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Seminario Permanente sobre Realidad Nacional. XXIV Sesión Anual 2008

Asociación de Investigación y Estudios Sociales Seminario Permanente sobre Realidad Nacional. XXIV Sesión anual (2008, Guatemala). Memoria general. Desafíos actuales de la justicia penal. Proceso de fortalecimiento del sistema de justicia: avances y debilidades, julio 2006-octubre 2008. Quinto estudio (edición revisada). - - - Guatemala, 2009. 346 p. 21 cm. Contiene: 1. Foro público.

2. Anexo: [Quinto estudio citado].

ISBN 99939-61-37-X 1. SISTEMA JUDICIAL.- 2. ORGANISMO JUDICIAL.- 3. INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL.- 4. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES.- 5. INACIF.6. MINISTERIO PÚBLICO.- 7. MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.- 8. POLICÍA NACIONAL CIVIL.- 9. SISTEMA PENITENCIARIO.- 10. CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD.11. COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD.- 12. CICIG.- 13. RELACIONES ENTRE INSTITUCIONES.- 14. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.- 15. ENSEÑANZA SUPERIOR.- 16. DERECHO.- 17. GUATEMALA.

EDITOR Asociación de Investigación y Estudios Sociales Apdo. Postal 1005– A Tel: 22322002, 23347178/9, 23310814. Fax: 23602259 www.asies.org.gt [email protected] Ciudad de Guatemala Guatemala, C.A. DIRECCIÓN Irma Raquel Zelaya Arnoldo Kuestermann Carlos Escobar Armas © 2009 Esta publicación es posible gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer de la República Federal de Alemania

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Asociación de Investigación y Estudios Sociales

SEMINARIO PERMANENTE SOBRE REALIDAD NACIONAL Memoria General XXIV Sesión Anual 2 de diciembre 2008

Desafíos actuales de la justicia penal

Proceso de fortalecimiento del sistema de justicia: avances y debilidades julio 2006 - octubre 2008 Quinto estudio Edición revisada Ciudad de Guatemala, Centroamérica Con el apoyo de

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Contenido Foro Público 2 de diciembre de 2008

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Inauguración Lic. Lizardo Sosa Presidente de la Junta Directiva de ASIES

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Presentación Desafíos actuales de la justicia penal. Quinto estudio. Proceso de fortalecimiento del sistema de justicia: avances y debilidades, julio 2006 – octubre 2008

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Lic. Cynthia Fernández Consultora del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ASIES

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Comentarios Sra. Adela de Torrebiarte Ministra de Gobernación (marzo 2007 – enero 2008)

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Lic. Hugo Maúl Figueroa Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (octubre 1999 – octubre 2004

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Clausura Lic. Carlos Escobar Armas Asesor de la Junta Directiva de ASIES

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Anexo Desafíos actuales de la justicia penal. Quinto estudio. Proceso de fortalecimiento del sistema de justicia: avances y debilidades, julio 2006 – octubre 2008

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Foro Público

Licenciada Lorena Escobar, presentadora: En nombre de la Asociación de Estudios Sociales (ASIES) les doy una cordial bienvenida al Foro Público de la XXIV Sesión del Seminario Permanente sobre Realidad Nacional. A continuación el Licenciado Lizardo Sosa, Presidente de la Junta Directiva, dirigirá unas palabras. Inauguración Licenciado Lizardo Sosa: En primer lugar, en mi calidad de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (ASIES), expreso a todos ustedes la más cordial bienvenida y nuestra satisfacción por su presencia en este Foro Público del XXIV Seminario Permanente de Realidad Nacional, dedicado a la investigación y estudio de los problemas nacionales, y a la elaboración de propuestas para su tratamiento, actividad que se realiza juntamente con el Seminario Permanente de Partidos Políticos, dedicado éste a la investigación y estudio del desempeño de los partidos políticos guatemaltecos, con el propósito de contribuir al proceso, mejoramiento y consolidación del papel que al sector político le corresponde en el desarrollo del país. Al respecto de este último seminario sobre los partidos políticos, cabe mencionar que el recién pasado veintisiete de noviembre se llevó a cabo la XXIV sesión anual del foro público sobre el rol de 7

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los partidos políticos, donde se presentó un trabajo de investigación sobre la reforma a la ley electoral y el desarrollo institucional de los partidos políticos, tan importantes para la profundización del sistema democrático y por ende, para nuestro desarrollo político, económico y social. Retomando lo relativo al Seminario Permanente sobre la Realidad Nacional que hoy arriba a su XXIV edición, permítaseme recordar que hace exactamente un año, con ocasión del Foro Público XXIII, se presentó la propuesta de agenda 2008-2011 concebida por nuestra Asociación para contribuir a delimitar las acciones básicas de transformación requeridas en el país, con el claro propósito de propiciar el desarrollo humano intergeneracional en el marco de una sociedad democrática e intercultural, cuyo centro es la persona humana. En esta agenda, de manera reiterada, se persigue incluir como unos de los ámbitos fundamentales del quehacer nacional, el relativo al establecimiento del Estado de derecho y al fortalecimiento del sistema de justicia. Es precisamente que con el objeto de proponer soluciones basadas en la realidad nacional en este campo, ASIES, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer ha incluido en su plan de trabajo desde el año 2000 la investigación y estudio periódico de los avances y las debilidades en el proceso de fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala. El Foro Público del Seminario Permanente que me cabe el honor de inaugurar hoy, ha sido convocado para presentar el quinto estudio sobre los principales avances y debilidades en el desempeño del referido sistema de justicia, que este año se concretó especialmente al estudio del desempeño de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal en el período comprendido desde julio 2006 a octubre 2008.

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En consecuencia, el análisis institucional se centró en el Organismo Judicial, Instituto de Defensa Pública Penal, Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Ministerio de Gobernación que incluye a la Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario. Se hizo también una aproximación al funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad, la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, la Comisión Nacional de Seguimiento y Apoyo a la Reforma de la Justicia y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, denominada CICIG.Asimismo, en el estudio mereció consideración especial la enseñanza del Derecho en las respectivas facultades universitarias que tienen a su cargo la formación de quienes serán profesionales que ética y deontológicamente están llamados a formar parte de la administración de justicia en Guatemala. Cabe resaltar que, la investigación se basó en el análisis de la información documental y electrónica generada por las instituciones objeto de estudio y de su funcionamiento, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos; e incluyó a las entidades nacionales e internacionales vinculadas al sistema de justicia así como a las académicas y de investigación; se complementó con entrevistas personales y experiencias derivadas de estudios e informes anteriores realizados por nuestra Asociación. También es necesario destacar, que desde el año 2000, los estudios realizados han tenido como marco de referencia al Acuerdo sobre Fortalecimiento de Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, en el que se establece como una prioridad la reforma de la administración de justicia, a fin de que el proceso judicial constituya el instrumento para realizar el derecho esencial de las personas a la justicia. Asimismo, contiene las recomendaciones de la Comisión de Fortalecimiento de Justicia establecidas en el informe final denominado Una Nueva Justicia para la Paz, y el conjunto de recomendaciones presentadas por el relator especial de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados en los años 1999 y 2001, luego de sus visitas a Guatemala. 9

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Desde el año 2000, los estudios de ASIES han sido contestes en establecer que el proceso de fortalecimiento del sistema de justicia ha avanzado sólo en forma parcial y que las debilidades en su desempeño se reflejan en la falta de coordinación práctica y eficiente entre las instituciones del sistema, en las incesantes prácticas de amenazas, intimidación y atentados en contra de sus funcionarios y servidores públicos y en los fenómenos sistemáticos de la impunidad cuando no de la corrupción activa y pasiva. En buen número de las instituciones del sistema, se registran progresos de la infraestructura física e informática; sin embargo, éstos se han concretado en forma desigual en cuanto a los temas de excelencia y fortalecimiento profesional de los funcionarios y servidores públicos, y de implementación y fortalecimiento de las diversas medidas para mejorar al acceso de justicia por parte de los pueblos indígenas y sectores vulnerables. El proceso de fortalecimiento de la justicia con sus avances y debilidades, evidenciado durante los últimos cuatro estudios, aparece interrumpido en este quinto estudio por una realidad que supera y está minando los esfuerzos por alcanzar una transformación integral y progresiva orientada a cumplir un servicio eficiente y eficaz de resolución de conflictos. Con preocupación debo señalar que durante los últimos tres años, en el desarrollo de la función pública guatemalteca se ha percibido claramente la influencia de las acciones del crimen organizado y del narcotráfico que unidas a la debilitada institucionalidad del sistema de justicia y seguridad han permitido que los niveles de criminalidad, de violencia y de impunidad prevalezcan sobre cualquier esfuerzo de control y reducción. De esta realidad que cabe traer a cuenta, el Estado de Guatemala integrado por los organismos que ejercen el poder público se ha configurado para cumplir con su deber de garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, entre otros tantos derechos, y como se expresa en el Artículo 2 de nuestra Constitución Política. 10

Para ello, la sociedad guatemalteca a través del Estado está urgida de implementar por todos los medios de los cuales dispone, su irrestricto apoyo a las instituciones que forman el sistema de justicia y seguridad, favoreciendo la ejecución coordinada de sus acciones. Sólo así se fortalecerá el acceso a la justicia en todos los ámbitos del país. Es fundamental para el éxito de este esfuerzo aprovechar las instancias construidas para dar cumplimiento a cada uno de los componentes del proceso integral de fortalecimiento de justicia, tales como la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia a la que se encuentran convocados los mas altos funcionarios de los Organismos Judicial y Ejecutivo en materia de seguridad e investigación criminal, conjuntamente con el Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública Penal a la que debe agregarse con urgencia el correspondiente apoyo legislativo. Quedará así conformada una plataforma que establezca y desarrolle políticas públicas en materia de justicia, directamente vinculadas con las políticas de seguridad tanto preventiva como reactiva. Para alcanzar estos objetivos y consciente de lo anterior, ASIES recomienda como fundamental la decidida participación de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia y del Consejo Nacional de Seguridad, constituidos a partir de la vigencia de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad contenida en el Decreto 18-2008 del Congreso de la República. Concluyo expresando nuestra esperanza de que este estudio contribuya con los esfuerzos por lograr un sistema de justicia penal que responda adecuadamente a los retos que la sociedad guatemalteca afronta, en términos de lograr instituciones fortalecidas y respetadas que sean referentes de idoneidad y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones.

