Informe realizado por el Departamento de Investigaciones Sociopolíticas ASIES

Comportamiento político del segundo semestre de 2012

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Segundo semestre 2012: Propuestas de cambio que no logran concretarse Aunque en este documento nos referiremos a los acontecimientos políticos del segundo semestre del 2012, cabe mencionar que, desde que tomó posesión el 14 de enero último, el gobierno ha impulsado una serie de reformas políticas y económicas que, con excepción de la actualización tributaria aprobada por el Congreso el 16 de febrero del 2012, no lograron el suficiente apoyo político y social para avanzar. Durante la segunda mitad del año, el presidente Otto Pérez Molina promovió una iniciativa de reforma a la Constitución Política que buscaba adecuar las normas constitucionales a la cambiante realidad, dentro de la estructura legal y en apego al ordenamiento jurídico vigente. 1 Sin embargo, en noviembre el gobernante decidió dejar en suspenso el proyecto, argumentando que de aprobarse en el Congreso, las modificaciones tendrían que ser sometidas a una consulta popular que costaría alrededor de Q200 millones. Esos fondos, en cambio, podrían ser aprovechados para reconstrucción en áreas dañadas por el terremoto que afectó principalmente al occidente del país el 7 de noviembre. Además, el gobierno presentó un plan para el desarrollo rural, denominado “las dos puertas”, que combina atracción de inversiones privadas al área rural, así como la intervención del Estado por medio del programa de agricultura familiar. Empero, la ley de desarrollo rural no ha sido aprobada en el Congreso, pese a ofrecimientos del partido oficial y del reclamo de grupos de campesinos e indígenas, que han organizado manifestaciones para exigirla. En tanto, se han agudizado tensiones sociales por problemas de larga data que han quedado sin resolver. En este marco, el gobierno sufrió un importante desgaste en octubre, tras la muerte de siete campesinos, causada por militares que apoyaban a los agentes antimotines de la Policía Nacional Civil. El hecho ocurrió durante una protesta por el alza de la energía eléctrica y en contra de la reforma constitucional y educativa. Al hacer un balance del semestre, se evidencia que, aunque hubo intentos de generar transformaciones políticas, sociales y económicas, en la práctica, los resultados que se perciben de la gestión gubernamental son escasos, a la vez que la confianza de los ciudadanos en el gobierno parece reducirse.

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Exposición de motivos, iniciativa 4556, que dispone aprobar reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala.

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La reforma constitucional Después de un proceso de consultas con diferentes sectores sociales, que llevaron a recortar la propuesta de 50 a 35 artículos, el 27 de agosto de 2012, el presidente Otto Pérez Molina entregó al Congreso de la República una iniciativa de reforma constitucional. La misma se sustenta en la necesidad de incorporar en el texto constitucional algunos de los compromisos sustantivos contenidos en los Acuerdos de Paz 2, particularmente el Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral 3. Asimismo, incluye aspectos vinculados con la búsqueda de un mejor funcionamiento de la administración pública, como los que se refieren al servicio civil, transparencia, fiscalización y presupuesto. El proyecto fue remitido a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la que realizó, durante octubre, una serie de audiencias públicas para que las organizaciones sociales se pronunciaran con respecto a la reforma. En términos generales, las organizaciones que participaron en dichos foros coincidieron con la necesidad de reformar la Constitución, pero pidieron analizar con detenimiento los contenidos de la iniciativa del Ejecutivo, así como modificar o eliminar algunas de sus propuestas. ASIES, en conjunto con las universidades Rafael Landívar y de San Carlos, expresó apoyo a la reforma en materia de seguridad y justicia, ya que recoge la mayor parte de la iniciativa 4387, presentada por estas tres entidades académicas, y admitida como iniciativa de ley el 8 de agosto del 2011, avalada por 10 diputados al Congreso de la República. No obstante, presentó algunas recomendaciones para mejorar su contenido. La Universidad de San Carlos, por aparte, expresó críticas hacia los cambios que atañen al poder judicial. ASIES expuso que solo este aspecto y la oportuna incorporación al texto constitucional del reconocimiento del carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de la sociedad guatemalteca justifican plenamente una reforma constitucional en este momento. En cambio, recomendó que lo referente a democracia representativa y sistema electoral y de

