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Viernes 11 de enero de 2008

LA NACION/Página 15

Tensión en la ciudad: los diputados revirtieron un fallo judicial adverso para Macri El análisis de la noticia

Macri despejó dudas sobre un pacto Por Angeles Castro De la Redacción de LA NACION

MARIANA ARAUJO

Macri logró el aval a la intervención gracias al acompañamiento de los legisladores de la Coalición Cívica; el kirchnerismo, ausente

La Legislatura habilitó por ley la intervención de la obra social Gracias a votos propios y de la Coalición Cívica, el gobierno restaurará la medida En la tarde de ayer, la Legislatura porteña le otorgó a la intervención a la obra social de los empleados municipales, Obsba, la legitimidad que pocas horas antes le había quitado la Justicia local: los diputados macristas y de la Coalición Cívica aprobaron una ley que faculta al Poder Ejecutivo de la ciudad a, justamente, intervenir la entidad por 180 días corridos, luego de que la magistrada Elena Liberatori suspendiera la vigencia del decreto de necesidad y urgencia con el que el 2 del actual Mauricio Macri había ordenado esa medida. Según anticiparon fuentes oficiales inobjetables, con el respaldo legal de la flamante norma sancionada, el gobierno porteño emitirá un nuevo decreto para establecer la intervención a la Obsba. Pero ya no se tratará de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) como el que suscitó el recurso de amparo presentado por el sindicato de los trabajadores estatales, Sutecba, al que ayer Liberatori hizo lugar. La magistrada había justificado su fallo, entre otros argumentos, en la inexistencia de las “circunstancias excepcionales” que, según prevé la Constitución porteña, ameritan el dictado de un DNU. “No hay evidencia de los extremos constitucionales del artículo 103 que habiliten al jefe de gobierno a decidir la intervención de la obra social de los trabajadores”, sostuvo. En ese sentido, la jueza entendió que los objetivos de la intervención planteados en el DNU (adherir al sistema nacional de obras sociales, realizar un detallado informe de la situación económica y financiera de la entidad, velar por el cumplimiento de las leyes a las que se encuentra sometida) bien podían ser alcanzados mediante los llamados “órganos naturales”: el directorio de la Obsba, un ente colegiado con representantes del Poder Ejecutivo y de los sindicatos; la Legislatu-

ra de la ciudad, y la propia Jefatura de Gobierno, con sus atribuciones de “iniciativa legislativa”. “Se trata simplemente de reencontrar el criterio de razonabilidad que debe haber entre medios y fines, teniendo en la mira que una medida como la adoptada mediante el decreto de necesidad y urgencia 01/2008 constituye una última ratio del orden jurídico”, dijo la jueza. Y agregó la magistrada: “En efecto, dejar de lado los mecanismos institucionales naturales es una medida de gravedad institucional, por lo cual su ejercicio requiere de extrema ponderación y prudencia”.

Sin triunfos ni derrotas El fallo se conoció a media mañana de ayer. “No hay triunfos ni derrotas. Se ha resguardado la legalidad constitucional”, evaluó enseguida Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista que había patrocinado al sindicato en la acción de amparo. En el gobierno porteño, en cambio, eligieron el silencio en ese primer momento. Y organizaron una reunión cumbre a la que fueron convocados el vicepresidente 1° de la Legislatura, el macrista Diego Santilli, y el presidente del bloque de Pro, Oscar Moscariello. La Legislatura tenía prevista una sesión extraordinaria para tratar el DNU de Macri y un proyecto de ley de la Coalición Cívica (CC) que proponía la creación de una comisión interdisciplinaria destinada a elaborar un plan de reconversión de la Obsba. Tanto los diputados porteños de la coalición como su referente nacional, Elisa Carrió, habían expresado en los días previos su apoyo a la desregulación de la obra social de los empleados municipales, única manera de permitir la libre elección de sus 121.000 afiliados, hoy cautivos, pero con suficientes recaudos como para evitar un éxodo ma-