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Agradezco a los distinguidos comentaristas: señora Adela de Torrebiarte y licenciado Hugo Maúl Figueroa, por habernos honrado con su participación y finalmente agradezco a todos ustedes su presencia. Presentación del quinto estudio Licenciada Cynthia Sulema Fernández Roca Buenas tardes miembros de la mesa principal, invitados especiales, señoras y señores que nos acompañan. A continuación voy a presentar los principales resultados de este estudio, que como ya mencionó el Licenciado Lizardo Sosa, pretende identificar los avances y debilidades del sistema de justicia penal, sin que ello signifique dejar de mencionar aspectos que corresponden al sistema de justicia en su totalidad. Inicialmente el estudio fue planificado para el período comprendido del mes de julio 2006 a junio de 2008; sin embargo, por la importancia de los hechos ocurridos en los últimos cuatro meses, contiene información, en algunos casos, hasta el mes de octubre de 2008. Tal como aparece en el estudio, presentaré en forma resumida los resultados y conclusiones sobresalientes, así como las recomendaciones correspondientes a cada una de las instituciones objeto de estudio y de las demás instituciones analizadas, que influyen en el funcionamiento del sistema de justicia penal en el orden que ustedes pueden apreciar en la diapositiva. Les ruego especial atención en la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (ICMSJ) que ha agrupado a las instituciones del sistema, con excepción de INACIF; y en la Comisión Nacional de Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, puesto que me referiré a ambas como: “la Instancia” y “la Comisión”.

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Las cinco instituciones objeto de estudio, fueron analizadas conforme los siguientes ejes temáticos: a. contexto institucional; b. atención institucional; c. excelencia profesional; y d. aspectos presupuestarios. Iniciamos entonces con el Organismo Judicial (OJ). Durante el período de estudio, el OJ junto con las demás instituciones del sistema de justicia enfrentó un aumento considerable en los índices de criminalidad y violencia. En el contexto institucional y en todas las áreas que conforman la administración de justicia, destaca de manera positiva el hecho que los programas y proyectos ejecutados en el marco del Plan de Modernización establecido desde el año 1997, a través de la Unidad de Modernización, fueron asumidos con los recursos ordinarios del OJ; y que durante la actual magistratura de la Corte Suprema de Justica (CSJ) continuó conformada la Comisión de Modernización, luego de concluir el apoyo financiero internacional proveniente de los préstamos del BM y del BID, al final del año 2006. Cabe mencionar además, que en este período se habría de ejecutar el Plan Quinquenal 2006-2010, elaborado al inicio del año 2006, fundamentado en los siguientes ejes temáticos: a. acceso a la justicia; b. agilización de procesos; c. derecho consuetudinario; d. excelencia profesional; y e. modernización; mismos que fueron analizados en este estudio. No obstante estos aspectos positivos, la actual magistratura ha generado una problemática en relación a la elección de presidente de la CSJ; debido a que en dos ocasiones durante el período de estudio no ha sido electo en el plazo legal correspondiente, ha proyectado una imagen desfavorable hacia el sistema de administración de justicia en general, afectando también la estructura de la Cámara Penal. Ante esta situación, recomendamos dictar los acuerdos que establezcan los procedimientos a seguir por el pleno de la CSJ a fin de que el Presidente tome posesión de su cargo en la fecha que señala la Constitución Política de la República. 13

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Asimismo, se estableció que los casos de violencia e intimidación en contra de los operadores de justicia experimentaron un rebrote en los años 2007 y 2008; tal situación afecta directamente la labor jurisdiccional. Ante los hechos, la CSJ no ha brindado la protección y seguridad requerida por los jueces y magistrados, por lo que es recomendable que la CSJ por medio de su Departamento de Seguridad, dé prioridad a las solicitudes de protección y apoyo institucional solicitado. Siempre en el contexto institucional y refiriéndome al área penal, resulta positiva la existencia del Plan Estratégico Sectorial para la Transformación del Sector de Justicia Penal 2006-2010 aprobado a finales del 2006 por las autoridades que conforman la Instancia; sin embargo, este plan sectorial no ha podido ejecutarse en forma adecuada. Otro aspecto relevante respecto de la existencia del Plan, es que en julio del 2008 se constituyó la Mesa Sectorial de Justicia y Seguridad, conformada por las mismas instituciones que agrupa la Instancia, coordinada en su primer período por el Organismo Judicial. Esta mesa constituye un espacio de encuentro entre las instituciones del sector y los cooperantes internacionales a través del Grupo G13, lo que permite esperar que algunos proyectos del Plan sean cubiertos con dicha cooperación. Asimismo, con el objeto de impulsar la labor de la mesa sectorial, al cierre del período de estudio se proponía incorporar al Plan, además del aspecto de justicia, el tema de seguridad; este hecho se evalúa positivamente y se apoya. No obstante lo anterior, se sugiere que los espacios de encuentro y trabajo en el que se reúnen las instituciones que conforman el sistema, no se utilicen sólo para obtener cooperación, más bien se constituyan en un medio de solución de los problemas, en donde la CSJ a través de su Presidente, interactúe en un plano de coordinación y no en un plano de jerarquía respecto de las demás instituciones.

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De igual forma se recomienda que el referido Plan sea fortalecido con el componente de seguridad preventiva a fin de incidir en la disminución de los niveles de conflictividad y violencia. Refiriéndome a la atención institucional, el número de juzgados y tribunales penales que atienden con exclusividad el área penal no varió en los últimos tres años; la mayoría se encuentra ubicada en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango. Además de la falta de cobertura, al año 2008, de 128 juzgados y tribunales penales, sólo 39 cuentan con el sistema informático de gestión de tribunales. Por otra parte, las sedes de los órganos jurisdiccionales se encuentran en condiciones deficientes; el usuario debe enfrentarse día a día, con la experiencia desagradable de acudir a los diferentes juzgados y tribunales con características inadecuadas que dificultan una atención digna: áreas pequeñas, descuidadas, desordenadas, sin iluminación ni ventilación, entre otras deficiencias. En cuanto al número de jueces disponibles en el ramo penal, tanto de titulares como de suplentes, no presenta variación considerable desde el año 2006. Además del número de jueces disponibles, se identificó la siguiente problemática en la calidad del servicio: falta de cumplimiento de los horarios de labores; suspensión de las audiencias de debate en reiteradas ocasiones; sistema de vacaciones que año con año retrasa la administración de justicia; falta de prestación del servicio en casos de ausencias (enfermedad, vacaciones, capacitaciones, atención de asuntos personales); incumplimiento de los horarios de atención; casos de solicitud de sumas de dinero a cambio de no registrar las denuncias; falta de deducción de responsabilidades civiles y penales como resultado de la aplicación del sistema de sanción disciplinaria.

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Similar situación se presenta con el personal auxiliar judicial, que comprende secretarios, oficiales, notificadotes y comisarios. Respecto de la tasa de resolución de los órganos jurisdiccionales penales, no ha variado desde el año 2006, como pueden apreciarlo en la diapositiva. A pesar del bajo nivel de resolución, destaca positivamente que con el Sistema Informático de Gestión de Tribunales, se terminó de implementar la utilización del número único de expediente, que identifica el proceso con un mismo número desde que se recibe en el Centro Administrativo de Gestión Penal y en todos los órganos jurisdiccionales que lo conozcan. Se implementó además, por medio del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ) un mejor sistema de estadísticas judiciales, que para el caso del ramo penal produce el Boletín Estadístico, cuya última versión corresponde al año 2006. Asimismo, como parte de las acciones orientadas a mejorar la eficacia y eficiencia de la justicia, en aplicación del Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales y los principios de oralidad, publicidad e inmediación, destacan la creación de los juzgados penales de turno en el departamento de Guatemala – ciudad de Guatemala,Villa Nueva y Mixco–; y la experiencia del modelo de gestión por audiencias en la región occidental del país, con el que los resultados en la reducción de plazos han sido positivos; sin embargo, este modelo aún no funciona en la mayoría de los órganos jurisdiccionales penales del país. En ese sentido, se recomienda que la gestión del despacho judicial sea una prioridad para la CSJ; además es urgente tomar todas las medidas para superar las debilidades que inciden en el ejercicio de la justicia pronta y cumplida, tales como:

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a. Asignar los recursos correspondientes que permitan ampliar el modelo de gestión por audiencias y los servicios de turno a todos los juzgados y tribunales penales de la República, a manera de trascender la experiencia piloto. b. Fortalecer y ejercer control sobre el funcionamiento del Centro Administrativo de Gestión Penal, toda vez que existe la percepción que su funcionamiento burocrático aún no se supera después de casi diez años de creación. c. Reactivar la iniciativa de elaborar e implementar un programa para reducir la demora judicial, planificado desde el año 2006. Siempre en el tema de atención institucional, dado que el acceso de los pueblos indígenas al sistema de justicia en el OJ no ha sido prioridad, no se ejecutaron las acciones contempladas en el eje de derecho consuetudinario establecido por la actual magistratura de la CSJ en el Plan quinquenal; el número de personal jurisdiccional bilingüe maya no ha variado en tres años; el número de los intérpretes no cubre todos los municipios con mayoría de población mayahablante; los juzgados de paz comunitarios no han sido fortalecidos a fin de superar las deficiencias establecidas en evaluaciones de funcionamiento; y los estudios de ASIES y la Oficina del Alto Comisionado, así como el de la DEMI, evidencian una creciente problemática de la población indígena y su acceso al sistema de justicia oficial. En atención a lo anterior, se recomienda que a iniciativa de la CSJ y en el espacio de coordinación interinstitucional generado por la Instancia, se implemente un Plan Sectorial de Acceso a la Justicia, que previa consulta con los pueblos indígenas, incorpore entre otras, las recomendaciones establecidas en los estudios referidos. En lo que respecta a la excelencias profesional, si bien es cierto, desde el año 2005 se elaboró un proyecto de reformas a la Ley de la Carrera Judicial y de su reglamento, como parte de un proceso participativo convocado por el Consejo de la Carrera Judicial, la

