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POLÍTICA

Mandan más que nunca, debilitan a los aparatos y arrancan cesiones al Estado

Superbarones Alberto Núñez Feijóo y Cristina Cifuentes se preparan para que el inicio oficial de la carrera sucesoria del PP no les pille fuera de juego. Susana Díaz se dedica a hacer campaña mientras la gestora que dirige el PSOE hasta la celebración de su congreso se amolda a los intereses de la andaluza. Carles Puigdemont lidera el mayor frente opositor al Gobierno desde su despacho en la Generalitat de Cataluña. E Iñigo Urkullu mantiene el freno echado en Euskadi a cambio de contrapartidas del Estado. El poder político se ha territorializado y los barones mandan hoy más que nunca. Este martes se celebra la VI Conferencia de Presidentes y los líderes autonómicos, los que asisten y los que se ausentan, pretenden dejar huella. Más de la que le gustaría al presidente Rajoy. En la Conferencia de Presidentes de 2012, los barones no lograron

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Por Virginia Miranda

unto a la Constitución española y como consecuencia de ella, la Transición trajo consigo otra de las grandes reformas políticas que siguieron al fin de la dictadura; el Estado de las Autonomías. Las primeras en aprobar sus Estatutos fueron las comunidades históricas de País Vasco, Cataluña y Galicia. Después llegó el ‘café para todos’ y las siguieron todas las demás. Aquel proceso apuntaló el país tal y como hoy lo conocemos, un modelo descentralizado con sus elecciones, sus gobiernos y sus parlamentos autonómicos y con sus conocidas competencias autonómicas. Unas competencias que se fueron desplegando a lo largo de tres décadas y que, de facto, han acabado alumbrando un proceso federalizante con consecuencias directas sobre el poder político de los territorios, ya sea en las instituciones o a nivel orgánico. Con las competencias en la mano y la educación y la sanidad como la madre del cordero, los barones han ido adquiriendo súper poderes en los últimos años. Con eso y con la irrupción de dos nuevas fuerzas po8

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La fragmentación parlamentaria y las competencias autonómicas dotan a los barones de superpoderes

líticas que han fragmentado el Congreso de los Diputados hasta el punto de debilitar a los dos partidos tradicionales frente al resto de grupos parlamentarios y frente a sus propias direcciones territoriales. El caso del Partido Socialista ha sido el más traumático, con el consabido comité federal donde Susana Díaz (Andalucía), con el apoyo destacado de Ximo Puig (Comunidad Valen-

Feijóo pidió “hechos y decisiones” tras el fracaso del 24-M y Rajoy renovó el partido.

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CASTILLA-LA MANCHA

reformar el sistema de financiación.

ciana), Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura), se propuso ‘coser’ el PSOE después de que éstas y otras federaciones abocaran a Pedro Sánchez a abandonar la Secretaría General. En el PP, la formación de Gobierno ha curado las viejas heridas, pero tras las elecciones autonómicas de 2015 y la pérdida de poder de todos los candidatos conservadores que concurrieron a las urnas hubo una oleada de reproches a Génova procedente de las direcciones territoriales que se tradujo en la renovación de las vicesecretarías, de donde salieron dirigentes de mayor peso político como Esteban González Pons para ser ocupadas por otros más jóvenes y desconocidos. Una de las voces más sonadas por aquél entonces fue la del gallego Alberto Núñez Feijóo, que había sufrido la pérdida de poder municipal en aquellos comicios pero que revalidó por tercera vez su mayoría absoluta en las gallegas del pasado mes de septiembre y se reafirmó como el barón popular con más posibilidades futuras en el Gobierno de España. “Debemos hacer una autocrítica. Y esa autocrítica no se puede quedar en palabras, sino que debe conlle-

Cifuentes, la más mediática y conocida del PP, ha pedido primarias de cara al congreso del partido

var una serie de hechos y decisiones”, declaró en una entrevista en La Voz de Galicia. En menos de un mes, Mariano Rajoy estaba anunciado los cambios en el partido. Esto no significa que el líder conservador esté en manos de sus barones. Pero mientras éstos toquen poder, tratarán de velar por sus propios intereses. Como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuen-

Cifuentes ha enmendado la ponencia de Estatutos marcando territorio. nº 1183. 16–22 de enero de 2017

