economía | 11

| Lunes 3 de marzo de 2014

Comienza hoy en el Ciadi el juicio por la estatización de Aerolíneas; expectativa por lo que diga Marsans testigos. Díaz Ferrán, ex dueño del grupo español, declararía desde la cárcel en Madrid;

“¿Qué le puede importar perder?”, dicen cerca de él; Rafael Llorens representará a la Argentina Diego Cabot LA NACIoN

Terminó el caso Repsol y ahora le toca a Aerolíneas Argentinas. A partir de hoy, en Washington, más específicamente en las oficinas que el Ciadi tiene en el Banco Mundial, la Argentina empezará a defender la estatización de la compañía aérea. Enfrente estarán los representantes del grupo Marsans, que, por el contrario, intentarán demostrar que el Gobierno les debe millones de dólares por haberse quedado con la empresa sin haberlos indemnizado en su momento. A partir de hoy y durante dos semanas, en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial para demandas entre países sobre inversiones, se iniciará la parte más importante del proceso mediante el que los representantes de la española Marsans intentan cobrar una indemnización por la expropiación de Aerolíneas, que se efectuó en julio de 2008. Serán 15 días de audiencias que terminarán con los alegatos de cada una de las partes. Luego vendrá el laudo, que, según dos abogados que suelen litigar en ese tribunal, llevará entre seis meses y un año. En esas audiencias hay dos testigos que concentran la atención de la mayoría, uno por cada lado. Por el Gobierno estará sentado el subsecretario legal del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens. Enfrente, y desde su lugar de detención en una cárcel de Madrid, estará Gerardo Díaz Ferrán, uno de los socios de la alguna vez poderosa empresa Marsans. “Ha dicho que va a declarar, y ahora estamos terminando los trámites para que pueda llevarse adelante la testimonial. No se sabe si va a hacerlo desde la cárcel o si, en su caso, será trasladado con custodia a algún otro lugar”, dijo una fuente ligada al empresario, que fue socio de Gonzalo Pascual (fallecido en junio de 2012) y de Antonio Matta, último presidente de Aerolíneas con Marsans. El testimonio de Llorens, hombre al que en la empresa aún lo recuerdan por los costosos y variados relojes con los que solía ir a notificar a la compañía antes de ser privatizada, cobra importancia por ser la visión oficial de los hechos. El subsecretario no es demasiado afecto a las declaraciones públicas y jamás se refirió en ellas a la empresa aérea. Prácticamente desconocido para la mayoría de los argentinos, Llorens se ha ganado el apodo de “el Moreno de De Vido”. Sus formas, dicen, se parecen mucho a las del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

Antonio Matta y Gerardo Díaz Ferrán, el día que les dictaron la sentencia de prisión El funcionario es una pieza clave en el ministerio y es habitual interlocutor para tareas que lo exponen demasiado al ministro De Vido. Pocos son los empresarios que trabajan con esa cartera que no conozcan a Llorens. Será un buen momento para escucharlo en público. Pero sin duda la declaración de Díaz Ferrán podría llegar a ser reveladora. “¿Qué le puede importar perder a un hombre que ya perdió no sólo sus empresas, sino su libertad?”, se preguntaba un hombre que trabajó a su lado durante todo el tiempo que Marsans fue dueña de Aerolíneas. El Estado, que según se especulaba ayer tendrá una delegación de 60 personas entre funcionarios del ministerio y miembros de la Procuración General de la Nación, se llevó el viernes una de las pruebas más importantes con las que cuenta. Justo en las últimas horas hábiles antes de la audiencia, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima. Casualidad o no, la sentencia que será apelada por la empresa española pasó a ser una de las principales pruebas. En esa sentencia

Advierten que otros gobiernos pagarán por YPF ^b^b^ Los gobiernos que sucedan a la presidenta Cristina Kirchner tendrán que pagarle a la empresa española Repsol “el 90%” de la compensación “por la estatización de YPF”, según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), para el que eso será “otro testimonio de decisiones tomadas con criterios oportunistas y poco profesionales que hipotecan el bienestar de las futuras generaciones”. ^b^b^ La entidad señaló que, según documentos de Repsol, se puede calcular que “entre 2014 y 2015 se pagará aproximadamente el 10% de esos bonos”, y que “entre 2016 y 2019 se pagará el 32%, y entre los años 2020 y 2023, otro 34%”. ^b^b^ Indicó además que entre “2024 y 2033 se pagará el restante 24% del valor final”.

