Política

Martes 4 de marzo de 2008

LA NACION/Página 7

Vehículos bajo sospecha

Cambios en la Justicia

Importación de autos: citaron como acusado a un ex funcionario

Proyecta el Gobierno una reforma procesal

Osvaldo Guglielmino

La postura de la Procuración

Matas, dirigía una oficina de Cancillería con el ejercicio del cargo. Oyarbide no descarta, no obstanDe la Redacción de LA NACION te, que la acusación contra Matas se agrave. En su última presentación, el El juez federal Norberto Oyarbide fiscal sostuvo que detrás de las imporretomó ayer la causa por el escándalo taciones irregulares puede haber hadel los autos importados con franqui- bido sobornos. cias diplomáticas y ordenó la primeLo dijo sobre la base de declaraciora indagatoria en el expediente: citó nes de un ex embajador de Paraguay a declarar como acusado a Jorge Ma- en la Argentina, Orlando Fiorotto, que tas, el funcionario de Cancillería que había manifestado, con toda naturaliautorizaba los trámites. dad, que las maniobras descubiertas Matas estuvo a cargo del Departa- eran una “práctica normal” en la Armento de Franquicias del Ministe- gentina y que le habían ofrecido 20.000 rio de Relaciones Exteriores hasta dólares para usar su franquicia. noviembre del año pasado, cuando Evers pidió que Fiorotto fuera llael canciller Jorge Taiana lo removió mado a declarar como testigo y el juze intervino la dependencia que esta- gado inició trámites en la Cancillería para dar con este diplomático. ba a su cargo. Un sumario interno había descuLa indagatoria de Matas será la pribierto que, con la firma de Matas, se mera de una serie que podría incluir a importaron autos libres de impues- varios funcionarios que trabajaron con tos que se nacionalizaron él en el Departamento de gratis antes del plazo leFranquicias y a vendedores sospechados de haber gal. Aunque los vehícusido los intermediarios los entraban al país paen la maniobra, anunra ser utilizados por los cian en Tribunales. diplomáticos, eran venUno de los más comdidos casi de inmediato prometidos es Pablo Roen el mercado local. Pero eso no es todo. dríguez, que gestionó la Matas está acusado, adeimportación de autos de más, por un hecho que lujo en representación de lo toca muy de cerca. Su varias embajadas. El fue mujer, María Evangeliacusado, además, de hana Sanguinetti, tiene ber utilizado injustificauno de los autos invesdamente vehículos con tigados. Es un Audi A4 chapa diplomática. La citación de Matas que le compró a un em- Oyarbide pleado de la embajada de ■ El juez sustentó su no fue la única medida Rusia, Mikhail Moskin, pedido en un escrito que que tomó ayer Oyarbide. había firmado Matas. También dispuso acelepor 75.000 pesos. Moskin lo había adquirar los trámites para defirido en el marco del régimen para di- nir si se va a quedar con la causa. plomáticos extranjeros y había sido El juez Jorge Brugo, que investiga justamente Matas quien había auto- el mismo caso desde el fuero penal rizado con su firma la franquicia y la económico, pretende hacerse cargo de nacionalización del auto. los dos expedientes. Por eso, le pidió Esto fue denunciado por el titular de a Oyarbide que se inhibiera. la Oficina Anticorrupción, Abel FleiAntes de decidir si lo hace, el juez tas Ortiz de Rozas, que fue el primero debe reunir las opiniones de todas las en promover la citación de Matas. Días partes del expediente. Cada una tiene más tarde, presentó el mismo pedido tres días para expedirse. Por eso, a fin de evitar demoras, Oyarbide dispuso el fiscal Patricio Evers. Apenas horas después de haber vuel- que todos sean notificados al mismo to de vacaciones, Oyarbide firmó ayer tiempo y preparen su opinión en sila resolución que hizo lugar a lo solici- multáneo (si no, el plazo de cada parte tado y ordenó que Matas se presente a comenzaba a correr cuando terminaba declarar el lunes próximo, a las 11. el de la anterior). Así, la semana que viene podrá tener todo en su juzgado Por ahora, libre y podrá contestar. Por ahora, el ex director de FranSería sorprendente que Oyarbide le quicias seguirá en libertad porque los diera a Brugo la respuesta que espehechos que se le imputan configuran ra. Cuesta creer que después de haber delitos con penas bajas: incumplimien- ordenado la primera indagatoria del to de los deberes de funcionario pú- expediente tenga planes de desprenblico y negociaciones incompatibles derse de la causa.

Por Paz Rodríguez Niell

Argentina estaba pesificada. Tuvo poca respuesta.

Entre 2003 y 2006, la Procuración del Tesoro señaló en diversas resoluciones que aquellos pagos en dólares debían ser pesificados. La Cancillería le pidió que se pronuncie definitivamente. La respuesta estaría en los próximos días.

