INFORMACION GENERAL

Jueves 28 de mayo de 2009

Y FALLO SIN PRECEDENTE EN LA CIUDAD

I

QUEMA DE VAGONES Y AVANCE DE LA CAUSA JUDICIAL

13

Y LOS ANALISIS DE ADN

La Justicia obliga a colectiveros a asistir a cursos

Peritajes complican al presunto violador

Por faltas contravencionales, deben concurrir a charlas sobre contaminación acústica

Los siete hijos son del padre acusado

PABLO TOMINO LA NACION La Justicia Penal Contravencional y de Faltas de la ciudad sentenció, en un fallo sin precedente, a siete empleados de empresas de colectivos a cumplir una probation (suspensión de juicio a prueba), por lo que harán tareas comunitarias, realizarán donaciones y tomarán cursos sobre contaminación sonora. La sanción, que también incluye el cobro de multas a las empresas Grupo Plaza, Mariano Moreno y Transportes 9 de Julio, se dictó a raíz de la violación de los artículos 54, 73, 80 y 82 del Código Contravencional porteño, tras la clausura de un playón de estacionamiento de colectivos en Liniers, al que varias líneas urbanas utilizaban como parada transitoria. Las faltas refieren al arrojo de sustancias insalubres y objetos dañinos en lugares públicos, a la violación de clausuras, a ensuciar bienes públicos o privados y a producir ruidos molestos. Los choferes y empleados de las empresas que fueron imputados realizarán el curso el 13 de agosto próximo, dictado por la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad. Según la causa a la que tuvo acceso LA NACION, deberán cumplir con la probation José Duilio Pereira, Mauro Toledo y Miguel Scovenna, de la empresa Transportes 9 de Julio; Pablo Gutiérrez, de Transporte Mariano Moreno; Antonio Gálvez, del Grupo Plaza, y Pedro Ayala y Ernesto Guitiérrez, de la línea 104 SRL.

El curso está destinado a las empresas de transporte público e incluye la capacitación para realizar acciones concretas que reduzcan el ruido, como limitar el uso de la bocina y tener un correcto mantenimiento de las unidades. Graciela Gerola, presidenta Agencia de Protección Ambiental de la ciudad, dijo a LA NACION que “la sanción es un gran paso para la conciencia ambiental, pero también debería alcanzar a los directivos y a los encargados de mantenimiento de las unidades. Hay maneras simples de reducir la contaminación de los autos y colectivos, como reducir la velocidad, tocar bocina cuando sea necesario y mantener en buen estado las unidades”. Juan Consolani, asesor legal de la empresa Transporte 9 de Julio, y que representa a los empleados Toledo, Pereira y Scovenna, dijo a LA NACION que “ellos tomaron muy bien el fallo y cumplirán con la probation. Es más: si el curso es bueno, se tratará de que los realicen los demás empleados del área de taller”. La empresa 9 de Julio fue multada, también, con 60.000 pesos. Según el fallo del juez Ricardo Baldomar, los imputados realizarán otras actividades comunitarias y donaciones. Por ejemplo, Mauro Toledo deberá aportar cinco bancos de plaza a la institución Parque Santojani, mientras que Gálvez deberá donar 50 kilos de leche en polvo, 100 paquetes de fideos y 20 cajas de arroz a la asociación civil Casona de los Barriletes.

Y ASESINATO EN EL REMANSO

Caso Galliano: Arce seguirá detenido José Arce, acusado de ser el instigador del asesinato de su esposa Rosana Galliano, seguirá preso. Así lo determinó ayer la jueza de Garantías del Departamento Judicial de Zárate-Campana, Graciela Cione, quien le dictó la prisión preventiva. También seguirá detenido Gabriel Leguizamón, acusado de ser el autor material del homicidio. En tanto que la jueza decidió excarcelar por falta de pruebas a Paulo Leguizamón, hermano de aquél, aunque seguirá vinculado con la investigación. Galliano fue asesinada el 16 de enero de 2008 en su casa del barrio parque El Remanso, en el partido de Exaltación de la Cruz. Arce y Leguizamón continuarán detenidos acusados del delito de “homicidio doblemente calificado” por el vínculo, en el caso del esposo