archivo

se tomó como válido el trabajo que hizo en 2008 el Tribunal de Tasación de la Nación y que estableció que al momento de la estatización las sociedades anónimas optar, Jet Paq, Aero Handling, Aerolíneas Argentinas y Austral tenían un valor negativo de 3275 millones de pesos, equivalentes a 949,4 millones de dólares. Ese juicio se inició poco después de la estatización. Como las partes no se pusieron de acuerdo con el precio de la compañía, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa. A partir de entonces, empezó el proceso, que aún no terminó. Durante este tiempo, la empresa funcionó en una suerte de limbo jurídico, ya que las acciones que eran de las empresas de Marsans nunca pasaron formalmente a manos del Estado, aunque, claro está, se dio una estatización de hecho. Ahora empieza a cerrarse otro capítulo de aquellos años de reestatizaciones. Llorens tendrá a su favor un fallo de primera instancia de la justicia argentina como para argumentar. Y Díaz Ferrán, la posibilidad de dar un tinte de realidad a gran cantidad de fábulas políticas que tiñen aquellos años de estatizaciones, en los que el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y Julio De Vido eran los mandamases de la política del transporte de la Argentina.ß

Las alertas del Banco Mundial que Cristina ocultó Jorge Oviedo —LA NACIoN—

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bién advierte acerca de los peligros que corren esas mejoras ante el bajo crecimiento económico en la región, que prevé en no más de 1,7% para este año. Es curioso, porque la Presidenta señaló que el informe “enumera reducciones de pobreza extrema y moderada, así como las mejoras en el índice de Gini”, que se usa para medir el grado de desigualdad. La desigualdad, dice el trabajo, está estancada en la región desde 2010, y dado el menor crecimiento económico va a resultar más difícil hacer grandes reducciones de la pobreza y distribuir la prosperidad. Nada que ver con el discurso autolaudatorio de Cristina Kirchner celebrando el turismo interno como un indicador de reducción de las inequidades sociales. Pero además hizo una cita muy parcial del trabajo. La Presidenta afirmó: “El informe destaca la continuidad de los programas de transferencia de efectivo e incremento del gasto público social”. La cita es como mínimo incompleta. El párrafo al que pareció referirse dice: “A pesar de la prevalencia de los programas de transferencias de efectivo condicionadas y el aumento del gasto público social, el efecto de la política fiscal en la desigualdad ha sido modesto en Argentina,

Bolivia, Brasil, México, Perú y Uruguay”. Y aclara más adelante: “El impacto redistributivo general de la política fiscal es modesto en los seis países. Uruguay, México y Brasil alcanzaron una baja del 0,03 en Gini por medio de la combinación de impuestos directos, transferencias directas y subsidios”. Pero además no sólo dice, como la Presidenta citó, que la presión impositiva es la más alta en la Argentina y Brasil. También señala que los impuestos indirectos regresivos son la más importante fuente de recursos fiscales en la región. Y el campeón es la Argentina, seguido muy de cerca por Brasil. El tributo que más recauda en la Argentina es el IVA. De modo que la Presidenta puede celebrar por el diagnóstico del Banco Mundial que señala que el gasto social está mejor enfocado a los pobres que en otros países. Pero no deja de decir, también, que la forma de financiarlo es cobrarles impuestos a los propios pobres y que el efecto en reducir la desigualdad es modesto. El trabajo no mide tampoco el efecto de la inflación en la situación social, y también surgen dudas acerca de los datos del país, pues utiliza los del más que desacreditado Indec y su Encuesta

recursos. “No vamos a hacer nada de eso”,

dijo; dudas por el presupuesto para salarios

LA PLATA (De nuestra corresponsalía).– El gobernador Daniel Scioli negó ayer que su gobierno esté preparando un aumento en los impuestos de la provincia de Buenos Aires. “No sé de dónde sacan que va a haber una suba o actualización de impuestos. No vamos a hacer nada de eso”, aseguró el mandatario bonaerense en declaraciones radiales. Anteayer, fuentes legislativas deslizaron a la prensa que el Poder Ejecutivo bonaerense podría introducir reformas tributarias que incluirían un incremento en los impuestos sobre los ingresos brutos y sobre el inmobiliario, tanto rural como urbano. La versión surgió tras una reunión que legisladores oficialistas tuvieron con el gobernador, en la residencia del presidente de la Cámara de Diputados provincial, Horacio González, para abordar asuntos de la próxima agenda legislativa, ante la inminencia del inicio del 142° período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, que Scioli inaugurará pasado mañana. Al ver publicados los trascendidos, Scioli aprovechó una entrevista con radio El Mundo para afirmar que su administración está concentrada en la eficiencia en la recaudación y la lucha contra la evasión. “Buscamos la competitividad en la provincia no generando mayor alícuota en impuestos. A pesar de que los municipios han aumentado más del 50 por ciento las tasas y la ciudad de Buenos Aires ha aumentado de forma exorbitante los impuestos”, agregó el mandatario. El jueves pasado, Scioli y el director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Iván Budassi, convocaron a todos los empleados del ente oficial a una jornada de trabajo en el Estadio

