OPINIÓN | 21

| Martes 11 de Marzo de 2014

crisis energética. Mientras se sigan depredando recursos

para sostener con prebendas el poder, no se podrá consolidar un proyecto de desarrollo a largo plazo

Una alternativa al populismo petrolero Daniel Gustavo Montamat —PARA LA NACION—

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l populismo “nac & pop” depredó el stock de reservas probadas y no consigue los capitales necesarios para desarrollar Vaca Muerta y el potencial de recursos no convencionales; otro populismo de corte neoliberal intentará rifar la vaca para financiar otra fiesta cortoplacista de prebendas clientelares. No habrá una estrategia petrolera al servicio de un proyecto de desarrollo económico y social mientras estemos bajo el yugo de la institucionalidad populista. Le atribuyen al ex presidente Juan Perón un comentario sobre el reparto de las fuerzas políticas en la Argentina: un porcentaje de radicales, un porcentaje de socialistas, uno de conservadores y algunos comunistas. Cuando le preguntaron por los peronistas, dicen que, con una sonrisa irónica, respondió: “Peronistas somos todos”. Puede que la divisoria de aguas entre peronistas y no peronistas no se corresponda con esa aritmética, pero la aproximación es mucho más realista si parafraseamos al extinto General con la afirmación: “Populistas somos todos”. El populismo, ya lo hemos señalado, atraviesa transversalmente todo el arco político argentino y, como fenómeno de características sociales patológicas por su extensión temporal y arraigo social, nos tiene entrampados en una institucionalidad no republicana ni inclusiva. Los ciclos de ilusión populista siempre terminan en desencanto y fracaso; pero, travestido por derecha o por izquierda, según los condicionantes de la realidad y el humor social, el populismo nos tiene resignados a su eterno retorno. Además, por su relación simbiótica con la cultura “líquida” de sensaciones efímeras y por su vocación congénita de identificar relato y realidad, el populismo se ha transformado en un fenómeno de época a nivel mundial. La Argentina padece las consecuencias de reincidir en sus políticas: menos República, decadencia económica, declinación relativa en el concierto de las naciones, más pobreza y menos justicia social.

El sector de infraestructura y energía, por su naturaleza capital intensiva y los plazos involucrados en los procesos de inversión, es el clásico talón de Aquiles del corto plazo populista. La democracia plebiscitaria/ delegativa de la institucionalidad populista usa los turnos electorales para legitimar a la mayoría que representa al pueblo y traduce la voluntad general frente a los intereses espurios del “antipueblo”. En ese proceso de legitimación periódica, la preservación del poder es lo estratégico, y todo lo demás es táctico. El distribucionismo clientelar centrado en el aparato estatal y focalizado en el próximo turno plebiscitario alterna la apropiación de rentas presentes y la depredación de stocks acumulados con apelaciones seductoras al capital y privatizaciones de oportunidad para hacerse de recursos extraordinarios. ¿Acaso no pasamos en pocos meses de echar a Repsol por razones de “soberanía energética” a darle la bienvenida a Chevron (que ya estaba instalada) también por razones de “soberanía energética”? La consecuencia de esta dependencia de instrumentos tácticos en la construcción populista del poder es el abuso del intervencionismo discrecional del Estado y el cambio permanente de las reglas y las señales de precios para la inversión productiva. En el negocio petrolero se discute renta (precios de oportunidad menos costos). La previsibilidad en los mecanismos de apropiación y distribución de esa renta es determinante en el proceso decisorio que conduce a la inversión. El gran problema de la institucionalidad populista con la inversión petrolera es la inconsistencia temporal a la que somete al proceso de apropiación y distribución de la renta y el uso coyuntural que da a la renta apropiada. Mientras hay renta petrolera para apropiar, las políticas populistas tienden a alterar los mecanismos de distribución comprometidos en el pasado interviniendo los precios y/o fijando más impuestos. Las empresas (estatales o privadas) responden a esas po-

líticas sobreexplotando lo que está en producción y haciendo mínima inversión en reponer reservas. Cuando se acaba la renta porque se depreda el stock de reservas probadas, la institucionalidad populista acude a atraer capitales a las apuradas ofreciendo condiciones excepcionales de apropiación y distribución de la renta futura a los nuevos inversores, que, conocedores de las reincidencias pasadas, descuentan en sus pretensiones las transgresiones porvenir. La renta