sivo de los beneficiarios que pusiera en peligro la atención de los 70.000 jubilados que recibe la obra social. La ley 472, de creación de la Obsba, estableció que su directorio debía encarar el proceso de adhesión al sistema nacional de obras sociales, que liberaba a los afiliados, antes del 1° de enero de 2003. Pero nunca lo hizo. Durante el mediodía de ayer, en Bolívar 1, Macri, Gabriela Michetti, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña y otros miembros del gabinete analizaron el fallo y los pasos por seguir. Y contactaron al jefe de bloque de la CC, Enrique Olivera, para saber hasta dónde apoyaría los planes macristas (ver aparte). Con el camino judicial empantanado, finalmente el gobierno porteño decidió recurrir a sus hombres y sus ocasionales aliados en la Legislatura. Las negociaciones terminaron con el acuerdo de no tratar el DNU en la sesión extraordinaria e incorporar en el proyecto de la CC el artículo que facultaba al Poder Ejecutivo a intervenir la Obsba. La ley, aprobada con 33 votos positivos –aportados por el macrismo y la coalición; el kirchnerismo no bajó al recinto–, establece, además, la creación en el ámbito legislativo de una comisión integrada por cinco delegados del gobierno, cinco de la Legislatura y cinco de los gremios reconocidos en la ciudad (no sólo de Sutecba) para elaborar, en 120 días, un plan de reconversión de la Obsba. “Existe en el gobierno y en la Legislatura la convicción de lo justo que es liberar a los trabajadores para que puedan elegir libremente quién les cuida la salud a ellos y a sus familias”, dijo anoche Macri. El secretario de Prensa de Sutecba, Enrique Pistoletti, adelantó que habrá nuevas medidas judiciales.

Breves EN PARQUE CENTENARIO

Mañana volverá el autocine a la ciudad ■ Para los nostálgicos que quieren volver a vivir la experiencia y para los curiosos que desean vivirla por primera vez, vuelve el autocine a Buenos Aires. Con la proyección de “La señal”, se inaugura mañana, a las 21, en Leopoldo Marechal y Antonio Machado, en Parque Centenario. Tiene capacidad para 200 autos y una tribuna para 1000 personas. Hasta el 24 de febrero, los sábados y domingos, se podrá ver cine argentino.

vo. Pero dos horas después, la situación había cambiado: diputados de la Coalición Cívica y del oficialista Pro reformaban un proyecto de ley para legitimar la intervención. En ese tiempo hubo reuniones frenéticas en el Palacio Municipal, entre miembros del gabinete, y contactos permanentes con Olivera. Luego, las corridas se trasladaron a la Legislatura. “Es inconstitucional”, decía el abogado que representó a Sutecba en el amparo, Andrés Gil Domínguez, un prestigioso constitucionalista. “La sesión extraor-

Es justo liberar a los trabajadores para que elijan quién cuida su salud y la de su familia

MAURICIO MACRI

Una jueza polémica que enfrenta al poder Liberatori falló contra Ibarra y Telerman Por Hernán Cappiello De la Redacción de LA NACION

Estoy muy conforme con la ley. Desregula y a la vez protege a los 70.000 afiliados jubilados

ELISA CARRIO

Angeles Castro

dinaria se convoca con temario cerrado no se puede modificar. En este caso, Macri citó para tratar el DNU”, explicaba. Sin embargo, el vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli, había modificado el temario, pues sumó la iniciativa de la coalición, el día anterior, por decreto y a pedido de más de 20 diputados. “Deberían haber convocado a otra extraordinaria, aunque tal vez el reglamento interno de la Legislatura lo permita”, reflexionó Gil Domínguez. Los legisladores juran que sí.

* * * Tanto el sindicalismo como la oposición política, e incluso algunos sectores de la opinión pública, sospecharon en los últimos días que la intervención a la obra social que maneja Patricio Datarmini (segundo de Amadeo Genta en Sutecba) era una carta de negociación del macrismo, a cambio de que el gre-

El personaje en la noticia

Las idas y venidas de la negociación “Nosotros no vamos a dar quórum para tratar el DNU porque ha surgido un nuevo elemento, que es el fallo judicial, y somos respetuosos de las instituciones y de la independencia de poderes”, dijo Enrique Olivera a LA NACION ayer al mediodía, tras conocer el fallo de la jueza Elena Liberatori, que suspendía la vigencia del decreto de necesidad y urgencia con el que Mauricio Macri había intervenido la obra social de los empleados municipales. En ese momento, parecía que al revés judicial le seguiría otro legislati-

La justicia en lo contencioso administrativo porteña suspendió ayer la vigencia de la intervención a la obra social de los empleados municipales, ente autárquico mixto, que Mauricio Macri había dispuesto por un decreto de necesidad y urgencia. Con igual apuro, el gobierno porteño no esperó a apelar el fallo y contraatacó en la Legislatura de la ciudad, donde se aseguró una ley que lo faculta a intervenir. Lo hará, tras promulgar la ley, con un nuevo decreto, ya no de necesidad y urgencia, para volver a nombrar a Jorge Rey como interventor. Al contrario de lo que reza el dicho popular, Macri hará por las buenas lo que no logró hacer por las malas, o con una medida que muchos cuestionaron por “extrema”. Podría creerse que se trata, simplemente, de otro acto en la vertiginosa seguidilla de acciones que viene caracterizando a la administración macrista en el mes que lleva en el poder, y que no pocos conflictos han generado. Pero la lectura debe ser otra. No es un dato menor que el gobierno porteño haya insistido en la intervención de la Obsba, esta vez por la vía parlamentaria.

