Viernes 28 de noviembre 2014

IESS: EL SUBSIDIO DEL 40% A LAS PENSIONES

El ciudadano común tiene tres posibles fuentes de ingresos para subsistir: a) Ingresos por trabajo, b) Ingresos por rentas, o, c) Ingresos por beneficencia o caridad. Durante nuestra vida activa vivimos de los ingresos que produce el trabajo. Pero al retirarnos, necesariamente tendremos que vivir de las rentas o de la caridad. Si en forma disciplinada pusiésemos en una cuenta de ahorros al 7% de interés todos los meses por ejemplo US$ 100, al cabo de 35 años tendríamos acumulados en dicha cuenta un total de US$ 178.700. Si ahorrásemos US$ 50 mensuales, el acumulado llegaría a US$ 89.400. Si nuestro ahorro es de US$ 200 mensuales, el acumulado llega a la impresionante cifra de US$ 357.400. Al dejar de trabajar por vejez, con estos ahorros acumulados tendríamos las rentas suficientes para un retiro digno, sin necesidad de beneficencia pública o familiar. Pero no somos disciplinados, no vivimos en una sociedad de pleno empleo, siempre tendremos la tentación de utilizar los ahorros en consumo, o podemos quedar temporal o definitivamente sin trabajo. Por ello existen las instituciones previsionales, que por ley nos obligan a ahorrar a largo plazo, sin que podamos utilizar dichos fondos sino cuando nos llega la edad de retiro. El IESS, luego de la crisis generalizada del modelo de reparto simple (Bismarck) de fines del siglo XX a nivel mundial, entendió por fin que la única forma de sostener la institución era cambiándose a un estricto modelo de capitalización de inversiones. En lugar de adoptar la formula chilena de capitalización en cuenta individual, cuyos rendimientos y en consecuencia las pensiones son proporcionales a los aportes, el IESS optó por un modelo de capitalización colectiva, que en principio introduce elementos de solidaridad para con aquellos que no logran acumular los recursos necesarios para el retiro, fijando un nivel mínimo y a su vez un techo máximo a las pensiones (que hoy está limitada a US$ 1.800).

Paradójicamente, -y en un momento en que el IESS gracias a la dolarización y al cruce de información logró superar la quiebra inminente y multiplicar el número de afiliados-, se presenta una propuesta de alto contenido político: Invocando los derechos consagrados en la constitución de Montecristi, entra a la discusión el “aseguramiento universal” o de “estado de bienestar” al estilo del modelo Beveridge de 1946, que otorgaría a la totalidad de la población los beneficios que hoy son exclusivos de los afiliados al IESS (en el contexto de un modelo tripartito, contributivo y solidario financiado con la capitalización de un fondo colectivo). En una situación altamente injusta, el Estado ha estado subsidiando el 40% de las pensiones de jubilación de los afiliados al IESS -con recursos de toda la ciudadanía-, lo puede traducirse en una discriminación a un alto porcentaje de la población económicamente activa que no trabaja en relación de dependencia. Juntando ambos elementos, es posible que las intenciones sean eliminar el subsidio Estatal del 40% (considerando que las pensiones del IESS se podrían autofinanciar por capitalización), y que dichos recursos liberados podrían ser redireccionados para financiar la “seguridad social universal” cuyos beneficiarios serían los ciudadanos y ciudadanas no afiliados al IESS. Esto nos llevaría a reflexionar sobre el nuevo rol del Estado en el IESS: Si no va a aportar con el 40% de las pensiones entonces el modelo no es tripartito. Y por otro lado aparecerían pensionistas del Estado. Lo que pone a la Seguridad Social en una encrucijada existencial que consiste en dilucidar qué es, cómo se estructura, para qué sirve, cómo debe operar, a quiénes debe proteger y de qué manera debe ser financiada. Estas interrogantes son altamente complejas de responder, porque involucran la interacción entre múltiples elementos culturales, económicos y sociales; interacción que a su vez es modulada por posiciones políticas e ideológicas, pero que finalmente deben ser recogidas en modelos estructurales y funcionales que se puedan implementar y evaluar. Carlos Martí Bufill, gurú de la Seguridad Social nos dice: La seguridad social en cuanto al hombre, es un derecho; En cuanto al Estado, es una política; En cuanto a la ciencia jurídica, es una disciplina; En cuanto a la sociedad, es un factor de solidaridad; En cuanto a la administración, es un servicio público; En cuanto al desarrollo, un factor integrante de la política general;

Y, en cuanto a la economía, es un factor de redistribución de la riqueza Pero al ciudadano común de cualquier país -que no entiende la crisis del modelo de reparto, la tasa de dependencia, la inversión de la pirámide demográfica o el modelo de capitalización basado en interés compuesto- solo le importa la relación costo/beneficio de los servicios que le proveen: Que me dan y cuanto me cuesta. El problema fundamental es entonces la desconexión entre lo que la gente quiere que el Estado le dé y lo que la gente está dispuesta a pagar por ello. Los canadienses, los finlandeses, los suecos, o los noruegos están dispuestos a pagar hasta el 50% de sus ingresos para obtener del Estado salud, jubilación decente y educación gratuita. El estadounidense jamás permitirá que le saquen el 50% de sus ingresos, esgrimiendo los principios de “libertad y competencia”. El español, el italiano, el portugués y el griego tratará de subsistir con pensiones de miseria; pero observando con envidia a los jubilados nórdicos que disfrutan de su vejez en el mediterráneo. El tercermundista funciona bajo el principio de la “viveza criolla”: no está dispuesto a pagar nada y quiere obtener todo, sin entender cómo funciona la cosa. De esta forma, no le importa que le den ni cuánto cuesta. Y termina por comprobar en la vejez, que sin importar cuánto pagó, acabó sus días como una molesta carga para los familiares. Leonardo Hernández Walker, MBA, MPA Gerente General LEXIS S.A. [email protected]