Política

Lunes 24 de marzo de 2008

LA NACION/Página 7

Resolución del juez Ercolini

Importación irregular

Un ex gerente de la Anses irá a juicio oral por tráfico de datos

Declaran 6 acusados por los autos diplomáticos

Es por una causa del gobierno de Kirchner Por Gabriel Sued De la Redacción de LA NACION Por primera vez, un funcionario que se desempeñó en el gobierno de Néstor Kirchner irá a juicio oral como sospechoso de un delito cometido en el ejercicio de su cargo. Se trata de Manuel Enrique Prieto, ex gerente de Control de la Anses, acusado de haber traspasado a una empresa privada, en forma ilegal, una base de datos con información confidencial sobre 12 millones de afiliados a obras sociales y beneficiarios de planes para desocupados. El juez federal Julián Ercolini acaba de dictar la elevación a juicio de la causa contra Prieto, que se inició a fines de 2004 con una denuncia del entonces director de la Anses y actual intendente de Tigre, Sergio Massa. La resolución de Ercolini es del lunes pasado, pero se conoció sólo cuatro días después de que el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart procesara en la causa Skanska al ex gerente general de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa. Este último es el único funcionario de peso del gobierno de Kirchner que carga con un procesamiento. El que se había dictado en abril de 2006 contra el ex secretaria de Agricultura Miguel Campos, por presuntas irregularidades en la distribución de la cuota Hilton, fue revocado por la Sala I de la Cámara Federal en agosto de ese mismo año. Ese tribunal también había revocado en octubre de 2006 un primer procesamiento contra Prieto, dictado en junio de ese año. Pero Ercolini insistió en abril de 2007 y la Cámara terminó por confirmar el procesamiento, en octubre. La elevación a juicio dictada el lunes también alcanza a Diego Eduardo Pizarro, presidente de P&P Datos, la firma a la que se traspasó la información sensible. Con sede en Córdoba, se

Oyarbide inicia los interrogatorios

dedica a la evaluación de riesgo crediticio, actividad que en la Argentina se hizo famosa con la compañía Veraz. Los datos robados, se supone, resultaban útiles a la empresa para determinar si las personas empadronadas podían responder a un préstamo. La información revelada a la empresa es de acceso público para los empadronados, pero sólo de manera individual y con el previo ingreso de un número de CUIL o DNI.

Secretos violados Prieto y Pizarro están procesados por violación de secretos (artículo 157 bis del Código Penal), delito que contempla una pena de entre un mes y dos años de prisión y una inhabilitación para ejercer cargos públicos de entre uno y cuatro años. De todos modos, el funcionario no irá preso. En su resolución, Ercolini se remitió a las pruebas enumeradas en el fallo en el que procesó a los acusados. Una de las más importantes es un peritaje que demostró, con una certeza de entre 99,98 y 99,99 por ciento, que la base de datos secuestrada en la firma cordobesa era la misma que la que manejaba Prieto en la Anses. La operación quedó en evidencia cuando por intermedio de una de sus secretarias Prieto pidió a Lautaro Palamidessi, por entonces empleado del área de Coordinación Informática, que le explicara al empresario cordobés cómo se operaba la base que tanto había reclamado. En un intercambio de e-mails con la secretaria de Prieto, el empleado descubrió que varias indicaciones que le habían pedido los días anteriores habían sido reenviadas a personal de P&P, que daba a entender que tenía la base en su poder. Tras descubrirse el hecho, cometido entre el 6 y el 12 de octubre de 2004, Prieto fue desplazado a otro cargo en la Anses. En el pasado, había sido ministro de Producción de San Juan, en la gobernación de Jorge Escobar.

Por Nik

Naftas

ARCHIVO

Moyano, en el sepelio de Beroiz

Beroiz: crece la pista de la pelea interna sindical Es, por ahora, el eje judicial para investigar el crimen Por Jorge Urien Berri Enviado especial ROSARIO.– Una puja entre dos sectores internos del sindicato santafecino de los camioneros es, por ahora, la pista excluyente que explicaría el asesinato de Abel Beroiz, secretario general de los camioneros de Santa Fe y tesorero de la Federación Nacional que conduce Hugo Moyano, titular de la CGT. Dos sindicalistas de los camioneros pertenecientes a los dos bandos en conflicto confirmaron a LA NACION que ahí, en la interna, estaría la clave del crimen de Beroiz, ocurrido el 27 de noviembre del año pasado. Obviamente, los dos bandos difieren en el momento de hablar de los posibles responsables. Y en dirección a la de la interna sindical apunta la investigación del juez Osvaldo Barbero, según confió una fuente vinculada con la causa. Hubo dos factores que en un principio le dieron trascendencia nacional al asesinato por encargo cometido, según su propia confesión, por Raúl Omar Flores, un joven delincuente y drogadicto. Por un lado, Beroiz estaba al frente no sólo del sindicato provincial, sino de la tesorería de la federación nacional y gozaba de la confianza de Moyano. Por el otro lado, Raúl Alfredo Luna, que habría aspirado a suceder a Beroiz en la provincia, no sólo era el número dos del sindicato santafecino, sino el segundo de Moyano en la federación. En estos momentos, Luna, que no respondió los mensajes de LA NACION para pedir una entrevista, se encuentra con licencia tanto en el sindicato como en la federación. “Luna no es hombre de Moyano. Del lado de Moyano, nadie es su hombre. Hugo es solamente él. El mismo Abel [Beroiz] no hacía nada sin consultar a Hugo. Luna era segundo en