apropiada por derecha o por izquierda se usa para financiar gasto clientelar. Peor, si la renta es importante porque los recursos a explotar son significativos, el uso corriente de los dólares que ingresan aprecia el valor de la moneda doméstica afectando la competitividad de otras actividades y consolidando estructuras económicas extractivas con fuertes desigualdades sociales. El ciclo populista que ahora colapsa en el país alteró las reglas de apropiación y distribución de la renta petrolera argentina interviniendo en el sistema de precios y creando retenciones con alícuotas que fueron variando y creciendo en el tiempo. La Argentina perdió el autoabastecimiento y tiene que importar crecientes cantida-

des de gas natural y combustibles líquidos a precios internacionales. La renta apropiada en este período se usó para consolidar la continuidad del proyecto político, pero el largo plazo la fue agotando junto a las reservas probadas. La nueva renta de los recursos potenciales requiere ingentes inversiones y ahora corremos el riesgo de que el travestismo populista intente seducir a los potenciales inversores aceptando las condiciones del capitalismo más impúdico. Todo para seguir financiando una fiesta prebendaria que no es sostenible y que nos subdesarrolla. Vaca Muerta, Los Molles y otros yacimientos de la geología argentina albergan una gran riqueza potencial. 27.000 millones de barriles de petróleo y 147.000 millones de barriles equivalentes de gas natural (según el informe de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos). Son 170.000 millones de barriles (bep) en un país cuyas reservas probadas se redujeron a 4500 millones de barriles (gas y petróleo). Pero son “reservas técnicamente recuperables” cuyos costos de producción todavía están por verse y pueden volver no comercial un desarrollo. La misma ideología que antes postulaba que con “dos cosechas se arreglaba todo” ahora se ilusiona con transformar la Vaca Muerta en “Vaca Viva” de la noche a la mañana. Con la política energética en curso, las reservas potenciales de Vaca Muerta seguirán durmiendo el sueño de los tiempos. No habrá desarrollo intensivo. Hay que convocar al capital nacional e internacional para transformar ese potencial en reservas probadas. Pero corremos el peligro de que una nueva aventura populista dilapide esa riqueza profundizando las estructuras extractivas y rentistas y liquide –con un peso sobrevaluado– otras actividades productivas generadoras de empleo formal. La alternativa pasa por recuperar la institucionalidad republicana y alcanzar consensos en torno a una política de Estado para el sector. Como parte de esa política de Estado hay que aprobar una nueva ley petrolera que remoce la vigente y armonice la relación entre las provincias (titulares del dominio) y el Estado nacional (responsable de la política petrolera). Hay que implementar un régimen de control ambiental que corresponda las mejores prácticas en la explotación de los recursos no convencionales y hay que dar previsibilidad a los mecanismos de apropiación y distribución de la renta potencial de esos recursos tomando lo mejor de la experiencia comparada (Noruega, Alaska). El instrumento idóneo puede ser la constitución de un fondo soberano intergeneracional en el que participen las provincias (reciben regalías), la Nación (recibe impuesto a las ganancias) y la nueva YPF consolidada en su autonomía de gestión (paga dividendos a su socio controlante). Las ganancias de ese fondo soberano tendrán asignados destinos específicos asociados al proyecto de desarrollo económico y social que todavía nos debemos. © LA NACION

El autor es doctor en Economía y Derecho. Fue presidente de YPF y secretario de Energía

Nos duele Venezuela Eduardo Duhalde —PARA LA NACION—

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etrocedamos unos años en el tiempo; precisamente, hasta mediados de abril de 2002. Se celebraba en Costa Rica la reunión anual del Grupo de Río; los presidentes que participábamos teníamos ante nosotros una urgente, nutrida y complicada agenda, pues no eran pocos ni fáciles los problemas que en aquel presente y en el futuro inmediato debían enfrentar nuestros pueblos. Después de casi dos décadas de iniciado el proceso de redemocratización de nuestros países, lo que no esperábamos era la dramática irrupción del pasado a la que tuvimos que abocarnos; como un reguero de pólvora, corrió entre nosotros la noticia de que se había dado un golpe de Estado en Venezuela. Nadie creía posible que algo así sucediera en la región. Consternados, nos mirábamos unos a otros procurando intercambiar las últimas noticias que nos acercaban nuestros auxiliares.

