POLITICA

Martes 11 de agosto de 2009

I

LUEGO DE CINCO AÑOS s UN EX FUNCIONARIO COMPLICADO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ENRIQUECIMIENTO

Definieron a los candidatos para juzgados clave

Tasaron el petit hotel de María Julia Alsogaray Para la Justicia cuesta 1,4 millones de dólares

Son cuatro vacantes del fuero federal porteño; allí están las principales causas por corrupción PAZ RODRIGUEZ NIELL LA NACION El Consejo de la Magistratura estableció el ranking provisorio de candidatos para cubrir las cuatro vacantes en la justicia federal porteña, el fuero que investiga las principales causas por corrupción. Es la primera definición después de mucho tiempo que tiene este concurso, el más viejo y polémico del Consejo. Su trámite ignoró todos los plazos y ya cumplió cuatro años. Luego de los primeros exámenes, el proceso fue anulado a instancias del kirchnerismo. Se reabrió la inscripción y se volvió a tomar la prueba escrita. Con sus resultados y los antecedentes de los postulantes, se elaboró ayer el orden de mérito al que accedió LA NACION. Primero quedó Marcelo Martínez de Giorgi, secretario de la Sala II de la Cámara Federal porteña, con 89 puntos en la prueba escrita y 74,25 en sus antecedentes. El está al frente, como subrogante, de uno de los juzgados que se concursan: el que ocupaba Jorge Urso, que renunció acusado de mal desempeño. Antes de irse, había cerrado dos causas contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, que la Cámara ordenó luego reabrir. Esos expedientes los heredó Martínez de Giorgi, que los investiga con un bajísimo perfil. En el concurso anulado, él se había presentado y había quedado tercero. El juzgado que fue de Juan José Galeano también está en manos de un subrogante: Octavio Aráoz de Lamadrid. En el primer examen que rindió para convertirse en titular del tribunal se sacó un 10 sobre 100 y quedó 23°. No obstante, su desempeño fue elogiado por el kirchnerismo y se mantiene desde hace tres años como subrogante.

Nueva oportunidad Esta vez le fue mejor: quedó 12°. Obtuvo 68 puntos en la prueba escrita (detrás de otros 17 candidatos) y 74,5 en antecedentes. El segundo en el orden de mérito es Carlos Oscar Ferrari (con 88 y 75 puntos), que trabaja como abogado en el estudio jurídico que abrió en

2007, cuando renunció a la Justicia. Entonces, llevaba casi 20 años en el fuero federal porteño. Su último cargo fue de secretario de Cámara en la vocalía de Martín Irurzun. También fue secretario del Jurado de Enjuiciamiento. Tercero quedó Juan Pablo Salas, subrogante del juzgado federal 3 de Morón (85 y 78 puntos), y cuarto, Marcelo Goldberg (83 y 80), titular de un juzgado de garantías de Quilmes. Goldberg tiene 49 años y 17 de docente. Es profesor de la UBA, en las cátedras de Eugenio Zaffaroni y Edmundo Hendler, y de la Universidad de Lomas de Zamora. En el quinto lugar está un juez de Instrucción: Luis Osvaldo Rodríguez (90 y 68), el magistrado que ordenó la detención de los hermanos Schlenker, barrabravas de River, por el homicidio de Gonzalo Acro. También tuvo a su cargo parte de la investigación por la presunta licitación irregular de mobiliario urbano del gobierno de Mauricio Macri. Sexto quedó Esteban Montanaro (con 80 y 76,10 puntos), un secretario de instrucción que participa de muchos de los concursos del Consejo, pero jamás lo eligen. El se pronunció en favor de la pena de muerte y dio “no apto” en uno de los exámenes psicotécnicos que rindió. En el séptimo lugar está Guillermo Pablo Desimone (70 y 82), secretario del Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital; octavo, Sebastián Ramos (72 y 78,6), secretario del juzgado federal de Daniel Rafecas; noveno, Guido Otranto (90 y 60,55), secretario de la Sala II de la Cámara Federal; décimo, Gonzalo Segundo Rua (68 y 82), juez contravencional, y undécimo, Sebastián Casanello (88 y 61,95), secretario de la Sala I de la Cámara Federal. Ahora, se abre una etapa de impugnaciones, en la que los 47 postulantes podrán pedir que se revisen sus calificaciones. Después, el Consejo entrevistará a los mejor posicionados y elaborará una lista de seis candidatos. De ellos la Presidenta elegirá a cuatro, que, previo acuerdo del Senado, se convertirán en los nuevos jueces federales porteños.