Pelea de la Cancillería con 262 diplomáticos Les reclama la devolución de un pago que hizo en dólares Por Lucas Colonna De la Redacción de LA NACION Apenas siete meses después de la pesificación, unos 262 diplomáticos argentinos que en 2002 estaban destinados en el extranjero cobraron en dólares una deuda millonaria que el Estado mantenía con ellos en concepto de asignaciones salariales, ascensos y traslados que se encontraban impagos por la apremiante situación económica que atravesaba el país entre 2000 y 2001. Es éste el meollo de un nuevo conflicto que enfrenta por estos días a una parte importante del servicio exterior de la Nación con las autoridades del ministerio, a cargo de Jorge Taiana: la Cancillería, con aval de la Procuración del Tesoro, reclamó aún sin respuesta la pesificación de esos pagos, y por ende, la devolución por parte de los diplomáticos de un total de 5.250.937,84 pesos. Esa cifra, calculada en 1 peso más CER (fórmula que se usó para la cancelación de todas las deudas tras la crisis financiera), representa el diferencial del dinero que fue liquidado en 2002 por la propia Cancillería, según supo LA NACION de calificadas fuentes vinculadas con la investigación. El caso salió a la luz pública apenas semanas después de la investigación interna por las irregularidades en el otorgamiento de franquicias para la importación de autos diplomáticos, que ya generó un fuerte revuelo en el interior del Palacio San Martín, y que provocó desplazamientos de funcionarios y

la apertura de sumarios administrativos y causas judiciales. La Procuración del Tesoro de la Nación, que se manifestó anteriormente sobre el tema, tiene ahora a resolución definitiva la disputa, que podría derivar en las próximas semanas en una batalla legal entre la Cancillería y parte de su cuerpo diplomático. Hasta hoy, y luego del cruce de cartas documento entre la dirección jurídica de la Cancillería y los beneficiarios de los pagos, sólo se logró recuperar el 5 por ciento de ese monto, es decir 262.546,89 pesos.

“Buena fe” El grueso de los diplomáticos, la mayoría de ellos ministros y secretarios que actuaban como encargados de negocios en las principales representaciones diplomáticas argentinas en el mundo entre 2000 y 2001, argumentaron que esos compensatorios salariales se percibieron de “buena fe”, como parte de los haberes, y se consumieron antes de que se pidiera su devolución. Es decir, dijeron que no tienen la plata para devolverla, y que, en caso de que la tuvieran, no correspondería reembolsarla, pues, sostuvieron, tiene carácter alimentario y son derechos incorporados al patrimonio. El argumento legal esgrimido por el Estado luego de haber pagado es que los recursos deben ser recuperados porque hubo un enriquecimiento sin causa. Desde esa óptica, se canceló en dólares, errónea o indebidamente, algo que debía ser pagado en pesos.

En 2006, el departamento jurídico de la Cancillería, ante la falta de resultados al pedido y para saber si es necesario iniciar juicios para recuperar los fondos, remitió el caso nuevamente a la Procuración, para que ésta se expida definitivamente. La respuesta podría estar en las próximas semanas, según supo LA NACION de altas fuentes oficiales. El conflicto se inició cuando el 8 de agosto de 2002 la subsecretaría de Coordinación de la Cancillería, a cargo de Federico Barttfeld, dio conformidad para que Administración pague en dólares la deuda. Los pagos correspondían a ascensos, traslados y otros componentes de los haberes diplomáticos, que en el exterior suelen ser pagados en dólares tomando como referencia una tabla internacional de Naciones Unidas. Aquí yace uno de los principales argumentos de los diplomáticos para justificar la no devolución de los recursos. Administración pagó en dólares incluso aunque días antes la Procuración del Tesoro había sugerido que el pago de esas acreencias con el personal fuera liquidado a la paridad 1 a 1 más CER. En enero de 2003, el consejo de la Procuración se reiteró: el organismo emitió un nuevo dictamen avalando lo dicho. Y, finalmente, el 22 de mayo de 2006, y ante la consulta de la Cancillería, la Procuración emitió el dictamen 134, donde señala que “las deudas previas al 31 de diciembre de 2001 se encuentran pesificadas y consolidadas” y dice que “corresponde recuperar las sumas pagadas en demasía”.