la federación no por él, sino por el peso que allí tiene Santa Fe.” Después de Buenos Aires, esta provincia es la que más camioneros suma: 15.000 afiliados, según uno de los sindicalistas. “El sindicato mueve mucha plata –explica– y los camioneros santafecinos seguramente son los mejor pagos del país. Ganamos en promedio 5000 pesos, y los que transportan combustibles llegan a 8000. De cada sueldo sale un 3% para el sindicato, otro 3% para la obra social y otro 3% para capacitación.” Hasta aquí, las coincidencias. Las disidencias entre los dos bandos co-

El sindicato mueve mucha plata y los camioneros santafecinos seguramente son los mejor pagos del país. Ganamos en promedio 5000 pesos, y los que transportan combustibles llegan a 8000 pesos mienzan al hablar justamente de bandos. “Siempre estuvimos con Beroiz, nunca armamos una lista aparte. Este año –sostiene un sindicalista cercano a Luna–, Beroiz se presentaba a elecciones para un tercer mandato. Las primeras elecciones las ganó con el 80 por ciento; las segundas, con más, y ahora iba a ganar por el 90 por ciento. ¿Qué sentido tenía que Luna se postulara? Beroiz, de setenta años, ya había dicho que los próximos serían sus últimos cuatro años. Luna, que tendrá 52 o 54 años, sólo debía sentarse a esperar para sucederlo.” Esta fuente desliza con sumo cuidado, y aclarando que no habla de

Sólo en off

Scioli y Ocaña, en sintonía para investigar los manejos en Salud ■ Un calco. Daniel Scioli le ordenó a su ministro de Salud, Claudio Zinn, que acoplara su gestión en el área sanitaria a la de la ministra del área a nivel nacional, Graciela Ocaña. El gobernador bonaerense, según dijeron sus allegados a LA NACION, le dijo a Zinn que “antes de avanzar con cualquier medida, alineara su gestión a la de la «hormiguita»”, como le dicen a Ocaña. Se comenta en La Plata que, en función de ello, los dos ministerios avanzan sobre investigacioScioli quiere nes puntillosas a que su ministro sus antecesores. de Salud esté Ocaña investiga alineado con la gestión de Ocaña. Ginés González García, en la que se detectaron pagos a proveedores que merecen mayor atención. Zinn, por su parte, comenzó a hurgar en la administración de su antecesor, Claudio Mate, hombre en el área del ex gobernador Felipe Solá,

que había tenido buena llegada a Ginés. “Zinn pidió a todos los proveedores que demuestren el servicio prestado y se les pagará. Pero muchos se enojaron”, dicen cerca de Scioli. Al parecer, los planes de remedios no se manejaron con todo el cuidado que merecían. * * *

■ Ultima tecnología. Elisa Carrió recurre a las nuevas tecnologías para hacer conocer las propuestas de la Coalición Cívica. Hoy, a las 20, se presentará una video conferencia organizada por el Movimiento por la Paz, a través de la página Web www.m ovimientoxlapaz.org.ar, para difundir su idea de que se avecinan tiempos de conflicto social y de reclamos violentos. “Esto permitirá desarrollar el movimiento por todo el país. Algo que a Carrió le interesa mucho, porque dice que será una de las claves de los próximos meses”, dijo un allegado a la líder de la Coalición Cívica. * * *

■ ¿Pelea en el PJ? El gobernador de San Luis, Alberto

Rodríguez Saá, dejó trascender que su sector interno en el PJ, el Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), se presentará mañana en la sede del partido para reservar nombre, color y número de lista para presentar una nómina de candidatos para las elecciones internas de autoridades del PJ, que se realizarán el 18 de mayo próximo. “Con esta decisión, queda manifiesta la voluntad de competir en elecciones internas contra Néstor Kirchner con un candidato Alberto propio”, aseguró Rodríguez Saá promete pelearle a LA NACION un vocero de Rodríel PJ a Néstor guez Saá. Entre Kirchner. los candidatos a competir contra Kirchner se inscriben Raúl Dellepiane, Daniel Basile, Héctor Maya o Hugo Franco, según fuentes del sector de Rodríguez Saá.