ARCHIVO

Luis D’Elía y sus seguidores durante la toma de la comisaría 24a. de La Boca, el 25 de junio de 2004

Indagan a D’Elía por la toma de una comisaría Continuación de la Pág. 1, Col. 2 tar a una persona. D’Elía reivindicó la toma de la comisaría al señalar que estaba “orgulloso” del copamiento, porque dijo que había evitado “una masacre”. El juez Sergio Torres ordenó los llamados a indagatoria a instancias del fiscal Luis Comparatore, que entiende que D’Elía debe responder por 11 hechos que podrían configurar graves delitos. Ellos van desde daños, usurpación o lesiones hasta otros más graves, como privación ilegal de la libertad de los policías y otras personas que se encontraban esa noche en la comisaría. Le podrían corresponder hasta 10 años de cárcel, en caso de ser condenado. Además, los fiscales acusaron a otros 36 piqueteros que participaron de la toma de la comisaría. Aún no se ordenó su indagatoria, porque si bien están identificados, no se precisó cómo actuó cada uno de ellos en la madrugada del 25 de junio de 2004, cuando los piqueteros tomaron la seccional. El caso, que desde hace tres años se tramita en el juzgado de Torres, estuvo parado hasta ahora. Primero por los fueros parlamentarios de los que gozaba D’Elía cuando era diputado provincial. Además, se encuentra eximido de prisión, por lo que podrá declarar sin correr el riesgo de quedar detenido. Luego, el expediente se paralizó por la inmunidad que benefició a Quantín, mientras era fiscal de cámara, y a Campagnoli, aún con fueros como fiscal. En cinco años, el único proce-

DIA DE LA FUERZA AEREA s ACTO CON LA MINISTRA GARRE

sado es el entonces titular de la comisaría, comisario Cayetano Greco. El jefe policial, que no estaba esa noche en la seccional, acusó a Quantín y a Campagnoli de haberles impedido recuperar la comisaría, pese a que había sido autorizado para ello por la jueza María Angélica Crotto. La magistrada denunció luego a los entonces colaboradores del ex ministro de Justicia Gustavo Beliz. La polémica entre los funcionarios y la jueza derivó en que ambos estén siendo investigados por el

La causa judicial estaba frenada porque D’Elía tenía fueros parlamentarios y está eximido de prisión supuesto delito de desobediencia. D’Elía abandonó la comisaría junto con sus seguidores recién cuando fue notificado de que otro juez, esta vez el federal Norberto Oyarbide, había ordenado detener a Duarte por el crimen de Cisneros. El juez Torres consideró ahora que existe un “grado de sospecha necesario para escuchar” en indagatoria a D’Elía y a dos de sus compañeros de militancia: al entonces presidente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Angel Borillo, y a Luis Bordón –padre del joven asesinado Sebastián Bordón–, que también se atrincheró en la

seccional. El calendario de declaraciones incluye a D’Elía para el 7 de septiembre, a Quantín y a Campagnoli, para el 8 y el 9 de septiembre, respectivamente, y al resto de los piqueteros para el 10. Para el juez Torres los imputados “desalojaron violentamente a los efectivos policiales allí emplazados, realizaron actos violentos y daños en el interior e impidieron el egreso de civiles que allí se encontraban”. Mientras tanto, los entonces funcionarios recurrieron a “vías de acción autónomas” y “provocaron la intervención de un magistrado distinto del que originariamente tenía a su cargo la instrucción, ocultándole al nuevo juez las órdenes recibidas por el juez natural”, dijo el magistrado. Según Quantín, hubo destrozos en la seccional y una mujer embarazada habría sido retenida allí por los ocupantes cuando se disponía a presentar una denuncia, mientras que de la comisaría desaparecieron objetos de valor. Quantín dijo anoche a LA NACION que no sabe de qué delito lo acusan. Y explicó que había cumplido la orden judicial de desalojar la comisaría, tras una negociación: “La comisaría fue desalojada sin que nadie resultara muerto ni herido. Yo no hablé con Oyarbide para recurrir a él”, explicó. D’Elía, por su parte, insistió en que esta causa es política, y a través de su abogado Adrián Albor dijo que la toma fue un “enérgico reclamo de justicia”, porque la policía “corrupta” no quería detener al asesino de Cisneros.

