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POLITICA
I
Viernes 2 de julio de 2010
FONDOS CUESTIONADOS s CITAN COMO ACUSADO A CAPACCIOLI
Afirman que hubo lavado en la campaña Continuación de la Pág. 1, Col. 4 asociación ilícita que comercializaba medicamentos falsos o que debían distribuirse gratis y colaboraba en la confección de certificados falsos para cobrar reintegros de la Superintendencia de Salud. Es al fundamentar esta acusación cuando el juez reconoce que el dinero obtenido ilegalmente mediante estas maniobras terminó en la campaña electoral como una forma de blanquearlo. Oyarbide aún no fijó fecha para indagar a Capaccioli, porque espera que la Cámara Federal le devuelva el expediente, pues está estudiando apelaciones del procesamiento de otros involucrados en las maniobras ilegales. Pero Oyarbide decidió avanzar empujado por una resolución de la propia cámara, que al rechazar una vez más la excarcelación del líder bancario Juan José Zanola lo había reprendido: dijo que “prácticamente
El recaudador
HECTOR CAPACCIOLI
EX SUPERINTENDENTE DE SALUD
Partido: PJ porteño Edad: 52 Kirchnerista de la primera hora. ➽ Capaccioli llegó al gobierno de Néstor Kirchner en 2003, de la mano del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El hombre de los fondos. Fue ➽ tesorero de la campaña Kirchner 2003 y luego se encargó de recaudar fondos para potenciar la candidatura de Cristina Kirchner en 2007, tarea por la que ahora lo investiga la Justicia. Antes había actuado como gremialista y fue funcionario de Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Aires. en el Gobierno. Perdió ➽ suFinalpuesto a fines de 2008, en medio de las primeras investigaciones sobre irregularidades en la campaña.
no se han ordenado ninguna de las medidas sugeridas” por el tribunal en sus anteriores intervenciones, por lo que le recomendó que “en forma urgente lleve a cabo la totalidad de las diligencias indicadas para que el caso llegue a juicio”.
Informe comprometedor Pero, además, el magistrado recibió un informe de la Policía Federal sobre expedientes de pago de reintegros a las obras sociales por parte de la Administración de Prestaciones Especiales (APE), donde se comprobaron anomalías con facturas supuestamente falsas. Hasta hubo casos en los que las obras sociales recibieron reintegros antes de comprar medicamentos de alto costo para tratamientos complejos. La Cámara rechazó ayer la excarcelación del empresario Brito, así como denegó la exención de prisión del comerciante de medicamentos Marcelo Abasto, actualmente prófugo en Brasil, donde se dedica a vender remedios. La citación de Capaccioli se conoció mientras el ex funcionario –de origen gremial– se encuentra de vacaciones en Sudáfrica, siguiendo al seleccionado argentino en el Mundial de fútbol. El fiscal federal Luis Comparatore había pedido en los últimos cuatro meses en dos ocasiones indagar a Capaccioli. Lo justificaba al sostener que el inusual despliegue delictivo de la mafia de los medicamentos sólo podía concebirse con la anuencia del funcionario del Estado que debía controlar el pago de los reintegros a las obras sociales por los remedios de alto costo y la medicación que proveían a los afiliados. Hace menos de una semana el fiscal insistió en su reclamo y sumó a la lista de sospechosos que en su opinión debían ser indagados a otros recaudadores de fondos proselitistas: el actual director de la Lotería Nacional, Hernán Diez, y Sebastián Gramajo, un ex legislador kirchnerista y actual gerente del Consejo Consultivo de Jubilados en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Hace tres meses la Cámara Federal porteña también le ordenó a Oyarbide que indagara a Capaccioli y que investigara a Enrique Dratman, esposo de la diputada kirchnerista Diana Conti y socio de Néstor Vázquez en la droguería Cofeme. Vázquez fue gerente general de la Superintendencia de Salud en la época en que Capaccioli era el jefe en esa dependencia. La razón que puso a todos bajo investigación judicial –excepto a Vázquez– son las conversaciones que mantuvieron con Néstor Lorenzo a través de su teléfono celular, que estaba siendo escuchado por la Justicia. Capaccioli, que había llegado al Gobierno de la mano del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, renunció a la Superintendencia de Servicios de Salud el 12 de noviembre de 2008 por discrepancias con la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, una de las impulsoras de esta investigación.
