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eDITORIALeS | CARTAS

| Sábado 11 de octubre de 2014

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870 Número 1, Año 1 “la nacion será una tribuna de doctrina” Director: Bartolomé Mitre

El gobierno que demolió el autoabastecimiento De nada servirá la proyectada ley de hidrocarburos si las autoridades no se empeñan en cambiar el clima de inseguridad jurídica y desaliento inversor

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a media sanción de la ley de hidrocarburos obtenida por el oficialismo en el Senado expuso una vez más la capacidad del Poder Ejecutivo para lograr imponer sus propósitos sobre la voluntad de las provincias en cuestiones donde existen intereses contrapuestos. En este caso, como en otros, las negociaciones se dirimieron en función del poder del que goza el gobierno nacional por su distribución discrecional de fondos o por la reestructuración de antiguas pero significativas deudas provinciales imposibles de afrontar. Es notable que una ley que debiera haber dividido los votos afirmativos y negativos, según el interés en juego de cada provincia, terminara siendo apoyada por todos los senadores del oficialismo y rechazada por los de los partidos de la oposición. Debemos recordar que en el Senado se representa a las provincias por encima de las banderías partidarias. La Constitución de 1994 estableció la jurisdicción provincial sobre los yacimientos y el otorgamiento de concesiones para su exploración y explotación. Desde entonces los gobiernos provinciales contaron no sólo con la atribución de cobrar regalías, como ya lo hacían anteriormente, sino también de definir su magnitud. Además, establecieron los regímenes y condiciones contractuales de las concesiones otorgadas en las áreas de su territorio. La creación kirchnerista de Enarsa fue un intento, ciertamente frustrado, de retomar el manejo de la política petrolera desde la Casa Rosada. Se adjudicaron a esta nueva empresa áreas offshore y las importaciones de gas y combustibles líquidos. No hace falta recordar los inmensos errores cometidos por las gestiones de Néstor Kirchner y de su esposa en materia de política energética. Han llevado al país a la pérdida de su condición de exportador de energía y a convertirse en fuertemente dependiente de costosísimas importaciones de gas licuado. Se destruyeron los incentivos a la inversión en un marco de precios controlados y de inseguridad jurídica. La importación subsidiada de combustibles dejó pérdidas que contribuyeron a destruir la solvencia fiscal, además de pesar sobre la balanza comercial. Este gobierno quedará en la historia como el que demolió la construcción laboriosamente lograda del autoabastecimiento energético de la Argentina. Debe reconocerse también que muchas provincias petroleras tomaron caminos, hasta donde su manejo les permitió, no precisamente favorables a la atracción de inversiones. Se crearon empresas estatales provinciales, obligando a quienes concursaron por la concesión de yacimientos a asociarse con ellas, concediéndoles gratuitamente una parte del capital accionario. Esta modalidad, conocida con el nombre de “acarreo”, no sólo afecta la rentabilidad de las explotaciones, sino que crea interferencias de gestión al imponer la presencia de directores que representan intereses en conflicto con los de la empresa. También se produjeron escaladas en

