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enfoques
| Domingo 4 De enero De 2015
MI Mundo dIgItaL
Philippe González
Fundador de Instagramers, una red de fans de la aplicación (hoy tiene más de 400 grupos de fans o IGers en más de 60 países, y una Instagramers Gallery permanente en la Fundación Telefónica de Madrid), es director digital de AMC Networks . Asegura que las aplicaciones le cambiaron la vida: “El tiempo es lo más importante que tenemos –dice– y las apps nos ayudan a gestionarlo de la forma más optimizada posible”.
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el perfil
Juan Martín Mena, el espía nombrado por el Gobierno para alinear a la Justicia Número dos de la Secretaría de Inteligencia desde el mes pasado, seguirá de cerca las causas que tocan al kirchnerismo Adriana Balaguer PARA LA NACION
D
e joven no le interesaba ser un militante de la política. Pero desde que decidió estudiar derecho penal en la Universidad de Buenos Aires y conoció a Raúl Eugenio Zaffaroni, flamante ex juez de la Corte Suprema, supo que iba a ser un militante de la Justicia. Desde la Secretaría de Inteligencia, ahora será el hombre del Gobierno para incidir sobre los jueces con las herramientas que le da el mundo del espionaje, donde la información es poder. Llegó al Estado en 2001 y el fin del ciclo kirchnerista lo encuentra, 14 años después, como el segundo hombre en importancia de la Secretaría de Inteligencia. Es parte de un movimiento decidido por la presidenta Cristina Kirchner para imponer un control político más firme sobre el organismo. El desafío de su nueva función es alinear a los díscolos funcionarios del Poder Judicial en el fuero federal, que en las últimas semanas movió las principales causas de corrupción que salpican al kirchnerismo. Mena fue puesto en funciones por el nuevo jefe de los espías, Oscar Parrilli, el pasado 19 de diciembre. Será ahora el ejecutor de las políticas del hombre de máxima confianza de Cristina Kirchner. En la jerga de la ex SIDE, Mena se transformó en el Señor 8, número que lo identifica como subsecretario de Inteligencia. No tenía trato personal con el neuquino que desde 2003 acompañó a los Kirchner como secretario general de la Presidencia. Pero referencias internas no le faltaron: su actuación en el Ministerio de Justicia, en donde se desempeñaba simultáneamente como subsecretario de Política Criminal y jefe de Gabinete, le sirvió para que su ascenso fuera impulsado tanto por el viceministro Julián Alvarez, referente político de La Cámpora en el Ministerio, como por su
de la Nación, el ente que se ocupa de atender los derechos de la población penitenciaria y que desde 2003 depende del Poder Legislativo, para que su titular pueda ser una suerte de ombudsman de las cárceles. En 2004 se convirtió en asesor del entonces subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Alejandro Slokar, quien ya era uno de los principales discípulos de Zaffaroni, con quien compartió cátedras y tratados académicos. En 2009 lo reemplazó en el cargo y un año después también se transformó en jefe de Gabinete del Ministerio, cargo que aceptó ad honorem para poder mantener la subsecretaría. En la UBA, Mena integró la cátedra de derecho penal de Slokar, hoy juez de la Cámara de Casación, promotor de la filokirchnerista Justicia Legítima y el más encumbrado magistrado con que cuenta el Gobierno como tropa propia tras la renuncia de Zaffaroni a la Corte. Las visitas de Mena al despacho de Slokar en el primer piso de Tribunales son frecuentes. Su nombramiento en la SI obligará a Mena a poner distancia temporalmente de todo el trabajo que lleva hecho en política criminal. Pero fue conciente de que a los pedidos de Cristina Kirchner no se les puede decir que no. Ante la envergadura de la movida política, el peso del ofrecimiento y las dudas que le suscitaba el cambio a esta altura de la gestión, Mena acudió una vez más a Zaffaroni, quien según revelan amigos en común, lo animó a dar el paso: “Es una gran alegría que Cristina nos renueve la confianza”, le dijo su mentor. En la Casa Rosada quieren desmitificar el cambio. Los designados son “funcionarios políticos, no agentes secretos”. En el kirchnerismo contrarrestan las críticas: “La Secretaría de Inteligencia es un ministerio más que tiene mucho de mito, pero donde no necesariamente todo tiene que ser secreto y estar tapado”, dicen. El nombramiento de Mena fue percibido como una movida en la que había salido favorecida La Cámpora, al punto de asegurarse que fue Julián Alvarez, viceministro de Justicia y una de las cabezas más visibles de esta agrupación, quien le había comunicado telefónicamente a Alak el nuevo destino de su jefe de asesores. Dentro del Ministerio de Justicia, sin embargo, aseguran