Festejan que no hayan liberado a Zanola El dirigente bancario Raúl Fontana, quien denunció a Juan José Zanola por fraude electoral en las elecciones realizadas en La Bancaria en octubre pasado, festejó la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de rechazar un nuevo pedido de excarcelación del ex conductor del gremio. Sin embargo, Fontana dijo: “A pesar de que Zanola está arrestado en el penal de Marcos Paz, todavía conduce el sindicato y envió a sus soldados a vestirse de combativos”. Declaró que, “con la excusa de un nuevo aumento salarial y de la suba del mínimo de Ganancias”, el oficialismo “pretende presionar a la intervención judicial de La Bancaria”.
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Usaron cheques prestados para blanquear dinero Son 310.000 pesos; no queda claro cómo recuperaron la plata El lavado de dinero consiste en dar apariencia lícita a dinero proveniente de un delito y la forma más sencilla de hacerlo es colocar el negocio turbio lejos de quien lo realiza, poniéndolo en cabeza de otra persona, que presta su nombre y su firma. Esta es la maniobra que encontró el juez Norberto Oyarbide al sostener que se usó la campaña presidencial llevada a cabo por el Frente para la Victoria en 2007 para blanquear dinero sucio. Lo hizo al fundar el procesamiento de Gabriel Brito, un empresario que relató en detalle cómo se hacían las estafas con medicamentos e involucró a Néstor Lorenzo en las maniobras. Brito quedó preso como integrante de la asociación ilícita que describió, pero también como partícipe en el delito de lavado de dinero. El blanqueo, según el juez, se produjo cuando Brito le prestó cuatro cheques de su empresa Global Pharmacy a Lorenzo por 310.000 pesos, que terminaron depositados en la colecta de campaña. Eran dos cheques por 77.000 pesos y dos de 78.000 pesos. El dinero para cubrir esos cheques
fue provisto por Lorenzo, que se lo dio a Brito en efectivo. Brito o su hermano hicieron los tres depósitos para cubrir los cheques. Oyarbide entendió que “se otorgaba de esa manera una apariencia de licitud a fondos presuntamente espurios que provenían de hechos ilícitos”. Otro cheque de Brito terminó en manos de Lorenzo depositado en la cooperativa de crédito Vernet. Como Lorenzo nunca lo cubrió, Vernet le pidió la quiebra a Global Pharmacy. Brito está procesado por extorsionar a Vernet, pues hay grabaciones en las que Brito señala que les pedía dinero para no denunciarlos como protagonistas de “la ruta del lavado de guita que está buscando Oyarbide” “A los fines de configurarse el delito [de lavado] es indistinto que ese dinero haya sido destinado a la campaña o haya sido utilizado para otro fin. Lo importante es que Brito consintió al firmar esos cheques, aparentando que eran de Global Pharmacy, cuando en realidad era Lorenzo el que usaba su empresa para cubrir la ruta del dinero, ocultando al verdadero depositante, que era él”, escribió el juez. La idea es que Brito
Jaime: una búlgara dice ser la dueña del semipiso de Figueroa Alcorta
Oyarbide, favorecido en el Consejo
permitía que Lorenzo reingresara su dinero al mercado financiero, dándole apariencia de licitud. No obstante, Oyarbide aclaró que el delito de lavado en la campaña está siendo investigado en otras dos causas paralelas que tienen la jueza María Servini de Cubría y su colega Ariel Lijo. Dijo que son ellos los que deben determinar el origen del dinero que puso Lorenzo. Pero hasta ahora Servini de Cubría aguarda que sea Oyarbide el que eche luz sobre ese punto a través de su causa. Oyarbide aclaró que “si bien el origen de los fondos sería ilegal, no se pudo determinar que provenían de las droguerías que firmaban los cheques”. Por eso el juez entendió que Brito no participó de la estafa, pero sí del encubrimiento de lavado de dinero. No queda claro, de todos modos, de qué manera Lorenzo recuperaba esos fondos “limpios” una vez que los invertía en la campaña electoral. Tal vez sea una de las preguntas que el juez Oyarbide le tiene preparada al ex superintendente de Salud y recaudador electoral Héctor Capaccioli cuando lo indague.