COMUNIDAD DE MADRID

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tes, cuyo equipo anunciaba la pasada semana la presentación de una enmienda a la ponencia Política y de Estatutos apelando a la elección directa del presidente de la formación conservadora, que ahora eligen los compromisarios y que, con los cambios introducidos por los ponentes coordinados por el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, seguirán teniendo la última palabra. La fórmula “un militante, un voto” que defiende la dirigente madrileña con el fin de dotar de mayor democracia interna a su partido no ha tenido eco entre los colegas del resto de autonomías y ha habido voces contrarias al modelo planteado dentro de su propio partido regional. Pero en el PP no ha extrañado la propuesta viniendo de una dirigente tan mediática como ella, tan conocida a nivel nacional y con tan buena posición en la carrera sucesoria que, de momento, se disputa en los medios y los mentideros políticos. Por otra parte, el desarrollo del Estado autonómico no ha rebajado las expectativas

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Puigdemont ha planteado el mayor desafío al que se enfrenta Rajoy.

Gobierno y Comunidades Autónomas esperan sentar las bases del nuevo modelo de financiación

Historia de una cita Siguiendo el modelo de los países descentralizados de nuestro entorno, José Luis Rodríguez Zapatero introdujo en España la Conferencia de Presidentes, máximo órgano de cooperación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Fue en 2004, cumpliendo una promesa electoral por la que volvió a apostar en su debate de investidura. Presidida por el jefe del Ejecutivo, reúne a los presidentes de las 17 autonomías y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y aunque ahora vayan a ausentarse los presidentes de Cataluña y el País Vasco, no siempre ha sido así; a la primera convocatoria acudió el entonces lehendakari, Juan 10

José Ibarretxe, pidiendo “respeto para las decisiones de los pueblos”, y en la última apareció Artur Mas, quien a pesar de que era otro el motivo del encuentro logró centrar la atención en su proceso soberanista ya anunciado. La primera foto de la Conferencia de Presidentes data del 28 de octubre de 2004 cuando, reunidos en el Senado, los presidentes central y autonómicos abordaron la financiación sanitaria y el desarrollo de la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos. Con una frecuencia de alrededor de dos años se celebraron las citas convocadas por Zapatero. En la de sep-

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tiembre de 2005 se llegó a un acuerdo sobre financiación sanitaria, en la de enero de 2007 se elaboró un documento conjunto sobre I+D+i, y en la de diciembre de 2009 se aprobó el reglamento de la conferencia al presidentes acordado en la anterior edición y se debatió sobre empleo, economía sostenible y agricultura, economía y pesca. En octubre de 2012 se celebró la hasta ahora única cita celebrada bajo el mandato de Mariano Rajoy. Con la crisis en pleno apogeo, el control del déficit público centró la agenda, a pesar de que la cuestión catalana o el modelo de financiación autonómica ya pedían paso en este foro multilateral.

de mayor autogobierno de los nacionalistas. CiU y PNV, que tradicionalmente han jugado un papel fundamental para la gobernabilidad de España a cambio de contrapartidas, se han sumado a la deriva secesionista de sus respectivos territorios con distintas consecuencias para el Ejecutivo central. De la mano de ERC, la antigua Convergència puso en marcha un proceso soberanista que, si el Gobierno no logra evitarlo, culminará este mes de septiembre con una votación sobre la independencia. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya ha dicho que el resultado será vinculante para el Govern, convirtiendo la cuestión catalana en el mayor quebradero de cabeza que en estos momentos tiene Rajoy. Iñigo Urkullu mantiene las aspiraciones de su colega catalán sin perder el pragmatismo. No convocará un referéndum de manera unilateral y, como dijo en su discurso de Fin de Año, espera que sus relaciones con Madrid estén marcadas por el “diálogo, la negociación y el acuerdo”. Tres pasos previstos en la negociación de las cuentas para 2017. La distancia que separó al PNV y al PP durante los cuatro años de la mayoría absoluta de Rajoy no es razón suficiente para que el lehendakari deje de rentabilizar la posición de debilidad de los populares en la Cámara baja y renuncie a un buen acuerdo que le permita finalizar las obras del tren de alta velocidad o desbloquear las cuestiones pendientes del concierto y del cupo vasco –las cuestiones económicas tendrán mejor solución que asuntos más espinosos como la cesión de la política penitenciaria–, algunos de los empeños del Gobierno de Vitoria. Puigdemont, Urkullu y el resto de jefes de Gobierno autonómicos están convocados a la VI Conferencia de Presidentes, que se celebra este martes en el Senado. Aunque se tratarán asuntos que a ambos interesan, el catalán y el vasco anunciaron hace tiempo que no van a asistir al encuentro en base a una política de gestos que va a deslucir la foto con la que Mariano Rajoy pretende representar su nueva estrategia pactista. Esta es la segunda cita que convoca el líder conservador. En la de 2012, el control del déficit público copó la agenda frente a las demandas de los barones convocados,