de la víctima y por matar “por precio o promesa remuneratoria” en el caso del mecánico, debido a que los investigadores habrían probado que recibió una suma de dinero por el crimen. La madre de Arce, Elsa Aguilar, espera que en las próximas horas se concrete su excarcelación extraordinaria, solicitada por el abogado defensor de la mujer, Roberto Hermo, y ratificada por la Cámara de Apelaciones de Campana. El abogado presentó ayer el pasaporte norteamericano de la madre de Arce ante el fiscal Marcelo Pernici, último requisito para que salga libre. Según explicó el letrado Roberto Babington, quien representa a la familia Galliano, la Justicia consideró que “Aguilar habría facilitado los medios para cometer el homicidio con su hijo”.

SERGIO DIMARIA CORRESPONSAL EN MENDOZA

ARCHIVO

Los incidentes del 4 de septiembre de 2008 en la estación de Castelar

La Justicia no comprobó una denuncia del Gobierno Por los desmanes de 2008 en las estaciones de Merlo y Castelar GABRIEL DI NICOLA LA NACION Sólo habían pasado pocas horas de los graves desmanes en las estaciones de trenes de Merlo y de Castelar, que incluyeron la quema de ocho vagones de Trenes de Buenos Aires (TBA), cuando desde el gobierno nacional se denunció un sabotaje por parte de militantes de partidos de izquierda. Pero la realidad judicial está lejos de darle la razón a las autoridades nacionales: cinco procesados que están a punto de ir a juicio oral y público no tendrían ninguna relación con movimiento político alguno. Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. El 4 de septiembre del año pasado, en una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, había afirmado que los responsables de los incidentes eran integrantes de los movimientos de izquierda Partido Obrero (PO) y Proyecto Sur, de Pino Solanas. “Pudimos confirmar que los desmanes estuvieron armados y planificados. Los incidentes no fueron una manifestación espontánea, pero no se pudo acreditar si los responsables pertenecían a algún movimiento político y, menos de izquierda, como había dicho el Gobierno. Igual se seguirá con la pesquisa”, explicó a LA NACION una fuente de la investigación, que, en su momento, estuvo a cargo del juez federal de Morón Juan Pablo Salas. Los cinco acusados que están cerca del juicio oral fueron procesados por Salas por “robo doblemente calificado por haber sido cometido en poblado y en banda, y en situación de conmoción pública, en concurso con el delito de daño agravado”, agregaron las fuentes judiciales consultadas. En su procesamiento, que fue confirmado por la Cámara Federal de Morón, el juez Salas sostuvo que los

Cronología Septiembre de 2008

Caos e incidentes En las estaciones de Merlo y de Castelar se produjeron graves desmanes, que incluyeron quemas de ocho vagones de una formación de Trenes de Buenos Aires (TBA). Septiembre de 2008

Denuncia pública El mismo día de los desmanes, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, culpó a los movimientos de izquierda Partido Obrero (PO) y Proyecto Sur. Octubre de 2008

Sin indagatoria El dirigente del PO José María Escobar fue denunciado por el ministro Fernández, pero para el juez Juan Pablo Salas no hubo elementos para citarlo. Mayo de 2009