los porcentajes de las regalías y en los impuestos provinciales que gravan las concesiones. En definitiva, hubo abusos provinciales que no encontraron límites en la necesidad de competir para atraer inversiones. A diferencia de las industrias o los servicios, el negocio petrolero no puede optar por lugares de radicación, sino que tiene que ir adonde están los yacimientos. Las quejas de los inversores existentes o potenciales sobre los manejos provinciales llegaron a la actual conducción de YPF y al gobierno nacional. Ya el presidente de YPF hubo de encontrarse con la realidad al negociar el contrato con la estadounidense Chevron. Debieron incluirse condiciones sobre la disposición de divisas, jurisdicción de arbitrajes y seguramente otras concesiones que no pudieron explicitarse por razones políticas. Esto explica la decisión de promover las reformas introducidas por esta nueva ley de hidrocarburos. A pesar de todos los errores cometidos por el gobierno nacional, que aún deben ser corregidos, éste promueve esta ley a la que hay que reconocerle diversas razones atendibles. La ley, que ha obtenido media sanción del Senado, propone un modelo único aplicable por todas las provincias, de licitación competitiva de áreas. Prohíbe el “acarreo” y la reserva de áreas para empresas estatales. Fija la regalía en un 12%, limita el gravamen provincial de Ingresos Brutos a un 3% y se excluye el impuesto a los sellos de las inversiones. Exige a las empresas aportar a las provincias el 0,5% del flujo de inversiones para infraestructura social y compromete al Estado nacional a aportar el 1% para obras de infraestructura. Fija plazos diferenciados para las concesiones de explotación: 35 años para los no convencionales y 30 años para el offshore. Se otorga al concesionario de explotación convencional el derecho a solicitar dentro de su área una nueva concesión para proyectos no convencionales, siempre que comprometa las inversiones necesarias para explorar y desarrollar esos recursos. Se promueve un régimen especial para la importación de bienes de capital o insumos no producidos en el país con el objetivo de generar mayor oferta y velocidad a la actividad. Se establece que hasta el 60% de las utilidades de explotaciones offshore puedan girarse al exterior. No puede decirse que los postulados de la nueva legislación sean en general objetables. Pero hubiera sido preferible que las propias provincias, dentro de las atribuciones constitucionales que les corresponden, hayan sido las que promovieran un marco de condiciones atractivas para la inversión privada en el sector petrolero. También es deseable que el gobierno nacional reoriente drásticamente sus políticas para restablecer la seguridad jurídica y el marco apropiado para atraer inversiones al país. Sin ese contexto general de confianza, el nuevo encuadramiento legal en materia de hidrocarburos será claramente insuficiente, al tiempo que los futuros contratos terminarán conteniendo, como el de Chevron, cláusulas vergonzosamente secretas.

Doble crimen abortista La propuesta de abortar un bebe con Síndrome de Down generó una lógica repulsa ante la aberrante violación del derecho a la vida

U

na serie de fuertes críticas y repudios se alzaron luego de que el divulgador científico británico Richard Dawkins respondió un tuit de una usuaria que se planteaba el supuesto dilema ético acerca de su eventual conducta abortiva si estuviese embarazada de un bebe con Síndrome de Down (S de D). Dawkins le contestó por la misma vía: “Abórtalo y prueba de nuevo. Sería inmoral traerlo al mundo si tienes la chance”. Los rechazos a esa postura fueron instantáneos. El grosero desprecio hacia la vida de las personas con capacidades diferentes y el carácter discriminatorio y eugenésico de la manifestación levantaron olas de quejas y protestas en las redes sociales, pues tal concepción nos remonta a lo peor de las doctrinas en boga durante el oscuro período de la Alemania nazi, con el exterminio de los supuestamente diferentes para buscar una inexistente perfección racial. Aberrante, como lo ha dicho todo el humanismo posterior. Parece que el autor, y quienes propician el aborto en cualquiera de sus formas, pero en especial este que ataca al más débil de los seres y al más necesitado de protección, no ha tratado nunca con una persona con S de D. Seguramente piensa que no han logrado un grado de “humanidad” suficiente como para permitirles vivir, y por lo tanto