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Cospedal, de La Mancha a la primera línea que pretendían abordar la reforma del modelo de financiación autonómica. Ahora, sin la mayoría absoluta de entonces, Moncloa está más abierta a las sugerencias. La mayoría procedentes de los presidentes autonómicos del PSOE, aquellos que controlan la gestora que sostiene acuerdos con el PP a nivel nacional como la aprobación del techo de gasto, la subida del salario mínimo o el pacto contra la pobreza energética. Díaz, secundada por Fernández Vara, García Page y Puig, reclamó sin éxito durante tres años que el jefe de Gobierno convocara la Conferencia de Presidentes. Ahora que los barones socialistas tienen un reconocido control sobre la sede de Ferraz y los despachos del PSOE en la carrera de San Jerónimo y Moncloa necesita de ambos, su demanda ha sido escuchada. Si bien en el Ejecutivo cuentan con el bloqueo inicial de los socialistas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), confían en que durante la negociación de las enmiendas parciales puedan llegar a un acuer-

Moncloa acepta sugerencias de los socialistas, que controlan la gestora con la que ha de llegar a acuerdos do que permita sacar adelante unas nuevas cuentas públicas. Por eso llegan al cónclave entre la Administración central y las autonomías con la mano tendida, para allanar el camino y dar un paso fundamental hacia la legislatura de cuatro años que Rajoy dice querer cumplir. El pasado miércoles, durante la segunda reunión preparatoria a la que asistieron el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo aceptó incluir los gastos en dependencia en el modelo de financiación autonómica a propuesta de los consejeros socialistas. Fue uno de los cinco acuerdos cerrados de los diez que, al cierre de esta edición, estaban pendientes de ser redactados.

En un momento en que los barones del PP han cobrado más protagonismo del que puedan tener los ministros del Gobierno de Rajoy, destaca la exposición que está teniendo estos días la titular de Defensa. Una exposición que en los mentideros políticos se ha atribuido al ‘fuego amigo’ del que de momento ha salido bien parada quien sirve de ejemplo de lo lejos que puede llegar un barón autonómico. María Dolores de Cospedal comparece este lunes a petición propia en la Comisión de Defensa del Congreso –el mismo día en que lo hace Luis Bárcenas en el juicio del caso Gürtel– para dar cuenta del informe del Consejo de Estado que responsabiliza al ministerio entonces dirigido por Federico Trillo del accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles. A la espera de que se celebre esta comparecencia y de que la Diputación Permanente se pronuncie los próximos días sobre la petición de la oposición de un pleno extraordina-

rio de la Cámara baja, la también número dos del PP y líder de la formación en Castilla-La Mancha daba la pasada semana la clave de por dónde irá su intervención parlamentaria. En una reunión de casi dos horas con los familiares de las víctimas, se comprometió a asumir “íntegramente” el informe. María Dolores de Cospedal no sólo ha dado un giro de 180 grados al discurso que ha mantenido el PP durante más de 13 años negando las deficiencias y los errores que rodearon al aparato siniestrado y a la posterior identificación de las víctimas. También ha enmendado la plana a actuales compañeros de partido y de Gobierno como el vicesecretario de Organización, Fernando MartínezMaillo, o el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que acababan de defender la actuación del todavía embajador en Londres. Mientras, en el PP hay quienes no creen en las casualidades y consideran que la publicación del documento a me-

nos de dos meses de celebrarse el congreso nacional de la formación conservadora tenía la intención de erosionar la imagen de Cospedal. Con las primarias planteadas por Cristina Cifuentes, la continuidad o no de la ministra y presidenta del PP castellanomanchego al frente de la secretaría general de los populares es el asunto que más controversia está generando durante el periodo precongresual. Porque aunque Rajoy no aclare si optará de nuevo a la reelección como presidente del Gobierno, el puesto de número dos en la lista que presente en el XVIII Congreso Nacional del PP está muy cotizado por lo que pudiera pasar; mejor estar en puestos de salida que fuera de la competición o a cientos de kilómetros de Madrid. De gestionarlo de otra manera, el asunto del informe del Yak-42 podría haber sido un bache para Cospedal. Pero, de momento, puede anotarse en el haber de la ministra y, todavía, secretaria general del PP y líder autonómica.

