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POLÍTICA

| Lunes 24 de febrero de 2014

en off

La trastienda de la política (y de los políticos)

Caos en los días finales

Carrusel electoral. La Vendimia, vidriera política

Avenida de Mayo La represión policial en los últimos días del gobierno de Fernando de la Rúa, una postal de caos y violencia que hoy, 13 años después de los hechos, finalmente llega a juicio

Se sabe que las fiestas populares suelen ser un blanco fácil para los políticos, que eligen sus tribunas y desfiles para mostrarse. Sin embargo, la tradición estipula que esta costumbre se lleva a cabo en los años electorales, que es cuando más rinde la aparición pública de aquellos que tienen aspiraciones políticas. Sin embargo, la Fiesta Nacional de la Vendimia de este año podría romper esa tradición y convertirse en una gran vidriera política aun cuando falta, como mínimo, más de un año para que se empiece a hablar de candidatos y de elecciones. Así, el gobernador de Mendoza y gran anfitrión de la fiesta, Francis-

co Pérez, apuesta a reunir el fin de semana del 8 de marzo a la mayor cantidad de gobernadores peronistas posible. La frutilla del postre, aunque el mandatario no lo sabrá hasta último momento, sería la presencia de Cristina Kirchner. La oposición tampoco se quedará atrás. Organizada por los radicales mendocinos Ernesto Sanz y Julio Cobos, los principales referentes del conglomerado FAP-UNEN se mostrarán en la tradicional fiesta mendocina. Fueron convocados para los días 7 y 8 de marzo y esperan una nueva foto de unidad con Hermes Binner, Fernando Solanas y Elisa Carrió, entre otros.ß

Santa Fe. Un fallo judicial que consolida el cupo femenino

Comienza hoy el juicio por las muertes de diciembre de 2001 justiCia. Están acusados 17 ex funcionarios y policías que participaron de la

represión de los días 19 y 20; sobreseído, De la Rúa sólo declarará como testigo

Hernán Cappiello LA NACION

Fueron dos días de rebelión popular. Con olor a pólvora encendida disparada por policías que, sólo en los alrededores de la Casa de Gobierno y el Obelisco, dejaron cinco muertos. Con los ojos picantes de gas lacrimógeno lanzado por la infantería que buscó vaciar la Plaza de Mayo de manifestantes. Fueron las 48 horas que marcaron la caída de Fernando de la Rúa como presidente y su salida en helicóptero de la Casa Rosada. Por esas muertes, ocurridas el 19 y 20 de diciembre de 2001, y las heridas sufridas por 117 personas en esas jornadas, comenzarán hoy a ser juzgados 17 ex funcionarios y policías: los uniformados acusados de disparar y los ex funcionarios porque estaban a cargo del operativo de seguridad. El ex presidente Fernando de la Rúa será la figura estelar del juicio, no ya como acusado, pues está sobreseído por su responsabilidad en la represión. Pero está previsto que declare como testigo en el largo proceso que, se estima, durará al menos dos años e incluye las declaraciones de unas 500 personas. Sin De la Rúa, el máximo funcionario político en el banco de los acusados será el ex secretario de Seguridad de la Alianza Enrique Mathov. Su jefe, el entonces ministro del Interior Ramón Mestre, falleció. Le sigue entre los acusados, en orden de importancia, el entonces jefe de la Policía Federal comisario general retirado Rubén Santos, un hombre de la policía científica que apostó por reformar la fuerza y se ganó un sinnúmero de enemigos. También estarán sentados el ex superintendente de Seguridad Metropolitana comisario general retirado Norberto Gaudiero y el ex director general de Operaciones comisario mayor retirado Raúl Andreozzi. Todos ellos, como máximos jefes del

operativo policial en la calle, deberán responder por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de sus deberes de funcionario. En caso de ser condenados, difícilmente vayan presos, pues la pena máxima podría llegar a cinco años de prisión. Se suman a los acusados 13 policías que estaban en la calle y están acusados de disparar contra los manifestantes. Se tratará de determinar si con su accionar mataron a Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, Ariel Benedetto y Diego Lamagna e intentaron matar a Martín Galli y Paula Simonetti en los alrededores de Plaza de Mayo. Algunos de los ex policías enfrentan acusaciones graves de homicidios dolosos y tentativas de homicidios –como en el caso de Márquez, que murió sobre la 9 de Julio– que pueden llevarlos a condenas máximas de 25 años de prisión. Los ex policías que serán juzgados son Orlando Oliverio, Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez, Jorge Toma, Carlos Loforte, Víctor Belloni, Omar Bellante, Ariel Firpo Castro, Norberto Sabbino, Sebastián Saporitti, Horacio Berardi y Mario Seia. Durante el juicio se discutirá si los ex funcionarios y ex jefes policiales actuaron con impericia o negligencia al diseñar el operativo de seguridad o si, teniendo el poder de hacerlo, evitaron detener lo que estaba ocurriendo, incurriendo en una “omisión impropia”. Mathov buscará probar que estaba ajeno al operativo de seguridad callejero –regresaba de Paraguay ese día– y Santos, que fue víctima de una interna de la fuerza que involucró hasta el usó de francotiradores, según allegados. También se debatirá si los policías operativos juzgados, que estaban en la calle disparando, cometieron asesinatos o heridas dolosas al tirar contra los manifestantes. El juicio estará a cargo del Tribu-