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CSJ aún no ha resuelto presentarlo al Congreso de la República, por lo que persisten las deficiencias que ya han sido puntualizadas, dentro de las cuales preocupa sobremanera lo relativo a las normas de evaluación de desempeño profesional. Ante esta situación, es necesario que la actual magistratura de la CSJ adopte las resoluciones correspondientes para que antes de finalizar su período de funciones, presente al Congreso de la República el proyecto de reformas referido. En lo que respecta a la Unidad de Capacitación Institucional del OJ por medio de la Escuela de Estudios Judiciales, si bien es cierto ejecutó nuevas acciones en el proceso de formación inicial de los aspirantes al sistema de carrera judicial por medio del Programa de Educación a Distancia, ésta todavía muestra deficiencias que no permiten su funcionamiento eficaz. En tal sentido, se recomienda que el Consejo de la Carrera Judicial proponga a la CSJ el reglamento de organización y funcionamiento de la UCI, que se ha postergado por ocho años; asimismo que se promueva la evaluación externa del Programa de Educación a Distancia para determinar el cumplimiento eficaz de sus objetivos. Finalmente en lo que respecta al OJ, tomando en cuenta que los procesos de postulación para magistrados de la CSJ y magistrados de la Corte de Apelaciones para el período 2009-2014, se realizarán el próximo año y que las respectivas comisiones de postulación están integradas por académicos del Derecho, se exhorta a facultades de Derecho para que promuevan un proceso público dedicado a reflexionar respecto de la función que deben desempeñar quienes forman parte de las comisiones postulación, y de los procedimientos que aseguren la propuesta de los candidatos, en forma ética, transparente, objetiva y no partidaria.

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Se recomienda además que la Universidad de San Carlos de Guatemala en uso de su iniciativa de ley, haga suya la propuesta de Ley de Comisiones de Postulación, formulada por las organizaciones que integran el Foro Guatemala, con el propósito de regular el funcionamiento de las mismas de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República. En lo que concierne al contexto institucional del Ministerio Público (MP), los avances se identifican en el plano del mejoramiento de la infraestructura física, el desarrollo del Sistema Informático de la Gestión de Casos del MP (SICOMP); la implementación, en su primera fase, del Programa de Apoyo Integral a la Víctima de Delitos por Violencia Intrafamiliar; y la presencia institucional en los Juzgados de turno de la ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva. Sin embargo, durante el período de estudio la institución ha sido señalada por presentar deficiencias en el ejercicio de la función directora de la investigación criminal y de la persecución penal. En efecto, por más de seis años permanece igual el número de fiscalías distritales, municipales y de sección; y por ende tampoco ha aumentado el personal a cargo de la persecución y la investigación criminal; asimismo la calidad del servicio y del personal que presta sus servicios en el MP aún es cuestionada. El acceso de los pueblos indígenas a la justicia oficial no ha sido prioridad para el MP; desde el año 2003 en que se cubrieron 17 plazas para intérpretes en idiomas indígenas, la cifra aumentó tan sólo en 2 plazas más; sin embargo, estas nuevas plazas todavía no han sido cubiertas. Al respecto, es preciso que se resuelva institucionalmente y se dé prioridad a la contratación de personal bilingüe indígena y se fortalezca al Departamento de Coordinación de Derechos de los Pueblos Indígenas de la institución. En cuanto al tema de eficacia y eficiencia del servicio, el número de acusaciones formuladas por el MP, experimentó un aumento considerable entre el año 2007 (4864) y los ocho meses del año 19

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2008 (8183); sin embargo, por ser una situación que no se había presentado en años anteriores, se recomienda a las autoridades del MP que implementen el sistema de evaluación y monitoreo diseñado por la Secretaría de Política Criminal desde el año 2006, para establecer la calidad de las acusaciones. En el campo de la investigación criminal, con la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), se estableció un componente más a la labor que dirige el MP con el auxilio de la Policía Nacional Civil (PNC). Al respecto, el estudio señala que la investigación criminal posee deficiencias históricas de hecho, provocadas en su mayoría, por la falta de cumplimiento de las funciones correspondientes a cada una de las instituciones referidas. La Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP (DICRI) debería realizar el análisis de las pruebas y otros medios de convicción que coadyuven al esclarecimiento de los hechos delictivos que investigan los órganos del MP, pues no obstante que se transfirió su equipo de laboratorio al INACIF, la DICRI continúa realizando actividades de procesamiento de la escena del crimen que la convierten en un cuerpo de investigación del MP, cuando su función debería ser la de un ente asesor para formulación de lineamientos generales de investigación orientados hacia la labor que le compete a la Policía Nacional Civil como auxiliar de la investigación. En atención a ello, se recomienda generar un nuevo convenio interinstitucional, que a manera de acuerdo político permita solventar las deficiencias señaladas, para cuyo efecto se sugiere el espacio de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia. Este acuerdo debería enmarcarse en la Política Democrática contra el Crimen, planificada desde el año 2003, que todavía no se ha concretado y en la que debe incluirse urgentemente al INACIF.

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Es preciso además, que el modelo de atención integral a la víctima de delitos por violencia intrafamiliar, se amplíe a las víctimas de todo tipo de delitos y se destinen los recursos económicos para que la atención trascienda el área metropolitana. En lo que respecta al tema de excelencia profesional en el MP, después de diez años, aún carece de una normativa integral que brinde certeza jurídica al personal fiscal respecto de la selección, promoción y permanencia en la institución; por lo tanto, el funcionamiento del sistema de carrera, de evaluación de desempeño y de régimen disciplinario, todavía constituye una de sus deficiencias básicas. En atención a ello, se recomienda a las nuevas autoridades del MP que apoyen los esfuerzos ya realizados por la sociedad civil a fin de presentar la propuesta integral de reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público; y en forma paralela, fortalecer a la Unidad de Capacitación del MP (UNICAP). En el caso del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), continuó la ejecución del Plan Estratégico 2005-2009 conforme sus tres líneas de acción: a. estructura organizativa funcional y eficiente; b. profesionalización especializada del abogado defensor; y c. posicionamiento de la institución en el sistema de justicia, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Defensa Penal. En general, el funcionamiento del IDPP se desarrolló en el marco de opiniones encontradas sobre la ampliación de su mandato institucional más allá del área penal. Por una parte, se ha establecido que ampliar sus funciones significaría involucrarse en áreas que no son de su competencia, con la consecuente necesidad de utilizar recursos económicos que desde ya son insuficientes; y por la otra, hay quienes que lo consideran positivo, en tanto que la ampliación significaría protección a la víctima en las ramas de familia, laboral, administrativo, agrario y migratorio.

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En todo caso, la iniciativa presentada al Congreso de la República en el mes de octubre del año 2007, con la que se pretende ampliar los servicios de defensa, obtuvo dictamen favorable de la Comisión Extraordinaria de Reformas al Sector Justicia el 27 de noviembre de ese mismo año; sin embargo no ha sido conocida por el pleno. Refiriéndome a la atención institucional, si bien es cierto, el número de oficinas con que cuenta el IDPP no aumentó en el período de estudio respecto del período 2003-2006, sí se produjo una ampliación de la cobertura por medio de los diferentes programas de defensa que tiene a su cargo, dentro de los cuales se señala el Programa de Asistencia Legal a Personas Víctimas de Violencia y en Temas de Familia, por el que desde ya se presta asesoría y asistencia legal en asuntos relacionados con violencia intrafamiliar y Derecho de familia; y a partir de la vigencia de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, se constituye por medio de sus abogados en querellantes adhesivos de las víctimas de los delitos a que se refiere la ley. Aun cuando el número de defensores públicos, aumentó en un 31% del 2006 al 2008, representa tan sólo la cantidad de 28 defensores públicos por cada millón de habitantes. Como puede apreciarse, la cifra continúa siendo insuficiente. Al respecto, debe tomarse en consideración que el IDPP es la institución del sector justicia que dispone de menos porcentaje del presupuesto total del Estado. Ahora bien, tomando en cuenta la falta de cobertura del servicio de defensa pública penal y ante la iniciativa que pretende ampliar los servicios, es recomendable que antes de continuar con el proceso de reforma, se solvente lo siguiente: a. Que se dé prioridad a la ampliación de la cobertura y a la calidad del servicio en el área penal, mediante el establecimiento de nuevas sedes, la contratación de defensores públicos que

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presten un servicio de calidad durante 24 horas, así como la emisión de la normativa para regular las ausencias de los defensores y del personal administrativo. b. En su momento y para hacer viable la reforma, se sugiere convocar a un proceso de consulta a todos los sectores de la sociedad guatemalteca, para cuyo efecto se recomienda aprovechar el espacio de la Comisión Nacional de Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. Este proceso debe considerar la evaluación de efectividad del Programa que asiste a personas víctimas en temas de familia. En cuanto al tema de carrera del defensor público, el proceso iniciado en el año 2006, mediante el cual se elaboró una propuesta de carrera del defensor público – el contenido aparece en la diapositiva –, por más de un año se ha mantenido en fase de validación y formalización, por lo que se recomienda que se apresure el proceso a fin de quedar establecido antes que la actual Directora del IDPP finalice su período de funciones; para tal efecto es imprescindible el fortalecimiento de la Unidad de Formación y Capacitación del IDPP (UNIFOCADEP). En septiembre de 2006 entró en vigencia la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Tomando en consideración la referida fecha, el INACIF no contó con presupuesto para el año 2007, situación que provocó retrasos considerables, no sólo en la conformación del equipo directivo y administrativo, sino también en su funcionamiento, situación que hasta la fecha se mantiene como uno de los problemas fundamentales de la nueva institución. No obstante sus limitaciones, como pueden observarse en la diapositiva, el INACIF ya ofrece importante atención y cobertura. El estudio reconoce que la creación e implementación del INACIF para la prestación de servicios forenses, sienta las bases para la obtención de prueba científica mejor recabada y más confiable, que por su carácter público y esencial no deben ser limitados por la 23