jefe directo, el ministro Julio Alak, cada vez con menos poder en su propia cartera. Su rol en en la recopilación y síntesis de proyectos que dieron origen al nuevo Código Procesal Penal, convertido en ley a principios de diciembre, ayudaron a darle un perfil más visible a su tarea. Hasta entonces, era uno de los interlocutores naturales del Poder Ejecutivo con los jueces de Comodoro Py, cuyos pasillos ya caminaba desde mediados de 2013 junto a Franco Picardi, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, y Ernesto Kreplak, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral, y con quienes entraba a los despachos sin golpear la puerta, siempre buscando pasar inadvertidos, llevando mensajes del poder. Por ese entonces le daba reportes directos a Alvarez, aunque cuando detectaban algún movimiento judicial fuera de lo común, sus explicaciones llegaban al despacho de Carlos Zannini, el poderoso secretario Legal y Técnico de la Presidencia. “Siempre entré a Tribunales por la puerta de adelante, eso no tiene por qué cambiar”, le dijo a uno de sus interlocutores habituales en ese ámbito después de enterarse de su nuevo destino. Aunque la última vez que los periodistas lo descubrieron cuando intentó evitar que se declara inconstitucional el pacto secreto con Irán por la AMIA, pidió por faor que se olvidarán de su presencia allí. Ese día fracasó. Entre Slokar y Zaffaroni Nació en Mar del Plata en 1979 bajo el signo de Piscis, y está cerca de cumplir 36 años. Hoy es vecino del barrio de Villa Urquiza y aprovecha su soltería para trabajar full time. Su última declaración jurada revela que es poseedor de varios lotes heredados en su ciudad natal, $ 420.000 en Boden 2015 y una cantidad algo menor en el sistema bancario. En 2001 aceptó entrar como becario a la Procuración Penitenciaria
quién es b Nombre y apellido Juan Martín Mena b Edad 35 años b Carrera Nació en Mar del Plata y estudió Derecho en la UBA, donde conoció a Zaffaroni. En 2004 entró en el Ministerio de Justicia, donde fue subsecretario de Política Criminal y jefe de gabinete. b Ascenso Integró la cátedra de Derecho Penal de Alejandro Slokar, con quien redactó el nuevo Código Procesal Penal. Es el número dos de la Secretaría de Inteligencia desde diciembre.
que Mena internamente nunca se definió como camporista, y que ninguno de sus jefes tuvo sobre él más influencia que el otro. “Mena es el intermediario entre Alak y Alvarez. El que consiguió que existiera comunicación de un lado con el otro”, explica alguien que lo vio en acción junto a ambos funcionarios. La Secretaría de Inteligencia dispuso en 2014 de un presupuesto formal de 689 millones de pesos. Y hay que tener en cuenta que la presidenta Cristina Kirchner ya había convalidado una partida de 431 millones de pesos para la estructura de inteligencia militar que comanda el teniente general César Milani, equivalente a dos tercios de lo que recibió la SI. Entre los activos más valiosos de esta dependencia en tiempos electorales, figuran las carpetas con antecedentes de todos los candidatos a presidentes, sus entornos políticos, y los secretos mejor guardados de aquellos jueces molestos para el oficialismo. Además de la posibilidad de disponer de las herramientas necesarias para intervenir teléfonos y filtrar mails. A la luz de este poder, a pesar de la intención proclamada por el Gobierno de “dar más transparencia a la SI”, nadie sabe todavía quién ganará y quién perderá con el cambio.ß
opInIón
Violencia de género: poco cambia si sólo cambia la ley Natalia Gherardi
—PARA LA NACION—
e
n 2014 se cumplieron 5 años de la aprobación de la ley para la protección integral contra todas las formas de violencia. Un repaso por su grado de implementación muestra los claroscuros de importantes esfuerzos puestos en marcha desde el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales, que todavía no terminan de mostrar sus logros por la falta de producción y difusión de estadísticas oficiales, de mecanismos de monitoreo y de evaluación participativa. La violencia de género es reprobada en forma casi unánime. Pero no todas las formas de violencia, sino sólo las más brutales y obvias. Y sin embargo, son las formas más sutiles las que permiten que la otra siga existiendo. Si el agravio a una mujer
