta. “Todas las franquicias eran controladas y autorizadas por los jefes de misión y las cancillerías”, concluyó.
Las irregularidades La auditoría señala severas irregularidades en el funcionamiento de la Dirección de Ceremonial, de la que depende el Departamento de Franquicias. Según el documento en poder de la Justicia, esa repartición “extravió” la documentación con los registros de las franquicias concedidas en 2004, 2005 y 2006. “Se destruyeron documentos”, dijo una fuente de la investigación. La auditoría advierte sobre la aplicación de un criterio arbitrario en la concesión de los permisos de importación, cuando señala la existencia de “desorden y faltante de alguna documentación de respaldo de las autorizaciones”. Por ejemplo, en algunos casos se observó “la falta de una factura respaldatoria de la importación”.
Analizan nuevos casos La fiscal en lo penal económico María Luz Rivas Diez solicitó ayer una quincena de medidas de prueba para avanzar en la investigación sobre los autos importados con franquicias de diplomáticos. El pedido apunta, entre otras cosas, a ampliar la cantidad de vehículos bajo investigación. Pero, a la vez, sugiere que en los casos en los que la pesquisa involucre en forma directa a un diplomático se eleve la cuestión a la Corte Suprema. Rivas Diez presentó su dictamen ante el juez Marcelo Aguinsky, que hoy prevé resolver sobre los pedidos más urgentes y dictar una prohibición de circulación sobre unos 40 autos, similar a la que ordenó la semana pasada sobre 56 vehículos. Algunos de esos coches pertenecían a personajes famosos del deporte y los negocios. En el nuevo listado de autos cuyo origen está bajo sospecha figura un Range Rover a nombre del polista
Adolfo Cambiaso. Un coche perteneciente a La Dolfina, la empresa del deportista, figuraba en la anterior nómina de autos sospechados. Mañana, al finalizar el turno que estaba cumpliendo durante la feria de verano, Aguinsky elevará la causa a la Cámara en lo Penal Económico para que se sortee un juzgado definitivo. El nuevo magistrado será el encargado de resolver acerca de las medidas de fondo que reclamó la fiscal. Algunas de ellas, según supo LA NACION de fuentes del caso, apuntan contra las agencias en las que se comercializaron los coches. Como ocurrió durante los últimos días, varios abogados de famosos que quedaron involucrados en el caso tras adquirir autos importados por diplomáticos se acercaron al juzgado de Aguinsky. Alejandro Minujen, dueño de una agencia de autos mencionada en la causa, se puso ayer a disposición de la Justicia.
MONTEVIDEO (De nuestro corresponsal).– El ex embajador uruguayo en la Argentina Alberto Volonté reaccionó ayer con indignación y absoluto respaldo a la diplomática uruguaya involucrada en el caso judicial sobre vehículos de personal de embajadas en Buenos Aires: sugirió que había “intencionalidad política” para involucrar a funcionarios de su país en un escándalo. La cancillería oriental se mantuvo en la seguridad que le dan los informes recibidos desde Buenos Aires que indican que “ningún funcionario uruguayo cometió irregularidades”, aunque el ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, dijo que si la justicia argentina demostrara que hay un caso que no respetó las normas, analizaría el caso formalmente. “Si eso pasara, nosotros vamos a actuar, primero, defendiendo su inmunidad diplomática y, en segundo lugar, tomando las medidas necesarias para garantizar que los funcionarios uruguayos cumplan con las normas del régimen de franquicias”, dijo Gargano. Las respuestas de Gargano y Volonté se dieron a la prensa local frente a la nota de LA NACION por el caso de una camioneta Hummer H2 comprada por el cantante Oscar “El Chaqueño” Palavecino, que había pertenecido a la diplomática Myriam Fraschini. Volonté dijo que ponía “las manos en el fuego” por Fraschini. “Yo creía que atrás de todo esto no había ninguna motivación política respecto de Uruguay”, dijo Volonté, pero añadió que cambió de opinión al enterarse del cas. “La Cancillería argentina tiene todos los elementos para aclarar la honorabilidad de la doctora Fraschini”, añadió.
Secuelas de la Guerra de las Malvinas: hay casi 700 subsidios bajo sospecha
Investigan un fraude con las pensiones de ex combatientes Continuación de la Pág. 1, Col. 5
que todos los meses cobran en la Anses. Las nóminas incluyen unas 20.000 personas, pese a que las estimaciones de las organizaciones de ex combatientes indican que hubo entre 10.000 y 14.000 soldados en el archipiélago. A mediados del año pasado, Marijuán confirmó sus sospechas: había 2453 personas que percibían la pensión y que no aparecían en las nóminas de veteranos. Las conclusiones del estudio, del que participó la Gerencia de Asuntos Penales de la Anses, se giraron a la Unidad de Atención y Asistencia de Veteranos de Guerra de Malvinas del organismo previsional, para que se analizara caso por caso. Allí se descubrió que 1768 beneficios eran percibidos por familiares de ex combatientes que habían heredado la compensación y que correspondía seguir pagándolos. De los otros 685 casos no hay por ahora explicación alguna. Si todos fueran veteranos falsos, sólo durante el año pasado el perjuicio habría ascendido a 14.697.360 pesos. El número de aparentes irregularidades supera la cantidad de soldados argentinos que cayeron durante el conflicto: 649; 323 en el hundimiento del crucero General Belgrano y 326 en el archipiélago. A eso hay que agregar unos 350 veteranos que se suicidaron desde 1982 hasta la actualidad por las secuelas psicológicas que les dejó el conflicto. A fines del año pasado, la Ufises comenzó a recibir los resultados del entrecruzamiento de los padrones y a denunciar las irregularidades ante la Justicia. En lo que va del año, Marijuán ya hizo 12 presentaciones por anomalías en la percepción de las pensiones. Hasta ahora hay dos causas abiertas, que tienen como acusados a los que cobraban indebidamente la mensualidad. Pero el fiscal analiza investigar las responsabilidades políticas. En la mayoría de los casos se tra-
1788 Pesos Es lo que cobra por mes cada uno de los combatientes que intervino en el conflicto bélico con Gran Bretaña
ta de personas que, para obtener el beneficio, presentaron certificados adulterados. También se detectaron casos de hombres que habían estado en las islas pero que cobraban dos pensiones a la vez. Esos beneficios ya fueron dados de baja por la Anses, informó a LA NACION una fuente judicial.