el divulgador británico aconseja su muerte, y un nuevo intento con otro embarazo. El sábado pasado, el suplemento Comunidad de este diario publicó una nota sobre las personas con S de D y en ella se citó el caso del joven Santiago, que trabaja en un restaurante y aspira en el futuro a tener uno propio. Cuando le preguntaron qué nombre le pondría a su local, contestó “Par 21”, con algo de lo que Borges hubiese llamado “magnífica ironía”, al referirse a su ceguera. El joven dio un testimonio de inteligencia y esfuerzo, que vemos en muchos otros en su situación. A quienes pertenecemos al mundo de la ética, los valores y la creencia constitucional de que todos los hombres del mundo han sido creados iguales en derechos y en dignidad, nos escandaliza esta tendencia de una sociedad individualista que quiere eliminar al diferente. Jean Vanier, fundador del ARCA (www.elarcaargentina.org), que reúne a hombres y mujeres con y sin deficiencia intelectual en un mismo hogar en más de cien comunidades de todo el mundo, dice que estas personas nos enseñan el valor de la diferencia y nos interpelan mostrándonos nuestras propias limitaciones y discapacidades. Ojalá en nuestro país no cundan pensamientos tan lamentables como el de Dawkins y sigamos apostando a la vida, su respeto y desarrollo.

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Gobierno y propaganda

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Me resulta de una claridad meridiana leer el presupuesto 2015 para conocer el pensamiento del gobierno nacional. La partida para seguridad tiene un aumento del 13%, muy inferior a la inflación. La correspondiente a la publicidad oficial proyecta un aumento del 26%. Evidentemente, su preocupación pasa por lograr difusión oficial masiva, aprovechando su posición dominante. ¿O la posición dominante sólo era endosable a medios opositores?

manes. En referencia a esto, cabe decir que Vélez también toma opiniones de los franceses Marcade, Demolombe, Pothier, Aubry y Rau, como del norteamericano Story. En cierta manera, esos nombres eran la avanzada progresista de aquellos tiempos. La vieja Legislación de Indias, como el Fuero Juzgo, representaba el oscurantismo monárquico y monástico, acaso el orden deseado por la Restauración. No obstante los dichos presidenciales, quienes hemos pasado por la Facultad de Derecho aprendimos que Vélez Sarsfield también tuvo como fuentes el código del ilustre Freitas, de Brasil; el de Andrés Bello, de Chile, y desde luego, el Código Napoleón, fuente de la codificación de la época. ¿Qué podría pretenderse? ¿Que se hubiera mantenido la legislación de la colonia? De haber sido así los ideales de la Revolución de Mayo se hubieran frustrado y la nueva y gloriosa nación se habría esfumado. El Código Civil se sancionó a libro cerrado, es cierto, pero hay que ubicarse en una época muy distinta de la nuestra. Ciento cuarenta y cinco años de vigencia del Código Civil dicen que la obra de Vélez Sarsfield es el resultado de la conjugación del saber de un insigne jurista con una época de aspiraciones de progreso, siendo que la jurisprudencia y la doctrina de los Machado, Salvat, Lafaille, Bibiloni, Alterini, entre otros, a través del tiempo, fue reacomodando el Código al desarrollo de la dinámica social. ¿Al decir lo que dijo, la señora Presidenta añora la legislación de Indias o imaginó la fantasía de un Código Civil “nacional y popular”?

DNI 10.961.087

DNI 4.270.126

Neuronas La Presidenta afirmó el jueves que hay que “democratizar las neuronas” de los argentinos. Le recuerdo que lo único que debe hacer el Gobierno para cuidarnos las neuronas es asegurar una adecuada alimentación a las madres gestantes y a los niños durante su crecimiento, garantizar condiciones de vida dignas para todos los habitantes y oportunidades para educarse y desarrollar la capacidad para discernir la información, de manera que cada uno pueda formarse su propio criterio. Por otra parte, la pretensión de “recibir las noticias sin intermediarios” contiene la falacia de que es posible ser testigo directo y presencial de todo lo que ocurre en todo momento, en todo el planeta. Inés M. del V. Villamarín