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Cabe recordar que el 26 de octubre de 1998, el Congreso de la República aprobó un proyecto de 50 reformas constitucionales que tendían a la reestructuración del Estado y al cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, las mismas fueron rechazadas en la consulta popular que se efectuó el 16 de mayo de 1999. 3

En este se convino que el gobierno promovería ante el Congreso la aprobación de reformas constitucionales previstas en los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Las mismas se refieren a: identidad y espiritualidad de los pueblos maya, garífuna y xinca; listado de los idiomas existentes en el país; oficialización de los idiomas indígenas; definición y caracterización de la nación guatemalteca; número fijo de diputados; administración de justicia; garantías para la administración de justicia; carrera judicial; servidores del organismo judicial; Policía Nacional Civil; Ejército de Guatemala; integración, organización y funciones del Ejército; funciones del Presidente de la República; cargos y atribuciones del Presidente en el Ejército y tribunales militares.

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partidos políticos, se aborde en el marco de cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Por otro lado, destacó que, pese a que la propuesta del Ejecutivo era coherente con lo dispuesto en los Acuerdos de Paz, en especial con el Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral, no contó con apoyo de las organizaciones indígenas. Estas señalaron que la propuesta era racista y ajustada a intereses del “gran capital nacional y extranjero”. Del otro lado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), tampoco respaldó la propuesta presidencial, con el argumento de que la mayoría de cambios planteados son atendibles por la vía de la legislación ordinaria. Esto llamó la atención, especialmente porque se ha señalado que existe afinidad entre la administración actual y la cúpula empresarial –afinidad que, como se menciona más adelante, se refleja también en los organismos Legislativo y Judicial—. Además, porque el contenido del proyecto de reforma no muestra una amenaza evidente para ese sector. Tampoco en el Congreso de la República se contaba con respaldo para hacer avanzar la propuesta. El bloque TODOS, que en el primer semestre del año fue clave al articular el apoyo de otros bloques legislativos, como CREO, UCN, GANA, VIVA, FRG, Victoria, URNG, y Winaq, para la aprobación de iniciativas promovidas por el Ejecutivo, decidió no apoyar la reforma constitucional. El bloque LIDER, principal opositor del PP, también manifestó rechazo a la iniciativa, al igual que EG, CREO y la UNE. Finalmente, en noviembre, el presidente Otto Pérez Molina decidió postergar la discusión de la reforma constitucional, explicando que los recursos que deberían emplearse en la consulta popular, de ser aprobadas las modificaciones en el Congreso de la República, servirán mejor para reconstruir, tras los daños ocasionados en el occidente del país por el terremoto del 7 de noviembre. Este argumento le permitió al gobernante una justificación para desistir de promover una reforma que se avizoraba con pocas posibilidades de avanzar, pero sin tener que admitir una derrota que desgastara su imagen. Tensiones sociales y desarrollo rural Durante este período de gobierno se han acentuado tensiones sociales por reclamos de larga data que no han sido atendidos. El hecho de que el presidente Otto Pérez Molina sea un militar retirado podría ser un factor que ha contribuido a encender los ánimos de organizaciones campesinas e indígenas que han redoblado sus protestas y manifestaciones, exigiendo ser atendidos en un marco en el que prevalezca el diálogo y el respeto a los derechos humanos. En este contexto, el gobierno ha enfrentado dos momentos críticos a lo largo del año, en los que la conflictividad social y las denuncias de represión y militarismo se han hecho escuchar con cierta fuerza. Uno fue el ocurrido en mayo, cuando el Ejecutivo decretó un Estado de Sitio en el municipio de Barillas, Huehuetenango, en respuesta a disturbios 3