PAZ RODRIGUEZ NIELL LA NACION “Terminemos con este sainete”, dijo el kirchnerista Nicolás Fernández. Los consejeros llevaban largo rato en una discusión que al senador ya no le interesaba: sabía que contaba con el apoyo necesario para aprobar el dictamen en favor del juez Norberto Oyarbide y quería que se votara de una vez. Así fue. Con cinco votos afirmativos y dos abstenciones, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó ayer que se recomendara al plenario la desestimación de la denuncia contra Oyarbide, acusado de haber beneficiado en forma “manifiesta” y “sospechosa” a Néstor y Cristina Kirchner en la causa que los investigaba por enriquecimiento ilícito. Las dos abstenciones fueron del camarista Luis Cabral y del académico Mariano Candioti. Ellos habían pedido que el caso se postergara. Querían analizar el dictamen en contra de Oyarbide que acababa de presentar el radical Ernesto Sanz. También el juez Luis Bunge Campos había votado por la postergación, pero él acompañó después al oficialismo, lo mismo que el abogado Santiago Montaña. Bunge sostuvo que la denuncia no era procedente porque se pretendía juzgar el contenido de una sentencia. Ayer, el radicalismo calificó de “escandaloso” lo ocurrido. A través de un comunicado, el Comité Nacional de la UCR afirmó que “por primera vez en la historia” el oficialismo había aprobado un dictamen en favor de un juez “sin siquiera haber leído” el que presentó Sanz, que ayer no estaba porque debió viajar a Mendoza por un juicio de derechos humanos, informaron en su despacho. El kirchnerismo niega tener apuro por salvar a Oyarbide. “No es así –dijo Diana Conti–. El dictamen tiene meses, se postergó un montón de veces y nos negamos a volver a postergarlo dado el impacto del tema y la utilización política que están haciendo. En mi caso, además, personal”. La semana pasada, la UCR cuestionó que Conti no se hubiera excusado en otro caso contra Oyarbide pese a que su esposo había sido mencionado por la Cámara Federal en el expediente por la mafia de los medicamentos. Ayer, la UCR denunció una maniobra de Oyarbide, que recusó a Sanz por “enemistad manifiesta” basado en que el radical le había hecho una denuncia penal. “Buscan apartar a Sanz de toda investigación y lograr que esta causa recaiga en un consejero afín al oficialismo”, afirmó la UCR en el mismo comunicado que cuestionó la votación del dictamen. Ese triunfo de ayer no es determinante para el futuro de Oyarbide: el kirchnerismo tiene los votos para lograr que el plenario desestime la denuncia y no le hacía falta imponer su dictamen en la comisión. De hecho, el jueves próximo, cuando se reúnan todos los consejeros, se debatirán los dos proyectos. Lo que se aseguró el oficialismo es que si nada raro pasa, podrá tener cerrado el caso Oyarbide en una semana, antes de la feria.