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falta de recursos financieros. En ese sentido, es preciso enfatizar que, tanto la dificultad generada para agenciarse de presupuesto en el año 2007, como la escasa asignación para el 2008, denota desde ya falta de interés en fortalecer la investigación en el área científica, lo que podría convertirlo en un aparato burocrático más, con demérito de su importancia en el proceso penal probatorio. En ese sentido, se insta a las autoridades correspondientes para que aprueben la asignación de los recursos económicos suficientes a favor de esta institución y se recomienda a las autoridades del INACIF que permitan los espacios necesarios para el desarrollo de su función, mediante una política de coordinación interinstitucional con el MP y la PNC, en el espacio que le ofrece la Instancia. Como consecuencia de la crisis institucional de la PNC, en el primer semestre del año 2007, las autoridades del Ministerio de Gobernación convocaron a los miembros de la sociedad civil y a la cooperación internacional, para que de manera conjunta iniciaran un proceso de revisión y análisis de la problemática policial con miras a definir los elementos básicos para construir un modelo para reencausar la reforma policial. Los resultados fueron recogidos por las autoridades del Ministerio de Gobernación al final de primer semestre del año 2008; sin embargo, se tiene conocimiento que no se ha trabajado en la institucionalización de las bases de la propuesta. En ese sentido, se recomienda a las autoridades del Ministerio de Gobernación, institucionalizar la referida reforma policial, basada en 10 ejes, algunos de los cuales pueden observarse en la diapositiva. Respecto de la atención institucional, destaca como avance la nueva estructura interna de la Inspectoría General, y dentro de ella, la Oficina de Responsabilidad Profesional identificada como ORP, que tiene a su cargo la tarea de investigar infracciones y delitos cometidos por el personal de la PNC, función de suma importancia en los procesos de depuración.

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Se lamenta que ORP siga presentando deficiencias: no cuenta con el personal suficiente, ni con los recursos que le permitan desempeñar su función en forma efectiva. Sumado a ello, sólo funciona con una sede ubicada en la ciudad de Guatemala; y además de la labor investigativa, los investigadores deben cubrir otras necesidades de la institución policial, en el ejercicio de la función operativa-reactiva. Se recomienda al respecto, dar prioridad a la modificación de las normas relacionadas con el nivel jerárquico de la Inspectoría General, de tal forma que dependa del despacho ministerial y no de la Dirección General; asimismo que se asignen los recursos suficientes a la ORP, con el objeto de fortalecer la investigación. El despliegue de la PNC aún es insuficiente para cubrir las necesidades de seguridad: 1.36 policías por cada 1000 habitantes. Este vacío, aunado a la necesidad de utilizar al personal policial para otras actividades que no le competen, así como a evidentes deficiencias en la calidad del personal y del servicio, la han convertido en la institución con el menor nivel de confianza entre los guatemaltecos. Respecto de la investigación a cargo de la Subdirección General de Investigación Criminal, a través de sus diferentes divisiones dentro de las cuales se encuentra la División de Investigación Criminal de la PNC (DINC), persisten las deficiencias derivadas de la carencia de formación profesional que incide en la deficiente capacidad técnica y profesional de los investigadores; también falta de instrumentos, infraestructura, equipo y materiales, poco personal para cubrir toda la República (del año 2006 al 2008 los servicios de investigación criminal se redujeron de 15 a 7 comisarías). En atención a dicha problemática, se recomienda al igual que con el MP e INACIF, se establezca un sistema coordinado de investigación criminal que responda al carácter auxiliar que le compete a esta institución en el espacio que ofrece la Instancia.

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El nuevo modelo de formación policial, que se implementó con el Proyecto de Innovación Curricular conocido como PICA, aun cuando constituye una mejora metodológica cuya incidencia en la calidad de los agentes formados, también representa un reto no asumido por las autoridades. Esto debido a que se ha centrado en la formación de nuevos agentes, sin atender del todo la capacitación y formación de mandos superiores y subalternos en aspectos gerenciales relacionados con la administración policial y la administración en general, limitándose a impartir cursos de ascenso y de especialización. Este modelo por lo tanto, debe evaluarse. Durante el período de estudio entró en vigencia la Ley de Régimen Penitenciario, lo cual significó un avance importante. Con su vigencia, deviene la necesidad de implementar procesos y readecuar la Dirección General del Sistema Penitenciario que por muchos años ha evidenciado negativamente la falta de más asignación presupuestaria, la carencia de suficientes centros de detención preventiva y de cumplimiento de condena; deterioro y falta de equipamiento y de mantenimiento de la infraestructura, problemas de hacinamiento, falta de interés en la rehabilitación, corrupción del personal (especialmente de los guardias) entre otros. Para superar las deficiencias, la Ley del Régimen Penitenciario establece acciones puntuales en plazos establecidos, que ya se han incumplido. La primera de tales acciones es la emisión del reglamento o reglamentos ordenados por la Ley y la segunda lo relativo a la implementación del régimen progresivo de rehabilitación de los reclusos; sin éstas la ley resulta inoperante. Ante tales hechos, es urgente que el Ministerio de Gobernación, además de propiciar la estabilidad del cargo de Director General del Sistema Penitenciario, a manera de evitar los cambios que caracterizaron el período (6 funcionarios en 2 años), dé prioridad a la implementación de la Ley; asimismo, que conjuntamente con el Viceministerio de Apoyo al Sector Justicia y la Dirección General del Sistema Penitenciario, establezcan canales de coordinación al 26

más alto nivel con las demás instituciones del sector justicia, a efecto de propiciar las políticas de atención a los privados de libertad en el marco de la nueva normativa. Se insta a la Escuela de Estudios Penitenciarios continuar con el desempeño de sus funciones en beneficio de la formación profesional del personal penitenciario, para cuyo efecto debe constituirse en la principal promotora de la reglamentación e implementación de los procesos aún pendientes de emitir. En el marco de su proceso de reorganización y reingeniería institucional, la Corte de Constitucionalidad (CC) muestra avances, entre de los que destaca la creación del área de trabajo especializada en materia penal. Ante estos avances, se recomienda que la CC defina un plan de desarrollo institucional que comprenda una evaluación de la calidad de la comisión de precalificación y las áreas de trabajo especializadas. Asimismo, es necesario que la CC realice la clasificación y divulgación de las sentencias que constituyan doctrina legal, de tal forma que puedan ser conocidas y aplicadas por los jueces ordinarios. Como un dato preocupante se señala que, el 28 marzo de 2008 ingresó a la CC el expediente que contiene las reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad para el dictamen respectivo. Ante ello, se recomienda a la actual magistratura de la CC que agilice el estudio de la iniciativa, a efecto de responder a las necesidades de mejorar la regulación respecto de la interposición del amparo y evitar el abuso del mismo dentro de los procesos judiciales. En lo que concierne a la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y su Secretaría Ejecutiva, continuó ejecutando proyectos de cooperación internacional para las instituciones del sector justicia. 27

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Al respecto, en este estudio se han determinado en cada una de las instituciones que conforman el sistema, los espacios en los que la Instancia debería constituirse en el ente facilitador que, mediante una agenda permanente establezca políticas coordinadas entre las instituciones que la conforman; para tal efecto debe tener especial prioridad la incorporación de INACIF como nuevo componente del sector. Es preciso también que, a iniciativa de la Secretaría Ejecutiva, se realice un proceso de revisión de sus fines, funcionamiento y fundamento legal, a fin de precisar la calidad de su intervención así como el impacto de la ejecución de los proyectos realizados por su medio. Se recomienda incorporar a ese proceso la temática de seguridad preventiva y reactiva, determinante en la eficacia de la función de la justicia penal. En lo que concierne a la Comisión Nacional de Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, es conveniente insistir que, luego de sucesivos cambios institucionales, está llamada a retomar los objetivos de su mandato original, en función de ser el espacio de diálogo, análisis, consenso y propuesta para el fortalecimiento y modernización del sistema. Ante tal reto y dada la oportunidad de funcionar con fondos previstos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado a través del Ministerio de Gobernación, se recomienda a la Comisión, que se instituya en el ente responsable de generar condiciones para entablar un diálogo entre los tres Organismos del Estado, a efecto de coordinar esfuerzos para la resolución de la problemática que enfrenta el sistema, en estrecha relación con el Consejo Nacional de Seguridad, constituido a partir de la vigencia de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Durante el primer año de funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se reconocen avances en el nivel de coordinación con el MP y la PNC, 28

a efecto de que realicen la investigación criminal en forma conjunta y eficaz en casos determinados. Asimismo, se reconoce el esfuerzo de elaborar la propuesta de reformas legales que permitirán remover obstáculos y llenar vacíos legales que han sido utilizados como mecanismos para lograr la impunidad. Se estima positiva la individualización de los funcionarios en el MP y en la PNC, quienes por acción u omisión y sin la preparación investigativa adecuada para el esclarecimiento de los casos han posibilitado la impunidad o la debilidad de las sanciones, al no proveer a los tribunales casos suficientemente probados. Para que la CICIG continúe con el desarrollo de su mandato se recomienda al Gobierno de Guatemala que presente al Congreso de la República la propuesta de reformas legales, de tal manera que puedan ser evaluadas en el marco de la labor legislativa nacional. Los avances poco significativos y aislados en la enseñanza y práctica de las ciencias jurídicas que durante el período de estudio evidenciaron algunas de las facultades de Derecho, distan de la realidad proyectada en las recomendaciones formuladas en el informe Una Nueva Justicia para la Paz, realizado en el año 1997. Para avanzar en este proceso, se recomienda realizar el diagnóstico sobre la enseñanza y práctica del Derecho en Guatemala y a partir del mismo, diseñar un Plan de Transformación Integral de la Enseñanza, con el objeto que las facultades de Derecho establezcan sistemas dedicados a formar generaciones renovadas de profesionales con vocación para desempeñarse como jueces, fiscales, abogados, defensores y litigantes y no sólo como abogados y notarios para ejercer en forma privada la profesión; con formación que los faculte para el desempeño permanente del servicio público en el sector justicia. Estos sistemas deben vincularse a los sistemas de carrera de cada una de las instituciones, de tal forma que permitan al profesional dedicarse en forma especializada y estable a la función pública, así como asegurar que la formación del profesional en las facultades responda a las necesidades de la institución específica de que se trate. 29

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Se exhorta a los jueces y magistrados y en general a todos los abogados que desempeñan funciones públicas en el sistema de justicia, a que revaloren la dimensión humana de su función, a fin de evitar consecuencias personales, familiares y sociales desfavorables hacia la persona que sirven. Se recomienda además, a los abogados y notarios, tomar en cuenta lo manifestado en el marco de la celebración del día del abogado el 24 de septiembre de 2008: “Nuestra tarea inmediata está claramente definida. Tanto antiguas como nuevas generaciones de abogados y notarios debemos esforzarnos más en trabajar individual y colectivamente desde la magistratura, la cátedra, los puestos públicos o nuestro despachos profesionales en esa dirección, y debemos hacerlo con fe, convencimiento y entusiasmo, pública o privadamente como soldados desconocidos del Derecho y la justicia, con rectitud, honradez, decencia e integridad de pensamiento y acción; sin tardanzas pero con prudencia, mediante acciones y programas planificados, promovidos y ejecutados por nuestro colegio profesional y con los demás sectores que deseen involucrarse en esta tarea; y sobre todo con absoluta lealtad y respeto al Derecho y escrupulosamente apegados a la verdad, como nos obliga hacerlo nuestro Código de Ética Profesional.” Muchas gracias. Licenciada Lorena Escobar de Guerrero A continuación la Licenciada Carmen María de Colmenares, Secretaria de la Junta Directiva de ASIES, queda a cargo de la moderación del evento.