registrados en ese lugar luego de que fuera asesinado un campesino, supuestamente por un guardia de la empresa Hidro Santa Cruz. El día de su muerte, varios pobladores participaron en el saqueo de un hotel, donde se creía que se hospedaban los guardias de la hidroeléctrica. Luego se dirigieron al destacamento militar de la localidad para protestar contra los soldados. Al día siguiente, miembros de algunas familias del pueblo detuvieron ilegalmente a nueve personas. Durante el Estado de Sitio, que fue derogado el 18 de mayo, se detuvo a 17 personas – 15 de ellas por los disturbios, y dos más por trata de personas—. La medida fue criticada por varios grupos de la sociedad civil, especialmente por organizaciones campesinas e indígenas que efectuaron protestas y presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la misma, ya que esta no fue ratificada por el Congreso de la República como manda la Constitución. La segunda ocasión, más grave que la anterior, fue el 4 de octubre, cuando durante una protesta contra el alza de la energía eléctrica y en contra de la reforma constitucional y educativa, en Totonicapán, siete campesinos murieron a causa de disparos lanzados por militares que apoyaban a los agentes antimotines de la Policía Nacional Civil. Como consecuencia de ello fueron detenidos nueve militares, acusados de ejecución extrajudicial y, aunque se determinó que sus acciones no respondieron a una deliberada política de Estado, sí quedó en entredicho la participación del Ejército en tareas de seguridad ciudadana, pese a que posteriormente, como parte del Plan Estratégico de Seguridad, presentado el 22 de octubre, se redefinió el papel que desempeñarán los escuadrones de seguridad ciudadana, las fuerzas de la Policía Militar y las fuerzas regulares de cara a la conflictividad social. Por otro lado, las reformas planteadas a la carrera magisterial –que buscan implementar un bachillerato en educación de dos años, que deberá complementarse con un técnico universitario de otros tres años— también propiciaron, a mediados de año, enfrentamientos entre estudiantes normalistas y agentes antimotines. A pesar de la intermediación de la Comisión de Educación del Congreso, no se logró un diálogo entre los estudiantes y el Ministerio de Educación que condujera a acuerdos. También los colegios privados agrupados en la Cámara Guatemalteca de la Educación rechazaron las modificaciones y lograron paralizarlas por medio de un amparo concedido por la Corte Suprema de Justicia. Aunque la propuesta de Formación Inicial Docente no es propia del gobierno actual, sino que surgió de una comisión técnica conformada en 2009, el rechazo a la misma ha impactado a esta administración, por ser la encargada de promover e implementarla. A esa tensión social se suma que la ley de desarrollo rural integral no ha sido aprobada en el Congreso, aun cuando la bancada del Partido Patriota se comprometió con ello, y 4

Pérez Molina ha reiterado en diversas ocasiones su apoyo a la misma. Dicha iniciativa, reclamada por campesinos e indígenas, ha sido rechazada por la Cámara del Agro y la Cámara de Comercio, que argumentan que se trata de una reforma agraria velada. El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala exhortó al Congreso para que apruebe ese proyecto de ley, que constituye un compromiso pendiente derivado de los Acuerdos de Paz y una oportunidad para llenar un vacío normativo e institucional que dé respuesta a problemas estructurales tales como la pobreza, la inseguridad alimentaria y la conflictividad agraria. El 27 de noviembre, representantes de organizaciones campesinas manifestaron afuera del Organismo Legislativo exigiendo que la norma fuera aprobada de urgencia nacional. Aunque 14 jefes de bloque se habían comprometido con apoyarla, no se consiguió el quórum mínimo para discutirla en el Pleno. Los diputados del partido LIDER estuvieron ausentes de esa sesión. Los bloques legislativos TODOS, UCN, GANA y Unionista, que suman 34 votos, condicionaron su apoyo a esa iniciativa a que se introduzcan tres enmiendas para precisar la definición de política agraria, incluir la participación del sector cooperativo y ecologista, y que el ministerio de desarrollo rural –que sería creado con la ley— sustituya al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Sin embargo, sería hasta el próximo año cuando, de lograrse acuerdos, se aprobaría esa ley. En agosto, el Ejecutivo lanzó el programa denominado “Las dos puertas”, orientado al desarrollo del área rural. Este busca atraer inversiones privadas al área rural, a la vez que el Estado interviene a través del programa de Agricultura Familiar, que es ejecutado por el Ministerio de Agricultura. De esta forma, se persigue el objetivo de convertir la economía campesina en excedentaria. A las dificultades enfrentadas por el gobierno para dar respuesta a las demandas mencionadas, y para atender la conflictividad social en un marco de respeto a los derechos humanos, por medio de diálogos efectivos que lleven a acuerdos que permitan ejecutar acciones inmediatas, se agregó una variable inesperada: el terremoto que sacudió el país el 7 de noviembre y que afectó a varios departamentos del occidente, principalmente a San Marcos, y causó la muerte de cerca de 50 personas. Por ello, el gobierno decretó estado de calamidad pública en ocho departamentos: Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Suchitepéquez, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango. De acuerdo con el ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, se cuenta con US$99 millones (aproximadamente Q792 millones) de recursos externos para reconstrucción, aunque según un informe de la Comisión Económica para América Latina y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, se requieren Q1 mil 657 millones. 5

