POLÍTICA | 7

| Martes 20 de agosto de 2013

Denuncian irregularidades en la designación del fiscal en el juicio contra Carlos Pedro Blaquier

polémica. Antes de su nombramiento, Pelazzo era abogado de los querellantes; su llegada a la fiscalía no fue por concurso y no contó con el acuerdo de la Presidenta ni del Senado

Menem enfrentará un nuevo juicio en dos semanas bienes. Está acusado de omitir declarar una cuenta en Suiza, un Fiat 147 y una Traffic Hernán Cappiello

Viene de tapa

“Sufrimos una situación similar a la que resolvió la Corte hace una semana, cuando declaró nula la designación a dedo que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, hizo de un fiscal civil, con el agravante de que el fiscal Pelazzo es penal”, agregó el letrado. Pero ésa no sería la única irregularidad de este voluminoso expediente, uno de los casos en los que el Gobierno parece dispuesto a atar con alambre las acusaciones contra varios empresarios con tal de perseguir sus condenas, aun sin pruebas sólidas en su contra. Aquella terrible noche del 24 de marzo de 1976, y también entre el 20 y el 27 de julio, durante la llamada “Noche del Apagón”, ocurrida en la cercana localidad de Calilegua, fueron secuestrados 29 empleados de Ledesma. Por entonces, el ingenio, que originaba buena parte del producto bruto de Jujuy, contaba con un centenar de vehículos que manejaban sus empleados; se extendía sobre decenas de miles de hectáreas y se había levantado una ciudad a su alrededor. Además, en cumplimiento de un decreto de 1966 del entonces presidente Arturo illia, Ledesma donó a la provincia el hospital que había fundado, junto con varias camionetas, y a la Gendarmería Nacional, vehículos y combustible que esa fuerza debía utilizar para controlar la migración en la región. Todos los gobiernos, sin excepción, mantuvieron esas exigencias y aceptaron las donaciones. Un fallo cuestionado En la causa judicial, sin embargo, por pedido del fiscal, el juez federal Fernando Poviña procesó en noviembre último a Blaquier y a Lemos como partícipes (cómplices) de privación ilegítima de la libertad. Para llegar a este desenlace, el Gobierno no escatimó esfuerzos: –Primero cambió al juez federal interino de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, por otro interino más permeable, el tucumano Poviña. Para eso hubo escraches, afiches callejeros y hasta le invadieron el juzgado a Olivera Pastor, que renunció. –En julio del año último, cuando Blaquier concurrió a la indagatoria que había pedido el fiscal Domingo Batule, la agrupación Tupac Ama-

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REUNIONES

El Ateneo de la República invita a la reunión de mañana, a las 13, en Quintana 191. Hablará el Dr. Juan Olmedo Alba Pose sobre la justicia El Rotary Club de Buenos Aires se reunirá el miércoles 21 de agosto, a las 12.45, en el Plaza Hotel Buenos Aires, con la presidencia del Sr. Emilio Dumais. En la oportunidad disertará el Lic. Roberto Cachanosky sobre: “¿Por qué colapsa la economía K?” Publique aquí todos los días de 9 a 20. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito

Un caso que trae controversias entre el procesamiento y la falta de mérito

Carlos Pedro Blaquier TiTular de ledesma

El juez Poviña procesó a Blaquier y al ex administrador del ingenio Alberto Lemos por prestarle camionetas a la Gendarmería en la dictadura Críticas En el expediente casi no hay pruebas en contra de Blaquier y de Lemos. Para intentar fundar su fallo, el juez hizo un análisis histórico que se remonta a 1930, cuando los hechos ocurrieron en 1976 Irregularidades Además, el Gobierno y la Secretaría de Derechos Humanos, bajo presión, primero lograron cambiar al juez del caso y, más tarde, al fiscal. Ahora, Blaquier señala que el nuevo fiscal, Pelazzo, fue nombrado a dedo, sin concurso ni intervención de la Presidenta ni acuerdo del Senado Fallo de la Cámara El tribunal podría confirmar los procesamientos o bien dictar falta de mérito y ordenar nuevas medidas de prueba