Díaz es quien más ha demandando la celebración de la Conferencia de Presidentes. nº 1183. 16–22 de enero de 2017

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TRIBUNA Por Miguel Ángel Aguilar

Trillo, pese a todo, tan pimpante

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a bronca en torno a Federico Trillo se reactiva a partir de un dictamen del Consejo de Estado fechado el 20 de octubre de 2016, que responde a una consulta cursada el 20 de mayo anterior por el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés. La cuestión sobre la que debía pronunciarse el Consejo era “el expediente relativo a las solicitudes de indemnización formuladas por los familiares de los militares españoles fallecidos en el accidente aéreo ocurrido el día 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) cuando regresaban a territorio nacional procedentes de Afganistán, donde habían participado en una misión internacional”. El dictamen fue adoptado por unanimidad de la Comisión Permanente a la que asistieron el presidente José Manuel Romay Beccaría, los consejeros Landelino Lavilla Alsina, Miguel Rodríguez Piñero, Miguel Herrero de Miñón, Fernando Ledesma Bartret, José Luis Manzanares Samaniego, María Teresa Fernández de la Vega, Enrique Alonso García y la secretaria general Guadalupe Hernández Gil Álvarez-Cienfuegos. Consta de 82 páginas y concluye que “en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: Que procede desestimar las reclamaciones sometidas a consulta. V.E. no obstante, resolverá lo que estime más acertado”. Dos meses y medio después de emitido el dictamen fue noticia en el diario El País a donde sólo pudo llegar procedente del Consejo de Estado o del Ministerio de Defensa. El foco se puso en diez líneas de la página 72 donde de manera enrevesada se dice que “los principios de precaución y previsión habrían llamado a la adopción por los ór-

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ganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”. Luego da por “comprobada la relación de causalidad” y señala que “queda entrar en el examen de si las lesiones antijurídicas sufridas por los reclamantes han sido o no reparadas”. El dictamen considera que sí lo han sido por lo cual las desestima. En estas estábamos, cuando apareció en escena el ex ministro de Defensa José Bono para indicar que tiene en su poder un documento oficial oculto hasta ahora, extraído de un armario del Estado Mayor de la Defensa que hubo de ser forzado porque no le daban la llave. Del documento se concluye que la compañía Um-Air había cobrado 38.000 euros por el vuelo del ‘Yak-42’ y que el Gobierno había pagado 149.000, de manera que 111.000 se quedaron por el camino, además del seguro que era obligado para cada militar y que no se contrató. Cospedal se comprometió al día siguiente con las familias a seguir el dictamen del Consejo de Estado, pese a su carácter no vinculante, después de matizar que el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado no está asociado a que concurran actuaciones subjetivas generadoras de cualquier tipo de culpa. Es decir, queda bloqueada la reapertura de la causa judicial archivada por la Audiencia Nacional así como la exigencia de responsabilidades a Trillo. Quien piense que Rajoy hará el menor desaire a Trillo después de su dimisión se equivoca. El gran muñidor de la política judicial del PP les tiene cogidos a los de Génova por las partes pudendas. Pronto le veremos tan pimpante ocupar su plaza en el Consejo de Estado concluida su excedencia. l

El más importante versará precisamente sobre el sistema de financiación, cuya renovación se viene postergando desde 2014 y sobre el que muchas autonomías piden partir de cero. Desde Hacienda ya han adelantado que Gobierno y Comunidades Autónomas han acordado que se cree un grupo de expertos que prepare las bases del futuro modelo y que podría presentar su propuesta antes del verano. Otras cuestiones que serán abordadas este martes por la Conferencia de Presidentes son la recuperación

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Tras sus frías relaciones con el PP, Urkullu le ofrece “diálogo, negociación y acuerdo”.

Urkullu puede ayudar a Rajoy con los Presupuestos a cambio de que atienda sus demandas económica y el empleo, el pacto educativo, el reto demográfico o la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Si en la cita del martes en el Senado los presidentes autonómicos quedan satisfechos, de ella habrá salido mucho más que una decena de acuerdos. Habrá salido un grupo de súper barones que, desde sus respectivos territorios, habrán sido capaces de condicionar como nunca la política del Estado y la de sus propios partidos. l