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Licenciada Carmen María de Colmenares Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Después de la exposición ofrecida por Cynthia, me corresponde presentar a los dos comentaristas que esta tarde aceptaron el reto de estar con nosotros para referirse a lo manifestado dentro de nuestro estudio. En primer lugar cederemos la palabra a la señora Adela de Torrebiarte conocida de todos nosotros, fundadora de la agrupación Madres Angustiadas que desde hace más de quince años ha estado preocupada por el tema, especialmente el de seguridad y que tuvo a su cargo el Ministerio de Gobernación en el período del Gobierno anterior. Señora Adela Camacho de Torrebiarte Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todo el Comité Ejecutivo de ASIES, su equipo y a todos los presentes. Gracias por invitarme a compartir y a platicar un poquito del estudio y de la experiencia propia. Creo que no puedo dejar de hablarles que empecé en la agrupación Madres Angustiadas y que me formé del lado de la víctima, junto a la que iniciamos una manifestación, una necesidad de participación ciudadana, de decir: basta ya, lo que se constituyó como el lema de la agrupación; no nos quedamos allí, empezamos a trabajar con las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, vimos los tropiezos que hoy también se vuelven a reflejar después de doce a quince años de estar en esta lucha, lo cual en mi experiencia personal, me ayudó mucho a tener una visión realista e integral de la seguridad ciudadana. Cuando asumí el cargo de Ministra, un cargo en un momento crítico, como ustedes saben fui la primer mujer Ministra de Gobernación en este país, cuando se pensaba que no podría hacer nada, y los comentarios, las expectativas eran muy pocas; sin embargo, esta riqueza y este bagaje de formación en el día a día con la víctima, con 31

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las instituciones encargadas de la seguridad y justicia le da a uno mucha riqueza, mucho coraje y mucha definición de a dónde tiene que ir. Nos propusimos metas, sabíamos que teníamos nueve meses y medio o diez y que debíamos que aprovechar el tiempo.Vuelvo a insistir y lo diré siempre: fue un honor poder servir a este país. Con ese entusiasmo y con esa responsabilidad, nos pusimos metas, planes y objetivos que se lograron. Creo además, que se llenó la exigencia por la cual asumí el cargo: la depuración de la policía, la falta de credibilidad en la institución policial, el involucramiento de los policías en el asesinato de los parlamentarios salvadoreños, la decepción de la comunidad internacional que realmente estaba desmotivada por ese hecho; teníamos que rescatar la credibilidad. Creo que con honradez, claridad, certeza de personas y equipo se puede trabajar y se puede recobrar credibilidad en esta depuración de la que hablamos y creo que hoy se abordó el tema de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial. Tuve la oportunidad de sentarme en la Instancia y realmente ésta tiene que ser fortalecida, personalmente asistí a todas las reuniones, porque consideré que es el lugar donde se puede coordinar, es un lugar político, si lo queremos ver así, pero sí se pueden tomar decisiones, cabalmente con la voluntad política que se necesita tomar en la Instancia, con los liderazgos y las personas que están presentes, por lo que como ciudadanos tenemos que saberlo y exigirlo. Para que la Instancia cobre vida debe asumir la importante y trascendente responsabilidad de lo que estamos viviendo hoy en Guatemala. Retomando el tema, de todas las instituciones que fueron objeto de este estudio que realmente nos va a enriquecer, dado que ASIES se ha caracterizado por hacer estudios profundos, serios, profesionales, vemos por una parte las debilidades institucionales, aunque definitivamente a uno le gustaría más hablar de lo positivo. Cuando veía el estudio en cuanto al tema de la policía decía: también falta todo lo bueno, como que cuando vamos donde el cura que nos 32

confesamos, solo lo malo decimos, pero hay fortalezas; esos procesos como el de la Inspectoría que se presentó aquí, que era uno de los ejes de trabajo, se inició y hay que darle continuidad, ése es uno de los grandes retos que tenemos todas las instituciones, darle continuidad a los procesos, fortalecerlos y mejorarlos. Cuando entré al Ministerio tampoco voy a decir que todo estaba mal, creo que todo lo bueno que había se continuó, se reconoció y se trabajó en otros temas de fondo como la Inspectoría, la depuración, la dignificación de la Policía Nacional Civil, es importante dignificar a las personas, el Ministerio hoy por hoy cuenta con una infraestructura muy digna como lo es el Palacio de la Policía Nacional Civil que fue construido para albergar las oficinas del Ministerio de Gobernación. La PNC tiene también su sede digna y se dejó dinero para construir comisarías, para remodelarlas y hoy me imagino que ese proceso ya está, el tema es que tenemos que tener planes, convicción de país y definitivamente no podemos seguir manejando la seguridad y la justicia como un botín político, porque cada cuatro años vienen las promesas, los compromisos, las ofertas de que se va a terminar con la violencia y no es así; a estos proceso tenemos que darle continuidad. Algo que vale la pena mencionar dentro de estos procesos es que definitivamente hay mucho desorden en nuestras instituciones; talvez hablaría más con propiedad de la PNC, en especial. Hemos tenido resultados positivos en el tema de secuestros. Debe reconocerse que la institución ha tenido éxito en estos últimos meses con la captura y el rescate de varias personas aprehendidas y secuestradas; el rescate de personas secuestradas se debe a una unidad que viene trabajando y se ha especializado por años. En la PNC una de las grandes debilidades es el traslado de los agentes que mandan al Quiché, que ayer estaban en Guatemala, posteriormente están en la Antigua, se van a Cobán, luego a San Marcos; ellos desconocen su territorio. Esa falta de planificación se convierte en una debilidad para nosotros y una gran fortaleza para el crimen organizado y para el narcotráfico. 33

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Tenemos grupos especializados en la investigación de asesinatos de mujeres; esa fue una de las unidades que se iniciaron, que allí están y deben seguir su proceso para mejorar y fortalecerse. Se graduaron de doscientos a doscientos diez oficiales por merito de estudio académico, todos tienen su pensum cerrado, muchos son licenciados en diferentes ramas, han alcanzado los grados de maestrías y doctorados, lo cual fue reconocido y debe continuar. Tenemos policías que notifican resoluciones judiciales, lo que se considera positivo en tanto que la ley lo ordena; sin embargo, se hizo un proyecto que quedó pendiente de ejecutar y el cual consistía en contratar trescientos notificadores, que mediante un curso en la Academia de la PNC pudieran hacerse cargo de las notificaciones. Es preciso que utilicemos mejor los recursos, puesto que es una debilidad que tenemos en todas las instituciones. Por otra parte, al policía lo trata mal el fiscal, al fiscal el juez, quien atribuye toda la responsabilidad al fiscal, nos culpamos unos a otros y ese es el sentimiento que impera en la ciudadanía guatemalteca; existe por lo tanto, un deterioro de la imagen, falta de confianza en las instituciones y de credibilidad en las personas. Un ejemplo de éxito del trabajo coordinado es el siguiente: cuando se hizo la toma de control en Ciudad del Sol, trabajamos Ministerio Público, investigadores de la PNC, con la labor de inteligencia se incorporó la DIGICI, que constituyó otra de mis prioridades y la que se logró dejar funcionando, por lo que hoy debería estar dando mayores resultados. Nos sentamos y planificamos a detalle. Les comparto además un caso especial: a uno de los policías investigadores, cuando fue a tomar el número del contador público, como parte de un proceso de investigación, lo mató un marero. Esas cosas no se saben, y se trata de personas que están arriesgando su vida, que están poniendo mucho esfuerzo y tienen poco o pésimo reconocimiento. La PNC en este estudio aparece como la más 34

criticada, la menos confiable; eso lo tenemos que revertir, tenemos una obligación de reconocer al buen policía, de sancionar al mal policía y de considerar la realidad que ellos viven. Retomando el tema de la toma de control en Ciudad del Sol, fuimos al allanamiento a las cinco de la mañana, estaban todas las patrullas, los fiscales, la fiscal; nos reunimos en el parqueo del Ministerio de Gobernación, salimos al trabajo en los vehículos y fue un éxito la captura. Los vecinos del lugar se han mostrado agradecidos por lo que se hizo; se externan cuando nos han encontrado en la calle, les hemos respondido que teníamos la obligación de hacerlo y hacerlo bien. Las personas que fueron consignados en esa toma de control, en esos allanamientos, están cumpliendo condenas; de treinta consignados, veintiocho se quedaron detenidos, eso es un éxito y esos éxitos eran los que nosotros queríamos tener: demostrar y convencer tanto a la ciudadanía como a las instituciones, que con coordinación se puede trabajar. Vemos que las personas toman la justicia por sus propias manos, tenemos linchamientos, venganzas, hay un incremento en la criminalidad. Las personas se quejan respecto del Organismo Judicial. ¿Por qué si una persona ya tiene 20 ingresos al centro de detención, le otorgan una medida sustitutiva? Se pregunta uno ¿será por ignorancia, por corrupción, por falta de voluntad, por rigidez en la aplicación de la ley? El Organismo Judicial tiene mucho que trabajar porque no podemos seguir transmitiendo el mensaje a la ciudadanía de que el delincuente pareciera estar más protegido. Concluyendo mi participación, uno de los hechos que se lograron con voluntad fue la coordinación lograda con el Ministerio Público para alcanzar la aprobación de la Ley contra el Crimen Organizado. Se publicó y se emitieron los reglamentos; sin embargo, pareciera que no los tuviéramos, se impulsó en lo que se pudo durante el tiempo que estuve a cargo del Ministerio, destaco este hecho por lo importante que resulta la coordinación interinstitucional.