Además de los retos que representa la reconstrucción de las áreas afectadas, el gobierno enfrenta el desafío de hacerlo con transparencia. En especial, porque este último aspecto ha sido un punto débil del gobierno, como se señalará a continuación. Señalamientos de falta de transparencia Uno de los compromisos asumidos por la actual administración, en especial de la vicepresidenta Roxana Baldetti, ha sido el de transparentar la gestión pública. Para ello fue creada la Secretaría de Control y Transparencia, la cual, sin embargo, en noviembre fue declarada como inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad (CC), tras un recurso legal planteado por el partido LIDER. De acuerdo con la CC, las funciones asignadas a la citada secretaría son exclusivas de la Contraloría General de Cuentas. A esto se suman constantes señalamientos de corrupción en compras y contrataciones, principalmente en el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), cuestionamientos sobre nombramientos de funcionarios –algunos de ellos vinculados a Baldetti—, entre otros. A comienzos de agosto, los medios de comunicación destacaron el usufructo por 25 años otorgado por la Empresa Portuaria Quetzal a la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. – una compañía inscrita en Guatemala, pero cuya matriz está en España—, el cual conlleva un contrato de obra y la cesión del servicio público de satisfacer la demanda del tráfico portuario, tanto para carga y descarga de mercaderías, como para el embarque y desembarque de personas. El mismo no fue resultado de un proceso de licitación, lo que generó cuestionamientos a su legalidad. También fue cuestionada la secretividad con que se otorgó el contrato en junio, ya que este se conoció por medio de una denuncia presentada por diputados de LIDER. Fue hasta finales de agosto cuando el Ejecutivo organizó un foro para rendir cuentas acerca de esa concesión. Ese mismo mes se denunció que el diputado y primer secretario del Congreso, Estuardo Galdámez, del Partido Patriota, intentó sobornar a un reportero que cubre la fuente de El Periódico. El partido ignoró este señalamiento. En cambio, sí expulsó de sus filas a Adolfo Vivar, alcalde de Antigua Guatemala, quien quedó ligado a proceso por los delitos de peculado, lavado de dinero, concusión, fraude y asociación ilícita. Todas esas denuncias y señalamientos parecen estar afectando la imagen del gobierno, pero en particular de Roxana Baldetti, y generan insatisfacción entre la ciudadanía que, por otro lado, no ve aún resultados concretos en seguridad, economía, acceso a servicios básicos, desarrollo rural, entre otros. 6