ru, que dirige Milagro Sala, atacó el auto del empresario, que escapó de la golpiza porque el vehículo era blindado. Blaquier tuvo que declarar otro día, por teleconferencia. –Pero, no conforme con ello, para el momento de la indagatoria, el gobierno nacional también cambió al fiscal. Batule fue desplazado e ingresó Pelazzo como fiscal adjunto, nombrado a dedo. –El nombramiento de Pelazzo tenía dos vicios. El primero: hasta el día anterior había sido abogado de los querellantes, es decir, era parte en la causa, y repentinamente pasó a ser fiscal. Esta situación está expresamente prohibida por el Estatuto de Roma, porque el fiscal debe ser un funcionario imparcial, que no vela por los intereses de ninguna de las partes, sino de la sociedad. El segundo vicio: Pelazzo fue nombrado por el ex procurador general interino Luis González Warcalde en violación de la ley, sin concurso ni examen previo ni participación de la Presidenta ni acuerdo del Senado. La semana última, la Corte Suprema, en el caso “De Martino”, dijo que la designación que había hecho Gils Carbó de una fiscal civil, en aquellas mismas condiciones, fue irregular y nula y ordenó su superación. Ahora, el abogado Valerga Aráoz sostiene que Pelazzo también debería ser separado, pero, además, siendo un fiscal penal, debería declararse la nulidad de todo lo que hizo. A esta altura del relato, la maniobra seguramente le recordará a usted el caso Amado Boudou, en el cual el Gobierno también cambió al juez y al fiscal de la causa (aunque en ese caso lo hizo para frenar la pesquisa contra el vicepresidente). –La Gendarmería Nacional, sin embargo, le aguó la fiesta al Gobierno. En respuesta a un pedido de la Justicia, informó que “no existen antecedentes en los archivos de la fuerza que, durante el período 1976-1983, la empresa Ledesma haya aportado personal y/o vehículos para el traslado de personas detenidas”. Firmado por el comandante general de la Gendarmería. Los procesamientos que ordenó Poviña y que ahora revisa la cámara tienen otros problemas: –Todos los empleados que habían sido secuestrados y que luego

de recuperar la libertad declararon en la Justicia recordaron que habían sido llevados en vehículos de Gendarmería y de la policía provincial. Es decir, no identificaron camionetas de Ledesma ni a choferes del ingenio. Salvo dos de ellos (los hermanos Alfaro Vasco), que sí hablaron de una camioneta de la empresa, pero y que se contradicen con la declaración de otras personas que iban en el mismo vehículo. –¿Y si efectivamente se usaron camionetas de Ledesma o las que había donado la empresa a otras instituciones y Blaquier nunca se enteró? Efectivamente pudo haber ocurrido esto. El propio juez Poviña reconoce que en el expediente hay “escasez de pruebas directas” y admite que probablemente Blaquier tampoco hubiera tenido el “propósito” de prestar camionetas para secuestrar personas. –Poviña, cuando procesó a Blaquier y a Lemos, sostuvo que “se desprenden del análisis historiográfico previamente realizado –que el juez remontó a los años 30– los fuertes nexos existentes entre grandes industriales, lobbistas y autoridades estatales y militares durante aquel ajetreado ciclo golpista”. –El juez, en su procesamiento, sostuvo que el ingenio Ledesma, incluso durante los gobiernos civiles de illia y de Frondizi, se había beneficiado con el cierre de las plantaciones de Tucumán, para llegar así a monopolizar el mercado azucarero. Y también habló del exterminio sistemático de víctimas sindicales que, sostuvo, comenzó durante la gestión de María Estela Martínez de Perón. El juez, sin embargo, soslayó algunos datos que contradicen su construcción teórica: 1) el período de 1930 y 1976 no está siendo juzgado; 2) si tanto se benefició Ledesma en aquella época, ¿qué más podía esperar del gobierno militar?; 3) ninguno de los empleados secuestrados era sindicalista; 4) una docena de trabajadores, una vez liberados, volvió a trabajar a Ledesma, y 5) los sindicalistas que sí declararon en la causa elogiaron la capacidad de negociación de Ledesma y dijeron que no sufrieron persecuciones. ¿Avanza la Argentina hacia una justicia cuyo objeto es sólo darle contenido al relato político?ß