La propietaria extranjera
Se trata de una adiestradora de perros que, sin embargo, vive en una zona semirrural de Berisso HUGO ALCONADA MON LA NACION Cada día depara una sorpresa en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Esta vez, con la intempestiva presentación en los Tribunales de Comodoro Py de una ciudadana búlgara que afirmó ser la verdadera dueña del semipiso de la avenida Figueroa Alcorta 3050, a metros de Canal 7. La mujer, Nina Lozeva, se presentó con un abogado para acompañar aparentes copias del libro de directorio de la sociedad anónima Clamarán. Y afirmó que era suyo el $ 1,5 millón que costó el departamento de 250 metros cuadrados adquirido en noviembre y que se mantuvo vacío hasta ahora. Para aumentar la curiosidad de los investigadores judiciales, Lozeva vive en una zona semirrural de Berisso, casi sobre el límite con La Plata, donde ayer no respondió a las llamadas de LA NACION. Radicada desde hace unos años
en la Argentina, Lozeva se dedica a la cría, adiestramiento y venta de perros de pastores alemanes. Su irrupción como aparente dueña del departamento también resultó llamativa, a la luz de su situación apenas cinco años atrás. En febrero de 2005 vivía a pocas cuadras de su domicilio actual, aunque con una situación singular, según relató por entonces al diario El Día, de La Plata. “He venido de Bulgaria a estudiar veterinaria en la Universidad de La Plata y nunca pensé que iba a pasar por esta pesadilla. Tengo que recorrer treinta cuadras para ir a la casa de un amigo que me puede proveer de agua con una cisterna de 1000 litros, que cargo en una camioneta y deambulo en ella, haciendo esfuerzos enormes”, se lamentó. Cinco años después de aquellas semanas que sobrellevó sin agua corriente, dijo haber desembolsado cerca de medio millón de dólares en un semipiso que, además, optó por no ocupar. Pero que ayer le solicitó a la Justicia que levantara su
interdicción, según afirmó, para venderlo. Por su parte, el abogado que la acompañó a Tribunales, Jorge González Novillo, aclaró a LA NACION que él no la representa a ella, sino a la sociedad, “a pedido de un estudio de abogados comercialistas” que le pasaron el caso, pero cuyo nombre estimó “prudente” no precisar.
El amigo del millón y medio González Novillo ignoraba el oficio y el pasado reciente de Lozeva, según indicó a LA NACION. “Ella se presentó como vicepresidenta de la sociedad [por Clamarán], y oportunamente dará explicaciones sobre las condiciones económicas que justifiquen la compra. Luego, qué subyace detrás de ella, se verá”, estimó. Al presentarse ante el juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rivolo, Lozeva argumentó que asumió las riendas de Clamarán después de la compra del semipiso. Pero que la operación la hizo por pedido suyo el su “amigo” Hugo Alvarez Picasso, ya que ella estaba por viajar.
También amigo de Jaime, Alvarez Picasso era el coordinador general de la Unidad Ejecutora del Proyecto Alto del Viaducto Ferroviario Laguna La Picasa. Su contrato concluyó a fines de 2009, según indicó ayer la Secretaría de Transporte. Ya otra vez en la Argentina, según planteó Lozeva, asumió la titularidad de Clamarán en reemplazo de Alvarez Picasso. Y dijo que se aprestó a vivir en el departamento, aun cuando continuó en Berisso y el abogado la contradijo al exponer que, en realidad, ella lo compró para alquilar. Los investigadores judiciales indagarán ahora por qué, si ella le pidió a Alvarez Picasso que comprara el semipiso con su dinero, él continuó como contacto del portero ante cualquier problema y por qué la compra la negoció Silvano del Carmen Mazzucchelli, quien pagó la comisión del 5% que cobró la inmobiliaria Toribio Achával y es, además, uno de los autorizados a retirar el yate de US$ 1,5 millón que la Justicia también vincula a Jaime.
La ciudadana búlgara ➽ Dueña. Nina Lozeva se presentó con un abogado en los tribunales de Comodoro Py y dijo ser la propietaria del lujoso departamento de Av. Figueroa Alcorta 3050, atribuido al ex funcionario Ricardo Jaime. Valuación. El piso, de 250 m , fue ➽ adquirido en $ 1,5 millones. La mu2
jer vive en una zona semirrural de Berisso y hace cinco años residía en una casa sin agua corriente.
Lozeva se presentó ➽ Investigación. ante Oyarbide y declaró que encomendó la operación de la compra del inmueble a su amigo Hugo Daniel Alvarez Picasso. Amigo de Jaime, Alva➽ Elrezamigo. Picasso trabajó hasta el viernes en el Gobierno y manejaba un presupuesto de $ 35 millones para obras en la laguna La Picassa. Fue despedido cuando la Justicia requirió sus declaraciones juradas.