Citan a otro militar por la masacre de Trelew El juez investiga la cadena de mandos Para LA NACION RAWSON.– El juez federal de esta ciudad, Hugo Sastre, libró el viernes último un nuevo pedido de detención para un oficial del Ejército, quien se convertirá en el segundo miembro de esta fuerza que comparezca en el juzgado desde el inicio de la causa que investiga la denominada Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972. Se trata del teniente coronel (R) Guillermo Muñoz, quien se desempeñaba como jefe de Operaciones hace 35 años y mantuvo activa participación en Trelew tras el intento fuga de los presos políticos, apenas una semana antes de los fusilamientos. Hasta el momento, la investigación avanzaba sobre personal de la Armada. Pero el viernes, Sastre dio un giro en la investigación y libró órdenes de captura para Muñoz y el general (R) Eduardo Ignacio Betti; éste, con domicilio en Capital Federal, quien también deberá comparecer para ser indagado. De esta manera, Sastre avanza sobre la cadena de mandos de los hechos ocurridos hace 35 años. A Muñoz se le atribuye una frase conocida tras los hechos del 15 de agosto de 1972, cuando un grupo de militantes de izquierda logró subir a un avión en el aeropuerto de Trelew y fugarse rumbo a Chile. Ese día, hubo otros 19 presos que no lograron ascender a la aeronave y fueron trasladados a la base Almirante Zar, de Trelew . “Estoy desilusionado. Veníamos a liquidar a todos y están vivos. Si se hubieran animado a disparar un tiro, no dejábamos uno vivo. Pero se rindieron, los muy cobardes”, habría comentado Muñoz, según documentos de la época, luego de que los militantes que no lograron fugarse pidieran nuevamente el traslado al penal de Rawson para asegurarse su integridad física. Ayer, en tanto, el cabo (R) Carlos

Marandino, uno de los imputados, amplió su declaración. Ante el juez Sastre y el fiscal Fernando Gelves, el marino, en la base Almirante Zar, de Trelew, reconstruyó los hechos en los que murieron 16 militantes de izquierda y otros tres resultaron gravemente heridos. “Era necesario hacerle algunas consultas en el lugar donde ocurrió lo que investigamos”, aseguró el fiscal Gelves. La declaración de Marandino resultó clave en la investigación, ya que fue el primer militar en admitir que los militantes habían sido fusilados en la madrugada del 22 de agosto. Sastre, en tanto, rechazó ayer el pedido de prescripción de la causa presentado por el abogado Fabián Gabalachis, que patrocina a los marinos Emilio del Real (hasta el momento, el único de los imputados que se negó a declarar) y Norberto Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar, de Trelew, hace 35 años. Al igual que el fiscal, Sastre consideró que los hechos investigados se encuadran dentro de los delitos de lesa humanidad. Ayer, el abogado anticipó que apelará ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y no descartó la futura presentación de un escrito por el cual solicite la prisión domiciliaria para sus defendidos. “Con las nuevas detenciones y la ampliación de indagatorias, nos encontramos con que los plazos procesales se extienden permanentemente.” El sábado último, Sastre aseguró a LA NACION que definiría la situación de los imputados antes del 7 del corriente mes. La causa tiene cinco detenidos: el contraalmirante (R) Horacio Mayorga (83), los capitanes (R) Rubén Norberto Paccagnini (83), Emilio Jorge del Real (71) y Luis Emilio Sosa (71), y el cabo Marandino (58). También tendrá que prestar declaración el marino José Bautista, autor del sumario administrativo realizado en la Armada para investigar los hechos de agosto de 1972.

Por Adrián Ventura De la Redacción de LA NACION

Indagarán a un teniente coronel

Por Ana Tronfi

Apunta a acelerar los juicios penales

El Gobierno diseña varios proyectos de reforma procesal para agilizar los procesos penales: básicamente, tratará de acelerar el trámite de los recursos y de evitar que la presentación de las apelaciones dilate el trámite de las causas. Esos proyectos no tienen todavía estado parlamentario, aunque en el Congreso hay varias iniciativas, desde hace años, en ese sentido. Pero durante el último mes la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Carlos Zannini, está recogiendo ideas entre distintos organismos, el Ministerio de Justicia y la Procuración General para elaborar una reforma procesal que tienda apurar el trámite de las causas judiciales penales. El gran problema que hay en la justicia criminal es que las investigaciones avanzan con tanta lentitud que, finalmente, prescriben o quedan a punto de que eso ocurra y los delitos quedan impunes. Encumbrados fiscales coinciden en ese diagnóstico. La presidenta Cristina Kirchner, en su discurso de apertura del 126° período ordinario de sesiones legislativas, supo intuir que la inseguridad y la impunidad son algunos de los principales reclamos de la población, y por eso hizo varias referencias a la lentitud de la Justicia: criticó el trámite de los juicios penales, especialmente los de derechos humanos –por los que están abiertas más de 850 causas en todo el país–, y pidió que no haya leyes distintas para represores de la dictadura y para delincuentes comunes. En realidad, ése fue uno de los objetivos del discurso de la primera mandataria, sin perjuicio de que introdujo algunos errores o confusiones, quizás intencionales. Por un lado, Kirchner dijo que así como el alto tribunal les ordena al Congreso y al Poder Ejecutivo tomar algunas medidas, debería también ocuparse de marcarles el paso a los tribunales inferiores. La Presidenta juntó su reclamo de mayor celeridad con un reproche al alto tribunal, porque el Gobierno está molesto por el fallo Badaro II, una sentencia que dictó la Corte en diciembre último que le ordena al Congreso actualizar las jubilaciones. La Presidenta introdujo una segunda confusión cuando propuso equiparar los delitos de lesa humanidad con los delitos comunes y reclamó igualdad ante la ley. Está claro que en ningún momento pretendió ella sostener –dicen quienes conocen cuál fue la intención de Cristina Kirchner– que los delincuentes comunes pueden ser equiparados a los represores. La política oficial fijada en 2003, precisamente, consistió en diferenciar a unos de otros. De otra forma, el Gobierno estaría admitiendo que los delitos comunes –incluso los cometidos por los guerrilleros durante los años 70– son imprescriptibles. Y, obviamente, no fue ésa la intención.