Por nuestra parte, pueblo y gobierno argentinos nos expresamos de inmediato; hubo una movilización social de repudio y un claro pronunciamiento oficial. El curso autoritario, la militarización de la democracia, tienen en el mundo un nefasto antecedente; debiera conocerse, como que sucedió en la culta Europa durante el siglo XX. En el período de entreguerras, las democracias languidecían en su debilidad mientras que los Poderes Ejecutivos se hacían fuertes a expensas de las instituciones; todo terminó en tragedia, porque el autoritarismo devino totalitario y los Hitler, Stalin, Mussolini y Franco, entre otros, llevaron a la muerte a cuarenta millones de europeos. El esfuerzo por reconstruir Europa llevó a sus pueblos a décadas de sacrificios, y si lo lograron, fue gracias a que sus nuevos líderes eran consecuentemente democráticos, respetuosos de la división de poderes y del Estado de Derecho. Así lo ha definido la can-

ciller alemana Angela Merkel: “Las nuevas democracias europeas nacieron de las ruinas humeantes de las dos guerras; en ellas no hay más lugar para los autoritarios”. Ciertamente, nuestras democracias han pasado desde entonces por otras aflicciones, pero el fantasma de los golpes de Estado fue devuelto a su sarcófago. Sin embargo, cuando hoy decimos que “nos duele Venezuela”, lo hacemos desde la convicción de que el curso del actual gobierno del país hermano lo va alejando crecientemente de su originaria legitimidad electoral. Se torna cada día más autoritario, más conculcatorio de las libertades públicas; buena parte de los venezolanos se resiste y entonces aflora la violencia, que cada día produce nuevas víctimas entre la población civil. Lo notable es que el presidente Maduro parece haber optado por la ilusión de fortalecerse militarizando su gobierno: en los diez meses que lleva su mandato, ha nombrado a más de 400

hombres de armas en los más altos cargos. El vicepresidente es militar; los militares dominan el gabinete ministerial, controlan la defensa y la seguridad, la inteligencia y, últimamente, hasta la economía; de 23 gobernadores, 11 son militares, así como muchos alcaldes y embajadores. Los hay a cargo de universidades, de estaciones de radio y canales de TV, y hasta de bancos públicos. Y han impuesto su retórica: el gobierno venezolano hoy sólo habla de guerra, de batallas, de ofensiva, de combates. Como muchos otros compatriotas, me pregunto: ¿qué hace el actual gobierno argentino ante el drama del pueblo venezolano? El gobierno se ha solidarizado totalmente con su par venezolano, en términos que hacen pensar en que Venezuela estuviera siendo agredida por una potencia extranjera, y no desangrándose porque Maduro no tolera ningún tipo de oposición. Pese a nuestra terrible experiencia de haber vivido

los horrores de una dictadura militar siniestra, el gobierno argentino apoya sin cortapisas un proceso de militarización que puede terminar en algo similar. Ningún mensaje contemporizador, ninguna convocatoria a calmar los ánimos. Un ilustre latinoamericano, el papa Francisco, se acaba de expresar de manera categórica, exigiendo que en Venezuela se restaure la paz y el diálogo, pues el camino del enfrentamiento sólo lleva a la tragedia. Como viene reiterándolo, sólo en el marco de la cultura del encuentro es posible escuchar al otro, debatir sin agravios y llegar al consenso. Eso es lo que debiera pedir el gobierno argentino a su par venezolano, y ése es el mensaje que los argentinos de buena voluntad enviamos a estos queridos hermanos de la nación bolivariana. © LA NACION El autor fue presidente de la República Argentina