DNI 3.688.411

Preocupación

Sara Morea

Oscar E. Torres Ávalos

No olvidar

Solidaridad

Viendo una vez más, prácticamente por “obediencia debida”, que 133 diputados oficialistas (y aliados, que, en los hechos, es lo mismo) votaron a favor del presupuesto para 2015, no puedo evitar pensar que se aprobó el manejo discrecional que el Frente para la Victoria hará del dinero de todos los argentinos. No se puede ignorar que 112 diputados hayan votado en contra, porque se trata de más del 40% de los representantes del pueblo. Si el oficialismo no admite discusión ni correcciones, más allá de la mayoría legal que representa, está olvidando que casi la mitad de los argentinos no está de acuerdo, pero en lugar de consensuar prefiere imponer sobre el dinero de todos. Y eso también es autoritarismo. La AFIP recauda cada vez más, incluso con impuestos absurdos (como el 35% a los pasajes aéreos, que a los monotributistas no nos devuelven), y no nos permite decidir a dónde va nuestro dinero. Crece la inflación, se reducen los subsidios y el FPV gasta para propaganda partidaria. En fin: demagogia para todos y todas.

La sorpresiva e inhabitual demanda por un monto de 24 millones de pesos que me han entablado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires por haber defendido y salvado la plaza Intendente Alvear de la depredación con la construcción de una estación de subte fuera de la ley ha provocado una generalizada respuesta de solidaridad hacia mi persona y, más importante aún, con el patrimonio urbano y paisajístico porteño. La Recoleta es el primer sitio de turismo de la ciudad, y es recordada y conocida en todo el mundo, y hoy puede ser vivida y apreciada gracias a la restitución que debieron efectuar los funcionarios que la habían destruido violando varias leyes. Agradezco a todos los que se han solidarizado conmigo en estos momentos en los que enfrento una causa judicial inédita en nuestro querido Buenos Aires. Primero, a los incontables amigos argentinos y de manera representativa para no ocupar excesivo espacio sólo a algunos extranjeros: Mariano Arana, Margarita Montañez (Uruguay),

Martín José Vergara

DNI 34.023.157

El Ébola Ante la epidemia que ya ha matado a miles de personas en África y amenaza con extenderse, cabe preguntarse si no es hora de que los gobiernos del mundo se reúnan para organizar un plan de ataque verdaderamente serio. No estoy hablando sólo de acelerar la producción de vacunas, sino de erradicar esencialmente las condiciones infrahumanas a las que están condenados los habitantes donde se ha originado el Ébola, porque lo que debería sorprendernos es que no haya habido antes epidemias de todo tipo. ¿Es ahora, cuando nos sentimos en peligro, que se empieza a tomar conciencia, o acaso los gobiernos del mundo atribuyen la epidemia a algo fortuito y, por lo tanto, pasajero? Empezar por mejorar las condiciones de higiene y salubridad de los habitantes es imprescindible para comenzar a ilusionarse con frenarla. No hay que perder más tiempo. En ocasiones, la indiferencia ante los males ajenos se vuelve en nuestra contra. Ana M. Gregorio

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En la Red Asalto a Longobardi Facebook

“¡Es increíble lo que nos sucede ! Me duele mi país” María Luján Coglionesse

“Lamentablemente, los argentinos se lo permitimos... El argentino sólo salió a la calle cuando le tocaron el bolsillo con el corralito. Con estas cosas mucho más graves, que también te terminan impactando en la propiedad privada, ni nos alteramos” Viviana Ponzo

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Código Civil El discurso de Cristina Kirchner con motivo de la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial llamó mi atención cuando dijo que el Código de Dalmacio Vélez Sarsfield obedecía a doctrinas extranjeras, citando, con inseguridad estudiantil, a Von Ihering y Savigny, dos insignes juristas ale-

“¿ No sería hora de exigir activamente soluciones a este problema?” Fabián Cavalcanti