LA NACiON

El ex presidente Carlos Menem enfrentará dentro de dos semanas un nuevo juicio oral y público: esta vez está acusado de omitir en su declaración jurada de bienes una supuesta cuenta en Suiza, un Fiat 147 de 1984, una Traffic, acciones y dos aviones ultralivianos accidentados, entre otros bienes. El juicio fue fijado para el 2 de septiembre por el Tribunal Oral Federal N° 4, pero el abogado de Menem, Pedro Baldi, insistió con dos escritos flamígeros para suspender el proceso, porque aún están pendientes apelaciones en la Cámara de Casación de diversos planteos, incluso uno donde reclama que el ex presidente sea sobreseído porque entiende que la causa prescribió. Baldi entendió que el tribunal “debe dejar sin efecto la audiencia” porque cualquier otra solución implicaría dictar leyes, cuestión que los magistrados tienen prohibida por la Constitución Nacional. Pero por ahora los jueces vienen rechazando la pretensión de Menem. El tribunal estará integrado para este proceso por Guillermo Costabel y dos jueces del tribunal oral en lo criminal: Mario Posse y Patricia Mallo, pues otros integrantes del Tribunal Oral Federal N° 4 están haciendo otros juicios en forma paralela, incluido el proceso por violaciones de los derechos humanos cometidas en la ESMA. La acusación estará a cargo de la fiscal federal Fabiana León. Menem será enjuiciado por “omisión maliciosa, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público”, por lo que podría recibir penas de hasta seis años. Esta causa fue iniciada en 2002, y en ella Menem es investigado por no incluir determinados bienes en sus declaraciones juradas obligatorias. El fiscal Carlos Stornelli, que realizó la investigación y elaboró el auto de elevación a juicio, expresó que “está demostrado que el 6 de octubre de 2000 Menem insertó declaraciones falsas en su declaración jurada patrimonial”. Puntualizó que el ex mandatario omitió “maliciosamente” consignar distintos bienes de su propiedad, además de la cuenta en la Unión de Bancos Suizos (UBS) en Ginebra (Suiza), abierta en 1986 con 600.000 dólares. Otros bienes no declarados por Menem son dos cuentas banca-

rias en un banco de La Rioja con casi 35.000 pesos, dos ultralivianos, acciones de las empresas Telecom y Telefónica, dos automóviles y dos inmuebles en La Rioja. La causa la tuvo el juez Norberto Oyarbide y llegó al Tribunal Oral Federal N° 1, que envió tres exhortos a Suiza para preguntar por esa cuenta, pero vinieron con respuestas negativas. El último exhorto aún falta ser respondido. El caso quedó en el TOF 4 porque aquel tribunal tenía agendado un juicio de lesa humanidad. La defensa de Menem sostiene que la acusación es ridícula. Baldi dijo a la nacion que “es un disparate volver al banquillo porque los pedidos a Suiza fueron siempre negativos. Oyarbide ya lo había sobreseído”. Baldi afirmó que los dos aviones ultralivianos por los que le reclaman “están capotados, valen 500 pesos”, que el Fiat 147 modelo 1984 nunca se reescribió, que la Traffic era del hijo de Menem y ahora está a nombre de su hija. Los departamentos en La Rioja los heredó de su padre y están en poder de Zulemita, que cobra los alquileres. Y las acciones no valen nada. “Carlos está bien de salud. Es muy metódico con su comida por la diabetes y no va a eludir el juicio, pero haremos las presentaciones necesarias para ejercer su derecho”, dijo el letrado.ß

Ciccone: buscan videos del hotel ^b^b^ El juez federal Ariel

Lijo secuestró los servidores del área de vigilancia del Hotel Hyatt para buscar grabaciones del supuesto almuerzo que el vicepresidente Amado Boudou habría mantenido con el titular de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, a principios de 2012. Según sus protocolos de seguridad, las cintas del Palacio Duhau se guardan por sólo 30 días, pero los peritos intentarán recuperar las imágenes anteriores. El secuestro de los servidores ocurrió semanas atrás, pero trascendió ayer en el blog de Jorge Asís.