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POLITICA

I

Lunes 19 de julio de 2010

LAS CUENTAS DEL ESTADO s POLEMICA ENTRE DOS ORGANISMOS DE CONTROL

Chocan por auditorías al Gobierno Continuación de la Pág. 1, Col. 4 formes de control de la Sigen al Gobierno se hace “cumpliendo con las normas de seguridad exigibles”. La escalada de cruces entre la AGN y la Sigen llegó tan lejos que, el jueves pasado, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso –encargada de aprobar los informes de Auditoría– recomendó a Despouy a recurrir a la Justicia. “Estamos ante un hecho de mucha gravedad que si no se soluciona en lo inmediato, el Congreso cree que la Justicia debe intervenir”, dijo a LA NACION el presidente de esa comisión bicameral, el radical Heriberto Martínez Oddone. En mayo último, la Sigen decidió retirar de su página de Internet la publicación de todos los informes de control del Poder Ejecutivo. Esto generó una ola de quejas no sólo de la oposición, sino también de varias ONG que pidieron transparentar los mecanismos de control del Estado. No conforme con ello, Reposo se negó a entregarle a la AGN los informes de auditoría interna que se realizan en todos los ministerios para evaluar su funcionamiento. La decisión de la Sigen generó fuertes críticas en la Auditoría y, el miércoles último, todos los síndicos de la AGN acordaron elevar una nueva carta a la Sigen para exigirle que entregara “en forma urgente” la información requerida.

Malestar “El hecho grave e inusual de que un órgano de control no pueda acceder a los informes de control del Gobierno atenta directamente contra el sistema republicano”, expresó a LA NACION el auditor Horacio Pernasetti. Al entender de este síndico que representa al radicalismo en la AGN, la situación va más allá de un simple retaceo de información: se pone en riesgo el funcionamiento de los sistemas de control. ¿Por qué? “Simplemente, porque si no sabemos qué irregularidades detectó la Sigen en cuanto a la gestión del Gobierno no sabremos nunca por dónde comenzar a encarar una auditoría desde la AGN y tampoco sabremos el estado real de cada ministerio”, respondió Alejandro Nieva, otro de los auditores radicales de la AGN. El tema desató un fuerte debate el miércoles pasado en la reunión del colegio de auditores de la AGN. Según pudo saber LA NACION, la decisión de la Sigen originó una discusión abierta entre los auditores peronistas Vicente Brusca y Oscar Lamberto. Mientras que este último defendió la idea general de la AGN de exigirle a Reposo que facilite todos los expedientes de la Sigen; Brusca

defendió la idea de mantener la salvaguardia de la protección de datos personales. El debate se cerró cuando Despouy puso a consideración la idea de elevar una nueva nota de la AGN para reclamar a la Sigen el envió de la totalidad de los 300 expedientes de control que emitió en 2009. Ahora tendrá la palabra Reposo. Ante una consulta de LA NACION, el presidente de la Sigen dijo que ya había empezado a enviar algunos informes al auditor kirchnerista Vicente Brusca. Pero Reposo no dio detalles de cuáles eran esos informes y tampoco aclaró por qué no se los había remitido al resto de los seis integrantes de la AGN. Para el jefe de la Sigen, se debería crear un banco de datos con los expedientes de todos los organismos de control y esto debería estar bajo la supervisión conjunta de la Jefatura de Gabinete. En rigor, la carta que ahora enviará la AGN a la Sigen fue el desenlace de un intercambio de misivas que comenzó el 23 de marzo último. Ese día, la Auditoría solicitó a la Sigen que remitiera todos los informes de control realizados al Gobierno durante 2009 para incorporar en una base de datos y poder ejecutar “el desarrollo de las funciones asignadas”. El 27 de abril, Reposo contestó a la AGN en la nota 1779/2010 que por una resolución suscripta entre la Sigen y la AGN publicada en el Boletín Oficial en febrero de 2010 la Jefatura de Gabinete debía hacer un seguimiento de todo requerimiento de información. Luego, se reunieron todos los auditores y coincidieron en que aquella respuesta era “insatisfactoria” porque la firma de un convenio con la Jefatura de Gabinete “no exonera a la Sigen de entregar oportuna e íntegramente la información solicitada”. Finalmente, la Sigen envió una carta a la AGN el 1° de julio pasado en la que mantuvo su postura, al argumentar “el respeto de los principios de protección de datos personales”, aunque remitió un archivo magnético con sólo 14 informes de control al Gobierno de 2008. Entre esos informes que remitió Reposo figuraban auditorías realizadas en 2008 al Instituto Geográfico Nacional, a la Comisión de Actividades Espaciales, a la Caja de Jubilaciones de la Policía, un control interno a las universidades del Litoral, de Cuyo y de Córdoba, a la Hidroeléctrica Piedra del Aguila y un informe del Correo Central. Pero en ninguno de estos casos la Sigen remitió datos de las 300 auditorías a ministerios o a la misma Presidencia como se requirió. Para conocer esto, la AGN deberá esperar un tiempo o dirigirse a la Justicia.