CRISIS EN LA PROVINCIA DE LOS KIRCHNER

Santa Cruz: se fue otro ministro El titular de Economía renunció en medio de las denuncias por los manejos irregulares MARIELA ARIAS CORRESPONSAL EN SANTA CRUZ

TELAM

El Gobierno exportaría aviones desde Córdoba La ministra de Defensa, Nilda Garré, dijo ayer que, tras la reciente recuperación de la fábrica de aviones de Córdoba, efectuada por el Estado, se apuesta a “retomar la senda de la producción aeronáutica” y que el horizonte

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será ampliado “más allá del mercado interno”. La ministra habló al encabezar el acto por el Día de la Fuerza Aérea, en el Edificio Cóndor. Se refirió así a la estatización de la empresa Lockheed, de capitales norteamericanos.

Breves EX SECRETARIO DE TRANSPORTE

LEY DE BLANQUEO

DEMORA DE UN CASO

Investigan si Jaime es dueño de un yate

Pedido de un ex gerente de Skanska

Aperciben a una jueza civil en el Consejo

Una despachante de Aduana declaró ayer ante el juez federal Norberto Oyarbide en la causa en que se investiga al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito. Se trata de María Ester Tarulla. El juez quiere saber si la exportación de un yate Altamar 64, valuado en 1,4 millones de dólares a Brasil, en la que intervino, le fue encargada por el ex funcionario investigado. Se vendieron 7 de estos barcos y sólo uno de ellos fue enviado a Brasil.

Javier Azcárate, un ex gerente de la empresa multinacional Skanska, investigada por el presunto pago de sobornos para acceder a millonarios contratos para la construcción de gasoductos, pidió su sobreseimiento amparado en la “ley de blanqueo”. La norma permite esto en los casos de evasión si la empresa paga lo adeudado. Esta parte de la causa está en manos del juez Javier López Biscayart. Aún se investiga en otra causa si la empresa falsificó facturas para encubrir el pago de presuntas coimas.

La jueza civil Dora Mariana Gesualdi recibió un apercibimiento del Consejo de la Magistratura por “haber demorado injustificadamente durante más de ocho años” el dictado de una sentencia. El caso se inició en 1991 y la prueba concluyó en 2000. Tuvo sentencia en 2008. La causa fue un reclamo de indemnización por incapacidad que presentó un hombre que fue herido durante el levantamiento del 10 de diciembre de 1990, que realizaron Aldo Rico y Mohamed Seineldín.

RIO GALLEGOS.– El ministro de Economía, Juan Manuel Campillo renunció ayer a su cargo debido a la difícil situación económica que afronta la provincia. Fuentes gubernamentales confirmaron a LA NACION el alejamiento del cargo del hombre de mayor confianza de Néstor Kirchner en el manejo de las cuentas provinciales en los últimos 10 años. Campillo, contador y oriundo de Arequito, Santa Fe, construyó desde la Secretaría de Hacienda provincial una estrecha relación con Kirchner cuando el ex presidente era gobernador de Santa Cruz. Y en ese cargo se mantuvo durante las gestiones de Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta. Su culto del perfil bajo y su fuerte poder en el manejo de la economía provincial lo llevaron a ganarse el mote de “ministro en las sombras”. Ex funcionarios coinciden en asegurar que Campillo era el hombre que le garantizaba a Kirchner el manejo de la economía provincial y también quien mejor conocía el recorrido y destino de los fondos que la provincia cobró por regalías petroleras y tuvo depositados hasta el año pasado en cuentas bancarias en el exterior. En marzo de 2008, luego de ganarle una pulseada a Rolando Aramini –primer ministro de Economía del gobernador Daniel Peralta–, Campillo finalmente asumió el cargo que siempre había esquivado. “Los otros ponen la cara, pero el que decide si hay fondos o no siempre es Campillo, está bien que se blanquee la situación de quién es el ministro”, confesó un intendente justicialista a LA NACION el día que asumió el ahora renunciado fun-

cionario. Si bien hasta anoche no existían declaraciones oficiales por la renuncia de Campillo, diferentes fuentes gubernamentales daban como un hecho su alejamiento del cargo que ocupó durante un año y cuatro meses. Su renuncia llegó tras la denuncia que la Unión Cívica Radical presentó contra el ministro y su equipo al Tribunal de Cuentas de la provincia por girar en descubierto en cuentas del Banco Nación sin la autorización de la Legislatura provincial. Se trata de una deuda de 460 millones de pesos contraída por el gobierno provincial y con el respaldo de los fondos extraordinarios que la provincia tiene depositados en el Banco Nación, que, según los últimos datos informados desde el bloque del PJ, rondan los 400 millones de dólares.

