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POLÍTICA

| Sábado 31 de enero de 2015

la muerte del fiscal | cambios en la estructura de espionaje

La nueva agencia de inteligencia tendrá el mismo personal de la ex SIDE Así lo prevé el proyecto de ley para la reforma del organismo, que el Gobierno giró ayer al Senado; su director será removible por decreto; las escuchas telefónicas pasarán a la órbita de la Procuración

Una política que exige construir consensos opinión Adolfo Pérez Esquivel PARA LA NACION

Laura Serra LA NACION

Pese a que la presidenta Cristina Kirchner anunció con bombos y platillos la disolución de la polémica Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE), la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) promete ser un calco de su antecesora: de acuerdo con el proyecto de ley del Gobierno, que se remitió ayer al Senado, al organismo se le transferirá “la totalidad del personal, bienes, activos y patrimonio” de la actual estructura. En buen romance, el futuro organismo de Inteligencia mantendrá el mismo plantel de espías con sus mismas categorías. Además, por si fuera poco, absorberá la Dirección de Inteligencia Criminal, es decir, las unidades de Inteligencia que hoy operan en las fuerzas de seguridad federales. Eso sí: la nueva AFI no tendrá potestad sobre las escuchas. Así lo ratifica el proyecto, que comenzará a discutirse este martes en comisión. Según la iniciativa, la Dirección de Observaciones Judiciales será derivada al Ministerio Público Fiscal. Pero esto no preocupa al Gobierno, todo lo contrario: en manos de su fiel aliada, la procuradora Alejandra Gils Carbó (una funcionaria que, dicho sea de paso, tiene estabilidad en el cargo), el kirchnerismo tendrá injerencia directa en las escuchas judiciales. Para el oficialismo, este tema es innegociable y no cederá ante la presión opositora para que esta competencia pase a manos de la Cor-

te Suprema. “No es materia del alto tribunal”, confirmaron las espadas kirchneristas en el Parlamento. Éste es uno de los puntos que la oposición cuestionó con mayor virulencia. Otro de los temas criticados fue que el futuro director de la AFI tuviera mandato por cuatro años, con lo que el kirchnerismo se aseguraría un funcionario de sus filas en un área estratégica como la de Inteligencia en el próximo gobierno. Marcha atrás Así lo había anunciado la presidenta Cristina Kirchner el lunes pasado, pero ante la controversia que se desató, el oficialismo decidió dar marcha atrás. Mantuvo la propuesta de que el futuro director sea nombrado con el acuerdo del Senado (hoy dominado por el kirchnerismo), pero en el artículo 8 aclaró que puede ser removido por el Poder Ejecutivo. Es decir que el próximo presidente puede despedirlo de su cargo con un simple decreto. De todas maneras, el futuro director de la AFI tendrá un poder amplio. De acuerdo con el artículo 15 bis, este funcionario será el que monopolice toda las relaciones entre la agencia y los demás poderes públicos, sean nacionales o provinciales. En este sentido, el proyecto penaliza fuertemente a quienes realicen espionaje ilegal. Propone una pena de tres a diez años de prisión, e inhabilitación especial por doble tiempo. La nueva agencia deberá ser conformada en 90 días, según establece el proyecto del Gobierno. En sus

fundamentos, la Presidenta insistió en que es una deuda pendiente de la democracia. “El tema del sistema de inteligencia nacional no es un problema que nace en 2003 [cuando asumió Néstor Kirchner], sino que es una deuda pendiente desde 1983, resultando preciso encarar el cambio”, sostuvo la Presidenta, para quien esa necesidad surgió cuando desde el Gobierno “comenzamos a observar que desde la ex SIDE, integrantes comenzaban a actuar en contra del Poder Ejecutivo y del Congreso” tras la firma del Memorándum con Irán. Sin embargo, pese a las críticas contra la ex SIDE, la Presidenta decidió mantener incólume su estructura de personal. La única innovación en el proyecto es que se obliga a los actuales agentes a presentar sus declaraciones juradas y se insta a que haya un control más estricto de sus funciones. Otra innovación que incorpora el proyecto es la clasificación de la información en “estrictamente secreto y confidencial”, “secreto”, “confidencial”, “reservado” y “público”. Asimismo, en el artículo 12 se señala que el Poder Ejecutivo podrá ordenar la desclasificación de cualquier tipo de información en un plazo no menor a 25 años. Por último, se ratificó que la AFI y sus gastos reservados deberán someterse al control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Sin embargo, este cuerpo legislativo raramente se reúne, pese a su suculento presupuesto.ß

