18 de marzo de 2015

Versión de la intervención de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, al emitir el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN en relación con un dictamen de las comisiones unidas de Anticorrupción, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Muchas gracias, Presidente. Compañeras, compañeros, el día de hoy es un día trascendente para las instituciones y la vida democrática del país porque votaremos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es parte de la tercera generación de reformas en materia de derecho de acceso a la información pública en nuestro país o para decirlo de manera más clara: sobre el derecho a saber que tenemos todos los mexicanos. El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano universal, indispensable para ejercer las libertades de pensamiento y de expresión, además de ser una herramienta poderosa en contra de los abusos, omisiones y corrupción que puedan generarse desde el poder. Este derecho es propio de todo régimen que se quiera asumir como democrático y es fundamental para la protección de diversos derechos individuales y colectivos que caracterizan a toda sociedad desarrollada. Después de la reforma de 1977, la constitucional, en la que se incluyó por primera vez el derecho de acceso a la información; después de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002, y de la segunda reforma al artículo sexto constitucional de 2007, ante la enorme desigualdad del ejercicio del derecho en los estados y los municipios del país, en 2014 esta Legislatura reformó por tercera vez la Constitución para mandatar la expedición de una ley general que corrigiera dicha desigualdad. Esa reforma también fortaleció a los órganos garantes del derecho en todo el país, al dotarlos de autonomía y otorgarles nuevas facultades y, atendiendo a un justo reclamo ciudadano, incluyó nuevos sujetos obligados a la transparencia como los sindicatos y los partidos políticos. El dictamen de ley general que se presenta hoy es reglamentaria del actual artículo sexto de la Constitución, y como ya se ha comentado por otros senadores que me han antecedido en el uso de la voz, es fruto de un trabajo conjunto de legisladores, académicos y sociedad civil que tuvo tres momentos clave: en primer lugar, la instalación del grupo redactor de la legislación secundaria en materia de transparencia, en octubre del año pasado, integrado originalmente por senadores del PAN, PRI y PRD, y por parte de la sociedad civil: Ana Cristina Ruelas, Natalia Calero y Gabriela Morales del Colectivo por la Transparencia, la Red por la Rendición de Cuentas y México Infórmate.  

 

La presentación de la iniciativa y la celebración de las audiencias públicas fueron el segundo y el tercer momento clave. En estas audiencias públicas se fijaron las posiciones tanto de expertos y activistas, como de sujetos obligados sobre los temas más complejos y relevantes que se discutieron sobre el proceso de dictaminación de la ley. Aquí es justo reconocer al IFAI y sus comisionados por sus aportes a la construcción de este dictamen, comenzando por el proyecto de iniciativa que nos entregaron, y que aquí me sumo a la petición del senador Encinas de que se pueda incluir en la exposición de motivos este referente. También hay que agradecer y reconocer a otros actores como el Banco de México, la UNAM y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU por sus aportaciones. Por todo ello, esta ley no sólo es afortunada en su contenido, sino también innovadora en mecanismos efectivos de participación ciudadana y de parlamento abierto nunca antes vistos en el Senado de la República, que esperamos se conviertan en una práctica habitual. También es justo reconocer a todos los que ayudaron a construir los acuerdos que hicieron posible la votación unánime lograda el jueves pasado en comisiones. Agradezco en primer lugar a mis compañeros de bancada: Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega, Ernesto Cordero, Héctor Larios Córdova, Roberto Gil y Javier Corral por su compromiso y trabajo a favor de este dictamen, y de manera especial, a mi coordinador Fernando Herrera por la confianza depositada en mi persona para coordinar estos trabajos. Reconozco también el profesionalismo de los asesores Edith Mercado y Eduardo Sánchez, cuyo trabajo fue fundamental, así como a los presidentes de las comisiones dictaminadoras: Pablo Escudero, Cristina Díaz y Alejandro Encinas. Entrando en materia del dictamen, quiero destacar nueve de los principales avances y logros, pero antes quiero decir, porque aquí se ha dicho en la tribuna por parte del senador Bartlett, que esta ley está por debajo en contenidos, así lo entendí, de los tratados internacionales y de estándares internacionales. Quiero decir que la Convención Americana sobre Derechos Humanos solamente contiene un artículo que se refiere a la materia y que por supuesto esta ley está mucho más desarrollada. En cuanto a la ley modelo de la OEA, esta ley sin duda es superior; un ejemplo claro es los plazos de reserva. La ley modelo de la OEA establece 12 años más una posibilidad de dos años más de ampliación, cuando nuestra ley establece cinco años, más cinco años como máximo. En cuanto a obligaciones de transparencia también nuestra ley es muy superior a la ley modelo de la OEA. Esta ley modelo apenas incluye alrededor de 20 obligaciones de transparencia, cuando nuestra ley establece 50 obligaciones de transparencia comunes a los sujetos obligados y algunas más específicas para cada uno de ellos.  

