POLITICA

Martes 15 de junio de 2010

DENUNCIAS DE CORRUPCION s UN REGISTRO CLAVE

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CONFLICTO JUDICIAL EN EL CHACO

Descubren irregularidades en la Inspección General de Justicia Hay cuatro detenidos; están acusados de alterar los datos de sociedades comerciales HERNAN CAPPIELLO LA NACION Asentar registros irregulares de quiebras en una provincia remota y que los acreedores en Buenos Aires nunca se enteren y se queden sin cobrar; ocultar bienes para evitar perderlos en una demanda de divorcio; ceder acciones de una sociedad sin que sea publicado; apropiarse de empresas de personas fallecidas. Todas estas maniobras son posibles si son alterados los registros oficiales de las sociedades comerciales. Estas delicadas constancias están asentadas en la Inspección General de Justicia (IGJ), una dependencia del Ministerio de Justicia donde están inscriptas las sociedades que se constituyen en la ciudad de Buenos Aires. Una supuesta organización ilícita que ofrece estos servicios irregulares fue desbaratada por el juez federal Norberto Oyarbide, que detuvo a cuatro personas, entre ellas dos empleados de la IGJ, un escribano y un gestor. El juez allanó el organismo durante varias horas, secuestró computadoras del área de rúbricas y del área de civiles y se detuvo en la mesa de entradas del organismo. Fuentes judiciales revelaron a LA NACION que se investiga a un alto funcionario de la Inspección General de Justicia, que no es su titular. Además de estos cuatro detenidos hay una veintena de sospechosos entre empleados, funcionarios, gestores y escribanos, por lo que fueron allanadas 19 escribanías, domicilios particulares y estudios jurídicos. En esos allanamientos se encontraron expedientes originales del organismo, sellos y otras evidencias de que se alteraban los documentos para facilitar la comisión de diversos ilícitos, como evasión, lavado de dinero o estafas, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. El origen del caso, que puso al descubierto a los sospechosos de alterar los expedientes, fue la denuncia de un ingeniero que no podía cobrar un juicio laboral porque en dos oficios diferentes la IGJ informó distintos

domicilios de la empresa demandada, que debía pagar la indemnización. El asunto fue denunciado en la justicia laboral y la IGJ por el ingeniero y su abogado, que presentaron evidencias registradas con cámaras ocultas, donde se veía a empleados ofreciendo estos servicios irregulares. Pero el juez Oyarbide reunió sus propias pruebas, que se basan en escuchas telefónicas y testimonios para reconstruir la manera en que actuaba la supuesta organización, que entre sus servicios incluía la posibilidad de que el cliente tuviera en su oficina una copia del legajo original de la su empresa para modificarlo según su conveniencia. El ministro de Justicia, Julio Alak, dijo a LA NACION que cuando se enteraron de las irregularidades realizaron una denuncia judicial y un sumario administrativo, para deslindar responsabilidades.

Las detenciones El director de la IGJ Marcelo Mamberti confirmó a LA NACION que tras recibir esta denuncia la pusieron en conocimiento de la Justicia, iniciaron un sumario administrativo y suspendieron a uno de los empleados detenidos. Marcelo Domínguez, el abogado que hizo la denuncia original, representa al ingeniero Daniel Yoan, quien quería cobrar la indemnización que le había otorgado la Justicia. Se deberá considerar “la existencia de una organización delictiva que opera dentro de la IGJ y que, a cambio de importantes sumas, hace desaparecer expedientes, modifica registros, sustituye el contenido de expedientes, adultera y falsifica actas, trámites, sellos, cambia de jurisdicción sociedades, lo que constituye un secreto a voces dentro de la repartición y entre distintos estudios jurídicos orientados a trámites de quiebras, concursos o temas societarios”, escribió el abogado Domínguez en su escrito de denuncia presentado en la justicia laboral. El ingeniero Yoan fue despedido de la filial argentina de una empresa multinacional sueca. Inició un juicio laboral, radicado en el Juzgado

del Trabajo N° 4, a cargo de Laura Castagnino, donde ganó el juicio y la empresa fue sentenciada a pagar una indemnización millonaria. Pero la compañía alegó que toda la causa era nula porque nunca había sido debidamente notificada de la demanda iniciada por el ingeniero, pues su domicilio legal está radicado dos pisos más arriba que el señalado en el escrito.