Los ejes del proyecto

el martes comienza el debate en comisiones del senado alcances Las tareas de inteligencia interior quedarán limitadas a la investigación de delitos complejos, inteligencia criminal compleja o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático conducción Será conducida por un director general que tendrá rango de ministro y que será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. El cese de este funcionario podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional escuchas La Dirección de Observaciones Judiciales será transferida al Ministerio Público Fiscal y éste será el único órgano del Estado autorizado para realizar “las interceptaciones o captaciones” dispuestas por orden judicial personal Se transfiere a la órbita de la AFI el personal, bienes, activos y patrimonio de la Secretaria de Inteligencia, así como la competencia y el

personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad espionaje ilegal Se establecen penas de 3 a 10 años a aquellos agentes que transfieran, capten o intercepten “indebidamente” información derivada de las tareas de inteligencia desclasificación La desclasificación de información, documentos o material no podrá realizarse antes de los 25 años a partir del momento en que se dispuso su clasificación relación con otros poderes La relación de la AFI con otros organismos del Estado o funcionarios sólo podrá ser ejercida por el director, subdirector o la persona designadas por las autoridades puesta en vigencia La nueva Agencia Federal de Inteligencia deberá entrar en vigencia 90 días después de ser sancionada la ley por ambas cámaras del Congreso de la Nación

A favor y en contra

No será fácil cambiar el paradigma bajo el cual se realizan tareas de inteligencia

julio cobos diputado (unen)

“El kirchnerismo busca correr el eje: la denuncia de encubrimiento contra Cristina y la muerte del fiscal Nisman” agustín rossi ministro de defensa

“La actitud [de la oposición] es oponerse por oponerse: adelantaron su voto negativo antes de conocer el proyecto” federico pinedo diputado (pro)

“Si van a pasar las escuchas a Gils Carbó, que es kirchnerista, eso no es un cambio”

En EE.UU. aconsejan evitar “estructuras paralelas” El especialista Douglas Farah advierte sobre los riesgos de apresurar los cambios en Inteligencia Silvia Pisani

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.– “Cuando se encara una reforma de los servicios de espionaje uno de los desafíos es que las cosas no terminen peor de lo que estaban.” La advertencia de Douglas Farah, consultor en temas de seguridad, se basa en lo que observó tanto en este país como en varios otros de América latina. A su juicio, el riesgo de que las cosas no lleguen al puerto deseado si se acometen de modo precipitado es “mayor en los países como la Argentina, donde los servicios de inteligencia operan en un frente altamente politizado”. Experto asociado al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por su sigla en inglés) y al Woodrow Wilson, ambos con sede en esta ciudad, Farah dialogó con la nacion sobre la decisión de la presi-

H

an transcurrido 20 años sin lograr justicia por los atentados a la AMIA y la embajada de Israel, entre los muchos crímenes impunes de estos 31 años de gobierno constitucional. Ahora se suma la muerte del fiscal Alberto Nisman, a cuyos familiares acompañamos en su dolor. Es un hecho que nos estremece como sociedad y es imperioso su pronto esclarecimiento. Hay que desandar la impunidad y el encubrimiento que ensombrecen nuestra vida y futuro como nación. Según diversas fuentes, durante estos años la investigación de la masacre AMIA evidencia el alineamiento del fiscal Nisman y otros con las instrucciones dictadas por la embajada de EE.UU. para centrar la acusación sobre Irán. La causa, como la denuncia más reciente, ha quedado moldeada por las disputas entre facciones de los servicios cuyo principal responsable se alineaba con intereses extranjeros, notablemente de EE.UU. e Israel. Por eso, junto a familiares de las víctimas y otras organizaciones, seguiremos reclamando la apertura de los archivos de los servicios y la creación de una Comisión de Investigación Independiente del atentado contra la AMIA. Sólo así podrá superarse el fracaso, y avanzar hacia la verdad y la justicia acerca del atentado y sus ocultadores. El proyecto de ley presentado por Apemia, en junio de 2014, debe tratarse con prioridad en la próxima sesión parlamentaria.

denta Cristina Kirchner de producir una reforma urgente en los servicios de inteligencia. Derivación directa de la aún irresuelta muerte del fiscal Alberto Nisman, el anuncio fue presentado como “una deuda” de la democracia que la Presidenta quiere acometer antes de que termine su mandato. El tiempo, sin embargo, podría ser, a juicio de Farah, uno de los factores que atente contra la iniciativa. “Una reforma de este tipo, generalmente, tiene que tener en cuenta que pueda ser mantenida en el tiempo. Son estructuras que perciben muy pronto que, si hay un cambio político a la vista, todo puede quedar en la nada”, reflexionó. La conversación transcurre con la aún irresuelta reforma de los sistemas de inteligencia que se propuso el presidente Barack Obama. Cuando llegó al poder, en 2009, encontró una multiplicación de estructuras de inteligencia, que funcionaban de modo tan compartimentado que, a veces, una no sabía de la existencia de la otra. Desde entonces, lleva adelante una reforma por etapas, que, sin embargo,nosiemprellegaabuenpuerto.