mio cediera y acompañara al gobierno en el proceso de depuración del personal que realizó tres días de paros de los empleados y una movilización frente al Palacio Municipal. Hugo Moyano fue el primero en denunciar públicamente esta suposición. “Se equivocan al creer que la organización que nuclea a los trabajadores va a canjear la obra social por los despidos. ¡Ni una cosa ni la otra!”, gritó el líder de la CGT en la marcha. El tiempo se encargaría de desmentirlo. Primero, llegó el acompañamiento sindical a la reforma de Macri, en un acta refrendada el martes último por dirigentes de Sutecba, que respaldó tanto la revisión de los 20.500 contratos existentes como el censo de la planta permanente. Si realmente iba a existir un canje, esta “rendición” del gremio a la limpieza planificada por Macri debería haber sido más que suficiente para dar marcha atrás en la intervención. El fallo judicial en contra del decreto de necesidad y urgencia había otorgado ayer al macrismo una oportunidad inigualable de dejar caer la intervención con elegancia. Podría el jefe de gobierno haber apelado al argumento de respetar las instituciones y, así, cumplir discretamente el supuesto canje. Pero no lo hizo, y les quitó un argumento a los desconfiados y a los operadores políticos. Resta saber cuánto de verdad guarda otro argumento escuchado de boca de los detractores de Macri: que, en el fondo, la intervención esconde una maniobra en contra de Sutecba para beneficiar a UPCN, con el pase de los afiliados de la Obsba a la obra social que maneja Andrés Rodríguez.

Macri y Carrió acordaron subir el ABL y se volvieron a reunir para eludir un fallo judicial

DIEGO KRAVETZ (FV)

Elena Liberatori no es una jueza que pasa inadvertida. Sus decisiones la enfrentaron con el poder en la gestión de Anibal Ibarra, de Jorge Telerman y ahora de Mauricio Macri. En las épocas en las que la justicia de la ciudad de Buenos Aires empezaba a nacer de la mano de la autonomía, llegaron al fuero en lo contencioso administrativo y tributario porteño un manojo de jueces elegidos por concurso. Eran los tiempos en que Juan Octavio Gauna presidía el Consejo de la Magistratura. En el fuero se formaron dos bloques de magistrados: aquellos que provenían del riñón del radicalismo y del Frepaso y otros que se denominaron a sí mismos los “autoconvocados”, por oposición al resto. Se trató de un grupo de funcionarios autodenominados independientes, con ideas progresistas, preocupados por la situación de los más desposeídos y con la posibilidad de levantar la voz contra las “injusticias del Estado en perjuicio de los más pobres”. Se agruparon allí Roberto Gallardo, recordado pos sus fallos que le costaron a Ibarra más de un dolor de cabeza; la jueza Patricia López Vergara, que llegó a clausurar uno de los teso-

ros del Banco Ciudad para garantizar el pago de subsidios a las familias de niños de cartoneros; y la jueza Elena Liberatori. * * * Pero el idilio entre los “autoconvocados” duró poco. Dicen en tribunales que los primeros cortocircuitos se produjeron con el fallo de Liberatori, que ganó más centimetraje en los diarios y minutos en la TV: la magistrada hizo lugar a un recurso de amparo y clausuró la muestra retrospectiva del prestigioso artista argentino León Ferrari, que se realizó en el Centro Cultural Recoleta. Corría 2004 y el artista aún no había sido galardonado en la Bienal de Venecia, lo que lo legitimó como uno de los artistas más considerados en el mundo del arte actual. También se enfrentó con La Rural, cuando frenó un plan de obras para realizar allí un centro de exposiciones y se cruzó con Telerman cuando frenó un plan de subsidios para habitantes de la villa Rodrigo Bueno, en adyacencias de la reserva ecológica. Ahora vuelve a la carga, aunque más sola y sin el apoyo de sus colegas “autoconvocados” con una nueva resolución contraria a los deseos del gobierno. Aunque en tribunales consideran que la solución al conflicto no pasará por la pluma judicial de Liberatori, sino por la muñeca política de Macri.