política por parte de un colega pasa desapercibida para el resto de quienes integran esa Cámara (recordarán, tal vez, el “¡Callate, atorranta!”), si los avances en las políticas que se implementan (muchas veces con esfuerzo y compromiso) desde los poderes ejecutivos y judiciales no son destacados con el máximo nivel de relevancia por las autoridades cuando se hace un balance de los logros de gestión, entonces la violencia contra las mujeres no ocupa el lugar que merece en la agenda política. Eliminar la violencia de género requiere cambiar la cultura de una sociedad que todavía ignora las marcas de las violencias invisibles: la humillación, el descrédito de la palabra, la vulnerabilidad económica, la dependencia afectiva. Una sociedad que reserva para las mujeres un papel de subordinación, fragilidad y dependencia. Identificadas en esos roles, las niñas y jóvenes comienzan
a construir sus vínculos a partir de un papel que pareciera serles otorgado socialmente. Si queremos mujeres plenas, capaces de dirigir sus vidas con autonomía y libertad, necesitamos transmitir este mensaje desde todas las formas posibles: la educación temprana, los medios de comunicación, las publicidades, la literatura, la cinematografía, la política. Todas las semanas los medios de comunicación dan cuenta de nuevos episodios de violencia de género. Se trata, en la mayoría de los casos, de hechos de violencia física y sexual contra niñas, mujeres jóvenes o adultas, a manos de parejas, ex parejas u otras personas de sus círculos de confianza. En algunos de estos casos la violencia, como punto final de una realidad cotidiana que las marcó hasta entonces (a veces en silencio, otras veces con pedidos de ayuda desoídos) se cobra la vida de esas niñas o mujeres. Es entonces
que, en ocasiones, pasan a ser casos “paradigmáticos”: los recordamos por el nombre de sus víctimas. Las estadísticas de la ONG La Casa del Encuentro muestran que en Argentina una mujer es asesinada cada 30 horas. Se nombra a estos hechos como femicidios, como forma de denunciar que son las mujeres quienes mueren a manos de parejas y ex parejas o en crímenes signados por la violencia de género. Estas estadísticas, que recogen la información publicada en los medios de comunicación, indican que en 2013 murieron 295 mujeres. Seguramente no es ésta la mejor fuente estadística, pero es la única con la que contamos (a diferencia de Colombia, Perú, España, Chile, Honduras, Uruguay, que son sólo algunos de los países que cuentan con estadísticas oficiales de femicidios, como se puede ver en el Observatorio de Igualdad de Género de Cepal). Si comparamos con el caso de Es-
paña, un país con una población similar a la de Argentina, la cifra de las casi 300 muertes anuales a nivel local se torna aún más dramática: en España fueron 54 las mujeres que perdieron la vida a manos de parejas o ex parejas en 2013, un número elevado pero decreciente desde la implementación de las políticas contra la violencia que se impulsaron hace una década e inspiraron a otros países. De todos modos, de la mano de una tendencia regional hacia el tratamiento de esta violencia como una violación de derechos humanos, el marco legal en Argentina se fue perfeccionando y con él se mejoraron las herramientas judiciales para responder a los pedidos de protección de las víctimas. Así, se comenzó a trabajar en la capacitación de quienes deben aplicar las leyes y garantizar la protección de las mujeres: distintos actores dentro del Poder Judicial, las Defensorías y Fiscalías
han tomado un rol protagónico aunque sea un trabajo que todavía tiene mucho camino por andar. El monitoreo del trabajo que se hace desde la Justicia permite evaluar críticamente los avances, señalar las deficiencias e identificar la falta de coordinación dentro del Poder Judicial y de éste con el Poder Ejecutivo en políticas públicas de salud, contención emocional, subsidios económicos, políticas de vivienda, empleo y cuidado, que todavía son insuficientes, desarticuladas y poco difundidas. De cara al año electoral, un buen ejercicio sería que candidatas y candidatos planteen públicamente cuál es su plan nacional para la erradicación de la violencia de género.ß Abogada, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), autora del informe Claroscuros en las políticas contra la violencia de género