Cerca del juicio oral La causa está cerca de llegar a juicio. De ninguno de los cinco procesados se pudo probar que fuera militante de izquierda. acusados “habían actuado en banda porque eran varias personas que podían delinquir frente al aumento del poder ofensivo” y concretaron los daños y el robo, explicaron fuentes judiciales. Según pudo saber LA NACION, entre estas cinco personas no se encuentra el militante del PO José María Escobar al que Aníbal Fernández, públicamente, había acusado de haber “estado al frente de los incidentes en la estación de Merlo”. “Esto [el desarrollo de la causa]

demuestra que la denuncia del Gobierno fue un patraña. Escobar nunca fue indagado. Para nosotros la acusación contra el PO fue una manera de tapar los negociados entre el gobierno nacional y TBA”, afirmó a LA NACION el dirigente y candidato a diputado nacional Néstor Pitrola. El dirigente del PO agregó que presentaron una demanda en la Justicia contra el ministro Fernández, por considerar falsas las acusaciones hechas por el funcionario el 4 de septiembre pasado. El líder de Proyecto Sur y candidato a diputado nacional, Fernando “Pino” Solanas, sostuvo: “El avance de la causa judicial demuestra una práctica aventurera del ministro Fernández. En vez de preocuparse por los malos tratos que reciben los pasajeros del servicio ferroviario, Fernández se dedicó a inventar y calumniar”.

Caos para robar Según informaron fuentes judiciales, para el juez los cinco procesados aprovecharon los incidentes y el caos para cometer los robos. Los cinco acusados, según la agencia de noticias DyN, son Cristian Arrigoni, de 28 años; Luis Carisimo Silva, de 27; Diego Galarza, de 18; Jesús Nazaret Pereyra, de 22, y Sevelino Peralta Rotela, de 25. Por ejemplo, según DyN, a Arrigoni y a Silva los detuvieron in fraganti cuando formaban parte de un grupo de alrededor de ocho sujetos que se hallaban golpeando la máquina expendedora de boletos y sacaban monedas de su interior. Con la confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Salas le corrió vista de lo actuado a TBA, que en la causa actúa como querella, que no opuso reparos. Ahora hizo lo propio con el Ministerio Público Fiscal y después será el turno de las defensas, para finalmente llegar al juicio oral y público.

MENDOZA.– Con las conclusiones de los estudios de ADN que dieron positivo, la Justicia sumó ayer una prueba necesaria, pero no definitiva, para procesar al detenido de 67 años que, durante varios años, habría violado reiteradas veces a su hija, de 35. El estudio genético reveló que el acusado y su hija son los progenitores de siete hijos, de entre de 2 y 19 años. “De este modo estaría comprobada la relación incestuosa, pero no alcanza para demostrar si fue producto de violación”, informó a LA NACION una fuente cercana a la fiscalía de Instrucción a cargo de Marcelo Gutiérrez del Barrio, responsable de la pesquisa. Mayor es la expectativa del Ministerio Público respecto del resultado del peritaje psiquiátrico practicado al acusado, quien junto con declaraciones testimoniales podrían ayudar a develar la veracidad de la sospecha de que la mujer fue violada por su padre. Uno de los ejes de la estrategia de la defensa es convencer a la fiscalía de que las relaciones fueron consentidas mientras la mujer era mayor de edad. Además, apunta a que no prospere la hipótesis de abuso sexual cometido cuando era menor por la prescripción de los plazos: ya habrían pasado más de 15 años. Las muestras de sangre del acusado, de su hija y de los siete niños que habrían nacido producto del incesto fueron extraídas a principios de este mes en el Cuerpo Médico Forense.

Se acortan los tiempos Desde allí se enviaron al Instituto de Genética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Ayer, los responsables de dicho organismo comunicaron al fiscal los resultados preliminares. Inicialmente se esperaban para la primera semana de junio próximo las conclusiones, pero el fiscal las recibió ayer, con lo que se apuró la conclusión de una de los peritajes clave de la causa. El acusado fue detenido el 8 de este mes en su casa de la ciudad de Mendoza y fue acusado de ser responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo que, según el Código Penal se castiga con una pena de hasta 50 años de prisión. En las dos ocasiones en que se enfrentó con el fiscal Gutiérrez del Barrio, el acusado Lucero se negó a declarar. Actualmente, el imputado está detenido en una celda individual de la penitenciaría provincial, para evitar que sea sometido a posibles ajustes de cuentas por parte de otros internos.