Mariano Obarrio

BENITO P. LEGEREN, falleció el 24 de marzo de 2005. Su familia agradece una oración por su alma y celebrará una misa en su memoria

Diputado, senador y ministro de Hacienda de la Provincia de Bs. As., Escr. FRANCISCO RATTO, q.e.p.d., falleció el 244-58. - A cincuenta años de tu partida, tus nietos Bocha, Marta R. de Aguilar y Teresa R. de Navarro O’ Connor te recuerdan con mucho cariño

culpables, lo siguiente: “Tal vez entre los que manejaban el sindicato por debajo de Beroiz había algunos que querían sucederlo o querían evitar que Luna lo sucediera. No los culpo de nada. Sólo quiero que se investigue esa posible interna allí”. Sin embargo, al frente del sindicato quedó un camionero de Beroiz: Marcelo Dainotto.

“Lo inevitable” Cuando Beroiz murió tras un día de agonía, Luna quiso ocupar su lugar. El sector oficialista lo vio como una arremetida. Para el allegado a Luna, “fue lo lógico, lo inevitable. Luna era secretario adjunto y reemplazaba a Beroiz si se enfermaba o estaba ausente”. Los beroicistas se opusieron a la asunción de Luna, que respondió presentando un pedido de amparo ante la Justicia, que aún sigue su curso. Al margen de la interna, en la investigación del crimen hay dos elementos decisivos: la detallada confesión de Flores y el análisis de sus llamadas telefónicas. Flores dijo que el crimen se lo encargaron cuatro personas de un estudio de abogados rosarino. Mencionó, entre los nombres, el de un asesor del estudio que no es abogado y se especializa en trámites de accidentes laborales. Una de las fuentes sindicales admitió que ese asesor tenía una relación de trabajo con Juan Carlos Dell’Arciprete, vocal suplente del sindicato. Un hombre que conoce bien a Dell’Arciprete dice que este camionero, además de coincidir con Luna, era hombre de Beroiz. La fuente niega que Dell’Arciprete conociera o llamara a Flores. Para una fuente de la causa, la llamada telefónica entre ambos ya estaría acreditada en el expediente, que permanece bajo secreto de sumario.

El juez federal Norberto Oyarbide comenzará mañana la ronda de declaraciones indagatorias a las que fueron citados seis acusados en la causa en la que se investiga la comisión de irregularidades en la importación de autos con franquicias diplomáticas. En una semana, deberán declarar el ex jefe de Ceremonial de la Cancillería Marcelo Pujó; el ex director del Departamento de Franquicias Jorge Matas; otros tres empleados del ministerio y Pablo Rodríguez, un gestor que se encargaba de los trámites de nacionalización de los vehículos. El magistrado los investiga como miembros de una asociación ilícita, que se dedicaba a obtener beneficios a partir de la importación de autos libres de impuestos que luego eran nacionalizados y vendidos en el mercado local. La ronda de indagatorias comenzará mañana, con las declaraciones de Roberto Zárate Barrios, empleado de la mesa de entradas del Departamento de Franquicias, y de Marisol Santander Rodríguez, empleada del área e hija de María Cristina Santander, quien era la secretaria privada de Matas y trabajaba desde hacía 30 años en la Cancillería. Las audiencias terminarán pasado mañana con el interrogatorio a Matas. La citación del funcionario también fue reclamada, en otra causa, por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que lo acusa de no haber controlado el presunto uso irregular de autos con chapa diplomática que hacía el gestor Rodríguez. La irregularidad que denunció la Cancillería el 21 de enero consiste en que los vehículos importados por los diplomáticos fueron nacionalizados (habilitados para su venta) en forma gratuita y antes del plazo mínimo legal, que en ningún caso es inferior a nueve meses desde su ingreso en el país. La normativa vigente establece que si quieren hacer eso, los diplomáticos deben pagar los impuestos de los que se los había eximido al momento de la importación, un monto superior al 50 por ciento del valor del auto. La maniobra posterior era, se sospecha, la entrega del auto a un intermediario, que lo vendía a un precio similar al de mercado. Según la hipótesis de la investigación, Matas –como jefe del área en la que se cometieron las irregularidades– estuvo al frente de la maniobra, porque adjudicaba el trámite con su firma, pero los papeles eran llevados sólo por un grupo de empleados de su confianza. Para el juez Oyarbide, el jefe directo de Matas no podría desconocer las operaciones de su subordinado y por ello citó a indagatoria a Pujó, que debió dejar su cargo cuando se conoció la citación para que declarara como sospechoso. En forma paralela, en el fuero federal avanza una causa sobre los mismos hechos, que se inició con una denuncia de la Aduana. El juez de ese expediente, Jorge Brugo, espera que la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico defina si es él u Oyarbide el que debe investigar. Si lo confirman al frente de la causa, el magistrado prevé ordenar las primeras declaraciones indagatorias.