 

Quiero decir, en primer lugar, sobre el Sistema Nacional de Transparencia que permitirá que los principios contenidos en la Ley General se conviertan en política pública de todos los actores involucrados, reduciéndose las asimetrías de información disponible que actualmente impiden cerrar el ciclo de rendición de cuentas entre la Federación, los estados y los municipios. Otro logro muy importante fue la obligación por parte de los sujetos obligados para la generación de la información, ya que sin ésta pues no es posible simplemente el derecho de acceso. Tercero: la obligatoriedad de aplicar la prueba de daño y de interés público en el momento de la clasificación de la información combate la indebida clasificación e impide que los sujetos obligados limiten el ejercicio del derecho de acceso sin motivo suficiente. Aquí también vale la pena mencionar que no es verdad que la prueba de daño se haya quedado corta; al contrario, éste fue uno de los grandes logros de esta ley. También destacar la existencia de denuncias ciudadanas ante incumplimiento de obligaciones de transparencia, así como las sanciones a servidores públicos por incumplimiento de resoluciones del IFAI. La información sobre violaciones graves de derechos humanos será pública, más allá de las investigaciones, y en ese sentido es que avanzamos de manera muy importante en este tema. Las obligaciones de transparencia a nuevos sujetos obligados, como partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, Poder Legislativo y Poder Judicial representan otro enorme avance porque no se podía hablar de un gobierno verdaderamente transparente si dos de tres Poderes, o los órganos autónomos no se encontraban sujetos a las mismas reglas del juego. Tampoco podíamos estar completos si parte de los millones de pesos provenientes de las arcas públicas, que son entregados y administrados por entes como los partidos políticos, sindicatos o fondos y fideicomisos públicos estaban fuera del alcance del escrutino ciudadano. También esta ley incluye mecanismos para hacer accesible la información a las personas con discapacidad. Quiero decir, por supuesto, que esta ley, como cualquier otra creación humana, siempre es perfectible y como todo producto legislativo estará sujeta a una constante revisión en su aplicación. Personalmente hubiera querido que esta ley facultara expresamente al IFAI para ordenar la apertura de información relativa a violaciones graves de derechos humanos o no se reconocieran reservas de información en otras leyes especializadas. Sin embargo, en el PAN reconocemos que las redacciones que sobre estos temas alcanzaron consenso no representan de ninguna forma un retroceso; que ante el conjunto de los procedimientos que la ley establece se disipan nuestras preocupaciones y que incluso, como en el tema de información relativa a derechos humanos, hay un avance. Por eso el Grupo Parlamentario  

 

del Partido Acción Nacional celebra esta ley, la reconoce como una ley de avanzada y la votará a favor. No quiero ser omisa ante el debate que tuvimos en la discusión de este dictamen y que también se tuvo en las audiencias públicas y en las reuniones que tuvimos con diversos actores interesados, y que tiene que ver con las declaraciones, con la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de interés de manera obligatoria. Es un tema que también se ha comentado aquí por un senador que me antecedió en el uso de la voz y hubo un consenso en que estos temas no son materia de la Ley de Transparencia y que deben ser o que son, más bien dicho, materia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que es ahí donde, quienes creemos en que la publicidad de estas declaraciones debe de ser obligatoria, estaremos dando la batalla. Señoras y señores legisladores, el Poder Legislativo ha sido protagonista en el reconocimiento del acceso a la información como un derecho humano fundamental del México democrático. Estamos construyendo el andamiaje legal más desarrollado del mundo en la materia, y de eso no debemos de tener duda. Apenas la semana pasada estuvo de visita en nuestro país una delegación de funcionarios del gobierno español para aprender cómo en México hemos instrumentado, ampliado y ejercido ese derecho. Nuestra ley federal ha sido una ley modelo en el mundo y sin duda esta ley general también lo será, pero aún tenemos un imperativo moral y político que cumplir: el Poder Legislativo debe ser, con su actuar, un protagonista de la aplicación de esta ley. El que vivimos es un momento muy delicado que nos urge a recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, pero ello no se logra desde el discurso político o las promesas de campaña, sino desde la ética, la coherencia pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Debemos devolverle a la función pública su esencia de servicio y su motivación de generación de bien común, y los legisladores debemos ser los primeros en asumir un mayor compromiso con la verdad, con la ética y encabezar un cambio cultural en la forma en la que entendemos el ejercicio de nuestros cargos. Por eso es que esta ley contempla obligaciones de transparencia específicas para el Congreso; no sólo es el Poder Ejecutivo, tampoco el Poder Legislativo federal, ni en los estados estamos bien evaluados, y al Poder Judicial, del que poco se habla en términos de transparencia, es momento de voltearlo a ver.

 

 

Sabemos que hay un hartazgo social frente a la clase política en general, y esta ley, compañeros y compañeras, --si se aplica bien--, puede ayudar a revertir esto y abonar a la reconstrucción de los lazos de confianza entre autoridades y ciudadanos. Por eso es que las obligaciones de transparencia que se impone en esta ley sin duda van a representar un esfuerzo interno de organización, pero sin duda valdrá la pena. Confío en que el plazo que se ha acordado para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Senado sea concretado en el mayor tiempo posible. Esta ley es, sin duda, una muy buena ley, pero no es un punto de llegada, sino un punto de partida; es un medio hacia mejores prácticas gubernamentales, hacia una nueva cultura de transparencia, hacia la construcción de gobiernos abiertos que tiene como fin último el deber de servir a los ciudadanos. Sólo así se renovará la confianza en las instituciones y sólo así podremos mirar al futuro con más esperanza. Muchas gracias.

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