Es probable que, aunque el gobierno ha ido perdiendo credibilidad, la imagen del presidente sea la que menos se ha desgastado, a pesar de su constante presencia en los medios de comunicación. Esto último responde, aparentemente, a una estrategia de su equipo de comunicación, que considera que el mejor vocero es el presidente mismo. Asimismo, podría ser indicio de una mayor centralización de los asuntos públicos en la Presidencia de la República, así como un mayor control del gobernante sobre su gabinete. Otra de las figuras que mantuvo una importante presencia en los medios de comunicación fue el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Aunque se percibe que la población tiene una buena imagen de lo que se está haciendo en materia de seguridad, aun cuando ha habido señalamientos de militarización en estos asuntos, no se cuenta con mediciones que permitan conocer la confianza de los ciudadanos en los ministros, ni su evaluación del desempeño del gobierno. Congreso de la República y partidos políticos Aunque la producción legislativa fue escasa, y la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo no tuvo eco en el Congreso, la agenda de este organismo fue agitada durante la segunda mitad del año. En primer lugar, vale la pena resaltar la aprobación, el 30 de octubre, de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, pero aclarando que el apoyo dado por los diputados a esta respondió más a presiones sociales que a voluntad política. De tal cuenta, las sanciones fijadas en ella no son tan severas como se esperaba. Aun así, esta norma representa un paso adelante a favor de la transparencia y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. La misma tipifica el delito de enriquecimiento ilícito como aquel cometido por el funcionario, empleado público o quien ejerza funciones públicas y hasta cinco años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas y obligaciones que no corresponda al que haya podido obtener derivado del ejercicio del cargo, o de cualquier ingreso, y que no pueda justificar su procedencia lícita. Por otro lado, durante este período se aprobó de urgencia nacional, con 108 votos, el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2013, que asciende a Q66 mil 985.4 millones. Resaltó la rapidez con que fue aprobado; los partidos de oposición criticaron que no se discutió suficientemente. Asimismo, preocupa que los ingresos tributarios con que se calculó el gasto del 2013, se sustenten en proyecciones un tanto optimistas de crecimiento económico. Por esto, se ven amenazados por las perspectivas 7

poco alentadoras de la economía mundial, que podrían afectar a Guatemala el año próximo. También se aprobaron siete préstamos, que suman US$665.3 millones. De estos, US$170.1 millones servirán para la compra de seis aeronaves, un centro de comando y control, paquete logístico, repuestos, equipos de tierra y vuelo, suministros y servicios de entrenamiento y soporte técnico para el Ejército. Otros US$399 millones se destinarán al Ministerio de Comunicaciones, para la ampliación de una carretera. El Ejecutivo intentó promover, asimismo, la aprobación de bonos del tesoro por Q3.5 mil millones para pagar la deuda flotante del Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, este proyecto fue frenado el mismo día en que el CACIF se pronunció en contra del mismo. Menos de una semana antes de aprobar el presupuesto para el 2013, los diputados habían elegido a quienes integrarán el próximo año la Junta Directiva del Organismo Legislativo. En la misma se incluye a representantes de los partidos PP, TODOS, CREO, GANA, Unionista y UCN. Estos mismos bloques fueron los que apoyaron al oficialista para la aprobación del gasto del 2013. De esta manera, se confirma que la conformación de la Junta Directiva permite repartir espacios de poder, a fin de lograr apoyo de otros bloques parlamentarios, en especial en contextos como el actual, cuando el partido de gobierno no cuenta con mayoría para hacer avanzar su agenda. Además, destacó la afinidad del presidente electo del Congreso, Pedro Muadi, con la cúpula empresarial representada en el CACIF –fue director de la Cámara de la Industria-. Aunque esto no necesariamente signifique que la Junta Directiva responderá a los intereses de ese sector, sí resalta la influencia que este parece retomar durante este gobierno. Cabe mencionar que también el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Medrano, ha sido relacionado con una línea afín al CACIF. Pero también llamó la atención la fuerte influencia del Ejecutivo sobre la integración de esa directiva. En este sentido, es importante mencionar que es la primera vez que un secretario general de un partido ejerce además funciones de conducción en el gobierno. En este caso, es difícil delimitar hasta dónde Roxana Baldetti puede jugar un papel activo en la toma de decisiones del PP, y hasta dónde, como vicepresidenta de la República, debería abstenerse. En esta ocasión, sin embargo, no fue solo Baldetti quien participó de la decisión citada. Según declararon diputados del PP en medios de comunicación, también el presidente Otto Pérez Molina influyó en la misma, lo que podría calificarse de injerencia de poderes, lo cual va en contra de la división de poderes establecida en la Constitución. Como se mencionó con anterioridad, parece haber una mayor centralización de la toma de decisiones en la Presidencia de la República. 8