20.000 Personas Son las que reciben la pensión. Según los organismos de veteranos, en la guerra no hubo más de 14.000 efectivos
Los beneficios Las pensiones comenzaron a pagarse en 1990, a partir de la ley 23.848. Esa norma sólo incluía a los ex soldados combatientes conscriptos que hubieran participado en “efectivas acciones bélicas de combate, en el conflicto del Atlántico Sur, y civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares en los cuales se desarrollaron estas acciones entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”. En 1996, el beneficio se extendió a todos los ex soldados combatientes conscriptos que estuvieron en las islas y a los que, habiendo estado en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), entraron “efectivamente en combate”. Al año siguiente se modificó nuevamente la ley para incluir a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que cumplían con los requisitos normativos que se encontraban en situación de retiro o de baja y que, a la vez, no gozaban de pensión alguna. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se decidió por decreto aumentar el monto de las pensiones, que pasaron a ser equivalentes a tres jubilaciones mínimas. En la misma norma se resolvió también que los oficiales y suboficiales retirados que habían estado en las islas podían percibir el beneficio aunque ya tuvieran una jubilación. La última modificación se hizo en julio de 2005. Se resolvió entonces que el beneficio alcanzara también a los oficiales y suboficiales en actividad. Ahora, por primera vez desde el final de la guerra, el padrón de beneficiarios podría empezar a reducirse.
685 Subsidios GUSTAVO MUÑOZ
Borgobello muestra sus recuerdos de la guerra que le marcó la vida
“Es una afrenta a la sangre derramada por los soldados” Ramón Borgobello es el veterano que denunció la maniobra Ramón Borgobello, denunciante en el caso de irregularidades en el pago de pensiones a ex combatientes, se enteró de que iba a ir a la Guerra de Malvinas el 17 de abril de 1982, a las 10 de la noche. Lo llamaron por teléfono a su casa. “Pensé que te ibas a poner blanco”, se sorprendió su superior de la base aérea de El Palomar, ante la respuesta templada del suboficial. “No, ¿por qué? Si yo entré para esto”, replicó él. Dos días después, Borgobello, un mecánico de armamento que entonces tenía 37 años, aterrizó en la isla Soledad y, bajo el mando de Mohamed Alí Seineldín, quedó a cargo de la defensa de la bahía Cristina, donde estaba la pista de aterrizaje sudeste del archipiélago. Volvió al continente el 14 de julio, un mes después de la finalización del conflicto, en el buque hospital británico St. Edmund, donde había estado como prisionero. Pese a que pasaron más de 25 años,
Borgobello parece acordarse de todo. Recibe a La Nacion en su casa de El Palomar rodeado de recuerdos de la guerra y de una pila de documentos que evidencian la inflación que sufrieron los padrones de ex combatientes. “Este es el mayor fraude que hay en el país. Es una afrenta a la sangre derramada por los soldados”, dirá durante la entrevista. Muestra con orgullo varias fotos suyas en las islas, su certificado de ex combatiente y un afiche del St. Edmund. El era el prisionero 594 de un total de 600. También conserva una carta que recibió el 27 de abril de 1982 de parte de Teresa, una alumna de una escuela primaria. Sólo cuatro días después de que Teresa escribiera esa carta, la bahía Cristina sufrió el primer ataque inglés. “Cuando empezaron a caer las bombas eran las 4.40 de la mañana. Estábamos dormitando con el equipo puesto. Tres soldados murieron
dentro de las bolsas de dormir.” Por primera vez, la locuacidad de Borgobello se interrumpe. Se toma con el dedo pulgar y el índice el entrecejo y aprieta los labios para no llorar. Pero no lo logra: “Yo recorría los 2 kilómetros que tenía el campamento para llevarles la comida a los soldados. Les cantaba para subirles la moral”. Se repone, pero enseguida vuelve a quebrarse: “Sin despreciar a mi familia, yo hubiera querido morir allá, en Malvinas”. Hoy, su lucha es otra. Cuenta que lo conocen como “el loco del librito”, porque interpela a cada persona que se declara como ex combatiente con un texto en el que figura la primera nómina de veteranos. “En la isla éramos 8000 y ahora están cobrando 25.000. Tenemos 17.000 en contra”, dice. Según la información que asegura haber recogido en la jefatura de personal que funcionaba en las islas, en total combatieron 8231 hombres.
Son los que están bajo sospecha. La nómina de beneficiarios también se agrandó por cambios normativos
12 Pensiones Son las que ya se dieron de baja, a partir de la denuncia del titular de la Ufises, Guillermo Marijuán
649 Bajas Son los argentinos que murieron durante la guerra. 323 de ellos en el hundimiento del crucero General Belgrano
350 Suicidios Se calcula que son los ex combatientes argentinos que se quitaron la vida desde la finalización del conflicto