Ideas y proyectos

MINISTERIO DE DEFENSA

La ministra Garré pasó revista a los oficiales de la Armada en Puerto Belgrano

Garré anunció fondos para reparar el Almirante Irízar Se conmemoró ayer el fallecimiento de Guillermo Brown Por Daniel Gallo Enviado Especial PUERTO BELGRANO.– Entre fragatas y corbetas sobresale la herida mole del rompehielos Irízar. Espera por su suerte amarrado en la principal base naval, donde la ministra de Defensa, Nilda Garré, se comprometió ayer aquí a comenzar las reparaciones del buque que se incendió el 10 de abril último. “Están contemplados los recursos necesarios para las tareas de reparación que se realizarán en 2008 en el rompehielos Almirante Irízar”, dijo Garré durante la ceremonia del 151er. aniversario del fallecimiento del almirante Guillermo Brown. Ante una formación militar que incluyó a prác-

ticamente todo el almirantazgo, la ministra repasó su gestión, habló sobre la preocupación por revertir “la sostenida desinversión en medios materiales” y destacó el proceso de reforma militar que lleva adelante desde diciembre de 2005. La palabra oficial sobre la reparación del Irízar era esperada por los marinos. Y fue bien recibida la confirmación que en los próximos meses empezarán los trabajos. LA NACION había anticipado que la empresa Ark Yards, de capitales noruegos y técnicos finlandeses, completó este mes el informe final y presupuestó los arreglos en más de 500 millones de pesos, con un plazo de 30 meses para acondicionar el barco antártico. Garré, anunció a la vez la incorporación, este año, de 137 millones

de pesos al presupuesto de la cartera que se destinarán “exclusivamente al adiestramiento del personal y a la recuperación de equipamiento”. Esto ya lo había adelantado LA NACION aunque ayer se hizo oficial. Sólo la referencia final del mensaje de Garré apuntó a las causas por violaciones a los derechos humanos. “El pasado rinde cuentas y es en este sentido que seguirá avanzando la Justicia”. Y luego agregó: “La Armada de hoy ha demostrado y ha materializado su compromiso con este proceso histórico”. El almirante Jorge Godoy hizo también una referencia al pasado con la mirada en el futuro. “Conozco sus deseos de largar amarras, de abandonar definitivamente el puerto del ayer”, le dijo a sus hombres.

Lo que aparentemente buscó la Presidenta fue tocar un asunto muy sensible para la ciudadanía, la inseguridad, y mostrar que es capaz de dar una respuesta. Primero se pensó en buscar soluciones para acelerar las causas penales contra los ex represores. Pero luego los especialistas advirtieron al Gobierno de que no puede haber leyes procesales muy distintas para delitos de lesa humanidad y para delitos comunes. De allí, aparentemente, surgió la idea presidencial de impulsar una reforma procesal más amplia: ● Frente a la práctica de los imputados de presentar recursos para obligar al juez a elevar el expediente a un tribunal superior y dilatar los sumarios, se dispondría que esos recursos no frenen el trámite del proceso. ● También se establecería que los recursos sean orales. De todas formas, nada será tan simple ni inmediato: sustanciar los recursos con mayor celeridad y en forma oral obligaría a ampliar las cámaras penales, nombrar más jueces y asignar más recursos presupuestarios.

Breves ACLARACION

Cristina Kirchner y el tirador de Belgrano ■ En su edición del domingo LA NACION publicó que en 2000, tal cual lo dijo la presidenta Cristina Kirchner, el tirador serial de Belgrano, Martín Ríos, no había sido detenido. Fue en 2001 que se lo acusó de portación ilegal de armas y fue sobreseído cuatro meses después por el juez de Instrucción Eliseo Otero.