Único, en La Plata, para poner en marcha un nuevo plan de fiscalización, que contempla la reconversión de los Centros de Servicios de ARBA para que 2000 agentes que hasta ahora hacían tareas administrativas pasen a realizar controles y fiscalizaciones. El gobierno provincial cuenta con un presupuesto de unos 180.000 millones de pesos al año, que no incluye los montos de los aumentos salariales a los empleados públicos. Por eso, y frente a las demandas gremiales, la administración bonaerense tendría que contar con unos 14.000 millones de pesos adicionales para poder conceder un aumento de sueldos en torno del 25 por ciento, como acaba de ofrecer la provincia. En diciembre, el gobierno provincial analizó un proyecto de ley que proponía una actualización del valor fiscal de las propiedades del 18% promedio, lo que redundaría en un aumento de la recaudación por el impuesto inmobiliario. Pero la administración Scioli debió dejarlo de lado para conseguir la aprobación del presupuesto en la Legislatura. El Ejecutivo bonaerense se encuentra hoy jaqueado por los reclamos gremiales de los estatales (incluyendo a los docentes), que esta semana amenazan con paralizar parte de la administración pública, los 78 hospitales de la provincia y dejar sin comienzo de clases a 4,7 millones de alumnos bonaerenses. Sin embargo, Scioli dijo que “el oficialismo está revitalizado y con una mística” tras superar “presiones” económicas y políticas en los últimos meses, y remarcó que la presidenta Cristina Kirchner demostró “una gran templanza” para resolver los problemas. ß

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el pulso económico

ería insensato que un paciente que recibe los resultados de un chequeo no preste atención a lo que salió bien. Necesita seguir haciendo lo que hace para que los resultados sean buenos. Más insensato aún sería prestar atención sólo a lo que resultó bien e ignorar las alertas. Es lo que hizo la presidenta Cristina Kirchner con el informe del Banco Mundial que citó el sábado, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. La Presidenta pareció no reparar en que ese trabajo da muy malos indicadores para el país en materia de educación, por detrás de países a los que solía superar por mucho, y dice que el aumento del gasto público ha hecho poco, no sólo en la Argentina, para reducir las desigualdades. Más que una felicitación al país, como lo presentó la Presidenta, parece más bien una lista de buenas pistas acerca de las urgentes y necesarias reformas de programas muy costosos de gasto social que tienen resultados, en muchos casos, poco satisfactorios. El estudio se titula “Ganancias sociales en la balanza. Un desafío de política fiscal para América latina y el Caribe”, y no sólo celebra, como dijo Cristina Kirchner, que en la región del Cono Sur sea donde más se redujo la pobreza hasta 2012. Tam-

Negó Scioli que se analice un aumento de impuestos

Permanente de Hogares, lo que pone en duda las mediciones de reducción de la pobreza. Pero además, aunque encuentra que la mayor parte del gasto social en educación va a la población de menores ingresos, también descubre que el efecto igualador es pobre. La Argentina tiene enormes diferencias entre el rendimiento en matemáticas y lectura entre los colegios privados y los públicos. Mayor que en Chile, por ejemplo, y también que en México y Costa Rica. Lo más alarmante es que en nuestro país el rendimiento de los alumnos de colegios privados está por debajo del promedio de públicos y privados en Costa Rica en materia de lectura. “América latina y el Caribe es la región más inequitativa del planeta, y su política fiscal está jugando sólo un tenue papel en aliviar la situación tanto en términos absolutos como relativos, en comparación con los países desarrollados”, concluye el trabajo. Hay que medir mejor los resultados, modificar los planes y la forma de financiarlos o no habrá más mejoras sociales. Eso podría haber sido el puntapié inicial de un plan digno, aunque tardío, de la Asamblea Legislativa. La Presidenta prefirió perderse en autoelogios.ß