Hace poco, uno de sus proyectos para limitar escuchas tropezó con la resistencia republicana, ante el convencimiento de que la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico desaconsejaba acotar esa práctica. “Una de las cosas que se tienen en cuenta cuando se enfoca una reforma de ese tipo es quién queda en la estructura y quién no”, dijo Farah. Puso como ejemplo lo ocurrido en EE.UU. después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Recordó que entonces se produjo una amplia reforma, que llevó a que “muchos efectivos que llevaban años fueran desplazados y llegaran otros que no tenían mucha experiencia de cómo hacer las cosas”. Previno que “eso mismo puede ocurrir en la Argentina” o en cualquier otro país que acometa una reforma precipitada. En el otro extremo, puso el efecto disuasorio que puede tener una iniciativa planteada sobre el final de un mandato. “Hay gente que lleva muchos años en eso y que sabe que el líder que pretende reformarlos se irá y que ellos seguirán allí. Lo he visto muchas veces”, advirtió. Y puso especial aten-

“No aceptamos intromisiones” ^b^b^ El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, criticó ayer duramente al senador norteamericano Marco Rubio, del Partido Republicano, por haber pedido que el gobierno de Barack Obama aumentara la presión a la Argentina para impulsar la investigación de la muerte de Alberto Nisman. ^b^b^ “No aceptamos intromisiones para dirimir cuestiones de carácter interno”, afirmó Capitanich en su conferencia de prensa matinal en la Casa Rosada. Dijo que Rubio “representa a la más recalcitrante derecha, con una visión imperial”, y lo acusó de lanzar “agravios gratuitos e infundados hacia la Argentina”.

ción en el riesgo de que, aun con la mejor intención, las cosas terminen peor de lo que estaban. “Esto es algo a lo que hay que tener especial cuidado, sobre todo, en países como la Argentina, donde la Inteligencia está muy politizada”, precisó. Desde su perspectiva, uno de los riesgos es que la reforma lleve a que quienes sean objeto de la reforma “se lleven o se roben expedientes con información y extorsionen desde afuera” de la estructura. La clave es cómo evitar todos esos riesgos. A juicio de Farah, “hay muchas lecciones de las que se puede aprender”. Uno de los casos de reforma que rescataron fue el de Colombia, bajo la presidencia de Álvaro Uribe y del entonces ministro de Defensa y hoy presidente Juan Manuel Santos. “En conjunto, los servicios de inteligencia son estructuras institucionales. La claves es lograr que respondan a esa institucionalidad”, dijo. El riesgo es el contrario: favorecer estructuras paralelas, fuera de control. Ponderó, así, las experiencias que se hicieron “sobre la base de pequeños pasos” que fueron llevando a resultados concretos de mejora.ß

Hasta ahora, el gobierno nacional ha reaccionado planteando la disolución de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y la creación de un nuevo organismo subordinado a los poderes democráticos. Sin duda, poner los servicios de inteligencia al servicio y bajo el control del pueblo es una deuda largamente pendiente. Pero ello debe ser el resultado de un amplio debate ciudadano y la construcción de consensos enfocando a fondo la política de Inteligencia. Pretender saldar el debate en 30 días, sobre todo después de años de inacción, no nos llevará al “nunca más” buscado. Cambiar, además de su nombre, el paradigma bajo el cual se realizan tareas de inteligencia no será fácil. Si los servicios pudieron acumular tanto poder, es porque a muchos les convino que así sea. Pero si no están al servicio del pueblo, no deben existir. La ex SIDE se constituyó en su propio poder político y se involucraba en campañas ilegales de difamación, extorsiones, el tráfico de drogas, personas y armas, entre otros delitos. En otras palabras, atentaba contra todos los intereses de la Nación. Por lo que encarar su disolución y plantear, junto a la sociedad, la construcción de un nuevo paradigma de Inteligencia, debe implicar la investigación y juzgamiento de su acción y sus redes de influencia y crimen en la vida pública como privada. Asimismo implica esclarecer y poner fin al papel del jefe del Ejército, César Milani, desarticular la dotación de personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, desmantelar la orgánica del cuerpo de informaciones de la Policía Federal Argentina y redefinir los objetivos y la manera en que el Estado recolecta y protege los datos personales de la ciudadanía. Precisa fortalecer la transparencia y democracia en todas las instituciones estatales, incluido el Poder Judicial. La democracia y los derechos humanos no se regalan, se construyen con la participación ciudadana. Ése es el sentido de la marcha amplia convocada para el 4 de febrero. Tengamos presente que sobre la impunidad no es posible construir la democracia.ß El autor es presidente del Servicio Paz y Justicia y ganador del premio Nobel de la Paz