Al designar a Muadi como futuro presidente del Congreso, el PP busca mantener un equilibrio entre sus facciones internas, que como ha sido evidenciado en diferentes oportunidades durante este año, coexisten alrededor de tres liderazgos: Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Estas tensiones en el partido oficial, que inclusive llevaron a elegir dos nuevos subjefes de bloque –José Fernández Chenal y Jimmy Ren—, ante la inconformidad de algunos con las directrices de Valentín Gramajo, jefe del bloque, y de Aleksander Castillo, subjefe. En el fondo, las diferencias responden a un interés por tomar el control del partido, de cara a las elecciones generales que se celebrarán en el 2015. Particularmente, la disputa es por quién será el futuro candidato presidencial de la agrupación. En el corto plazo, también existe preocupación por la forma en que se integrará el Comité Ejecutivo Nacional del partido, en la asamblea nacional que se tiene prevista para el próximo año. Quienes integran ese comité también tienen una importante influencia al determinar quiénes serán los candidatos del partido en lo nacional, departamental y municipal. El interés de prepararse para la próxima elección no es exclusivo del PP. En general, todos los partidos representados en el Congreso mantienen una actividad permanente para ampliar su presencia territorial, identificar liderazgos locales que puedan convertirse en candidatos, y atraer simpatizantes. En ese sentido, las posturas manifestadas por los bloques parlamentarios en el Congreso, parecen responder más a intereses mediáticos, es decir, de posicionar una imagen ante el electorado, que de atender y representar las necesidades de la población. Ha sido sistemática la oposición del partido LIDER a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, así como su constante fiscalización y denuncia de hechos de corrupción. Las propuestas presentadas por el partido también parecen ser reacciones ante contextos que pueden desgastar la imagen del PP. Tal es el caso, por citar un ejemplo, de la reciente iniciativa para crear un viceministerio de productividad rural, presentada por LIDER ante el retraso en la aprobación de la ley de desarrollo rural. De igual manera, Manuel Baldizón, excandidato presidencial de esa agrupación, ofreció repartir bolsas de alimentos, aprovechando los reclamos ante el retraso del gobierno en repartir la llamada Bolsa Segura. Asimismo, han comenzado a configurarse alianzas legislativas que, en el fondo, parecen ir detrás de fortalecer los partidos que las integran y definir posibles candidaturas conjuntas. Ejemplo de esto es la alianza constituida por el Partido Unionista, el PAN, Victoria, y la GANA 4. Este último partido anunció el 24 de noviembre último que Alejandro Giammattei, quien fue el candidato presidencial de la agrupación en el 2007, y del partido

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Cabe recordar que el Unionista se conformó tras una escisión en el PAN. De igual forma, la GANA, que inicialmente surgió como una alianza entre los partidos PP, PSN y MR, está integrada en parte por disidentes del PAN.