La denuncia La denuncia presentada por los diputados provinciales de la UCR Nadia Ricci, Jorge Cruz y Omar Hallar es por considerar que se violó la ley de contabilidad de la provincia, y solicitan que se sustancie el juicio administrativo contra el equipo económico del gobierno provincial por el manejo de fondos y la autorización para girar en descubierto en varias cuentas que la provincia posee en el Banco de la Nación Argentina. Sin embargo, más que las denuncias, la partida de Campillo podría ser parte de un acuerdo entre Néstor Kirchner y Daniel Peralta, para oxigenar la gestión de éste, que tiene un déficit de 1400 millones de pesos (aún no se conocen las medidas económicas que tomará el gobierno para hacerle frente). El actual interventor de la Caja de Servicios Sociales (obra social estatal provincial), Diego Robles, asumiría esta semana.

A pesar de que el perito tasador encontró que el petit hotel de María Julia Alsogaray, en la Recoleta, está falto de mantenimiento y que necesita reparaciones, el experto valuó la propiedad en US$ 1.400.000. Ahora la Justicia fijará un precio de base para llevarlo a remate y con lo producido se le devolverán al Estado los más de 3 millones de pesos con los que la ex funcionaria menemista se enriqueció en forma ilícita. El perito de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fuchs visitó la semana pasada el inmueble de la calle Junín 1435 y ayer informó al Tribunal Oral federal N°4 que su valor de mercado son US$ 1.400.000 o su equivalente en pesos: 5.376.000. Con esto bastaría para pagar los 3.179.207,05 que la ex funcionaria debe devolver. El experto ya había tasado la misma propiedad al comienzo de la causa judicial, antes de que María Julia Alsogaray fuera condenada a tres años de cárcel, y entonces había estimado que valía US$ 1.200.000. La propiedad se revalorizó, a pesar de que, según evaluó Fuchs, “no ha sido sometida a modificaciones y su estado no es bueno”. Además, destacó que el inmueble “ya no luce impecable como otrora y evidencia el paso del tiempo”. El experto apreció que el inmueble está “falto de mantenimiento y con necesidad de hacer trabajos de pintura en el exterior y en el interior”. También fueron tasados dos departamentos de la ex funcionaria menemista. Uno en la calle Junín al 1400, valuado en US$ 59.000, y otro en Basavilbaso al 1300, valuado en US$ 205.000. No habrá que rematarlos, pues con lo obtenido por el petit hotel se podrá pagar la deuda.

Con motivo de la celebración del 97 aniversario del Día de la Fuerza Aérea Argentina, las promociones XII E.A.M., 75 C.M.N. y 73 E.N.M. le hacen llegar a su querida institución aeronáutica un afectuoso saludo y congratulaciones

CAROLA CALVO de ANCHORENA, falleció el 14-72009. - Su familia agradece las condolencias y muestras de afecto recibidas e invita a la misa que se celebrará el jueves 13 de agosto, a las 19.30, en la iglesia de San Martín de Tours JORGE JUAN. A. FIGUEROA PRADÈRE, falleció el 127-2009. - A un mes de su partida, su familia invita a la misa que se celebrará en su memoria mañana, a las 20.15, en la basílica Nstra. Sra. del Pilar, Junin 1904

ERMELINDA BOSC DE STROZZI, falleció el 9-5-2009. Su hija Susana, su nieta Florencia y sus sobrinos nietos Roberto, Lucía e Inés Maidana invitan a la misa que se celebrará hoy, a las 19.45, en la Basílica Ntra. Sra. del Socorro, Suipacha y Juncal

El miércoles 12 de agosto, a las 12.45, en el Marriott Plaza Hotel, Florida 1005, se reunirá el Rotary Club de Buenos Aires, con la presidencia del Dr. Gregorio Badeni. Disertará en esta oportunidad el Dr. Bernardo Pedro Kosacoff sobre: “El desarrollo económico argentino. Viejos y nuevos dilemas”