Los contralores

    

  

LEANDRO DESPOUY PRESIDENTE DE LA AUDITORIA GENERAL

integrantes. La AGN cuenta ➽ Los con siete miembros. Por mandato constitucional, el presidente debe ser de la oposición de turno. Hoy, la mayoría de los auditores responde al Gobierno. funciones. La AGN depende ➽ Las del Congreso. Sus miembros son nombrados por el Parlamento y sus informes los revisa la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. informes. Para auditar las ➽ Los diferentes reparticiones del 



La oposición quiere darle más poder y peso a la AGN

Estado, la AGN sostiene que debe contar con los informes de la Sigen. La AGN investiga las cuentas públicas con un año posterior al ejercicio contable. Hay intenciones de auditar en tiempo en casos excepcionales.

En Diputados se elaboró un proyecto para hacer una profunda reforma La polémica que se desató entre la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sigen por el retaceo de este organismo de control de brindar información alertó a diputados y senadores de la oposición sobre la necesidad de avanzar en lo inmediato en un proyecto de ley que promueve una profunda reforma en la AGN. De hecho, en la reunión del jueves pasado la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso recomendó a la AGN a recurrir a la Justicia en el caso de que la Sigen mantenga el freno para dar información. No obstante, antes de esta polémica, varios diputados de la oposición venían evaluando la necesidad de reformular la AGN para darle mayor jerarquía y poder. En rigor, un amplio grupo de diputados de la oposición ya acordó la redacción de un proyecto de ley tendiente a hacer fuertes cambios en la Auditoría, que depende del Congreso y sus informes se aprueban en el recinto de ambas cámaras.

Entre las modificaciones, está previsto darle mayor jerarquía y peso político a un órgano de control, que por la Constitución siempre debe estar presidido por un referente de la oposición de turno. La iniciativa de la oposición empezará a ser discutida tras el receso invernal en el Congreso y prevé, entre otros, los siguientes cambios: LSe autorizan auditorías especiales fuera del plan anual a solicitud del presidente de la AGN cuando razones de gravedad lo ameriten. LLas auditorías se harán en todo sector del Estado en el que haya una aplicación de fondos públicos. LEn ciertos casos, la AGN podrá ejercer el control en las entidades públicas no estatales o privadas. L Podrá solicitar a la Justicia la realización de allanamientos y el secuestro de documentación. L Los auditores generales durarán cuatro años en sus funciones y no pueden ser reelegidos. Actualmente, duran seis años y este tema genera

una fuerte polémica por la situación de los actuales auditores en el caso de que se apruebe esta reforma. L La AGN podrá exigir la colaboración de todas las entidades del sector público y privado, que estarán obligadas a suministrar los datos. LSe prevé que la Auditoría solicite judicialmente el acceso a la documentación o información que no le sean provistas por los organismos públicos. Este sería el caso de la Sigen, por ejemplo. La iniciativa se elaboró con el visto bueno de la Asociación de Personal de Organismos de Control y fue presentada por el diputado Federico Pinedo (Pro) junto con Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Margarita Stolbizer (GEN), Patricia Bullrich (Coalición Cívica), Graciela Camaño (PJ), los radicales Silvana Giudici y Rubén Lanzetta; Adrián Pérez (Coalición Cívica) y Francisco de Narváez (Peronismo Federal). A éstos se les sumaría la firma de Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur).

DANIEL REPOSO PRESIDENTE DE LA SIGEN

integrantes. La Sindicatura ➽ Los General de la Nación está presidida por un síndico dispuesto por decreto presidencial. Hay un síndico adjunto y un síndico designado en cada uno de los ministerios y dependencias del Poder Ejecutivo. informes. Los informes de la ➽ Los Sigen ponen en conocimiento del presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime que puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público. La Sigen audita ➽ Coordinación. todos los ministerios en tiempo; supervisa el adecuado funcionamiento del sistema de control interno y facilita el desarrollo de las actividades de la Auditoría General de la Nación.