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CASA en el 2011, se reincorporó a la GANA, para conducir el Consejo Político Nacional de esa organización política. De igual forma, el transfuguismo constante en el Legislativo responde al interés de los congresistas de encontrar mejores oportunidades para su reelección. Actualmente, no existe un límite para que los diputados –tampoco los alcaldes— puedan ser reelectos en su cargo. La constante movilidad de los legisladores también altera la configuración de fuerzas en el Congreso, dificultando en ocasiones la negociación de apoyos para avanzar con la agenda legislativa. En la práctica, los partidos políticos permanecen en campaña durante cuatro años. Esta situación no se revertirá si no se aprueban reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) tendientes a institucionalizar esas organizaciones, para que sean verdaderos canales de intermediación entre los ciudadanos y el gobierno. Para esto, es indispensable incluir mecanismos de democracia interna, que acerquen al afiliado con el partido político y lo hagan partícipe de su toma de decisiones. La reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo buscaba, en cierta medida, mejorar la confianza ciudadana en los congresistas y acercarlos más a sus electores, por medio de modificar la configuración de los distritos electorales y evitar el aumento de diputados, estableciendo un número fijo de 140. Estas medidas por sí solas, sin embargo, no habrían sido eficaces para lograr esos objetivos. Por ello, ASIES, en conjunto con las universidades de San Carlos y Rafael Landívar, insistió en varios espacios abiertos a la sociedad civil, en la importancia de fortalecer el sistema electoral y de partidos políticos, y de que la ley promueva prácticas de democracia interna en los partidos. La Comisión Específica de Asuntos Electorales, presidida por el diputado José Echavarría, de TODOS, promovió una discusión de reformas a la LEPP, en la cual participaron diversas organizaciones sociales, y que dio como resultado el dictamen 012012, que dicha sala entregó a la Dirección Legislativa el 4 de octubre de 2012. En el mismo, no obstante, no se recogen las propuestas en materia de democracia interna. El debate en el Legislativo sobre la reforma electoral, de cualquier manera, no contó con respaldo suficiente, por lo que quedó aplazado para el próximo año. Otro punto que han destacado organizaciones sociales y el Tribunal Supremo Electoral, en relación con la reforma a la LEPP, es la importancia de mejorar los mecanismos de control y sanción de campaña electoral, particularmente para limitar el gasto millonario y poco transparente en publicidad. Aunque, en público, se manifiesta voluntad de los congresistas para fijar limitaciones en ese sentido, en la práctica parece poco probable que estas se concreten. En cambio, los diferentes bloques legislativos sí lograron un amplio acuerdo para aprobar de urgencia 10

nacional una prórroga de 20 años para la concesión del espacio radioeléctrico a las empresas de televisión, telefonía y radio. Todo esto, junto con señalamientos de pagos a los diputados, a cambio de votos, abona al descontento de la población y a la falta de confianza en sus representantes.

Crean Dirección de Investigación Criminal El 19 de julio, el Congreso aprobó la creación de la Dirección de Investigación Criminal (DIGICRI), que dependerá laboralmente del Ministerio de Gobernación, pero recibirá órdenes del Ministerio Público, para realizar investigación, y procesar y analizar información obtenida. La DIGICRI tendrá a su cargo, con exclusividad, la investigación criminal de los delitos y la protección de la escena del crimen; acceso directo a los registros públicos de informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) consideró que la creación de esa instancia es el primer paso para que el país cuente con un cuerpo de investigación criminal y profesional, independiente y altamente capacitado. Su creación y vigencia conllevan un reto para el Ministerio de Gobernación, que tiene que transitar de la actual subdirección de Investigación Criminal, de la Policía Nacional Civil, a una nueva dirección, que tendrá que contar con recursos humanos y financieros suficientes para cumplir con sus atribuciones. CICIG denuncia a jueces En materia de justicia, destacó, durante este semestre, la denuncia presentada por CICIG en el Ministerio Público, en contra de 18 jueces, a quienes señala de fomentar la impunidad y favorecer con sus resoluciones a grupos criminales y corruptos. Por ello, se pide al MP que inicie procesos penales en contra de los denunciados. Aunque para el presidente de la CSJ, Gabriel Medrano, se trata de un número poco significativo de jueces denunciados, pues en ese organismo hay alrededor de 900, esta es la primera vez que se presentan sindicaciones contra un grupo de esta magnitud, pues, con anterioridad, solo hubo señalamientos aislados. De hecho, de los juzgadores denunciados, ocho contaban ya con procesos de investigación por diferentes acusaciones, por lo que está en duda si se abrirá un nuevo proceso en su contra, si los señalamientos son los mismos. En algunos casos, ya se había declarado con lugar antejuicios contra los sindicados, en otros, la solicitud ya había sido declarada sin lugar. En los restantes, el MP podría requerir antejuicio.

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