claves americanas

México, el nuevo amigo de Cuba Andrés Oppenheimer —PARA LA NACION—

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CIUDAD DE MÉXICO

ay muchas teorías sobre por qué México está alabando la dictadura de Cuba y guardando silencio sobre la brutal represión del gobierno de Venezuela a las manifestaciones estudiantiles, pero creo que la más creíble puede resumirse en una sola palabra: miedo. Muchos analistas coinciden en que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, le está dando la espalda a la defensa de la democracia y los derechos humanos en Cuba y Venezuela porque teme que estos países utilicen su influencia sobre la izquierda mexicana para crearle problemas en casa. Recientemente, Peña Nieto logró la aprobación de ambiciosas reformas económicas, incluyendo una energética y otra educativa, que han sido recibidas con aplausos en Wall Street, pero que son rechazas por una buena parte de la izquierda mexicana. Lo último que quiere Peña Nieto es que Cuba y Venezuela alienten a los grupos de

izquierda mexicanos a combatir la implementación de estas reformas en el Congreso y en las calles. “Para México, Cuba y Venezuela son temas de política interna”, me dijo Miguel Hakim, ex subsecretario de relaciones exteriores a cargo de América latina. “El gobierno de Peña Nieto no quiere que le alboroten el gallinero mientras pone en marcha las reformas de energía y educación.” A fines del año pasado, Peña Nieto condonó el 70% de la deuda cubana con México, de casi 500 millones de dólares. En enero, el presidente mexicano hizo una visita oficial a Cuba y alabó al ex dictador cubano Fidel Castro como “el líder moral y político de Cuba”. Asimismo, su gobierno ha dicho poco y nada sobre la represión del gobierno del presidente Nicolás Maduro a las protestas callejeras en Venezuela, que ya han dejado por lo menos 20 muertos. Según me dicen funcionarios de alto rango cercanos a Peña Nieto, la política exterior de México está guiada por el pragmatismo

y por el deseo de convertir al país en un actor importante dentro de la comunidad diplomática latinoamericana. Durante los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), ambos pertenecientes al ahora opositor Partido de Acción Nacional, México muchas veces defendió públicamente las libertades que se violan en Cuba y Venezuela, lo que enfureció a Castro y al difunto líder venezolano Hugo Chávez. Aurelio Nuño, el jefe de Gabinete de Peña Nieto, me dijo: “Tenemos una visión muy pragmática de cómo debemos conducir nuestra política exterior. En el caso de Venezuela, preferimos ser prudentes. México no cree que posiciones muy estridentes vayan a lograr mucho”. Casi todos los países sudamericanos, encabezados por Brasil, apoyan abiertamente al gobierno de Maduro en Venezuela. Pero el apoyo de Brasil a Cuba y Venezuela –que es mucho más explícito que el de México– resulta menos sorprendente, porque ya esta-

mos acostumbrados a la lamentable política exterior de Brasil en temas de derechos humanos y democracia en los últimos años. El gobierno de izquierda de Brasil ha implementado políticas de libre mercado, mientras mantiene contenta a su base de izquierda con una política exterior procubana. Además, Brasil ha invertido considerablemente en los proyectos petroleros y de infraestructura de Cuba y Venezuela. Entre los países latinoamericanos que han criticado la sangrienta represión de las manifestaciones pacíficas de Venezuela están Chile, Panamá, Perú y Colombia. El presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, me dijo: “Es un compromiso que tenemos todos los países de América latina defender la libertad, la democracia y los derechos humanos no sólo en nuestras fronteras, sino también fuera de ellas”. Mi opinión: la política de Peña Nieto hacia Cuba y Venezuela no es “pragmatismo”, sino, además de un lamentable retroceso de-

mocrático, un caso de manual de sobreactuación diplomática. Si Peña Nieto teme irritar a Cuba y Venezuela, podría tratar a esos países con prudente amabilidad, sin necesidad de alabar como “líder moral” a un dictador que ha causado miles de muertes y que no ha permitido elecciones libres en cinco décadas, ni hacerse el distraído ante los muertos y presos políticos en Venezuela. La sobreactuación de Peña Nieto perjudica la imagen de México. Sus nuevas reformas de libre mercado han convertido el país más en un mimado de la comunidad financiera internacional, pero si México trata de presentarse como una democracia moderna y mejorar su “marca país” poco le conviene quedar pegado a Cuba y Venezuela. México va a tardar mucho más en convertirse en un país del Primer Mundo si se embandera con los regímenes más retrógrados del Tercer Mundo. © LA NACION Twitter: @oppenheimera