LOS FONDOS DE LOS JUBILADOS

Ampliaron las denuncias en el caso de estafas a la Anses La abogada de un jubilado acusó a los jueces de tener miedo de fallar HUGO ALCONADA MON LA NACION El escándalo que sacude al fuero de la Seguridad Social desató ayer nuevas polémicas. En medio de las acusaciones cruzadas sobre arreglos “espurios” entre abogados privados y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), jueces y secretarios, con perjuicios multimillonarios para las arcas del Estado, la abogada que encendió la mecha defendió su actuación y afirmó que se busca perjudicar a los jubilados. “Mis clientes, al igual que muchos otros, se están muriendo, y sólo reclaman lo que les corresponde”, lamentó Mónica Bibbo. “Los jueces tienen miedo de pagarles lo que les corresponde y que la Anses no les reconoce”, afirmó ayer, en diálogo con LA NACION. Bibbo centró sus críticas en Alberto Ize, el juez del fuero que protagonizó con ella y su cliente, un jubilado de entonces 85 años, una durísima discusión en Tribunales a fines del año pasado, tras la cual tanto la abogada como el magistrado radicaron denuncias recíprocas ante la cámara del fuero y la justicia penal. Tanto Ize como uno de los secretarios de su juzgado, Emmanuel Catardo, coincidieron en que el cliente de Bibbo, enfurecido por el nuevo e inesperado obstáculo planteado para cobrar un giro de casi $ 2 millones a la Anses, desafió al juez y le preguntó “¿Cuánto hay que poner para cobrar?”, algo que la letrada pidió contextualizar. “Fue un exabrupto de una persona que ahora tiene 86 años, una persona grande que sólo reclama que se cumpla con la sentencia que se dictó a su favor en septiembre de 1985, pero que sigue sin cumplirse y, ahora, en vez de resolver los jueces lo que

tienen que resolver, caen justos por pecadores”, dijo Bibbo. Tras esa reunión y las denuncias que siguieron, se desencadenó una serie de medidas que incluyeron la renuncia de Ize a la subrogancia del Juzgado Nº 3 (aunque continúa al frente del suyo, el Nº 9 del fuero); la intervención del Consejo de la Magistratura; de la justicia penal, y de los auditores de la Corte Suprema, que redactaron un informe contundente que ayer reveló LA NACION. A lo largo de once carillas, expusieron supuestas “maniobras” e “irregularidades” detectadas en el Juzgado Nº 3 para inflar las deudas de la Anses en numerosos reclamos de actualización de haberes o cobrarlos

El presidente de la Corte Suprema ordenó el desplazamiento de dos secretarios de un juzgado más rápido, juicios que en muchos casos incluían “embargos superiores a 1.000.000 de pesos”. Con las conclusiones de la auditoría en sus manos, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ordenó el desplazamiento inmediato de los dos secretarios del Juzgado, Catardo y Fernando Mora, a su vez marido de Bibbo y enfrentado con Ize.

Desplazamiento El desplazamiento de Mora se apoyó en los testimonios de cuatro empleados de su secretaría que remarcaron el tratamiento “preferencial” que se dio a los expedientes de Bibbo, aun cuando su esposo se

excusó de intervenir en sus casos judiciales. Mora no respondió las llamadas de LA NACION, pero Bibbo defendió el proceder de ambos. “Si hay algo que investigar en el fuero, que se investigue, nos están ensuciando de manera injusta”, dijo. “He actuado como corresponde y me han humillado, mientras que a mi marido lo separaron injustamente, como a un perro”, se lamentó. El desplazamiento del otro secretario del Juzgado Nº 3, Catardo, respondió a otras denuncias por presuntas irregularidades que, en simultáneo con lo de Ize y Bibbo, presentaron otra abogada particular y letrados de la Anses en la cámara del fuero, el consejo y la justicia penal. Esas sospechas, sin embargo, registraron un giro inesperado cuando Catardo, además de defenderse, pasó a la ofensiva. Denunció “pactos espurios” de los letrados de la Anses con algunos abogados. Así, expuso, mientras algunos juicios demoran años o incluso décadas, otros se resuelven y cobran en cuestión de meses. Una nueva versión de la “industria del juicio” que se ejecutaría en varios juzgados y que también abarcaría, según Catardo, por lo menos dos Salas –la I y la II– de la Cámara Federal del fuero previsional. La abogada Bibbo también marcó lo que considera las diferentes velocidades que se les dan a los expedientes previsionales, aunque sólo se centró en el caso de su cliente y en lo que consideró un beneficio evidente para la Anses, para facilitarle que no pague sus deudas. “Los recursos planteados por la demandada [por la Anses] son tratados con una celeridad que es inexistente en el fuero de la Seguridad Social”, acusó.