Los principales acusados

enrique MAthov EX SECRETARIO DE SEGURIDAD

Es el máximo funcionario político que será juzgado a partir de hoy con el inicio del proceso

rubén sAntos EX jEfE DE lA pOlICíA fEDERAl

Es el segundo en importancia, ya que el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, falleció norberto GAudiero EX SUpERInTEnDEnTE DE SEGURIDAD METROpOlITAnA

Como el resto, debe responder por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de sus deberes de funcionario lAs víctiMAs Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, Ariel Benedetto y Diego Lamagna

Niega Rossi que las Malvinas sean una hipótesis de conflicto

nal Oral en los Criminal Federal N° 6, integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Javier Anzoategui y Rodrigo Giménez Uriburu. Adrián Martín actuará como juez sustituto en caso de ausencia prolongada de alguno de sus colegas. Está previsto que De la Rúa declare como testigo, a pedido de la fiscalía. Sin embargo, a raíz de su sobreseimiento, aún está pendiente un recurso extraordinario ante la Corte para que el máximo tribunal termine de definir su situación. El fiscal federal Mauricio Viera estará a cargo de la acusación, y las víctimas –tanto muertos como heridos– serán representadas por una querella unificada, cuya cabeza es el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS). Maximiliano Medina se mostró optimista en que se va a alcanzar justicia para las víctimas: “Se trata del caso más emblemático de la protesta social, y como respuesta, la violencia extrema de la policía en un marco de excepción por el Estado de sitio, el que, dicho sea de paso, está discutido. Es un caso único y, para nosotros, sólido, así que tenemos muchas expectativas en alcanzar justicia para las víctimas”, dijo. El CELS discutirá en el juicio si el Estado de sitio declarado por De la Rúa fue legal, pues cuestiona vicios del decreto. Pero entre los querellantes no hay ideas homogéneas. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), está en las antípodas. Para ella, el juicio “marca la consagración de la impunidad”. A su entender, “se juzga a Mathov y a Santos porque faltaron a su deber de cuidado, por negligentes y no por represores”. Señaló que en ese caso nadie se indigna, como sí lo harían ante un accidente de tránsito donde un conductor mata a un anciano y sólo recibe una pena que puede llegar al máximo de cinco años de prisión.ß

Malvinas, eje de otra polémica

reChazo. El semanario Sunday Express había dicho que la Argentina

“podría atacar” las islas con la modernización de su capacidad bélica

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, desmintió ayer que la Argentina tenga a las Malvinas como una “hipótesis de conflicto”, al rechazar la afirmación de un diario británico. “La Argentina es un país cuya defensa no trabaja con hipótesis de conflicto. No se piensa en eso cuando se desarrollan las capacidades de las Fuerzas Armadas”, sostuvo Rossi en diálogo con InfoNews. “La política que ha definido la Argentina sobre el Atlántico sur es clara y se trata de tener adhesiones en el marco internacional. Pedimos diálogo”, añadió. El semanario Sunday Express, de Gran Bretaña, había señalado que el aumento de la inversión del gobierno argentino en gastos militares preocupa mucho al gobierno del primer ministro David Cameron. Sostuvo que Londres estaba “monitoreando

cuidadosamente” la situación en las Malvinas con vistas a una eventual “redada militar” argentina en Puerto Argentino (Port Stanley). Según el semanario, la Argentina incrementará su gasto de defensa 33,4% para este año, el mayor aumento para el sector en la historia del país. “La lista de shopping incluye sistemas de defensa aéreos israelíes, transporte de asalto naval, sistemas de misiles, helicópteros y un proyecto de drones. Contará con capacidades de alta tecnología para el Ejército y la formación de un nuevo comando de unidades de fuerzas especiales”, destacó el artículo. Siempre según el mencionado tabloide, de corte sensacionalista, los “programas de adquisición y modernización” propuestos por el Gobierno incluyen la compra de 20

aviones Mirage a España y sistemas israelíes de defensa aérea, e inquietaron al gobierno británico. Cuando se le consultó a Rossi por estas inversiones, respondió entre risas: “Ojalá” . El Sunday Express se hizo eco también de la designación del ex ministro y senador porteño Daniel Filmus al frente de la recién creada Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas. En ese sentido, afirma que Filmus “envió más de 200 cartas a las empresas petroleras británicas en Malvinas, amenazándolos con imponer elevadas multas si perforan sin consentimiento argentino”. Según fuentes militares británicas de alto rango, “el verdadero miedo está en la posible incursión de fuerzas especiales argentinas dirigidas a dañar la pista de Puerto Argentino”.ß

b El semanario británico Sunday Express afirma que en el gobierno británico hay “preocupación” por el aumento del gasto militar argentino b La publicación, de neto corte sensacionalista, afirma que autoridades del ejército británico temen un ataque argentino en Puerto Argentino (Port Stanley) b También afirma que no cayeron bien las “más de 200 cartas” de Daniel Filmus a petroleras para que no inviertan en Malvinas