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Existe desorden y falta de seguimiento en los procesos que se inician, generamos un autoengaño en el sentido de seguirnos culpando una a otra institución y ello debe terminar; tenemos que buscar las soluciones para no seguir pensando que el policía tuvo la culpa o que el MP y el juez tuvieron la responsabilidad. Tenemos una Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, pero que no se ha aplicado tampoco, la cual nos daría una visión, una política de seguridad a largo plazo en la que todas las instituciones del ejército se incorporarían. Hoy por hoy, necesitamos urgentemente las herramientas para combatir el narcotráfico en Guatemala, la situación es demasiado seria como para seguir así; recomendaría volver a los tribunales de alto impacto que fueron muy exitosos en su momento, a no permitir la injerencia política partidista en la seguridad y en la justicia, tenemos que luchar y apoyar la independencia de los poderes. Felicito a ASIES, el estudio nos da una gran visión de lo que tenemos que hacer, talvez se ha logrado poco, pero hemos avanzado; sin duda, situaciones como la que hoy vivimos nos van a impulsar, a todos los abogados especialmente, para que luchemos por recobrar este Estado de Derecho que tanto necesitamos y poder usar todas las herramientas que tenemos para combatir la criminalidad y así los guatemaltecos recobremos la credibilidad y la fe en este país. Licenciada Carmen María de Colmenares Agradecemos a la señora Adela de Torrebiarte su vivencia personal y propia y tomaremos muy en cuenta las recomendaciones que nos hace para enriquecer este estudio. Les recuerdo que éste es la culminación de la XXIV sesión del Seminario de Realidad Nacional y que saldrá una edición además de la que se entregará hoy, complementada con los comentarios de la señora Adela de Torrebiarte, con la introducción de nuestro Presidente, Licenciado Lizardo Sosa y con los comentarios del Licenciado Hugo Maúl Figueroa, quien tiene un amplio currículum conocido por todos 36

nosotros, y que sin embargo, dentro de la humildad que lo caracteriza, me pidió que únicamente dijéramos que había sido Magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el período 1999-2004; el tuvo el honor de ser el segundo presidente de aquella Corte e impulsó algunas de las reformas que fueron mencionadas el día de hoy, con ustedes el Licenciado Maúl Figueroa. Licenciado Hugo Maúl Figueroa Muchas gracias Carmen María, distinguido público buenas tardes, también para mí es importante y gratificante haber sido invitado a compartir un tema tan complejo como lo es el sistema de justicia penal en Guatemala, sus debilidades y avances; ya se nos señalaron los ejes que comprende el estudio y que abarcan las áreas verdaderamente importantes en este trabajo de fortalecimiento; además creo que es un estudio bien documentado, con información de personas de experiencia y por ende confiable, creo también que es objetivo porque en el mismo se destacan los avances, pocos si se quiere, pero se resalta en qué se ha avanzado, lo cual es importante porque con generalidad tendemos a descalificar todo el sistema y decir que nunca se ha hecho nada, la verdad es que sí hay avances, que lamentablemente van mucho más lentamente de lo que avanza el crimen; ésta es una realidad indiscutible que nos preocupa enormemente, hemos visto por ejemplo, el caso de la cobertura geográfica y de servicios de las instituciones. En el caso del Organismo Judicial, me constan los esfuerzos que se han venido haciendo cabalmente para ampliar la cobertura, mejorando aspectos de gestión institucional, ampliando los servicios, incluso en temas también difíciles como el acceso de justicia a pueblos indígenas. Sin embargo vemos que los resultados no son los que las sociedad guatemalteca desearía, sabemos que toda acción humana se juzga por sus resultados, tampoco que el fin justifique los medios porque hay situaciones que deben respetarse en este tema en atención a los derechos fundamentales como el debido proceso. Es un contexto difícil de enfrentar, creo que las fallas de todo el sector 37

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de la justicia en Guatemala están reflejadas en el combate al crimen organizado. Vemos cómo las instituciones se debilitan, se dan situaciones que afectan tremendamente la administración de justicia y me refiero por ejemplo a la corrupción, de la que el mismo crimen organizado se vale para obtener impunidad. El combate a la corrupción es una de las tareas fundamentales en este sector y en la administración pública en general, que enfrenta grandísimos dificultades cuando se trata de esa variedad del crimen organizado. En este sentido hay varias situaciones que ameritan algún tratamiento especial en el estudio que nos fue presentando, el que abarca todas las instituciones del sector justicia incluso ya como un nuevo actor en ese tema al INACIF, por cierto de primer orden, pero también se toca lo relativo a la justicia constitucional a cargo de la Corte de Constitucionalidad, las facultades de Derecho de las universidades del país, que aunque no son parte del sistema de justicia tienen una íntima relación con el mismo. Se da a conocer este informe en momentos en que lamentablemente hay un repunte de la delincuencia, de los hechos de violencia nunca vistos en la historia del país, vemos por ejemplo situaciones como el caso de los asesinatos de pilotos, ciento veinticinco pilotos asesinados en el año, sin que se hubiera podido hacer prácticamente nada; es frustrante, es un ataque que lleva un mensaje del crimen organizado en el sentido que aquél que se oponga lo que le espera es la muerte. Las pandillas están transmitiendo como mensaje: mejor pague y evítese problemas. Lamentablemente le ha tocado en este caso a los pilotos ser el ejemplo vivo de ello. Además a los comercios, con las extorsiones que cada día aumentan más y tienen proporciones inimaginables. Constituye un agravante que el crimen organizado tiene recursos suficientes para seguirse extendiendo y fortaleciendo lo que le permite por supuesto, armarse mejor, tener toda la logística dentro de su sucio trabajo, corromper y causar todos los demás males que

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sabemos que se derivan del crimen organizado. El presente año, en palabras del propio Ministro de Gobernación, hemos tenido a la fecha algo así como 1,800 delitos más que el año pasado, y una gran mayoría de ellos son delitos contra la vida, la integridad personal y la libertad, como el caso de los secuestros. Y en ese sentido uno piensa: ¿qué ha pasado?, ¿a qué se debe que el Estado cada vez sea más incapaz de hacerle frente a este tipo de problemas de seguridad y justicia? En primer lugar no hay dentro de lo servicios que presta el Estado, una actividad más compleja que la seguridad y la justicia, y además de compleja, yo diría, la más importante de la gestión estatal, porque obviamente de allí se deriva todo, la forma de vivir en paz, que es lo que todos ambicionamos y que consideramos el principal objetivo del Estado. Tampoco es un problema únicamente de policías y maleantes, algunas veces tendemos a abordar el problema de una manera simplista, creemos que es un problema sencillamente de policías y de delincuentes; sin embargo es más complejo que eso, es evidente que hay una pérdida de principios y valores dentro de la gran cantidad de hogares. Lo que cuenta no es sólo la educación formal sino la que se recibe en el hogar, allí hay un gravísimo problema. La falta de oportunidad es otra situación que pontencializa el crimen cuando los jóvenes que han estudiado no pueden conseguir un empleo. No quiero decir con esto, de ninguna manera, que esa es la razón que lo convierte en delincuente, pero sí que influye. Otro elemento que contribuye es la emigración de los connacionales a otros países, especialmente a Estados Unidos de América, con lo cual los hogares en Guatemala se quedan sin la autoridad paterna, en tanto que los hijos crecen sin esa autoridad y muchas veces desamparados, dado que no siempre el padre que se fue cumple con ayudar al sostenimiento del hogar. Algunas veces, como consecuencia de la separación dentro de las familias, se produce resentimiento en los jóvenes.

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Como puede apreciarse, además de estos temas de seguridad y justicia hay otros que son propios de la sociedad guatemalteca y que como la sociedad de cualquier país del mundo también tiene mucho que resolver. Considero que los aspectos puntuales ya fueron mencionados en la presentación que hizo Cynthia; es un estudio muy completo, creo que tiene más de doscientas páginas, ustedes tendrán la oportunidad de ver dichos aspectos que lo convierten en una guía valiosa para quienes forman parte de las instituciones del sector justicia. Hay recomendaciones y conclusiones que son de mucho valor, que tienen un sustento en la experiencia, la práctica, el análisis de la regulación normativa de las instituciones, que son útiles para quienes forman e integran el sector justicia. Ahora bien, hay otros aspectos a los que quiero referirme en estos pocos minutos que me quedan: algunos avances y algunas debilidades del sistema, o sea de las instituciones que integran el sector justicia, se presentan concurrentemente y se repiten entre una institución y otra; tal como lo relativo al presupuesto. El estudio incluye como uno de los ejes el presupuesto y se hace una relación de cómo ha venido evolucionando en los años del contexto del estudio del año 2006 a la fecha, y vemos que en relación al gasto general del Estado, en algunos casos ha ido en disminución. Ustedes saben que por ejemplo, en el caso del Organismo Judicial hay una asignación constitucional, que sirve únicamente de base porque se da mucho más que eso. Todas las instituciones del sector presentan deficiencias presupuestarias; sin embargo, si vamos a fortalecer como una acción del Estado el presupuesto de las instituciones, no es únicamente darle el dinero que están pidiendo. Todas esas situaciones tienen su límite, si una institución solicita una ampliación de su presupuesto debe estar justificado con proyectos específicos, con metas medibles,