“Me avergüenza como argentina” María Cristina Ciucci

Juan Carlos Pérgolis, César Eligio Triana (Colombia), Saúl Alcántara Onofre, Ángel Arcos (México), Marta Viveros Letelier (Chile), Ana Rita Sá Carneiro, Betina Adams (Brasil), Mónica Luengo (España), Michel Racine, Bénédicte Leclerc, Florence André (Francia), Juliet Ramsay, Steve Brown (Australia), Susan Buggey (Canadá), Susan Aquino (Filipinas), Margrethe Floryan (Dinamarca), Norma Barbacci (EE.UU.), Nupur Prothi Khanna (India), J. A. Buisman (Holanda), Herman van den Bossche (Bélgica), Diana Henríquez (Venezuela), Isabel Albergaria (Portugal)… y muchos otros. La defensa del bien común –o sea, de la res pública– es obligación moral de todos los que conformamos la sociedad. Para ello existen mandatos en la Constitución Nacional y en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, leyes locales (como las áreas de protección histórica) e internacionales (como la numerosa producción de la Unesco), que muestran el camino del buen uso del patrimonio cultural. A su vez, también están garantizadas constitucionalmente las acciones legales que los ciudadanos podemos y debemos utilizar para salvaguardar efectivamente ese patrimonio. Dra. Sonia Berjman

DNI 5.125.965

12 de octubre y Perón En vísperas del 12 de octubre, mientras se vapulea a Colón y a muchos de los principios que constituyen nuestro estilo de vida, creo oportuno recordar algunos de los conceptos que el entonces presidente Perón pronunció el 12 de octubre de 1947 en la Academia Argentina de Letras, donde exaltó la obra de España en América y reivindicó el Día de la Raza, instituido por Hipólito Irigoyen. Decía Perón: “Nuestro homenaje a la madre España constituye una adhesión a la cultura occidental. Porque España aportó al Occidente la más valiosa de las contribuciones: el descubrimiento y la colonización de un nuevo mundo, ganado para la causa de la cultura occidental. Su obra civilizadora cumplida en tierras de América no tiene parangón en la historia. No aspiraban a destruir al indio, sino a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser humano”. Y añadió: “España levantó, edificó universidades, difundió la cultura, formó hombres, e hizo mucho más; fundió y confundió su sangre con América... La historia, la religión y el idioma nos sitúan en el mapa de la cultura occidental y latina”. Y concluía Perón: “Como miembros de la comunidad occidental, no podemos sustraernos a un problema que, de no resolverlo con acierto, puede derrumbar un patrimonio cultural acumulado durante siglos. Hoy más que nunca debe resucitar don Quijote y abrirse el sepulcro del Cid Campeador”. Eduardo Torres Posse

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Quinta Pueyrredón Tengo el privilegio de vivir frente a uno de nuestros monumentos históricos más emblemáticos, y uno de los más bellos: la quinta Pueyrredón, en San Isidro, la antigua Chacra del Bosque Alegre, de Juan Martín de Pueyrredón, a quien el Congreso de Tucumán nombró director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un venerable algarrobo bajo el cual Pueyrredón y San Martín planearon la Campaña de los Andes insufla vida al valor patrimonial de este lugar regularmente visitado por estudiantes y turistas, y marco habitual de citas culturales de alto valor artístico. Pero... ¡ay! últimamente ciertos usos ajenos a su naturaleza (autorizados quizá con el fin de recaudar fondos que complementen las exiguas arcas públicas) menoscaban su ambiente rural y hieren su dignidad patrimonial. El viernes 3 de octubre, a las 16, provenía de allí (gracias a los altoparlantes) una atronadora música disco/tropical (que en realidad había arrancado a las 10, con las pruebas de sonido), mechada con locutores no menos altisonantes que anunciaban premios y sorteos. Se instalaron grandes carpas directamente sobre los jardines de la quinta, espacio público que acogió una privada celebración del Colegio de Odontólogos de San Isidro. La conservación de un monumento histórico va más allá de lo material: debe respetar y procurar que sobreviva su genius loci, el espíritu del lugar en que ese monumento hace pie. Entendámoslo. Arq. Martha de Mena

DNI 12.797.100