Atanasof. Scioli le ganó a Macri el pase del diputado nacional Mientras su hasta hace poco jefe político, Francisco de Narváez, sigue con extremo bajo perfil y repiensa su futuro, varios de quienes formaron parte del denarvaísmo ya se sumaron a las huestes de Daniel Scioli. Ocurrió con Gustavo Ferrari, José “Pepe” Scioli y Gonzalo Atanasof, quienes ya ocupan cargos o participan de la campaña del gobernador bonaerense. El último en sumarse es Alfredo Atanasof, ex jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde y armador político de De Narváez antes de las elecciones de octubre. Cuentan en Pro que el diputado nacional tenía todo arreglado con el macrismo, y que incluso había tenido un encuentro cara a cara con Mauricio Macri. Algo ocurrió, cuentan las fuentes, y Atanasof decidió sumarse a las huestes del gobernador bonaerense, incorporación que se haría pública en los próximos días.

Si bien el criterio fue aplicado por Cristina Kirchner en la época que presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado, la justicia de Santa Fe acaba de consagrar en un fallo, que sentará jurisprudencia, la garantía constitucional del cupo femenino, al avalar la decisión de la Cámara de Diputados de Santa Fe de reemplazar a una diputada fallecida con la primera mujer que la sucedía en la boleta en la que fue elegida. Tal como cuando la Presidenta aplicó ese criterio, la disputa en Santa Fe fue política. Luis Rubeo, presidente de la Cámara, se aferró al cupo femenino para impedir el ingreso al cuerpo de Julio López en reemplazo de la fallecida Silvia de Césaris. López es un peronista alineado con el sector de María Eugenia Bielsa, que está enfrentado al de Rubeo, y era el primer suplente. En su lugar, Rubeo impulsó el ingreso de Mariana Robustelli, del Movimiento Evita y ubicada detrás de López en la lista. Así, la polémico terminó en la Justicia. El fallo a favor de Robustelli se conoció el jueves pasado y, más allá de la pelea política, sentará jurisprudencia a favor del cupo femenino.ß

detrás del disCurso

La verificación de los mensajes políticos de la semana

Laura Zommer y equipo de investigación de

La realidad de la droga desmiente a Berni “Objetivamente, en la Argentina no hay producción de drogas” (Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación) engañoso. El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, dijo en una entrevista en Radio Rivadavia que la Argentina ya no era un país de tránsito de drogas, sino que “ahora es un país de consumo y, lo que es más grave, es un país de elaboración”. En cambio, Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, consultado sobre esa declaración en radio Vorterix, sostuvo: “No, objetivamente en la Argentina no hay producción de drogas”. Berni aclaró que se refería a la producción de la materia prima. Sin embargo, ésta es sólo una de las etapas de elaboración de las drogas. Hay otras que sí se realizan hoy en el país. “Hay cuatro fases en la producción de cocaína”, explicó Alberto Föhrig, investigador de la Universidad de San Andrés y especialista en narcopolítica. Y precisó: “La primera es la producción de la materia prima, la hoja de coca, que se transforma en pasta de coca en el lugar de origen. A partir de ahí se dan las otras etapas, de las que hay evidencia que ocurren en la Argentina: la elaboración de la pasta base; la transformación de la pasta base en clorhidrato de cocaína, y, finalmente, la adulteración, donde se mezcla con otros elementos para generar mayor volumen, y el fraccionamiento”. Prueba de la existencia de la elaboración de drogas en el país es el informe publicado en 2011 de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), que señala que entre 2000 y 2006 se informó la existencia de 80 laboratorios “vinculados en su casi totalidad a la producción/fa-

bricación/adulteración/fraccionamiento ilícitos de estupefacientes derivados de la hoja de coca, encontrándose sólo dos equipados para la fabricación de éxtasis”. “La incautación de un número creciente de facilidades para la producción, como también la disponibilidad de paco, sugiere que la producción doméstica de cocaína en la Argentina, aunque pequeña, es creciente. No hay cultivo extensivo de hoja de coca para la producción de cocaína en la Argentina”, señala, por su parte, el último reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. “La Argentina se ha vuelto un país de tránsito consolidado”, explicó en una entrevista Mónica Cuñarro, fiscal especializada en narcotráfico y ex coordinadora de

La discusión dentro del Gobierno sobre si el país es productor de drogas no es nueva la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, aunque advirtió que por cuestiones económicas “hay cada vez más laboratorios que se instalan para fabricar acá”. La discusión dentro del Gobierno sobre si el país es o no productor de drogas no es nueva. En 2008, el fiscal federal y entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Carlos Stornelli dijo que “la Argentina ya no es aquel país exclusivamente de tránsito”. Aníbal Fernández, en ese momento ministro de Justicia de la Nación, respondió que “la Argentina jamás será un país productor de drogas”, como si pudiera con sus dichos o deseos predecir el futuro. En ese momento, la discusión era sobre drogas sintéticas.ß @Chequeado // @lauzommer