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no simple y sencillamente necesito tantos millones más y allí nos quedamos, porque si no, corremos el riesgo que eso se vaya a gastos superfluos, a viajes, automóviles; es decir, debe establecerse la calidad del gasto, lo cual es recomendable no solo al sistema de justicia, en tanto que todo el manejo presupuestario de la Nación debe de ir acompañado de normas de transparencia y rendición de cuentas, ya que de lo contrario si sólo se aumenta ya sabemos a dónde van a parar los recursos. Es preciso fortalecer financieramente a las instituciones, pero con metas muy específicas y medibles, de lo contrario mejor quedémonos como estamos. Otro de los puntos que se da en todas las instituciones, como ya lo escuchamos, es la falta de cobertura geográfica y de servicios que aumentan constantemente; las instituciones, a pesar que han ido incrementando y mejorando estos aspectos, de todas maneras tienen un déficit en la cobertura geográfica y de servicios y lamentablemente va en aumento cada año. A pesar de los avances en infraestructura tenemos problemas, no hay una de las instituciones del sector que pueda decir “tenemos una infraestructura adecuada”. El Organismo Judicial ha avanzado muchísimo en eso, ha creado inclusive los Centros de Administración de Justicia (CAJ), los centros regionales de justicia, juzgados de paz, en fin, ha aumentado; sin embargo, en la mayoría de los propios tribunales hay deficiencias. De la misma manera podríamos decir del resto de instituciones del Estado. Otro de los aspectos resaltados y que se da en todas las instituciones es la escasez de personal, especialmente personal calificado; traigo aquí un ejemplo que menciono por Adelita, en relación a la Policía Nacional Civil. Estos números fueron publicados por la prensa, basados en informaciones de fuente confiable, los propios ministros y directores: de 18,000 elementos policiales, 4,000 se encuentran realizando funciones que nos les corresponden, tal como mencionaba Adelita: notificaciones, citaciones etc., pero además, hay otros que están suspendidos por el IGSS, o que están suspendidos por otras causas, están en el goce de las vacaciones. El personal de policía que

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no solo tiene la función preventiva sino también de investigación se reduce a 14,000 agentes, de los cuales están activos cada día 7,000 y quienes trabajan turnos de 24 horas por 24.Tenemos 7,000 agentes para una población de 13 millones de habitantes, esto es gravísimo, la media es de 1 de policía por cada 300 habitantes, es una media internacional y no para países de altos índices de criminalidad, sino de índice medio de criminalidad; de uno por cada 300, nosotros tenemos un policía por cada 1,850 habitantes. Como pueden observar tenemos un déficit y esto por supuesto implicaría no solo el aumento en el personal operativo sino también en el equipamiento porque necesitan vehículos, sistemas de comunicación, armas, etcétera. El problema es serio, no obstante hay un esfuerzo de la Academia de la PNC para aumentar el número de agentes, aunque la misma no tiene la capacidad y la velocidad que se requiere; el sistema siempre va atrás. El presupuesto del Ministerio de Gobernación es insuficiente para darse seguridad, informa elPeriódico de hace un par de días, lo dice el propio Presidente, lo dice el Ministro de Gobernación, lo dice el Ministro de Finanzas; es cierto que el presupuesto 2008 es de Q2,700 y sube a Q3,200 millones, que representa un aumento cerca de 500 millones, y sin embargo, hay un déficit para cubrir todas esas obligaciones y compromisos. Otro tema importante de mencionar porque es una gran realidad, es la falta de coordinación interinstitucional. Este es un tema tan complejo como la administración de justicia y el sistema de seguridad ciudadana, donde intervienen además de los actores tradicionales ya mencionados, uno reciente, el INACIF; también a la CICIG, y tenemos de una u otra manera una relación con otras entidades del Estado. Algo es certísimo en este tema: si no se trabaja coordinadamente, si las instituciones actúan aisladamente, no vamos a llegar a ningún lado y aquí hay algo que afecta, a veces en la defensa de una falsa independencia, especialmente cuando uno está

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en un organismo de estos se experimenta: “yo no doy opinión porque soy independiente”; entonces al juez no se le puede dar más allá de los buenos días, porque de allí en adelante es afectarle su independencia, y casi impensable que un juez se vaya a reunir con un fiscal del Ministerio Público y que intercambie amplia, franca y abiertamente sus opiniones, o bien que el fiscal le consulte al juez por qué rechaza los escritos o las acusaciones. No tiene por qué verse al juez como un enemigo del fiscal ni un enemigo del defensor público, sin embargo, es una tarea difícil. Nosotros en el período de la Corte Suprema de Justicia pasado, tratamos de hacer eso, con todo el sistema de justicia penal juvenil logramos grandes avances pero a costa de grandes sacrificios. Es preciso no tener miedo de dar a conocer los puntos de vista. La independencia es el caso concreto, dado que los jueces tienen que entender que no se está afectando la misma al tratar temas generales. Para lograr superar estos problemas debe de actuar la Instancia Coordinadora como el ente que reúna a los representantes de todas las instituciones del sector justicia, pero que lo aprovechen como la oportunidad de dialogar y compartir experiencias entre todos, con la posibilidad que de allí puedan surgir directrices para que todos trabajen conjuntamente. El estudio detalla la falta de coordinación entre el DINC, División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, que constituye un ente auxiliar de investigación que actúa bajo la dirección del Ministerio Público; sin embargo, según lo evidenciado en el informe hay una descoordinación total. Nadie sabe qué debe hacer, los policías le hacen caso a sus jefes en la verticalidad del sistema policial, pero no al fiscal del Ministerio Público: “yo no tengo por qué obedecerle a este señor si éste es de otra institución, mi jefe aquí es otro policía de un grado superior”. Ha sido muy difícil, creo que es una realidad que se está viviendo esa falta de coordinación en el tema más sensible de la justicia, como lo es precisamente la investigación.Además se miran con desconfianza los dos, uno desconfía del otro, el MP desconfía

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del DINC porque hay fuga de información, y los otros también algo señalarán para defenderse. Esta debilidad se convierte en una fortaleza para el maleante, así como dijo Adelita; ciertamente todas las debilidades del sistema son fortalezas para el maleante, creo que ha llegado el momento en que se tomen acciones con responsabilidad. El periódico de ayer que ustedes deben haber visto dice: “se aplican penas mínimas en casos de extorsión”. Panorama desolador, hay quejas porque los jueces en lugar de condenar por una extorsión, condenan por coacción, que tiene una pena de algo así como tres años. No se ha podido aplicar el artículo de la Ley contra el Crimen Organizado que tipifica cabalmente ese delito porque no se puede probar que el marero sea marero. No se puede probar que sea crimen organizado y como no se puede probar qué es crimen organizado, no se puede condenar por el delito de extorsión, por lo que se condena por coacción y amenazas, con una pena menor de 5 años, que será conmutable y hay medidas sustitutivas y mil cosas. Como consecuencia gravísima de esto, ha habido ochocientos valientes que se han animado a denunciar estas extorsiones y quinientos capturados. Pero qué pasa con esas ochocientas personas que presentaron su denuncia y el sindicado es dejado en libertad, ¿podemos pedirle a la ciudadanía que denuncie? porque constantemente se pide eso, hasta en avisos de radio y televisión se exhorta: “denuncie”. Talvez se animarían a denunciar en forma anónima, pero dar la cara ante la situación actual es difícil, cuando se ha visto el grado de criminalidad y de violencia.Ante esto, la población no se anima a denunciar. Ahora bien, por qué no hay alguien que en relación a este tema se atreva a aplicar adecuadamente la Ley contra el Crimen Organizado; no nos importa al final de cuentas si es crimen organizado o no, lo que importa es si se puede probar que es parte del crimen organizado, que se condene igualmente que cuando no se pueda

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probar, dado que de todas maneras la acción tipo se configura: la extorsión a una persona. Probar que el sindicado es miembro del crimen organizado es más difícil que probar lo otro, entonces como consecuencia de ello los sindicados quedan libres con la consecuente falta de credibilidad y confianza que esto genera en la población. Otras de las cosas y lo dice con mucha propiedad el informe, es lo relativo a que la investigación es la base fundamental del sistema de justicia penal, yo estoy enteramente de acuerdo con eso, creo que la investigación es lo más difícil, el trabajo de los jueces también lo es, porque también amenazan a unos y a otros y los intimidan, pero el trabajo del juez ultimadamente es un trabajo en su despacho, es un trabajo de gabinete si lo queremos ver así, en el que se tienen todos los elementos. La investigación es complicada y peligrosa, porque cuando el investigador ya ha profundizado en la investigación, con muchas posibilidades de llegar a la verdad, se le intimida, lo que constituye el problema más serio en relación a esta labor. Ello no excluye la función de prevención que corresponde también a la PNC. La investigación es complicada porque normalmente el delincuente no deja huella. Se debe investigar, pero ¿en dónde? Nadie denuncia nada, nadie vio nada, la víctima dice que no pasó nada. Todo lo que hay es un parte de policía mal elaborado pero no hay ninguna evidencia y ¿dónde comienza la evidencia? Ustedes saben que la prueba científica es fundamental para esto, que recientemente se están dando los primeros avances en torno a ello. Es preciso establecer cómo el INACIF nos apoya, institución que si bien es cierto tiene sus problemas de burocratización, esperaríamos que pueda significar un verdadero avance, de tal forma que los procesos no dependan únicamente de la declaración testimonial puesto que como ya se ha demostrado, la declaración testimonial y la declaración de la víctima prácticamente son inexistentes; con razón no hay protección de testigos ni de partes en el proceso, sin protección no habrán valientes que se enfrenten a alguien que ha cometido delito.

