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TRIBUNA Por Cristina Antoñanzas*

La vicesecretaria general de UGT se incorpora esta semana al plural elenco de firmas de EL SIGLO, donde, periódicamente, ofrecerá su visión de la actualidad del país. Bienvenida.

U

n Estado es un proyecto colectivo, y merece la pena preguntarse qué cosas deberían ser motivo de preocupación prioritaria para quienes forman y conducen ese proyecto. Durante los años de la crisis hemos visto cómo, al parecer, era fundamental para el Estado que una parte de nuestros recursos, del dinero de todos, se destinara a reparar los desmanes cometidos en el sistema bancario por unos gestores con mala praxis empresarial, conductas poco éticas y en algunos casos delictivas de las que han salido impunes, o casi, hasta el punto de que ni tan siquiera han sido reprobadas oficial y públicamente. Hace pocos días era el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, el que defendía en sede parlamentaria el rescate bancario español diciendo que “sin saneamiento de los bancos es imposible crecer”. Aceptemos por un momento que es así, que el rescate bancario era una inversión para el beneficio del conjunto de quienes formamos este proyecto colectivo que llamamos Estado español. ¿Rescatar a las personas que se han quedado sin empleo y sin recursos para subsistir no es un beneficio para el conjunto del Estado? Son en torno a dos millones de personas que no tienen empleo ni ingresos con los que hacer frente a los gastos más básicos. El coste anual de una prestación de ingresos mínimos sería de unos 11.000 millones de euros, mucho

menos de lo que costó rescatar a los bancos (en torno a la cuarta parte de lo que oficialmente invertimos en aquello y una décima parte de lo que extraoficialmente hemos destinado todos los españoles), y más o menos el doble de lo que al parecer nos costará corregir los errores cometidos por políticos y empresas rescatando las autopistas radiales (a los 600 millones de subvenciones aportados en los años previos a la crisis parece que habrá que añadir en torno a 5.000 millones más para el rescate). La diferencia está en que aquí no hay ni conductas delictivas ni mala gestión, hay personas que son víctimas de la crisis económica y de la incapacidad del Estado para cumplir con su obligación de asegurarles un medio digno de vida, al que tienen derecho como miembros que son de este proyecto colectivo que llamamos Estado español. Por eso me siento profundamente agradecida con las 700.000 personas que respaldaron con su firma la Iniciativa Legislativa Popular para una prestación de ingresos mínimos que UGT y CC OO conseguimos llevar al Congreso de los Diputados con mucho esfuerzo y que acaba de iniciar su tramitación como proposición de Ley gracias al apoyo de todas las formaciones parlamentarias, a excepción del PP y Ciudadanos. Nuestra propuesta tiene como objetivo garantizar ingresos mínimos a personas sin empleo o que carecen de ingresos adecuados (es

F. MORENO

Por dignidad colectiva

Me siento profundamente agradecida con las 700.000 personas que respaldaron con su firma la Iniciativa Legislativa Popular para una prestación de ingresos mínimos que UGT y CC OO conseguimos llevar al Congreso de los Diputados

decir, que la suma de sus ingresos sea menor al 75% del SMI sin pagas extras). Está dirigida a quienes tengan entre 18 y 65 años, que no reúnan las condiciones para otras prestaciones, y que lleven inscritos en el desempleo al menos un año. Planteamos que a quienes estén en esa situación se les reconozca una prestación de 426 euros que recibirían a través de la Seguridad Social mientras no cambie su situación, y figuren de alta como afiliados en el sistema a todos los efectos. Ahora, ese proyecto que las organizaciones sindicales mayoritarias hemos puesto en pie con el apoyo de miles de personas, tiene que ser completado por los diputados y senadores que nos representan a todos. Me permito recordarles con todo respeto que esta crisis ya tiene mucha historia y algunos argumentos ya no sirven. Ya no sirve, por ejemplo, eso de que no hay dinero, porque está claro que el dinero lo buscan cuando consideran que el motivo vale la pena. ¿Vale la pena invertir el 1% del PIB de nuestro país en asegurar un mínimo vital a dos millones de sus ciudadanos? Cuando respondan recuerden que invertimos un 5,5% en rescatar a los bancos. Aprueben ahora una Ley de Prestación de Ingresos Mínimos para rescatar a las personas. Háganlo por dignidad colectiva, por su propia dignidad como representantes de todos, pero sobre todo por las personas que representan. l *Vicesecretaria general de UGT

nº 1186. 6–12 de febrero de 2017

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