La denuncia

Direcciones distintas

➾ Cuando nos enteramos hicimos la denuncia penal y un sumario administrativo ➵ Julio Alak MINISTRO DE JUSTICIA

➔ Investigación. En la Inspección

General de Justicia (IGJ) se detectó una presunta organización ilícita, dedicada a adulterar registros oficiales de sociedades comerciales.

➔ Origen. El caso su rgió por la

denuncia de un ingeniero que no podía cobrar un juicio laboral porque la IGJ informó dos domicilios diferentes de la empresa demandada en distintos oficios.

➔ Responsables. El juez Oyarbide desbarató la organización ilícita y detuvo a cuatro personas: dos empleados de la IGJ, un escribano y un gestor.

➔ Elementos. En los allanamientos

realizados en escribanías, domicilios particulares y estudios jurídicos se encontraron expedientes originales de la IGJ, sellos y otras evidencias.

Cuando el juzgado pidió informes a la Inspección General de Justicia sobre el domicilio de la empresa le contestaron que estaba en el tercer piso de un edificio de Recoleta. Allí fue dirigida la demanda, pero cuando se presentó la nulidad, en los registros informáticos de la IGJ la sede de la empresa aparecía mudada dos pisos más abajo. Por eso, cuando el juzgado volvió a pedir informes a la IGJ, el organismo ahora informó que la sociedad estaba radicada en el primer piso. Ante estos dos informes contradictorios, el abogado pidió el original del expediente de la sociedad, pero ese documento no le fue provisto porque le informaron que había desaparecido. No obstante la exhibieron protocolos de actas donde la empresa había mudado su domicilio al primer piso. Con estos sucesos, al abogado, –según dijo–, provisto de una cámara oculta, registró a un funcionario de la IGJ que le confesó que los registros fueron modificados en el sistema informático, sin que se confrontara el expediente original, que estaba desaparecido. Representantes de la empresa demandada quitaron entidad a la denuncia y hablaron de una “fantasía” del abogado que representa al ingeniero. Pero los allanamientos y las detenciones parecen darle la razón al denunciante. Los detenidos son el escribano Horacio Clariá, el gestor Raúl Carbonaro, y los empleados Juan José Medina y Rosendo Godoy. El caso de Yoan puso al descubierto otras irregularidades de intervenciones en otros expedientes que están siendo analizadas por la Justicia.

ARCHIVO

El gobernador Capitanich, en disputa con el Tribunal Supremo

Capitanich quiere separar a 3 jueces Son miembros del Tribunal Supremo, que no fueron nombrados por concurso de oposición RESISTENCIA.– Una huelga de empleados judiciales, por 72 horas, agrava el enfrentamiento político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en esta provincia a raíz de que el gobierno intenta remover a tres jueces del Superior Tribunal de Justicia nombrados en la gestión del ex gobernador radical Angel Rozas. Los jueces cuestionados por el gobierno de Jorge Capitanich y el Foro por la Justicia Independiente son los doctores Ramón Avalos, Ricardo Franco y Rolando Toledo, quienes afirmaron que están nombrados de acuerdo con la Constitución, en respuesta a lo que consideran una ofensiva del Poder Ejecutivo para desplazarlos. Integran también el alto tribunal los doctores Alberto Modi y María Luisa Lucas, incorporados antes de la reforma constitucional de 1994. Al anticipar que impulsará un decreto, para lograr su objetivo de remover a los jueces, el gobernador Capitanich dijo que los jueces tendrían que haber sido nombrados por un concurso de oposición y antecedentes, mecanismo que nunca se formalizó desde que se reformó la Constitución en 1994. Los jueces sostienen que la re-

glamentación de la ley 4318, de 1996, excluía a los máximos jueces provinciales del concurso de antecedentes y oposición, y que ninguna ley posterior modificó sustancialmente ese criterio. Y denunciaron un “accionar amenazador accionar” tendiente a menoscabar y disciplinar al Superior Tribunal de Justicia. “Lejos de estériles polémicas y rebuscadas interpretaciones de la Constitución del Chaco, del texto constitucional surge claramente que el nombramiento de los doctores Avalos, Franco y Toledo, no respetó la exigencia de efectuar un concurso público de antecedentes y oposición”, afirmó el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Juan Manuel Pedrini. Mientras tanto, los empleados judiciales realizan medidas de fuerza en demanda de mejoras salariales. Rechazaron el ofrecimiento del gobierno de un 5% de aumento en el salario básico más $ 150 en negro, por lo que ayer se inició un paro. Los jueces también reclaman mejoras salariales, ya que no tienen aumentos desde hace dos años.

José V. Derewicki