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Y como ya sabemos que en el crimen organizado hay unos que están adentro y otros afuera y que el trabajo lo hacen entre los dos, ellos sí se coordinan: los de afuera hacen el trabajo que les mandan los otros, y al final no hay prueba.Aquí sugería don Carlos Castressana el Comisionado del CICIG, que debiera buscarse la forma de que las balas lleven un número de registro, parece ilógico que esto fuera posible, claro, técnicamente creo que todo es posible, puede llevar cualquier identificación y hay formas de poderlo hacer, pero esto no funciona si no es una medida global, que los países impongan eso por ley en sus respectivos países para que las fábricas al producir armamento y balas con munición pueda llevar una identificación. Si sólo lo hace Guatemala, no sirve de nada, porque las balas hasta se pueden obtener clandestinamente, que es otro de los problemas: contrabando de armas, de municiones.Ya han descalificado al señor Castresana, sin embargo, es uno de los cien españoles más prominentes y significativos, según el periódico, por su valentía, esperamos que esto pueda realmente orientar en algunas acciones. La falta de continuidad en los procesos es otro asunto que preocupa, se invierten grandes cantidades de recursos en los programas, se capacitan a las personas, incluso fuera del país; posteriormente con el cambio de gobierno judicial o gobierno del MP, o gobierno nacional o Ministerio de Gobernación, se abandonan los proyectos y se crea además entre otras consecuencias, frustración en la comunidad cooperante internacional que invierte tanto en capacitación en jueces y magistrados que no son electos, después de que se invierten millones de quetzales en capacitarlos. ¿Qué les pasa a los guatemaltecos? Lo que pasa es que a los magistrados de las sala los elige el Congreso de la República sin que se produzca la evaluación del desempeño y en el Congreso sólo el que tiene contactos, tiene posibilidades; de lo contrario será descalificado automáticamente en la Comisión de Postulación. Esto representa un gran problema que no sólo afecta el sector justicia, esto ocurre en todo el Estado guatemalteco, con el cambio de

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gobierno. Como lo hizo el gobierno anterior, el actual lo descarta, lo que ha provocado que se dejen atrás importantes proyectos. Esto es mucho más nefasto en el sector justicia y de seguridad porque las consecuencias se manifiestan más en temas tan sensibles como la seguridad de la población. No puede ser que al cambiar al Director de la PNC, al Ministro o a los magistrados, que no sigan adelante los proyectos, a menos que sean tan malos, ejemplo de ello es PRONADE, que lo consideraron tan malo y lo desecharon. Si tuviera fallas, se debería tratar de mejorarlo, pero no tirarlo a la basura, porque en su proceso hay esfuerzos, experiencias y cooperación. Un ejemplo de ello son los tribunales de alto impacto, que se mencionaron en el informe. En la Corte Suprema de Justicia seis o siete años atrás, ante los problemas de seguridad de los jueces, se fundamentó la necesidad de conformar tribunales de alto impacto; además del conocimiento más especifico, porque se nombró a los mejores jueces penales, se les asignó policía, seguridad y una serie de facilidades para el ejercicio de su función. Sorprendentemente en el año 2006 dijeron: “esto no sirve, quitémoslo”, sin tomar en cuenta el elemento seguridad; es más fácil cuidar a cuatro o cinco jueces y no a doscientos. Claro está, esos tribunales se llenaron de casos de alto impacto y los jueces de los otros tribunales de bajo impacto felices de la vida que todo pasara a alto impacto, entonces allí se conocieron robos de bicicletas, robos de vehículos, robos de esto y robos de lo otro, y al año 2006, los tribunales de alto impacto no servían, por lo tanto fueron cerrados. Ahora se retoma el asunto, cabalmente el Comisionado de la CICIG está proponiendo algo que nosotros ya no pudimos hacer, conformar los tribunales de alto impacto en la capital; nosotros implementamos esos tribunales en Quetzaltenango y Chiquimula, la tercera fase que ya no pudimos hacer era concentrar los casos paradigmáticos y graves en la capital. Se retomó el tema, el propio comisionado propone que se haga y otra vez volvemos a empezar. Siempre creímos que para efectos de seguridad era más fácil brindarle a un número relativamente pequeño de jueces que a los 600 jueces de todo el país. 47

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Otro proyecto que lamentablemente ya no se siguió fue el de los juzgados de paz penal. Hubo una iniciativa de ley que la CSJ envió al Congreso de la República para ampliar la competencia de los juzgados de paz penal, con la idea que los mismos conocieran de los delitos de bajo impacto, los que tienen penas menores de cinco años, — excepto narcotráfico—, y se estableció un propuesta haciendo uso de una posibilidad constitucional. Se iban a implementar gradualmente, como todo lo que ha sido relacionado con el Código Procesal Penal, en la medida que hubiera un juez abogado que estuviera al servicio de la defensa pública y que fuera fiscal del MP, esos eran los requisitos. Se pensaba establecerlo en tres o cuatro cabeceras departamentales, especialmente donde habían juzgados cercanos porque uno tenía que hacer de sentencia y el otro tenía que ser de investigación, así cruzado, solo que se convertía en unipersonal. Lamentablemente se quedó abandonado. El objetivo de esto era que los tribunales de primera instancia y de sentencia se concentraran en los casos de alto impacto, y los de poca monta allí los podrían ir arreglando. Lo que sucede ahora es que mucho del tiempo y del esfuerzo de los juzgados de instancia y tribunales de sentencia se invierten en delitos de poca monta, como le pasa al MP con miles de denuncias de pérdidas de documentos personales. Claro que de una vez los archivan, pero de todas maneras hay una energía desperdiciada. Todo esto es falta de continuidad en el servicio, creo que algo que ha ocurrido y ocurre en el país no solamente en el caso de sector justicia, es que las buenas ideas se convierten en malas por su mala aplicación, las ideas no son malas, pero las aplicamos mal y eso nos conduce a la debacle que estamos viviendo. Y por otro lado, si queremos verdaderamente tener un país que supere tantas deficiencias, tenemos que entrarle todos, con valentía, no en forma aislada, para lograr algunos resultados en este tema. Al final, como ha sido en la historia de la humanidad, se sabe que el bien prevalece sobre el mal, si no hubiera sido así el mundo no existiría, el bien tiene que prevalecer, ¿cuándo? es la gran interrogante. 48

Está en nosotros que esos cambios sean para ayer, de lo contrario nuestro país se desangra cada vez más y se pierden oportunidades y en el país aumenta la miseria, todo lo cual aleja la inversión, crea desempleo. Es una gran responsabilidad para todos y una gran responsabilidad para nosotros los abogados, acuérdense ustedes fiscales, jueces, defensores, acusadores, defensores en el ejercicio particular de la profesión que todos somos abogados, hay una responsabilidad por el ejercicio de funciones públicas en el tema, pero perdemos la responsabilidad como litigantes, y una de las cosas que ha desnaturalizado una figura de gran nobleza, como es el amparo, ha llegado a convertirse en una medida dilatoria del sistema. Y lo dice la estadística de la Corte de Constitucionalidad, que prueba que el amparo fundamentalmente es medida retardatoria, el 80% de los amparos que conoce la Corte de Constitucionalidad en apelación y los que conocen en única instancia son declarados sin lugar, solamente un 19% se declara con lugar; eso quiere decir que el otro 80% indudablemente se utilizó para retardar la justicia. Hay algunas reformas a la ley de amparo, sin embargo allí están, es a lo que se llegó y creo que algo se puede lograr con eso, por lo menos un amparo abreviado; valdría la pena retomar la medida que la Corte de Constitucionalidad emita el dictamen que le corresponde por ser una ley de carácter constitucional y por lo menos tener herramientas para que el amparo pueda resolverse mas fácilmente, más rápidamente y que no afecte el trámite de los expedientes. Todos tenemos una responsabilidad en este tema, pero al final el bien prevalecerá sobre el mal. Licenciada Carmen María de Colmenares Agradecemos la reflexiones del Licenciado Hugo Maúl Figueroa, que de la misma manera que la señora Adela de Torrebiarte son vivencias propias dentro de la función que les ha correspondido desempeñar, más los comentarios a nuestro estudio.

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Licenciada Lorena Escobar de Guerrero A continuación la clausura a cargo del Licenciado Carlos Escobar Armas, Asesor de la Junta Directiva de ASIES. Licenciado Carlos Escobar Armas Creo que es poco lo que se puede agregar después de haber escuchado este informe y sobre todo también los comentarios tan valiosos que algunos han hecho; sin embargo para clausurar el seminario quisiera retomar aspectos que se han tratado muy brevemente. Los avances y los desafíos actuales de la justicia penal que han sido señalados son muchos y de diversa naturaleza, todos están contenidos en la publicación que se les entregará, el análisis de cada una de las piezas que conforma el sistema de justicia y sus correspondientes subsistemas requieren de la mayor atención y arrastran la herencia de la urgencia ciudadana que pide salvar la justicia, conocer la verdad real y prevenir o sancionar la vertiginosa delincuencia. Las conclusiones y recomendaciones desean impulsar reflexiones, unas filosóficas, otras políticas, motivadas por las entrevistas y las encuestas hechas con y para los servidores públicos; todas constituyen la vivencia de los responsables de un mandato constitucional cuya preterición impide la seguridad y el acceso a la justicia. Las recomendaciones son vías propias de la competencia concreta de cada uno de los órganos jurisdiccionales y de los encargados responsables de la preparación del juicio penal, tendentes a cumplir con los principios procesales de inmediatez, oralidad, concentración, identidad física, publicidad, impulso procesal, ordenación, respeto a la iniciativa, buena fe y lealtad procesal, ya que todos concurren en una eficiente administración de la justicia que desafíe, la morosidad y la rigurosidad innecesaria y obstructiva.

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En las actuales circunstancias de indefención, un investigador pasivo y temeroso para cumplir con sus funciones o un juez neutral, constituyen un obstáculo al acceso a la justicia penal; en consecuencia los profesionales del Derecho, ocupemos la profesión que ocupemos, tenemos el compromiso como ha sido señalado por nuestros comentaristas, de dar una protección jurídica sana a la verdad. El informe afirma los requerimientos de justicia de la sociedad guatemalteca y la necesaria dotación de recursos humanos y financieros para responder eficientemente a los justiciables. Este es un problema político que debe resolverse también políticamente con una mayor inversión pública transparente. Finalmente el informe destaca recomendar a las facultades de Derecho, la implementación de un diagnóstico sobre la enseñanza y la práctica del Derecho apoyadas por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La transformación axiológica de tal enseñanza y práctica del Derecho ha de incluir la estimativa jurídica en tanto el Derecho es valor, orden, seguridad, poder, paz, cooperación, solidaridad y justicia. Al agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta presentación del informe sobre el acceso a la justicia penal me honro en clausurar el XXIV Foro Público sobre la Realidad Nacional.

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